Sin justicia para el cliente de Alberto

 

El Tribunal Oral Federal 5 absolvió en voto dividido al ex presidente de la Comisión Nacional de Valores, Juan Alfredo Etchebarne, por su rol en el secuestro e interrogatorios bajo torturas en Campo de Mayo en 1978 de 28 empresarios de Industrias Siderúrgicas Grassi y el Grupo Chavanne, que le habían comprado el Banco de Hurlingham a David Graiver. Entre las víctimas estaba René Grassi, cuyo abogado defensor hasta el 10 de diciembre de 2019 fue Alberto Fernández, quien dejó el caso al asumir la presidencia. Votaron por la absolución los jueces Daniel Obligado y Adriana Palliotti y se pronunció por la condena a Etchebarne el juez Adrián Grunberg. Los tres condenaron por unanimidad a 10 años de prisión, al agente civil de inteligencia del Ejército Raúl Antonio Guglielminetti, quien ya está detenido por otra condena. En cambio, Etchebarne llegó en libertad al juicio. La fiscalía y las querellas habían pedido penas de entre 12 y 25 años de cárcel. Eduardo Tavani, querellante por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, dijo que la finalidad de los delitos fue apoderarse del banco y de las empresas como botín de guerra. Los servicios de inteligencia y el Ejército fueron usados como mano de obra de José Alfredo Martínez de Hoz. De Martínez de Hoz y el resto de los procesados, se encargó la biología: los generales Carlos Suárez Mason, Francisco Obdulio D’Alessandri y Raúl Gatica, el coronel Roberto Roualdes, el gendarme Víctor Rei murieron procesados por el juez federal Daniel Rafecas, quien sigue realizando una exhaustiva investigación sobre los crímenes cometidos bajo la conducción del Cuerpo I de Ejército, que va desglosando por campo clandestino de concentración.

Uno de los primeros juicios correspondientes a esa jurisdicción, conocido como circuito Camps, se realizó en La Plata y culminó hace diez años con la condena, entre otros, del comisario Miguel Etchecolatz, del cura Christian von Wernich y del ex ministro de Justicia de la dictadura Jaime Lamont Smart. Entre los querellantes en aquel proceso estuvieron dos pares de hermanos: Héctor y Javier Timerman y Horacio y Augusto Rodríguez Larreta, por el secuestro de sus respectivos padres, el periodista Jacobo Timerman y el dirigente desarrollista y empresario petroquímico Horacio Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta fue arrancado de su domicilio en la madrugada del 3 de abril de 1977 por Guglieminetti. Los militares buscaban en PASA petroquímica dinero de los Graiver, que atribuían a Montoneros. Rodríguez Larreta estuvo secuestrado una semana en el Pozo de Banfield.

 

 

Una siderúrgica menos

El proceso culminado esta semana, pero cuyos fundamentos aun no se conocieron, se circunscribe al campo clandestino que funcionó en la cárcel de encausados de la guarnición militar de Campo de Mayo y el caso central que se trata es el secuestro de un grupo de empresarios del Banco de Hurlingham y de Industrias Siderúrgicas Grassi. La denominada lucha contra la subversión era un pretexto para la búsqueda del botín, que el grupo de tareas procuraba saquear, pero también para la consecución de logros más sofisticados. Industrias Siderúrgicas Grassi era la tercera empresa mundial en el mercado de ferroaleaciones y la principal competidora de Acíndar, cuyo presidente fue Alfredo Martínez de Hoz hasta el golpe de marzo de 1976, y el general doctrinario de la guerra contrarrevolucionaria Alcides López Aufranc a partir de entonces.

Martínez de Hoz designó a otro ejecutivo de Acíndar, Juan Alfredo Etchebarne, al frente de la Comisión Nacional de Valores, y le asignó la misión de desbaratar Industrias Siderúrgicas Grassi. El 31 de agosto de 1977, Etchebarne querelló ante el juez Rafael Sarmiento a los Grassi y a sus socios en la adquisición del Banco de Hurlingham, Juan y Marcelo Chavanne. A los pocos días comenzaron a ser secuestrados todos sus directivos, pasaron maniatados por el Regimiento de Granaderos a Caballo y luego fueron depositados en celdas de 1,80 x 0,80 en Campo de Mayo, a oscuras y sin comer. Entre asado y asado, el juez Sarmiento protocolizaba las actuaciones brutales del Cuerpo I, a cuya disposición estaban las víctimas, figura jurídica que ni los escribas de la dictadura se animaron a codificar.

