Sin luz ni sonido

 

El gobierno nacional presentó esta semana su Plan Argentina Productiva 2030, en el que se expresan una serie de ambiciosos objetivos que, sin duda, traerían enormes beneficios para el país. Entre las metas, figuran generar más de 2 millones de puestos de trabajo asalariados formales en el sector privado, sacar a 9 millones de argentinas y argentinos de la pobreza y crear más de 100.000 empresas. A través de diez misiones productivas que se realizarán en todo el país, se prevé “abordar y resolver los principales problemas económicos, tecnológicos, sociales y ambientales”. También se establecen metas igualitarias remarcables: “(El Plan) Argentina Productiva 2030 también buscará reducir la desigualdad para 2030 a los menores niveles en 50 años –bajar el coeficiente de Gini de 0.43 a 0.38"– y se ratifican compromisos ecológicos significativos, como “disminuir el impacto ambiental de las actividades productivas en base a los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de París”. El ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, planteó algo difícilmente discutible desde una perspectiva económica: “Para que el crecimiento se pueda sostener en el tiempo y sea irreversible y duradero, tenemos que transformar la estructura productiva y tecnológica del país”.

Si bien se puede debatir técnicamente sobre la factibilidad de ciertas metas, o políticamente sobre la deseabilidad de otras, no cabe duda de que el Plan establece un horizonte positivo, de clara mejora de la vida de la mayoría, en el contexto de la búsqueda de una amplia expansión de la actividad económica y las exportaciones.

El Plan se presentó en el marco de la convocatoria al Consejo Económico y Social, con presencia de sectores de la política y la economía nacionales. En ese mismo encuentro, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, dijo que “el secreto es ser capaces de sentarse a dialogar con el otro poniéndose en el lugar del otro. Esto no es una mesa para ver qué interés predomina. Es una mesa para ver cómo los intereses confluyen hacia el desarrollo común”. La apelación presidencial a un tipo de comportamiento socialmente cooperativo choca de frente y a alta velocidad con la situación concreta de deterioro inflacionario provocado por el sector productor y distribuidor de los alimentos, que no ha cesado, desde que se inició este gobierno, de avanzar no sólo sobre el ingreso de los pobres, sino sobre el de los asalariados, de los sectores medios y de otras ramas empresariales que ven que las mejoras salariales de quienes deberían ser sus clientes se van por la canaleta de las remarcaciones salvajes y fuera de control de toda la cadena alimentaria.

 

 

Burguesía imaginaria y burguesía real

Desde que asumió, el Presidente no ha cesado ni un minuto de convocar al diálogo intersectorial. Ahora lo hace para que entre empresas y sindicatos dialoguen para acotar la suba de precios. Sin embargo, sus apelaciones han sido sistemáticamente desoídas e incluso desafiadas por los diferentes sectores del empresariado. Si el gobierno quiso asumir alguna vez un tono más asertivo, nunca faltó un juez que se mostrara solidario con los empresarios e interpusiera una traba legal en contra de las necesidades de la sociedad.

Con los papeles totalmente quemados, Alberto Fernández saca fotocopias de esos mismos papeles e insiste en la misma receta. Es una actitud reconfortante para las fracciones empresariales que están en guerra contra el bien común: no hay ninguna otra respuesta del Estado.

Hoy mismo, la Argentina está sufriendo el impacto de un shock de precios internacionales que afecta directamente a los bienes básicos de consumo, indispensables para que la población coma. No obstante, el gobierno no puede tomar las medidas necesarias para evitar el grave impacto sobre los precios internos porque está trabado legal y políticamente.

No se pueden aplicar las retenciones, segmentadas y móviles, que es el instrumentos idóneo para proteger a la mayoría, porque el poder de ciertos sectores agrarios lo ha vetado. El veto tiene la forma de amenazas de acción violenta, de corte de rutas, de campañas de incitación mediáticas, convocando a la furia de diversos sectores subalternos que no sólo no serían afectados por las retenciones, sino que serían beneficiados. También pesa la defensa parlamentaria que Juntos por el Cambio, el partido de los ricos y los aspirantes, hace de todo privilegio y de toda desigualdad.

En este contexto, el bloque de Senadores del Frente de Todos presentó hace unos días una muy valiosa propuesta legislativa, el Fondo Nacional para la Cancelación de la deuda con el FMI, cuyo objetivo es recaudar fondos significativos que específicamente apunten a aliviar la carga que representa la deuda con el Fondo sobre el sistema productivo nacional y sobre el bolsillo de los argentinos de a pie. Se buscará captar fondos que: a) fueron sustraídos de las cargas impositivas normales que deben pagar todos los argentinos; b) fueron enviados clandestinamente fuera del país y colocados en guaridas fiscales.

