Sin impunidad para las mafias

En 2020 se conmemoraron 10 años del asesinato de Mariano Ferreyra, un crimen que conmovió al mundo político y sindical: en el marco de una protesta que exigía el fin de las tercerizaciones y el pase a planta, un integrante de la patota ferroviaria disparó a la multitud y mató a un militante del Partido Obrero de 23 años e hirió de gravedad a otros tres. Corría 2010, la democracia ya llevaba 27 años sin interrupciones en la Argentina. Mariano murió camino al hospital. A las pocas horas una movilización inmensa en Corrientes y Callao exigía el esclarecimiento del crimen. Y mientras tanto la fiscal a cargo de la causa, Cristina Caamaño, pedía por radio que los testigos fueran a declarar. A 10 años de la investigación que cambió su vida, Caamaño –hoy interventora de la Agencia Federal de Inteligencia— repasó sus primeras sensaciones, por qué decidió correr a la Policía Federal de la investigación, la muerte de Néstor Kirchner una semana después del crimen de Mariano, la íntima relación entre policía y patota de la Unión Ferroviaria y el intento de soborno a jueces de la Cámara de Casación Penal, una causa que, a 10 años del crimen, recién se elevó a juicio.

 

El 20 de octubre se cumplen 10 años del asesinato de Mariano Ferreyra. El militante del Partido Obrero fue masacrado en las inmediaciones de la estación Avellaneda de la ex línea de tren Roca, durante una movilización contra la política de tercerizaciones que manejaba la Unión Ferroviaria (UF), cuyo secretario general era José Pedraza. Producto de dicha represión además fueron heridos de bala Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos.

La causa, que tuvo un enorme impacto político, se elevó rápidamente a juicio y en abril de 2013 el Tribunal Oral en lo Criminal N° 21 condenó a Pedraza y a su segundo en la UF Juan Carlos Fernández a 15 años de prisión, por ser responsables del delito de homicidio en concurso ideal con homicidio en grado de tentativa en calidad de partícipes necesarios. Hubo otras 13 condenas y tres absoluciones: a los ferroviarios Guillermo Uño y Juan Carlos Pérez y al policía Rolando Garay.

Hace poco más de un mes, Cristina Caamaño, la fiscal que investigó la causa y –junto con la jueza Wilma López— desarmó la trama de complicidad entre los ferroviarios y la Policía Federal y el negociado de las tercerizaciones, recibió a El Cohete a la Luna. Sostuvo que la patota ferroviaria actuó con ese nivel de violencia porque creyó que tendría impunidad y advirtió: “Era todo como una mafia, empezando por Pedraza y de ahí para abajo”.

Desde su despacho en el último piso del edificio de 25 de mayo 11, a escasos metros de la Casa Rosada, la actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) valoró lo que consideró dos aportes claves del Gobierno de entonces a la investigación: el testigo protegido, que participó en la movilización de ese día junto a los ferroviarios y que fue llevado a declarar a la fiscalía por el entonces ministro de Justicia Julio Alak, y la posibilidad de hacer escuchas directas, que permitió seguir la pista de los acusados y luego detenerlos.

 

 

 

 

A 10 años de la investigación que cambió su vida, Caamaño –que llevaba durante el reportaje un barbijo con el pañuelo blanco de las Madres de Plaza de Mayo— repasó sus primeras sensaciones al llegar al lugar del hecho, por qué decidió correr a la Policía Federal de la investigación, la muerte de Néstor Kirchner una semana después del crimen de Mariano, la íntima relación entre la policía y patota de la UF y el intento de soborno a jueces de la Cámara de Casación Penal, una causa que, a 10 años del crimen, recién se elevó a juicio.

—A 10 años de los hechos, ¿qué cree que buscaban José Pedraza y su entorno en la jornada del 20 de octubre que terminó con el crimen de Mariano?

