El proyecto de urbanización VIP del fideicomiso Lago Correntoso, que capitales macristas pretendían realizar en bosque nativo protegido por ley en el sur de Neuquén, quedó desarticulado por dos medidas estatales arrancadas por la movilización de base. La autoridad provincial de aplicación de la ley de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (OTBN) rechazó el proyecto del loteo y, consecuentemente, el Concejo Deliberante de Villa La Angostura declaró nula la apertura de un camino de acceso a ese loteo fantasma que provocó severos daños medioambientales.
Facundo López Raggi, ministro de Producción e Industria neuquino, rechazó el cambio de categoría de protección del bosque solicitado por el fideicomiso, indispensable para poder fraccionar la tierra y realizar obras de infraestructura en 87 hectáreas que son parte del territorio ancestral reivindicado por la comunidad mapuche Paicil-Antreao. La resolución 223 del 3 de setiembre formaliza el rechazo al loteo que ya en enero había planteado por unanimidad el Consejo Consultivo técnico, medida que sin anularlas directamente dejó sin efecto otras de 2015 firmadas por Leandro Bertoya, ministro anterior del área.
Así, el Estado reconoció de hecho que es justo el resguardo de protección del predio en conflicto conocido como Pichunco. Se instaló el 15 de abril e interrumpió el acceso de las maquinarias pesada y el aprovechamiento ilegal de la madera extraída. Un grupo parapolicial, de doce encapuchados, pretendió desalojar a la comunidad por la fuerza de ese resguardo la medianoche del 13 de junio, ataque que permanece impune por la lentísima acción de la justicia ordinaria local.
Ese contexto de conflicto sumó un elemento político impensado, planteado por Marcos Peña, jefe de Gabinete, durante un pedido de informes al Senado a fines de junio. “Respecto al desarrollo de un proyecto urbanístico en la costa del Lago Correntoso y sobre la ladera del cerro Belvedere en Villa La Angostura, que se ejecutaría en zona de bosque nativo bajo categoría I de conservación según el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia, donde según lo establecido por la Ley de Bosques Nativos (26.331) está prohibido deforestar (artículos 14 y 19). Es por ello que la Dirección Nacional de Bosques ha solicitado a la Autoridad Local de Aplicación de la ley 26.331 en la provincia de Neuquén brinde información detallada respecto de dicho proyecto, tal como; el estado de avance del mismo, su ubicación y traza, si el proyecto afectará zonas de bosque nativo y la categoría de conservación según el Ordenamiento Territorial provincial, si se ha llevado adelante un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, si se ha llevado adelante un procedimiento de Audiencia Pública o consulta pública, si se ha emitido acto debidamente fundado a fin de autorizar el proyecto en cuestión, conforme el art. 14 del Decreto Reglamentario N° 91/2009, entre otras cuestiones. Hasta la fecha no se ha recibido una respuesta de la Provincia”, informó.
En la política doméstica no se discutió la posición de la Nación.
Política & negocios
El 3 de diciembre, durante un taller participativo local para analizar ajustes al mapa oficial de aplicación de las categorías de protección del bosque, López Raggi informó la decisión del rechazo al loteo ante la Paisil-Antreao y la ONG Alerta Angostura, entre otros espacios de la comunidad. También estaban presentes Carlos Rossi (representante legal) y Pablo Torres García, dos de los doce propietarios del fideicomiso junto al arquitecto Artemio Rossi, concuñado del presidente Macri.
La fracción de 87 hectáreas, con amplia costa al lago Correntoso y vista plena al Nahuel Huapi y la cordillera de los Andes, es uno de los espacios más aislados del ejido municipal, sin red de conexión vial. El intendente Guillermo Caruso (Movimiento Popular Neuquino) dispuso la apertura de una calle pública, artilugio legal y político para forzar la aprobación del loteo en zona roja de máxima protección y, a la vez, favorecer el inicio de las obras de infraestructura para el loteo. El intenso y devastador ritmo de la obra vial desató la preocupación comunitaria y el inicio de la investigación que este medio publicó a partir de marzo.
Esta última semana el Concejo Deliberante local aprobó por mayoría la ordenanza de anulación de esa calle pública fantasma; fantasma porque empieza y termina dentro del mismo lote, sin comunicación con la trama urbana local, y porque no pudo encontrarse hasta el momento el instrumento jurídico de origen (resolución, decreto, algo). Junto con la anulación, el CD decidió requerir tanto al Ejecutivo provincial como al local que arbitren los medios para que el fideicomiso repare el daño cometido en el camino de 1,300 km abierto en pleno bosque entre marzo del año pasado y abril de este.
Por su parte, las autoridades de la comunidad mapuche plantearon tanto a la provincia como a Caruso que la remediación del daño se realice con su intervención directa, compromiso asumido por el propio López Raggi y plasmado en dos instancias consultivas de la autoridad de aplicación de la OTBN. A la vez Bertoya, ex ministro de Desarrollo Territorial en la gestión de Jorge Sapag y tres veces intendente de San Patricio del Chañar, fue un operador clave en beneficio del fideicomiso que en 2010 compró las 87 hectáreas de Pichunco a Radal SA. Las resoluciones de Bertoya flexibilizando en forma ilegal la ley de bosques están judicializadas por la Paisil-Antreao, a través de dos acciones que se tramitan lentamente en Neuquén. Ahora pretende ir por un nuevo período como intendente.
El contador Luis Alberto Obezzi realizó la inscripción en el Registro de la Propiedad en Neuquén para el fideicomiso conformado en 2010. Cinco años después inscribió como fiduciarios de 21 fracciones a Jorge Roberto Torres, Pablo Natalio Dabas, Natalia Noemí Ganem, Pablo Damián Elías, Gustavo Javier Coria, Matías Damián López, Carlos Alberto Rossi, Juan José Licata, Pablo Andrés Torres García y Julián Santiago Arostegui. Además, Alberto Artemio Rossi, concuñado de Macri; Alfredo Hilding Reganzani, ex interventor del grupo Greco durante la última dictadura cívico-militar; y Murat Nakat, directivo de Boca Juniors y miembro titular de Evaluadora Latinoamericana S.A., agente de calificación de riesgo, figuran entre los titulares de dominio del lote.
En un contexto altamente represivo y de avance de la frontera inmobiliaria en áreas rurales, la demanda mapuche por el derecho a esta fracción del territorio tradicional ha sabido articular con otros sectores de la sociedad el reclamo por la defensa integral del bosque nativo y formas de vida más armónicas con la naturaleza. Resta, claro, consolidar los avances para que el caso Pichunco no quede aislado.
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