Silencio, represión y deuda

 

La falta de claridad respecto a las políticas públicas provinciales ante la pandemia del coronavirus es el común denominador en el horizonte inmediato de Neuquén, Chubut y Río Negro. Las leyes y decretos en los últimos quince días en estos distritos parecen responder a lógicas que poco tienen que ver con la prevención masiva y la reconversión de emergencia de los dispositivos de salud públicos y privados para atender el ascenso de la curva de casos de enfermos y sospechosos.

Tres miembros de una misma familia del interior de Neuquén adquirieron el Covid-19. Con la confirmación de estos casos se clausuró una etapa esta semana última. Un hombre de 69 años, que vive en la localidad de Las Lajas pero estaba con su familia es Zapala, podría ser el primer caso “autóctono”, no adquirido en países de riesgo, a diferencia del médico de Cipolleti fallecido este jueves, la confirmación del caso del intendente de El Bolsón y un joven de San Martín de los Andes, y la internación sospechosa de dos mujeres mayores (una en San Martín de los Andes y otra en Choele Choel).

El panorama que deja esta semana exige finalizar con la retórica de l@s gobernador@s que informan poco y mal sobre las verdaderas condiciones de infraestructura sanitaria para afrontar el aumento en la curva de casos proyectada, de acuerdo a los porcentajes indicados por el Ministerio de Salud de la Nación del análisis del comportamiento del virus en todo el mundo y los indicadores de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Es insuficiente el número de camas con respiración asistida para casos severos y de personal capacitado para atenderlos, según la información disponible y las proyecciones de posibles escenarios de crisis. Los ministerios de salud provinciales centran la información en el recuento de número de casos –que hasta ahora era bajo hasta que empezaron a ascender jueves y viernes— y en la estrategia de volcar sobre la población civil la responsabilidad del éxito o fracaso del aislamiento social como herramienta de amortiguación de la propagación del virus. Arabela Carreras (Juntos por Río Negro), Omar Gutiérrez (Movimiento Popular Neuquino) y Mariano Arcioni (Chubut Somos Todos) no informaron todavía a sus respectivas poblaciones ni a las dirigencias políticas locales sobre el número de camas realmente disponibles, las opciones ya dispuestas de lugares de atención de casos, la incorporación de personal faltante y las dificultades de comprar algunos insumos importados en un mercado colapsado por la demanda internacional.

 

 

 

 

Estas administraciones tienen prácticas políticas autoritarias y burocratizadas; desconfían de la movilización y participación de base; y, además, están muy condicionadas por sus propias deudas públicas en dólares y la caída abrupta de los ingresos propios por regalías hidrocarburíferas. En el caso de Chubut, la semana se cerró con el anuncio de pago de los haberes de febrero a toda la policía provincial y un pago parcial de $ 10.000 a los trabajadores con rango dos que perciben entre 30.000 y 65.000 pesos, los que se esperaba estuvieran acreditados ayer. Recién ahora, con la emergencia, priorizará el pago a los agentes de salud junto con la policía, una síntesis de los imprescindibles para el modelo local.

 

 

 

Río Negro

La gobernadora Carreras se acopló a la nueva gestión nacional, lo que se vio desde el mismo momento de la asunción del Presidente Fernández, operativo maquillaje de su antecesor Alberto Weretilneck aliado al macrismo hasta su precipitación. Al día de hoy, Río Negro cuenta con 156 camas de terapia intensiva con respiradores para unos 700.000 habitantes aproximadamente.

En conferencia de prensa, el 19 de marzo Mercedes Iberó, secretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Salud, dijo: “Hay 250 camas de terapia y el Ministerio compró 100 camas de terapia completas más (con respiradores y central de monitoreo) y 100 comunes, y se solicitaron 100 más a Nación. Vamos a triplicar la cantidad de camas de terapia con respirador artificial". “La Provincia salió a comprar un centenar de camas, que llegarían enseguida, pero sus respiradores se entregarán en forma progresiva, completándose en mayo. También se hizo un pedido similar a Nación, con pocas expectativas. Esos insumos exigirán unos 180 millones”, publicó otro medio regional.

Al día siguiente, la funcionaria fue más cauta en conversaciones extraoficiales, ateniéndose a las 156 camas de intensiva con respiración asistida mecánicamente. Del total, 35 respiradores están en Cipolleti, de acuerdo a la información de la dirección del hospital público ofrecida a la prensa, hecho excepcional ante el cerrojo informativo.

Esta última semana, el ministro de Salud Fabián Zgaib reiteró que se cuenta con un total de 1.850 camas entre hospitales públicos e instituciones privadas, cifra que no dice nada concreto para esta emergencia si no descuenta las de pediatría y neonatología, ni tampoco indica dónde están ubicadas. Una omisión fundamental es el porcentaje de ocupación actual con otras patologías del total de la capacidad instalada del sistema sanitario.

Al cierre de este informe no pudimos corroborar con Iberó un panorama actualizado y preciso. La dirigencia política propia del partido provincial creado por el senador nacional Weretilneck, la oposición, los intendentes, las organizaciones gremiales y sociales, todos están excluidos del análisis de la crisis sanitaria, confirman en voz baja los convidados de piedra. Días atrás, la gobernadora informó por teleconferencia a los presidentes de los bloques legislativos su plan de acción ante la emergencia, quienes se limitaron a escuchar el monólogo sin ninguna posibilidad de preguntar.