—Pienso que si fueron armados era porque estaban dispuestos a usar esas armas. Y, efectivamente, así ocurrió. Cuando se producen los disparos que matan a Mariano y hieren de gravedad a Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos, los militantes del Partido Obrero ya estaban desconcentrando hacia la avenida Vélez Sarsfield. Con esto quiero decir que buscaban algo más que amedrentar y creyeron que iban a tener impunidad; no imaginaron que habría una investigación exhaustiva. Sostengo, además, que fue un crimen evitable: es muy fuerte pensar que un tipo puso la rodilla en el piso, disparó a mansalva y no le importó que hubiera mujeres, niños y jóvenes. Mariano era un chico muy joven, tenía 23 años. Era un militante que tenía sueños, ¿no? Porque uno milita por algo. (Se emociona.) Y que venga un pelotudo importante, un boludo como [Cristian Daniel] Favale o [Gabriel Fernando] Sánchez [condenados a 18 años de prisión por ser coautores materiales del homicidio], que hicieron esto para asustar o para ganarse un espacio dentro de la patota ferroviaria... O para hacerle el juego al otro infeliz de [Pablo Marcelo] Díaz [condenado a 18 años por ser partícipe necesario], que era el que los manejaba… Fue totalmente evitable. Se hubiesen agarrado a piñas, qué sé yo, había tantas maneras de evitar tanto dolor. Me parece tremendo, tremendo. En ese momento todos ellos eran muy poderosos: ese 20 de octubre, por la mañana, Pedraza había estado reunido con [el entonces secretario de Transporte Juan Pablo] Schiavi.

—¿Qué recuerda del momento en que le notificaron que iba a investigar esa causa?

—Estoy casi segura de que ese día fue un miércoles. Estábamos en la fiscalía, de turno, terminando de comer, y cuando levantábamos los platos, llaman desde la comisaría por teléfono y nos avisan que había habido un enfrentamiento entre el Partido Obrero (PO) y el sindicato de ferroviarios a una cuadra del Riachuelo. Serían cerca de las 14:30. Dijeron que había habido disparos y algunos heridos de bala, pero no mucho más; de hecho todavía no había muerto Mariano. Cuando pasan esas cosas a mí me gusta ir al lugar del hecho, necesito ubicarme en tiempo y espacio. Yo no manejo, así que necesitaba que me llevara alguien; fuimos con mi secretario y mi prosecretario.

—¿Qué encontró cuando llegó a las vías del Roca, donde le habían disparado a Mariano?

—Llegamos y estacionamos el auto a una cuadra del cruce de las calles Perdriel y Pedro de Luján [la esquina donde le dispararon a Mariano]. Ahí había un patrullero cruzado y un montón de policías apoyados sobre el móvil. La única que estaba trabajando era una mujer policía, que marcaba con círculos de tiza los lugares donde habían quedado las balas. Creo que había otro policía más allá. (Mueve las manos, como marcando la distancia.) Cuando me iba acercando, los policías, que algunos ya me conocían de otras investigaciones, empiezan a ponerse medio nerviosos y me dicen: “¿Qué tal doctora?” Y uno que me conocía un poco más me dijo: “Vio, doctora, esta vez nosotros no tuvimos nada que ver”. Y en ese momento yo le dije que los hechos se cometen por acción pero también por omisión, como diciendo que no habían evitado lo que había pasado. Cuando llegué, estaba el subcomisario Rolando Garay. [A quien el CELS señaló por haber permitido que los agresores se acercaran a los militantes que se estaban desconcentrando y luego ordenó efectuar el cerco para proteger al grupo de la Unión Ferroviaria; en el juicio oral, luego confirmado por Casación, fue absuelto.] Yo lo imputé porque creo que como fiscal, ante la duda, tengo que imputar y que la persona se defienda. Pienso que el in dubio pro reo es una decisión del juez. Les pregunté si además de marcar el lugar donde estaban las vainas habían buscado en las cámaras de seguridad de la cuadra y me dijeron que no, porque “era una zona de fábricas”. Pero uno mira y hay un montón de cámaras, entonces empecé a tocar el timbre de los distintos establecimientos y les pregunté si tenían cámaras que filmaran, porque algunas registran pero no filman. El disparo a Elsa Rodríguez (producido cuando los militantes del PO desconcentraban, en el cruce de las calles Pedro de Luján y Río Limay) se vio claramente desde una cámara que estaba en una esquina. Fue muy impresionante, porque ocurrió a una cuadra de donde le habían disparado a Mariano.