La tarea no es sencilla porque se necesita la colaboración de países que en algunos casos albergan guaridas fiscales. Pero la propuesta parlamentaria señala en una dirección que la mínima decencia intelectual obligaría a todos –menos los fugadores– a apoyar: son fondos producto de la violación de la ley, que en su huida del país contribuyeron a erosionar las reservas de dólares necesarias para que nuestra economía funcione con estabilidad. Esas divisas fugadas han dejado un endeudamiento que pagarán quienes no evadieron ni fugaron.

También en este caso, Juntos por el Cambio defendió el derecho a la impunidad de los evasores, rechazando con cualquier tipo de argumento la propuesta presentada por un sector del oficialismo. Más allá del 40% de votos que supieron obtener, esta agrupación muestra con transparencia los valores de la burguesía local realmente existente, no la deseable para construir un proyecto de desarrollo nacional.

Juntos por el Cambio no hace sino expresar, con su repudio a la necesarias retenciones, su rechazo tajante a la persecución y castigo a los evasores o su oposición a aliviar a las mayorías agobiadas por el peso de la deuda, a ese empresariado real al que el gobierno invita a un diálogo despojado de miserabilidades.

El Presidente compartió un recuerdo en su discurso en el Consejo Económico y Social: “‘El 'Gringo’ llegó a la Mesa del Hambre y nos contó que había chicos que comían cartón cuando la pandemia se empezaba a desatar, que mojaban el cartón y lo comían. ¿Ese es el país que queremos nosotros? Yo estoy seguro que nadie quiere ese país, estoy seguro que no”.

Seguramente si se efectuara una encuesta dentro de las principales corporaciones empresariales preguntando: “¿Usted está a favor o en contra de que los niños argentinos coman cartón mojado?”, muy pocos contestarían que sí. Pero si la pregunta fuera: “¿Usted acepta que el gobierno tome las medidas necesarias para que no haya niños que necesiten comer cartón mojado?”, la respuesta, en la inmensa mayoría, sería NO.

 

 

 

La fábrica neoliberal de ilusiones no se detiene

Así, mientras en el gobierno unos se ocupan de ablandar los corazones de las máquinas de maximizar beneficios y otros tratan de capturar los dineros fugados que no pueden ser frenados antes de que salgan, la inflación alcanza mes a mes nuevos niveles.

Ante la imprecisión y la falta de ideas oficial sobre la “guerra contra la inflación”, además de los modestísimos resultados logrados, la derecha prepara nuevas estafas intelectuales y globos de verdes colores para la población. La nueva estafa, digna de un capitalismo financiarizado que le ha hecho creer a las masas que la plata hace plata, que la riqueza se produce comprando y vendiendo papeles y que las criptomonedas son la vía de masas para hacerse ricos, es el cuento de la dolarización.

Nunca es tarde cuando se trata de estafar a los atribulados argentinos. Siempre se les puede vender  una ilusión más.

No es el espacio aquí para acometer un análisis detallado de las imposibilidades y efectos catastróficos que tendría la medida. Pero sí vale detenernos un minuto en el sendero de deterioro nacional por el cual nos lleva la derecha: lograron –en nombre de la libertad de mercado– generar una estructura económica en la cual se ha concentrado un sector clave, la alimentación; consiguieron inhibir que los sucesivos gobiernos tomen medidas efectivas para la defensa de la competencia y de los consumidores; luego le echaron la culpa de la carestía de los productos al gobierno y a la emisión monetaria; y ahora, para consolidar y reforzar la estructura de transferencias basadas en el abuso de los más débiles, proponen una nueva pócima mágica: la dolarización.

El imaginario colectivo que se pretende instalar es este: ya no habrá pesos que se devalúen, sino hermosos dólares que siempre valen mucho. ¡Cobraremos en dólares! y nuestros ingresos nos permitirán vivir muy bien. ¡Qué fácil! ¿Por qué a nadie se le ocurrió antes? Con sólo cambiar de unidad monetaria, tendremos la revolución productiva y el salariazo.

Sería suficiente mostrar que traducir los actuales bajos ingresos a dólares mantendría la situación en el mismo lugar que se encuentra porque se dolarizarían los impuestos, las tarifas, ¡y los precios inalcanzables! Pero, además, la operación dolarizadora tendría –en principio– un efecto contractivo económico enorme, con lo cual volarían por el aire muchos puestos de trabajo y los ya insuficientes ingresos de la mayoría.

