Sin Margen

Hasta la semana pasada, el gobierno se movió entre dos fuegos. El acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional establecía drásticas reducciones del déficit fiscal: recortes en la obra pública, en las transferencias a provincias y municipios, en el empleo estatal, en los subsidios a transportes y combustibles, en el financiamiento de las universidades nacionales. Sólo se admitía un desvío minúsculo para mejorar asignaciones asistenciales a los sectores cuya mera reproducción está comprometida por insuficiencia alimentaria. Pero al mismo tiempo, distintos ministros y funcionarios nacionales aducían que la obra pública era una prioridad que no sería abandonada, que las provincias recibirían auxilio del gobierno central, que las cargas se repartirían de modo más equitativo, manteniendo las retenciones a las exportaciones agropecuarias en su nivel actual y deteniendo el cronograma de reducción mensual; que no se aplicarían los nuevos aumentos de tarifas anunciados por el saliente ministro Juan José Aranguren; que habría asistencia crediticia a pequeñas y medianas empresas industriales, que se impondría un impuesto a los pasajes aéreos o un diferencial de precio para el dólar gastado en el exterior. La dureza se reservaba para los trabajadores, ante quienes no habría merced.

Este vaivén fue acompañado por las primeras modificaciones en el gabinete nacional. Javier Iguacel ingresó por Juan José Aranguren y el consultor industrial Dante Sica por Francisco Cabrera, quien acusó a la Unión Industrial de llorona. También amagó ampliarse la mesa chica presidencial a instancias de Horacio Rodríguez Larreta y de su colaboradora María Eugenia Vidal, con quienes coincide la ministra de Asistencia Social Carolina Stanley, deidad del movimiento epónimo.

 

 

Esto implicó la rehabilitación de Emilio Monzó y Ernesto Sanz, el fortalecimiento del nieto de Rogelio Frigerio, la devaluación de Marcos Peña Braun y sus segundos, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. También incluyó la fantasía de un acuerdo amplio con el sector del opoficialismo que el gobierno llama peronismo racional (sic), representado por los gobernadores más necesitados, por el encarpetado senador Miguel Pichetto y por el humedecido diputado (ex kirchnerista de corazón) Diego Bossio. A propósito, su compañera de juegos en el reciente carnaval del Museo Evita se comunicó para desmentir la desmentida de Bossio: dijo que sí le dijo lo que se merecía con la palabra justa, porque Bossio sí estaba hablando en forma despectiva de la ex Presidente que lo designó en la ANSES.

 

Otra vez la misma fantasía

Pero todo no se puede y en la vida hay que elegir. Es una cosa o la otra. Estas ambigüedades del gobierno provocaron duras respuestas. La Mesa de Enlace de las patronales agropecuarias amenazó con una nueva sublevación. La Unión Industrial le disparó con un comunicado durísimo, como si no hubiera registrado la expulsión de Cabrera. Las grandes petroleras dejaron saber que ante el cambio de las condiciones incumplirían el acuerdo para aliviar los aumentos de combustibles en surtidor y comenzaron a escatimar las entregas. Los gobernadores pidieron que se postergara la reducción del impuesto a los ingresos brutos. Y, sobre todo, el mercado financiero reinició la corrida contra el peso, sin importarle ni el sello de calidad del FMI ni la promesa de calificación como mercado emergente a partir del año próximo por Morgan Stanley. La reaparecida fantasía de la tormenta de inversiones se disipó en apenas una semana. Este no es un país para poner, sino para sacar, como bien debería saber el especialista que lo gobierna.

Cuando el dólar llegó a cambiarse por 30 pesos, Macrì entendió que a su gobierno se lo llevaría el viento como al rancho de Judy Garland en El Mago de Oz, pero que ningún arco iris haría grata la aventura.