—¿Cómo continuó ese día?

—A Mariano y a casi todos los heridos los habían trasladado al hospital Argerich, así que fuimos para allá. Cuando llegamos estaban atendiendo a Mariano. No recuerdo si lo llegaron a operar, pero sí nos avisaron que estaba muy grave. A la que sí estaban operando era a Elsa. Sobre una camilla había otro pibe herido. Me presenté y le dejé mis datos para que pudiéramos hablar. Cuando salíamos del hospital entraba la mamá de Mariano, que es una mina genial, con Pablo, el hermano. Mi secretario me avisó que eran los familiares. (Se le ponen los ojos rojos y llora.) Yo en ese momento no quise verlos, estaba muy conmocionada. Lo que necesitábamos era buscar testigos. Quería que vinieran los del Partido Obrero, que ya habían empezado a organizar una marcha para ese día en Corrientes y Callao. A través de los medios, les pedí que vinieran a declarar para saber qué habían visto. Les decía que lo necesitaba para investigar, pero al principio nadie quería venir. Creo que fue hablando con [el periodista Luis] Majul que me preguntó: “¿Usted qué le diría a la gente del partido de izquierda?” Y le contesté que venga, que yo también soy de izquierda, cosa que en un punto es cierto. Digamos que siempre fui más de izquierda más allá de que soy oficialista, nunca milité en un partido de izquierda, en su momento estuve más cerca del alfonsinismo, que era lo más progre, sin ser de izquierda, y después con el kirchnerismo, y ahora también oficialista. Ese sábado me llamó Pablo Ferreyra, que quería hablar conmigo, y me junté con él y su mujer. Les dije que yo me comprometía a hacer la investigación. Convengamos que no era fácil porque cuando yo llegué ya no había nada, ni siquiera estaba Mariano, que murió después. Trabajamos mucho con lo que grabaron las cámaras de C5N. En ese momento la periodista Gabriela Karchak vino a declarar y fue amenazada. Abrimos la fiscalía los sábados y domingos porque desde el Partido Obrero nos decían que no podían venir en la semana. Por esos días también recibí a la gente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En ese momento, a diferencia de ahora, no te daban nada: si vos estabas de turno y tenías un hecho con 10 muertos o con 100 era lo mismo, te tenías que arreglar con lo que tuvieras. Era muy estanco, muy individual todo. Recién con Alejandra Gils Carbó se empezó a trabajar en equipo, porque ella creó las procuradurías, las unidades fiscales. Mi fiscalía se puso la causa al hombro. Ahí te das cuenta que sin equipo y sin un juez que te acompañe no podés hacer nada. En este caso la jueza Wilma López fue fundamental. Colaboró en todo y mostró un compromiso enorme. Yo le pedía cosas que le podían parecer una locura, hemos estado juntas hasta la 1 de la madrugada. Recibí mucha ayuda en ese momento del Gobierno, por ejemplo el testigo protegido.

—¿Cómo llegó a la fiscalía el testigo protegido?

