Sin archivos no hay justicia
Ayer fueron despedidos 70 trabajadores/as del Ministerio de Defensa. Diez de ellos/ellas pertenecen a la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. El desmantelamiento de las áreas de archivos vuelve a dejar en manos de las Fuerzas Armadas los documentos y anticipa una nueva etapa de depredación de las políticas de memoria. Así, este gobierno demuestra una vez más que su política no está dirigida a luchar contra la impunidad, ni tiene intenciones de continuar con el juzgamiento de los responsables del terrorismo de Estado.
Parte importante de las sentencias que se han dictado desde hace más de una década utilizaron, para fundar las condenas, los archivos desclasificados de los Ministerios de Defensa y Seguridad. La prueba directa de las estructuras militares que funcionaron al servicio de los grupo de tareas se reproduce en esos documentos.
El Estado argentino es responsable de promover políticas dirigidas a velar por la protección de los Derechos Humanos. En este sentido, el recorte de personal impide que se siga desarrollando una política institucional compatible con las exigencias republicanas de acceso a la información pública, impidiendo el seguimiento de casos por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado.
La Dirección Nacional fue creada mediante el Decreto Nº 788/07 y se encuadra institucionalmente en la órbita de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares, teniendo como responsabilidad primaria instrumentar y difundir en el área de su competencia las normas del Derecho Internacional de los DH y del DIH, con el objeto de afianzar el respeto y protección de los derechos esenciales de las personas, tanto en tiempos de paz como de conflicto (Anexo II del Decreto Nº 1451/08).
Hasta ahora, el personal que trabajaba minuciosamente en estas áreas actuó como auxiliar de la Justicia, ayudando a comprender el modo en que las fuerzas militares se estructuraron y organizaron el plan de exterminio.
La desclasificación de estos archivos responde a una obligación legal y a los compromisos que el Estado Argentino ha asumido a nivel nacional e internacional en materia de juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado. En ningún caso, ninguna agencia del Estado puede negar a las autoridades que investigan violaciones de derechos humanos, información estatal que pueda ayudar a esclarecer los hechos.
Los despidos y el vaciamiento de la política pública de Derechos Humanos demuestran que el Estado argentino está dispuesto a asumir grandes costos, sin importar el camino andado en materia de defensa a los derechos humanos.
El recorte además se hizo extensivo a la Dirección de Políticas de Género que tramita las denuncias de vulneración del colectivo más castigado en estos tiempos.
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