 

 

Recién entonces desalentó las ilusiones que había dejado crecer y anunció que cumpliría a rajatabla con las condiciones de Madame Lagarde, quien a su vez lo urge porque debe rendir cuentas ante un directorio que nunca aprobó un préstamo de la magnitud nominal del concedido al gobierno argentino. Por eso recibió a la Mesa de Enlace y ratificó la merma de las retenciones; se negó a prorrogar la baja de Ingresos Brutos; confirmó que seguirán los tarifazos porque, dijo, sin el menor fundamento, que de ello dependían las inversiones en Vaca Muerta.

El presidente tuvo en todo esto el respaldo decidido de Jaime Durán Barba, quien se opuso hace tres años a la alianza con la UCR y rechaza ahora el acuerdo con cualquier sector del peornismo, porque entiende que desperfilaría a quien sólo ve como candidato, sin interés por la economía real y las personas que la padecen. El consultor ecuatoriano sostiene que sus encuestas diarias revelan que el crecimiento electoral de Macrì se detuvo cuando se anunció el pacto con la UCR y que de otro modo hubiera vencido por mayor diferencia. Peña Braun se encargó de que sus trolls humanos y robóticos explicaran por qué no habría acuerdo con el peornismo, o sea de enmascarar con sofismas hechos muy simples: que el ajuste lo haga el gobierno, nosotros los acompañamos hasta la puerta del cementerio, dicen todos los desprendimientos de la tribu originaria. Le darán quórum para sesionar, pero no votos a favor. Los vuelos del buitre ya no suscitan complacencia y las uvas peornistas están muuuuy verdes. El proyecto oficial de ley de coparticipación es utópico. La cláusula constitucional  asigna poder de veto a cada una de las provincias, de modo que basta con que una se niegue para que no haya ley. Son entretenimientos inofensivos, como un solitario al que el gobierno juega cuando ya el poder se ha escurrido de sus manos.

 

Cuestión de escala

Parte del problema es que para el Fondo el acuerdo por 50.000 teóricos millones de dólares es una enormidad, pero para la desquiciada Argentina macrista no pasa de cambio chico. Las cifras pactadas con el FMI están fuera de escala con las erogaciones que desequilibran las cuentas nacionales por la cuádruple vía de la deficitaria balanza comercial, la remisión de utilidades, el turismo y la formación de activos en el exterior, que rondan el total del préstamo del Fondo, pero no por una vez, como el stand by, sino cada año. La recesión inevitable disminuirá el consumo lo cual dejará mayor saldo exportable y, sobre todo, pondrá freno a las importaciones. Sumando todo eso, es probable que el déficit de la balanza comercial se reduzca en 4 ó 5.000 millones de dólares, es decir un 10% del barril sin fondo. El FMI tampoco se preocupa por la congruencia de las medidas que respalda o exige. Si su motivación excluyente fuera asegurar que el gobierno disponga de los recursos suficientes para pagar los préstamos recibidos, debería alentar algunas medidas del tipo de las que aplicó el gobierno anterior a partir de la crisis internacional de 2008. Por el contrario, veda la imposición de cualquier disposición regulatoria que se interponga en el flujo irrestricto de capitales, porque sus mandantes tanto fuera como dentro del país son los inversores en la timba financiera. Mercado emergente no es una categoría que aluda a la solidez de la economía o el bienestar de sus habitantes, sino a las garantías que ofrece para la movilidad de fondos con un solo click y sin llenar engorrosas planillas con declaraciones por las que alguna vez alguien pueda pedir cuentas.

Así, el FMI deja al gobierno sin margen para otra cosa que ficciones contables que sólo se sostienen en el plano discursivo y por poco tiempo. Por ejemplo, el ministro homeless Nicolás Dujovne pone tanto énfasis en defender lo que considera su (buena) vida privada (con bienes públicos) como en jactarse de cuánto redujo y seguirá reduciendo el déficit fiscal. Rara vez aclara que se refiere al déficit primario, antes del pago de deuda. Pero si se suma el déficit financiero, por los intereses de la deuda externa que el gobierno incrementó en una proporción y a una velocidad imponentes, Macrì no redujo el déficit, lo hizo crecer. A la hora de compensar saldos y sacar la billetera para pagar la cuenta, da lo mismo el concepto de cada columna. La plata es fungible.