—Cuando ven, en las filmaciones de las cámaras, a los integrantes de la patota ferroviaria que iban corriendo, alguien reconoce a uno y le avisa a un allegado a Néstor Kirchner. [Después se supo que fue el entonces intendente de Quilmes, Francisco “Barba” Gutiérrez.] Lo llaman a este hombre [Alejandro Benítez] y le dicen que declare porque, de lo contrario, iba a quedar pegado. Y vino a declarar a la fiscalía. Lo trajo el ministro de Justicia [Julio] Alak. Esa persona nos ayudó un montón. Él no era ferroviario, sino que trabajaba para los ferroviarios. Lo llevaron a la movilización para cuidar que los que reclamaban por las tercerizaciones no cortaran las vías. Y después llegó un anónimo sobre un auto que venía con gente de Provincia a “colaborar” o “apoyar” a los ferroviarios. Uno de los que iba en ese auto era Favale, que fue el que disparó. Después nos fuimos dando cuenta de cómo era la trama: Favale hizo este laburo sucio para que lo tomaran. Era todo como una mafia, empezando por Pedraza y de ahí para abajo. Y a la semana murió Néstor. Fueron unos días de locos. Tanto que una vez me llamó Aníbal Fernández, que en ese momento era jefe de Gabinete, y le corté el teléfono pensando que era un chiste. Volvió a llamar. Algo parecido me pasó con Alberto Fernández. Cuando me llamó en diciembre del año pasado, pensé que era un chiste. Volviendo a ese momento, después de conversar con Aníbal Fernández, hablé con la jueza y ella pidió las escuchas directas. Que se hacían justamente desde acá. (Señala su oficina, en el último piso de la AFI, con vista privilegiada a la Casa Rosada.) Así nos enteramos que todos, menos Pedraza, se reunían un sábado en un club en la provincia de Buenos Aires. La policía fue, tomó las patentes de los autos y después los detuvo. Pedraza fue detenido en su propiedad de Puerto Madero, una de las tres que tenía a su nombre. Para ese momento Favale, que es un pesado, estaba prófugo: se había escapado a Chascomús. Habló con la mujer y, como tenía el teléfono pinchado, determinamos dónde estaba.

 

 

 

 

—¿Por qué decidió apartar a la Policía Federal de la investigación?

—Porque no había hecho un buen trabajo. No habían levantado las imágenes de las cámaras. Dijeron: “Esto es un NN y va a quedar como NN”. [Se refiere al autor del crimen, al victimario.] De hecho, cuando ordené que investigue la Gendarmería, ellos, que entraron en escena unos 15 días después del 20 de octubre, encontraron más vainas que la policía no había encontrado, que quedaron ahí porque eran calles empedradas. Teníamos una filmación de la Policía [N. de la R: tienen la obligación de filmar estos procedimientos] arriba de las vías que se cortaba a las 13:20, aproximadamente, y se volvía a prender 10 minutos después. La primera vez que la vimos pensamos que lo habían cortado a propósito, pero resultó que nunca lo filmaron. Al policía a cargo de la filmación [David Villalba] yo lo imputé, pero en el juicio oral sólo le pusieron una multa. Cuando estábamos investigando, fuimos con la jueza López al Departamento de Policía para pedir las cámaras. Yo siempre pensé que habían editado esos minutos que faltaban de grabación. Pero no: habían apagado la cámara. Los policías que estaban asignados ese día vieron el enfrentamiento y no intervinieron, por eso yo hablaba de que la omisión también es delito. Y un dato más: los policías usaban handys. Yo pregunté cómo era eso y me dijeron se los daban los ferroviarios. Era como una policía ferroviaria, estaban en connivencia con los ferroviarios de los que recibían al menos los handys.

—¿Pudo probar algo más en ese sentido?

—No, pero a los pocos meses del crimen de Mariano mataron, en un intento de robo, a un policía de los que habían estado el 20 de octubre. Después decían que quien había dado las órdenes era el muerto. Era como que la policía necesitaba un chivo expiatorio. Por supuesto yo nunca le di bola a eso, pero me pareció muy sospechoso. No se habló mucho de esto. Cuando mataron a este hombre yo ya estaba en el Ministerio de Seguridad [era Secretaria de Seguridad Operativa, la segunda por debajo de la ministra Nilda Garré] y fui al velorio. Me recibieron mal, tanto que mi custodia me sugirió que nos fuésemos. La mujer del fallecido no quiso ni saludarme pero sí se acercó el hijo mayor. Le pregunté qué edad tenía, me dijo alrededor de 19, entonces le consulté sí había terminado el colegio y me dijo que sí. Y le pregunté qué iba a estudiar. Me dijo que no estudiaba pero que estaba trabajando en los ferrocarriles. Con lo cual ahí me quedó fija esa idea de familia: el tipo era policía e hizo entrar al hijo a los ferroviarios.