Una vez que los empresarios fueron secuestrados por Guglielminetti y conducidos a Campo de Mayo, Etchebarne condujo los interrogatorios en el campo clandestino de concentración, mientras policías, gendarmes y militares los picaneaban. La esposa de Marcelo Chavanne, Sara Duggan, embarazada de varios meses, fue sometida a violencia sexual durante su cautiverio. Lloró en la audiencia del juicio a las juntas al narrarlo, ocho años después. También torturaron al abogado Raúl Aguirre Saravia, quien no lo denunció porque dijo que su clientela patronal no le daría trabajo a un penalista al que se llevaron preso. Otro de quienes expusieron fue el general retirado Manuel Laprida, uno de los coroneles azules de 1962, que al año siguiente participó en el derrocamiento de Arturo Illia para entregar el mando al general Juan Carlos Onganía. Cuando Laprida intercedió por su yerno, Isidoro de Carabassa, que fue uno de los secuestrados, su antiguo subordinado el general Roberto Viola le dijo que no podía hacer nada mi general, porque Suárez Mason intentaba con ese caso voltear a Jorge Videla. Mientras se escuchaban los testimonios, los defensores de los ex comandantes se miraban, nerviosos. Con esos testigos se identificaban. “Me pudo pasar a mí. Estos no eran guerrilleros”, decían sus ceños fruncidos. Industrias Siderúrgicas Grassi desapareció del mercado, para que Acíndar reinara sin competencia. Al declarar ante el TOF 5, Etchebarne negó haber sido amigo de Martínez de Hoz, pero reconoció que por su invitación integró el directorio de Acíndar, la directa beneficiaria de la desaparición de su principal competidor.

 

 

Flaco con bigotazo

En esa sala de la Cámara Federal conocí a Fernández, tres años antes de que Néstor Kirchner fuera electo por primera vez intendente de Río Gallegos. Era un pibe de 26 años, casi tan flaco como hoy es su hijo Tani, con un bigotazo que ya entonces parecía anacrónico, tal vez resabio de su paso por la JUP de Derecho.

Ese mismo año publicó el libro Juicio a la impunidad, junto con los periodistas Mona Moncalvillo y Manuel Martín.  En uno de sus capítulos cuentan que los funcionarios de la Comisión Nacional de Valores y del Banco Central “constituyeron la Gestapo argentina”, que suministraba las preguntas con las que los torturadores militares de Campo de Mayo interrogaban. Etchebarne querelló a Fernández, quien me pidió que fuera su testigo. Durante la audiencia expuse los métodos de tortura empleados en los campos de concentración de la dictadura, y mientras hablaba, la endeble silla del defensor de Etchebarne, Roberto Durrieu, se deshizo en pedazos bajo los 120 kilos de ese gigante de dos metros.

Al caer de espaldas volteó la mampara que dividía en dos un enorme ambiente antiguo, y quedó despatarrado en el despacho vecino. Junto con Esteban Righi, que era el abogado de Alberto Fernández, lo ayudamos a reincorporarse. El canalla sonriente comentó:

—Eso pasa por las barbaridades que he tenido que escuchar aquí.

Righi y yo le contamos el episodio y los tres festejamos de buena gana este castigo adicional a los apologistas de la dictadura.

Etchebarne desistió de la querella contra Alberto, que no tenía destino, pero hoy puede celebrar su absolución, demostrativa de las dificultades para castigar al poder económico que movió la mano armada de los centuriones.

Tanto el fiscal Alejandro Alagia como la APDH apelarán la absolución ante la Cámara de Casación.

Al mismo tiempo,  los jueces Gabriela Catalano y Abel Fleming, del Tribunal Oral Federal de Jujuy declararon que el deterioro cognitivo de Carlos Pedro Blaquier le impedía ser juzgado por los crímenes cometidos en el Ingenio Ledesma en la Noche del Apagón. La tercera jueza, Alejandra Cataldi, votó por la  repetición del peritaje, tal como pidieron las querellas y la fiscalía y que se comprobara si Blaquier participaba en la dirección de sus empresas. Dos peritos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ("impecables e implacables", según un militante que los conoce) coincidieron con el dictamen de los peritos de la Corte Suprema de Justicia. La cuestión no es el peritaje realizado el 28 de marzo, sino las cuatro décadas largas transcurridas desde los hechos, que incluyeron leyes y decretos de impunidad, y la desidia judicial desde que se anularon esos obstáculos: ocho años perdieron la Cámara de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia sin pronunciarse desde que estuvieron en condiciones de hacerlo, con un hombre que ya tiene 94 años y la predecible declinación, que conduce a la impunidad de los poderosos por medio de la biología.

 

 

 

 

 

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