Tampoco le queda al gobierno espacio para otra cosa que trucos de prestidigitación financiera. El único académico de renombre con que decía contar el gobierno era el defenestrado presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, valoración que no era universalmente compartida. Por ejemplo, en el comienzo del mandato de la Alianza Cambiemos, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz le transmitió su preocupación por el efecto de la devaluación inicial sobre la inflación. “Usted no entiende que no hay relación entre el tipo de cambio y la inflación”, le respondió Sturzenegger. Stiglitz aún anda por el mundo repitiendo esta anécdota increíble. El sucesor, Luis Caputo, jamás se trenzaría en una discusión semejante. Es un tahúr de las mesas de dinero, desinteresado de cualquier otra cosa que no sean las apuestas de cada día. Su último invento para frenar la corrida fue el ofrecimiento de Letras del Tesoro dolarizadas que pueden pagarse en pesos o en LEBACs. Esto implica aliviar al Banco Central de una deuda en pesos por las LEBACs (como exige el FMI) pero cargar al Tesoro con otra deuda en dólares, a pagar en un año. Pan para hoy, hambre para mañana, como cada medida del gobierno. Si tuviera éxito en la colocación de ese nuevo instrumento (cosa que no ocurrió en la primera licitación, pese a la tasa final del 7,5% en dólares ofrecida) habría pateado el problema para la segunda quincena de 2019, pero a un costo mayor y en la moneda dura que le falta, con lo cual el gobierno termina de dar una vuelta completa al círculo vicioso del que no sabe cómo salir. La incompetencia del Presidente y del mejor equipo de los últimos 50 discursos lo llevó a ignorar el elefante de la restricción externa que pasaba por su puerta y privilegiar la especulación financiera por encima de la producción exportable. Entre las tantas cosas que Macrì desconoce están la entrada en vigencia el viernes 6 de la guerra comercial declarada por el Presidente de Estados Unidos Donald Trump, con la imposición de un arancel del 25% para ocho centenares de productos chinos. Esto los encarece en 34.000 millones de dólares anuales. Aún antes de contemplar la represalia asiática, esto hace previsible una caída en el precio de las exportaciones agropecuarias de las que la Argentina depende ahora más que nunca. Por el contrario, el precio del petróleo podría duplicarse, de 74 a 150 dólares el barril, otra pésima noticia para la Argentina.

 

La crisis laboral

Aun antes de la fuerte devaluación, el mercado laboral acusaba el impacto de las políticas oficiales. En el primer trimestre del año la tasa de desocupación alcanzó el 9,1% lo cual significa casi dos millones de personas desocupadas en el país. Pero además se extendió la duración del desempleo: el 39,4% de los desocupados lleva más de un año en la búsqueda de una ocupación y más de la mitad del total supera los seis meses. Según el último informe de CIFRA sobre el mercado de trabajo, en los cuatro primeros meses de 2018 no se generó en absoluto empleo registrado, dado que el escaso aumento en el empleo asalariado fue compensado por una caída en la cantidad de trabajadores independientes, revirtiendo la tendencia previa. La principal rama de actividad afectada fue la industria: la caída del empleo en este sector no cesa desde el inicio del nuevo gobierno. En los primeros cuatro meses del año se perdieron 10.300 puestos registrados (-0,9%), que completan una reducción de 73.800 puestos desde diciembre de 2015, es decir, una significativa caída total de 5,9%. El poder adquisitivo promedio de las remuneraciones registradas del sector privado tuvo una leve caída en el primer cuatrimestre, que la mayor inflación acelerará en los próximos meses. Hay que remontarse al menemismo y su secuela en el comienzo del nuevo siglo para encontrar cifras tan desoladoras.