—¿Cómo reconstruyó la trama de las cooperativas, el mecanismo que encontró la Unión Ferroviaria para realizar contratos con el Estado y recibir dinero a cambio?

—Un poco con los testigos y otro poco con los allanamientos; a partir de esa documentación comenzamos a entender que al gremio le convenían los trabajadores tercerizados. Pedraza tenía una sociedad, conformada por la esposa (Graciela Isabel Coria) y la hija, que tomaba a los tercerizados y el Estado les pagaba por cada uno de ellos, que lo que reclamaban era ser empleados de planta permanente. Pedraza y compañía no querían contratarlos, porque dejarían de recibir el subsidio del Estado. Pedraza tenía una doble empresa: por un lado, era el jefe de los trabajadores, y por el otro, se había hecho ese kiosquito.

—Las primeras declaraciones del gobierno de entonces cuestionaron la movilización de los tercerizados, ¿Por qué cree que fue así?

—Unos meses antes del crimen de Mariano, Cristina Fernández de Kirchner había estado en un acto realizado en el estadio de River con Pedraza, sentados los dos con el pañuelo verde de los ferroviarios. Yo supongo que para el Gobierno fue muy duro en ese momento…

—El 15 de octubre, cinco días antes del crimen de Mariano, el entonces secretario general de la CGT Hugo Moyano había hecho un acto en River en el que dijo que sería bueno ver a un “compañero trabajador” en la Casa Rosada. Y CFK le respondió que ella trabajaba desde los 18 años. ¿Cómo le impactó todo el contexto político en la investigación?

—Es difícil, pero puedo asegurar que cuando estás trabajando en una causa no te enterás de nada. A mí el contexto político recién me empezó a interesar cuando vi que llamaban para apoyar la investigación. Porque el miedo que yo tenía era que el gobierno me trabara la investigación y no fue así para nada. Empezando por Néstor, que mandó a este testigo. Si esta persona no venía, yo no sé si hubiese podido dilucidar el crimen. Estoy eternamente agradecida al gobierno por el apoyo que nos dio, con todo.

—Nombró recién a Néstor Kirchner, que falleció a la semana exacta del crimen de Mariano. ¿Qué sintió en ese momento?

—Me re movilizó toda la situación, porque después de la muerte de Néstor empezó un runrún sobre que se había peleado con Moyano porque él estaba pidiendo la liberación de Pedraza. Era muy fuerte todo. Ese rumor a veces lo desmienten, después lo vuelven a decir. Bueno, la verdad que no sé. Debería hablarlo con Moyano. Fue tremendo. Además, la noche en que estaban velando a Néstor en la Casa Rosada entraron a la fiscalía a amenazarme. Yo me había quedado sola leyendo, mis colaboradores tenían cosas que hacer y además llevaban días prácticamente sin ver a sus familias. Alrededor de las 21:30 me llama el hombre de seguridad de la planta baja y me dice: “Están subiendo cuatro señores”. Yo le digo: “¿Cómo? ¡Acá no puede subir nadie!” Me empecé a desesperar porque ese día había detenido a uno de los integrantes de la patota, Salvador Pipitó [condenado a 11 años en el juicio]. Para ese momento justo habían cambiado las puertas de la fiscalía y sólo se podía cerrar desde afuera. Yo tenía miedo. Imaginaba que si entraban me iban a tirar por el balcón terraza de mi oficina. (Se ríe.) Para ese momento no tenía custodia. Enseguida lo llamé al ministro Alak y él, que en ese momento estaba entrando a Casa de Gobierno para el velatorio, me mandó a una custodia que yo conocía porque había sido el grupo que cuidaba al ex Presidente Raúl Alfonsín. Se quedaron conmigo mientras trabajé esta causa y después cuando me fui al Ministerio de Seguridad.

—¿Cómo los conocía? ¿Había militado con Alfonsín?

—Sí. Al jefe de la custodia yo lo conocía porque era quien acompañaba a Alfonsín a todos lados. Para mí fue muy bueno, porque me dio mucha tranquilidad para moverme.

—¿Qué más pudo averiguar sobre esa amenaza?