 

 

 

Neuquén

El gobernador Gutiérrez obtuvo en la Legislatura provincial un cheque en blanco en nombre de la emergencia sanitaria por el Covid-19, en la sesión del miércoles 25 a la noche. Unas horas antes ya tenía la confirmación oficial del caso positivo en Zapala, que expone la profunda fragilidad del sistema sanitario. Sin explicar ni debatir un plan de salud para la crisis, la Legislatura dispuso la emergencia sanitaria por seis meses, autorizó al Ejecutivo a tomar deuda por hasta 140 millones de dólares, emitir letras o bonos para cancelación de deuda ya contraída, modificar los destinos de partidas presupuestarias, comprometer las regalías hidrocarburíferas futuras y a sofocar judicialmente toda disidencia de los trabajadores del sector y de la población civil en general.

Al día siguiente de esa sesión, ante el rumor del agravamiento de la salud del hombre contagiado del barrio rural La Buitrera, el intendente de Zapala Carlos Koopman, el director del hospital cabecera de esa zona Darío Piccoli y Sandra González Taboada, fiscal jefa de la Tercera Circunscripción judicial, debieron salir a controlar la situación. La vaguedad de sus discursos fue tal que ni siquiera dijeron con claridad si el paciente conservaba la vida. No dijeron nada sobre el apartamiento preventivo de la menos dos trabajadores del hospital local donde ingresó el lunes 23 el paciente, ni el tipo de aislamiento dispuesto para sus respectivas familias. A esa misma hora, el personal no contaba ni con batas ni alcohol en gel, aseguró una fuente local. Ocho horas después, la provincia confirmó tres nuevos casos en la provincia, entre ellos dos familiares directos del hombre de La Buitrera. Al cierre de este informe, eran 15 las personas aisladas con seguimiento epidemiológico en Las Lajas y Zapala, informó el jefe de la Zona Sanitaria II, Marco D'Angelo a Radio Calf de Neuquén.

 

 

 

 

Las diputadas provinciales Soledad Martínez (Frente de Todos) y Patricia Jure (Partido Obrero en el Frente de Izquierda), cuestionaron antes, durante y después la ley que llamaron de endeudamiento público, no de emergencia sanitaria. Martínez aprobó en general y en contra algunos artículos del paquete. La bancada del FIT presentó un despacho en minoría que tomó uno de los cuestionamientos sindicales a la emergencia, la incorporación de todo el personal sanitario necesario con plenas garantías laborales y salariales bajo los respectivos convenios y la inclusión en esa protección de l@s trabajadores de la Clínica Cutral Co y a l@s despedidos tercerizados del Hospital Plottier. Martínez fue intendenta de Zapala, vive allí; y aseguró que parte de los recursos de infraestructura que el gobierno asegura que están disponibles todavía no están en funcionamiento operativo en esa ciudad, que debe atender a unas 60.000 personas considerando la población rural cercana.

Para convencer y condicionar el nuevo endeudamiento, Andrea Peve, ministra de Salud, y Guillermo Pons, de Economía e Infraestructura, la semana anterior fueron a la Legislatura con un informe de disponibilidad de infraestructura fundamental con proyección poblacional para tres escenarios posibles de emergencia. El informe es impreciso, más propio de un tecnócrata que desconoce de planificación. Aun así, fue un gesto más amigable que el del gobierno de Río Negro; ni hablar del de Chubut.

 

 

 

 

Existen 1.712 camas en todo el sistema para 670.000 personas, de las cuales el 70% ya están ocupadas. Existen 137 camas para terapia intensiva con 130 respiradores, la clave para esta emergencia. El área metropolitana que concentra cerca del 60% de la población tiene diez camas para casos graves en el público, con posibilidades de sumar otras diez en lo inmediato al reciclar material en desuso, precisó una fuente. En el caso de Zapala cuenta con una terapia intermedia con 6 camas y 4 respiradores; las ampliaciones están terminadas pero no habilitadas, las que pueden estar en condiciones para abril y entonces sí las camas se duplicarían.

Oficialistas y opositores coinciden en que Neuquén es uno de los distritos en mejores condiciones para afrontar la pandemia, por su experiencia histórica acumulada en atención primaria de la salud y la poca población, entre otros factores. De todos modos, es fundamental reconocer que: la cadena de pago con los proveedores corrientes se deterioró el último semestre y faltan insumos básicos, el desfinanciamiento estructural se acumuló desde el 2008, se deterioró la calidad profesional de las conducciones políticas del área, se vació el plantel de trabajadores de planta permanente, renunciaron directores de hospitales que habían accedido por concurso y se transfirieron recursos públicos al sistema privado en manos de capitales amigos, según el análisis que surge de Martínez, Jure y numerosos testimonios relevados.

 

 

 

La criminalización como sustituto

Chubut no fue capaz de instrumentar el aislamiento de medio centenar de personas durante el brote de hantavirus registrado en Epuyén desde noviembre de 2018 a febrero de 2019. Jamás lo reconoció ninguno de los tres poderes del Estado, ni hizo ningún esfuerzo conocido por aprender de la dramática experiencia que se pagó con vidas humanas. La experiencia institucional de esta provincia consolidó núcleos duros que tienen en la represión la primera respuesta. En medio de una severa crisis de gobernabilidad que lleva dos años, que incluye el desfinanciamiento y desmembramiento de todo el aparato estatal, no sorprende que no pueda ensayar propuestas serias ante la emergencia sanitaria global.

Así, la presión y persecución para el cumplimiento del aislamiento social, parece la única política concreta en condiciones de llevar adelante la gestión Arcioni. Federico Massoni, su ministro de Seguridad, es la estrella de estos días que distrae, distrae todo lo que puede hasta que la emergencia sanitaria llegue a su lugar, el sistema de salud.

 

 

 

 

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