En las últimas semanas algunos gremios lograron aumentos en torno al 25%, pero las proyecciones de inflación superan el 30% anual, lo cual erosiona el poder adquisitivo. Según las estimaciones de CIFRA, con  aumentos del 25% el poder adquisitivo del salario caería un 4%.

La situación es aún peor en el sector público, cuya masa salarial el gobierno se comprometió con el FMI a reducir. Las pérdidas de poder adquisitivo se vuelven dramáticas en el caso del salario mínimo, vital y móvil, ante la decisión oficial en 2017 de fijar un aumento muy bajo por decreto y romper la negociación en el ámbito del Consejo del Salario. Lo mismo ocurre con los haberes jubilatorios y la Asignación Universal por Hijo, determinadas por la nueva fórmula de movilidad previsional sancionada en diciembre con la complacencia del peornismo federal.

 

“Estamos tratando de evitarlas”

Ante este cuadro que tiende a agravarse, los supermercados viven en vigilia permanente. "Estamos tratando de evitar esto", dijo en una entrevista con la radio Continental Juan Grabois. Según el vocero pontificio, “quienes creemos en el diálogo como instrumento de transformación de la realidad vamos quedando en posiciones cada vez más reducidas, porque no está dando resultados. Entonces aparecen propuestas más radicalizadas de compañeros que no tienen mala voluntad, pero están desesperados. Intentamos canalizar la bronca en protestas y las protestas en propuestas. Una manifestación sobre supermercados es una medida extrema y la estamos tratando de evitar, porque puede derivar en cosas que no queremos”. El desprecio por la ley de Gabriela Michetti, quien se pronunció en contra de las disposiciones sobre aborto del Código Penal sancionado… en 1921, dista de ser una excepción. Por el contrario, es representativo de las actitudes del gobierno que integra: desdeñoso de cualquier opinión distinta a las propias, por más que sean fruto de construcciones colectivas plasmadas en leyes, constituciones o convenciones internacionales, es decir de la cultura humana que estos vándalos no valoran ni respetan. En el caso de Macrì este menosprecio se da con la soberbia del ignorante (“piensa como ingeniero y sólo quiere resolver los problemas”, creen defenderlo algunos obsecuentes).

El embudo en el que se encerró el gobierno tiene la estrecha salida de la dolarización, que en estos días postularon en forma abierta el norteamericano que asesoró a Ecuador para tomar ese camino, Steve Hanke; y los argentinos Alberto Benegas Lynch (h) y Enrique Blasco Garma. El gobierno dio ya varios pasos hacia allí, al dolarizar los precios de la energía, el déficit fiscal y la deuda, pero aún no se desprendió de la posibilidad de realizar política monetaria, como Ecuador, que no pudo revertirlo. Sus consecuencias no serían sólo económicas, sino también políticas, porque implicarían el regreso de la doctrina Cavallo sobre las provincias inviables, la regionalización, la reforma política para reducir la cantidad de representantes y la devaluación de los valores democráticos.

 

De Frente, Marrr

El gobierno no cesa de buscar una forma de blindarse contra las inevitables protestas y para eso ha pensado en alguna forma de intervención de las Fuerzas Armadas. Como mínimo, reemplazando en las fronteras a gendarmes que podrían desplazarse a las zonas calientes de los conurbanos. Pero los militares convocados para esa tarea también se anotan entre los indignados por las actitudes y políticas oficiales.