—Al final no llegaron a subir. No sé bien qué pasó abajo, si regresó el policía que estaba de consigna o qué, pero los tipos se escaparon en una camioneta que después supimos que tenía una patente trucha. Yo creo que quienes quisieron entrar eran los amigos de Pipitó, porque él se había presentado como testigo, diciendo que no había hecho nada. Le tomaron los datos para comprobar que era él, le avisé a la jueza y lo detuvieron. Se fue directo de mi fiscalía al juzgado de López. Se presentó con estos cuatro tipos que le dijeron al de seguridad: “Venimos a buscar a un amigo que vino a declarar y no salió nunca”. No lo vieron salir porque cuando lo detuvimos, lo sacaron por el ascensor a la alcaidía que teníamos en el edificio y lo subieron al patrullero en un subsuelo. Uno de los testimonios fundamentales para acusarlo fue el de la periodista Karchak, que lo identificó como un “rubio de pelo largo” y nos contó que él la había agarrado y le había dejado los dedos marcados en el brazo.

—En abril de 2013 estuvo presente en la lectura de la sentencia que condenó a la patota. ¿Qué sensaciones tuvo en ese momento? ¿Fue una especie de cierre?

—Sí, fue un cierre. Ese día me senté con el público, no quise pasar a la sala porque no era mi lugar y porque alguien de las defensas podía sugerir que estaba presionando. Yo nunca había hablado… Ay, voy a llorar de nuevo… Nunca había hablado con la mamá de Mariano, siempre lo hacía con Pablo o su pareja. Y cuando todo terminó, Pablo vino a buscarme y me dijo que iba a presentar a la mamá, Beatriz Rial. Y lloramos abrazadas. Es una mujer con una entereza pocas veces vista, porque que te maten a un hijo así y estar sentada en el juicio esperando justicia... Yo sentí que tenía algo en común con las Madres de Plaza de Mayo. Es una señora encantadora y muy digna. El juicio fue muy bueno. Además, durante todo el proceso y en la sentencia Horacio Díaz, que presidía el tribunal, hablaba y explicaba en lenguaje llano. Desde Justicia Legítima, organización de la que soy presidenta, es por lo que más bregamos: que se use lenguaje llano y claro para que cualquiera pueda entender lo que un juez o fiscal dice y no un lenguaje técnico con citas en latín que nadie entiende.

—¿Cree que los hechos el 20 de octubre de 2010 cambiaron algo en la Justicia y en el sindicalismo argentino?

—En relación con el sindicalismo, ojalá haya servido para que se den cuenta de que no pueden ir armados a ninguna movilización. Y en cuanto a la Justicia, para que los colegas vean que los hechos no deben quedar impunes y que hay que ir al lugar. Para investigar bien hay que ir, hablar con la gente, preguntar, más allá de lo que haga la Policía.  Al sistema acusatorio lo tengo incorporado desde siempre. A mí siempre me gustó la investigación, estar en el barro.

 

 

 

 

 

50.000 dólares y la familia judicial

Pocos meses después del crimen de Ferreyra, la jueza López descubrió un intento de soborno a la Sala III de la Cámara de Casación Penal para favorecer la situación del dirigente gremial José Pedraza. La maniobra, según explica un comunicado del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), consistía en digitar el sorteo de la sala de la Cámara de Casación que beneficiaría la situación del sindicalista. El plan se habría dividido en dos etapas: por un lado la manipulación del sorteo del 26 de enero de 2011 —mientras transcurría la feria judicial— para que los recursos quedaran radicados en la Sala III de la Cámara. Y por el otro, se buscaba ejercer una indebida influencia sobre el juez Eduardo Riggi, integrante de dicha Sala y el resto de los miembros del Tribunal. La segunda etapa nunca se activó porque los investigadores atraparon a un ex contador de la Unión Ferroviaria (UF) en el momento en que llegaba al estudio del ex juez Octavio Aráoz de Lamadrid con 50.000 dólares. Los billetes estaban ordenados en cinco fajos de cien dentro de un sobre marrón rotulado “Octavio”. Aráoz de Lamadrid era defensor de uno de los sindicalistas de la UF acusados por el crimen y antes había trabajado en la Cámara de Casación Penal.