Lo que se está usando es la fantasía social que asocia dólares con prosperidad. La gente no tiene por qué saber cómo se vive en Ecuador o Panamá, dos países con economía dolarizada. Ni tampoco sabe cómo se vive en Corea del Sur, con economía no dolarizada.

Es hora de que si alguien, en la política nacional, piensa disputar en serio con la hegemonía ideológico-cultural de la derecha, se ponga a la altura de esta promisoria estafa y empiece a explicar en qué consisten los pececitos de colores modelo 2022 y cuál es el camino cierto para mejorar los ingresos reales de los argentinos.

 

 

 

 

Una bajísima voluntad de confrontar

¿Cuán poderosa es la derecha argentina? ¿Tiene ya el camino facilitado para llegar cómodamente a 2023? Objetivamente cuenta con una serie de atributos de poder importantes: dinero, medios de comunicación, sectores del Estado, poderosos respaldos globales. Pero con eso no alcanza para explicar su fuerza actual, luego de ser la protagonista de un gobierno catastrófico hasta hace poco más de dos años.

La otra parte es la escasa voluntad del Frente de Todos por protagonizar un gobierno exitoso y salir a disputar en el terreno social y comunicacional los argumentos predicados hasta el hartazgo por los medios. Y en ese sentido, las cosas están complicadas. El Frente de Todos parece un espectáculo sin luz ni sonido.

El kirchnerismo lanzó una iniciativa impecable, como es el Fondo Nacional para la Cancelación de la deuda con el FMI. Ofrece una herramienta de debate público importante y de demostración de la hipocresía cambiemita en materia de corrupción. Pero al mismo tiempo, no aborda el tema de los precios de los alimentos, una cuestión central, de cortísimo plazo, que involucra cuestiones básicas  de justicia social y de gobernabilidad política. Se hace imprescindible que surja una voz clara de ese espacio en este tema crucial.

Por su parte, Sergio Massa está trabajando en una serie de puntos de “consenso” para convocar a una suerte de Pacto de la Moncloa argentino. Vale recordar que, más allá de las mitologías políticas vacías de contenido, el Pacto de la Moncloa español consistió en que a cambio de la vuelta a las instituciones democráticas –producto inevitable de la muerte del dictador Francisco Franco y del resquebrajamiento de su estructura de poder–, se consagró la impunidad por los crímenes del franquismo, y sobre todo se consolidó la estructura oligárquico-jurídico-financiera de la sociedad española, continuadora de ese régimen. Diríamos que no es un buen ejemplo a imitar, salvo que lo que se esté proponiendo sea precisamente eso.

De la búsqueda presidencial de la moderación que es respondida con aceite hirviendo por parte de las cúpulas empresariales ya hemos hablado. Aceite hirviendo con el precio remarcado.

Por ahora parece ser un gobierno que ni política ni comunicacionalmente sostiene los desafíos que está enfrentando. Ni que esté repensando su forma de actuar.

Para el Frente de Todos, ¿el gran tema no debería ser controlar la inflación? Se trata de un problema económico de primer orden porque desorganiza cuestiones macroeconómicas, presupuestarias y cambiarias, y un tema social extremadamente sensible. ¿No se sabe cómo, no hay poder o no se asume ningún riesgo?

“Que todos coman” hoy parece una medida utópica en el actual contexto intelectualmente retrógrado, embrutecido, de la Argentina.

Este particular clima ideológico pre-'45 se ha creado a partir de dos elementos confluyentes: por un lado, la radicalización reaccionaria de las corporaciones empresariales, acompañada por la mayor formación opositora y el adoctrinamiento colectivo propiciado por los grandes conglomerados mediáticos. Por el otro lado, la bajísima voluntad de confrontar comunicando una visión claramente alternativa del Frente de Todos y su insistencia en negociaciones inconducentes.

Ese bajísimo tono se trasladó a la casi imperceptible argumentación oficial sobre temas en los que tendría mucho para festejar, como la baja del desempleo y la incipiente pero real reducción de la pobreza.

Ya que se han empezado a sincerar posiciones dentro del Frente de Todos, un debate valioso y políticamente atractivo para la sociedad sería que cada sector interno explique qué medidas propone tomar para contener los precios. Por supuesto que hay muchas otras cuestiones económicas significativas para abordar, pero en este momento, nada sería más oportuno para sintonizar con lo que “le interesa prioritariamente a la gente”. Mucho más que los devaneos sobre el FMI.

Si el peronismo aún existe como impulso vital, no debería tener dificultad en encontrar en el hambre y la desesperanza de la población una línea última de retroceso en la cual hacerse fuerte, y poder alzar la voz con la contundencia necesaria para reconquistar una gobernabilidad con sentido popular.

 

 

 

 

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