En ediciones anteriores señalamos que, aunque derogara el decreto de Néstor Kirchner y Nilda Garré que en 2006 reglamentó la ley de defensa y definió que las Fuerzas Armadas sólo podrían intervenir ante un ataque armado de una nación extranjera, el gobierno seguiría obligado por la ley de Seguridad Interior, que desde 1992 condiciona en forma estricta el apoyo militar a las operaciones de seguridad interior: podrá hacerlo únicamente con “sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones” (artículo 27). Si de lo que se tratara fuera de emplear “elementos de combate de las Fuerzas Armadas para el restablecimiento de la normal situación de seguridad interior”, el artículo 32 requiere que antes deberá declararse el estado de sitio. Como se trataría de “una forma excepcional de empleo, que será desarrollada únicamente en situaciones de extrema gravedad, la misma no incidirá en la doctrina, organización, equipamiento y capacitación de las Fuerzas Armadas”. Esta es la restricción que Macrì quiere, pero no puede, superar. Por eso lleva años anunciando reformas inminentes que no logra llevar a la práctica y lo más concreto es la colaboración en inteligencia y seguridad por el acuerdo con Israel del que informé en septiembre de 2017 durante la visita de Netanyahu, que incluye la venta de aparataje de intercepción cibernética que el gobierno usa en forma ilegal porque no consiguió que el Senado lo convalidara en el capítulo que los senadores Urtubey y Guastavino introdujeron de contrabando en el Código Procesal Penal.

 

 

Esto se complica por la arrogancia con que el macrismo trata a quienes considera inferiores, ya sean empresarios, que en privado no ocultan la ira que les provoca, o militares, cada día más inclinados a expresar la propia. Uno de los blancos preferidos de esta caracterización es Mario Quintana, a quien en la UIA mencionan como un místico peligroso: fue seminarista, luego se hizo adicto a consumos difíciles de abandonar, después canalizó sus obsesiones en los negocios, y ahora se siente predestinado a un descollante rol político. Es el interlocutor principal de Grabois. "Tenemos objetivos comunes" le dijo Quintana a Jorge Fontevecchia.

Foto: La Política Online

 

El reclamo presidencial a las Fuerzas Armadas de un sacrificio patriótico se reflejó en un aumento del 8% para las escalas más bajas (la mitad de lo ofrecido al resto de los muy maltrechos empleados del Estado) y en sumas fijas de 2.000 a 4.500 pesos para los altos mandos. De este modo se profundizaría la diferencia salarial de militares con policías y gendarmes. Esto causó oleadas de cólera, amagos de pases masivos a retiro, cartas tremebundas sincerando la valoración del Presidente y la decisión de hacéselo oír con ocasión de la fecha patria del lunes. El gobierno dijo que el desfile del 9 de julio se suspendía para contribuir al ajuste fiscal, pero no pudo dar ninguna explicación para el aplazamiento sin fecha de la cena de camaradería, donde el Comandante en Jefe corría el riesgo de pronunciar un discurso ante mesas vacías, algo más difícil de disimular que sus saludos a la nada (o los de Vidal) en actos y ceremonias públicas. Abandonados los timbreos por temor a la reacción furibunda de los vecinos que les enrostran su pasada credulidad, vallados los actos públicos en las celebraciones patrióticas o confesionales del 25 de mayo para impedir que se acerquen seres humanos o eludidos con pretextos pueriles el 20 de junio, resta por ver si Macrì asomará su rostro cansado el lunes 9 en Tucumán, donde una micro parada de pocos centenares de uniformados simulará la normalidad perdida.

La cuestión salarial y los proyectos represivos se combinaron de la peor manera para el gobierno. Voceros de las tres Fuerzas Armadas le dijeron al diario Ámbito Financiero que no basta con un decreto del Poder Ejecutivo para cubrir a los militares de responsabilidades ulteriores derivadas de su actuación en tareas policiales. "El Congreso es el ámbito natural para modificar la ley de Defensa ya que las tareas a ejecutar según lo anunció el Presidente implicarían empeñar medios y recursos humanos en operaciones que rozan la Seguridad Interior", citó el diario a uno de los voceros castrenses. Esto prueba dos cosas:

* que los militares saben mejor que nadie que no hay un problema terrorista en la Argentina que reclame su intervención, que no son ellos los más capacitados para enfrentar el tipo de narcomenudeo que se practica en la Argentina y que también están al tanto de que el Congreso no aprobaría esa enmienda.