En septiembre de ese año, el juez de instrucción Luis Osvaldo Rodríguez procesó a Pedraza, a Aráoz de Lamadrid, al agente de inteligencia Juan José Riquelme, al secretario judicial Luis Ameghino Escobar  y al contador de la UF Ángel Stafforini (también se le atribuyó la tenencia ilegítima de un arma de fuego) en dicha causa. En 2014 la causa pasó al fuero federal y le cayó al ex juez Norberto Oyarbide. El CELS denunció a Riggi ante el Consejo de la Magistratura y señaló un elemento llamativo: en la agenda telefónica de Pedraza, secuestrada en su casa de Puerto Madero, solo había dos contactos de miembros del Poder Judicial, de más de 400. Y uno era el de Riggi, de quien tenía los teléfonos de la casa, el celular y el laboral. En marzo de 2016 Oyarbide sobreseyó a Riggi. Dos meses después la Sala I de la Cámara Federal confirmó el sobreseimiento. En agosto, la Cámara Federal de Casación –con una mayoría conformada por los jueces Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky— rechazó un recurso de queja contra Riggi. En minoría y a favor de revisar el sobreseimiento votó el camarista Gustavo Hornos. En octubre de 2016, el CELS presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para solicitar que se revise el sobreseimiento de Riggi en dicha causa pero el Máximo Tribunal lo desestimó. “Riggi quedó impune”, afirmó el abogado del CELS Federico Efron en diálogo con El Cohete a la Luna.

Efron confirmó que hace tres semanas el juzgado federal a cargo de María Eugenia Capuchetti –que reemplazó al renunciado Oyarbid— elevó la causa a juicio oral, aún sin fecha cierta de inicio. El tribunal a cargo del juicio será el número 8, integrado por Nicolás Toselli (presidente), Sabrina Namer y Gabriela López Iñíguez. El fiscal será Marcelo Colombo. En el juicio serán juzgados Aráoz de Lamadrid, el agente de inteligencia Riquelme, el secretario judicial Ameghino Escobar, el contador de la UF y vicepresidente de Belgrano Cargas SA Stafforini y la directora suplente de dicha SA Susana Rita Planas. Cuando el CELS inició la causa imputó también a Pedraza (que falleció en diciembre de 2018) y a Riggi, que quedó fuera del juicio por decisión de la Corte. El abogado del CELS indicó que la defensa de Araoz de Lamadrid –señalado como quien recibiría los 50.000 dólares para entregarlos a los integrantes de Casación— está “entorpeciendo el proceso sin parar con una actitud absolutamente dilatoria”.

“La actitud de Aráoz de Lamadrid y las innumerables excusaciones de distintos jueces hicieron que esta causa recién se esté elevando a juicio 9 años después de los hechos”. A Aráoz de Lamadrid, Riquelme, Ameghino Escobar, Stafforini y Planas se los imputa por cohecho activo, en algunos casos simple y en otros agravado, un delito que puede merecer penas de entre 6 y 12 años. El CELS representa a la querella de Beatriz Rial, la madre de Mariano, en tanto que el Partido Obrero estará representado en la querella de Claudia Ferrero junto a la Correpi.

“Es importante ubicar esta causa a la luz de la discusión pública sobre el sistema de juicio que tenemos y el que queremos. Estos casos son los que dan la pauta de la necesidad de reformar el sistema de justicia. Desde el CELS, como lo planteó nuestra directora ejecutiva, estamos proponiendo que los fiscales investiguen los casos y que los jueces tengan funciones de garantías, de ejecución, de apelaciones o de tribunal; esto permitiría romper con relaciones que no siempre son sanas”, apuntó Efron. En esa misma línea, Caamaño consideró que “es imperativo una reforma que agilice los procesos penales para darle respuesta a la sociedad, tal como se merece y evitar las dilaciones producto de las chicanas procesales”.

 

 

 

 

 

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