* que la prédica de los organismos defensores de los derechos humanos caló hondo en la sociedad y en las propias Fuerzas Armadas, que no se prestarán a cualquier capricho de un Presidente que no pagará las consecuencias porque apenas le quedan 17 meses de mandato.

 

Foto: Diario Popular

 

El jefe del Ejército, Claudio Pasqualini, lo sabe en carne propia, o casi: su suegro, Athos Gustavo Renés, cumple una condena a prisión perpetua por su participación en la masacre de Margarita Belén, Chaco, en diciembre de 1976.

El ministro de Defensa Oscar Aguad se atribuyó la responsabilidad de lo que consideró el error del magro aumento a los uniformados y ofreció una mejora en la que está trabajando con Dujovne, cuando la medida provino del jefe supremo. Mientras el ex ministro Aranguren se declara sorprendido por su remoción y puntualiza que todo lo que hizo fue por decisión presidencial, Aguad se autocritica por los actos de Macrì, penosa forma de supervivencia en un cargo que merecería algo más que un muñeco que reciba las bofetadas.

Frente a esto, no hay otro remedio que la masividad de la movilización que impugne estas políticas desdichadas. La sociedad lo viene practicando desde diciembre, con la responsabilidad de la que carecen los gobernantes y el opoficialismo cómplice. Luego del 14 y el 18 de diciembre, del 21 de febrero, del paro de las mujeres del 8 de marzo, de las marchas federales de los docentes y de los movimientos sociales, de la concentración en el Obelisco el 25 de mayo, de la movilización de los pañuelos del 13 y el 14 de junio, del paro de la CGT del 25 de junio, es el turno del banderazo del lunes 9 de julio, con un palco montado en 9 de julio y Moreno, delante del histórico ministerio del renunciamiento de Evita a los honores pero no a la lucha, que hoy su imagen de hierro acompaña desde esas paredes.

 

 

Después de la asombrosa respuesta a la convocatoria del 25 de mayo, se realizaron varios encuentros en la Basílica de la Merced, de las que participaron algunos gremios de la Corriente Federal (Curtidores, Gráficos, Bancarios); la CTA que conduce Hugo Yasky; los Camioneros de la familia Moyano; los curas en opción por los pobres y organizaciones afines de judíos, musulmanes y protestantes; varios organismos defensores de los derechos humanos (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, APDH, Familiares; organizaciones políticas y sociales como la Túpac Amaru, la Cámpora, Nuevo Encuentro, Peronismo Militante, Partido Comunista, Frente Grande, Descamisados, Patria Grande, Forja, Carta Abierta, muchas organizaciones barriales chicas, un grupo de ex combatientes de Malvinas. En esas reuniones semanales se consensuó una nueva proclama y la invitación a que cada uno participe con la bandera que pueda armar en su barrio, escuela, sindicato, cooperativa o fábrica. La cita es a las 13 y animarán a la concurrencia las bandas de Bruno Arias, Teresa Parodi, Liliana Herrero y Arbolito. A las 16 los actores Gerardo Romano y Paola Barrientos leerán la proclama, que vincula los episodios de la Independencia de 1816 y las consignas sanmartinianas con la oposición actual al Fondo Monetario Internacional y los compromisos adquiridos por el gobierno neoliberal que incumplió todas sus promesas electorales. El Choque Urbano cantará el Himno Nacional al cierre y la desconcentración se hará no más allá de las 16.30 por razones de seguridad. Esta vez ni siquiera habrá un corralito con sillas, de modo que dirigentes y personalidades compartirán la calle con los asistentes. Casi sin excepciones, los medios silenciaron los preparativos, que se difundieron sólo en las computadoras y teléfonos de las redes sociales. Luis Majul, que con sus desbocadas invectivas contra los actores y actrices instaló la convocatoria del 25 de mayo, esta vez guardó prudente silencio, luego de compartir el fastidio oficial por la dimensión de aquel encuentro.

La música que escuché mientras escribía esta nota.

 

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