Silencio en la sala

 

La Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país antes de la Corte Suprema, tiene a un tercio de sus jueces (4 de 13) denunciados ante el Consejo de la Magistratura. Su presidente, Gustavo Hornos, y el vice segundo, Mariano Borinsky, por su cercanía manifiesta y explícita con el gobierno que terminó su mandato en diciembre de 2019, a partir de la revelación de numerosas visitas documentadas a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos en los cuatro años de la gestión Cambiemos. Juan Carlos Gemignani, por discriminación y violencia de género. Y completa el cuadro Eduardo Riggi, también sospechado de escasa imparcialidad en sus resoluciones.

El jueves 1º de abril El Destape publicó que tanto Hornos como Borinsky habían sido asiduos visitantes del ex Presidente Mauricio Macri en Olivos; el primero acudió seis veces y el segundo 15, según los registros oficiales. Las visitas eran previas al dictado de fallos con impacto mediático en causas que interesaban a Cambiemos, entre ellas la del Memorándum de Entendimiento con Irán por el atentado a la AMIA y la de Oil Combustibles, que tiene entre sus acusados a Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa.

El accionar de Hornos y Borinsky fue cuestionado por la tradicional Asociación de Magistrados en sorpresivos duros términos. Su titular, Marcelo Gallo Tagle, consideró que las frecuentes visitas debían “ser investigadas” por el Consejo de la Magistratura. “No es admisible que haya encuentros de jueces con Presidentes con fines irregulares”, dijo, y deslizó la posibilidad de que se hubiera cometido el delito de prevaricato. También salieron al cruce de la conducta de Hornos y Borinsky distintas asociaciones profesionales, entre ellas la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal (AAPDP) y Justicia Legítima.

En estricto off the record, desde el Consejo de la Magistratura –que investiga las denuncias– calificaron a las visitas de los casadores al ex Presidente de “payasescas” y subrayaron que violan las pautas mínimas del Código Iberoamericano de Ética Judicial, que regula el ejercicio de la magistratura. Dicho documento reconoce como un “derecho fundamental de la población (…) tener acceso a una Justicia independiente, imparcial, transparente, responsable, eficiente, eficaz y equitativa”.

Sin embargo, fuentes del Consejo plantearon que más allá de la investigación de las denuncias tiene que ser la propia Cámara de Casación la que impulse las nulidades de las resoluciones cuestionadas, ergo que se corrija a sí misma, se “retracte”. En la Magistratura los jueces podrían recibir desde sanciones disciplinarias (en general ligadas a recortes salariales) hasta un pedido de juicio político. Para enviar a jury a un magistrado es necesario contar con 9 votos de 13, es decir que el oficialismo debería sumar porotos de la oposición.

 

 

Nulidades y autoprotección

Nada parece hacer mella en Borinsky en relación con los pedidos de apartamiento. El viernes a última hora se conoció un fallo de la Sala IV de Casación en la que una mayoría conformada por Borinsky y Javier Carbajo resolvió desestimar in limine el apartamiento del juez que jugó al paddle con Macri y rechazar también in limine la nulidad de lo resuelto en los casos del ex funcionario de la AFIP Rafael Resnick Brenner, condenado en 2019 como partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, en la causa Ciccone, y Jorge Chueco, condenado por lavado de dinero junto con Lázaro Báez.

La Sala IV –en ese entonces integrada por Borinsky, Carbajo y Hornos– decidió que el expediente debía tramitar en los tribunales de Comodoro Py y no en la Justicia federal de Lomas de Zamora. Los abogados de los condenados dijeron que Macri “contaba con la aquiescencia de algunos jueces del fuero federal que se prestaron a estos fines espurios”. Y aportaron la captura de pantalla del teléfono del secretario privado del ex Presidente, Darío Nieto, donde aparece agendado un diálogo con el juez Borinsky sobre una “denuncia”. Nieto cuestionó el peritaje y señaló que le plantaron mensajes.

En el voto conjunto, Borinsky y Carbajo sostienen que para fundamentar el apartamiento los “peticionantes” se basan en “expresiones imprecisas y conjeturales”. “El requerimiento de desplazamiento de uno de los jueces de una causa no puede, válida y legítimamente, sustentarse en esa clase de hipótesis especulativas, sin mengua de la garantía del juez natural inmanente al debido proceso legal”. Fuentes del fuero federal consultadas por El Cohete cuestionaron en durísimos términos la resolución. Afirmaron que “se inscribe en la estrategia de autoprotección” y que “Borinsky se convirtió en juez de sí mismo” pasando por alto todos los “Códigos de procedimiento”.

El mismo día que firmó ese fallo, salió una nota a Borinsky en la revista Quorum plagada de elogios. El artículo definió al camarista como un “gran anfitrión” que “ofrece café y, aunque dijo preferir el capuccino, elige un cortado largo antes de entregarse a la charla” (sic). El reporteado asegura que no conocía a Néstor Kirchner ni a Cristina Fernández cuando lo nombraron en Casación hace 10 años y tampoco había visto en persona a Macri cuando lo nombró por decreto Presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal. Es evidente que después hubo buena sintonía, porque pasaron horas y horas practicando deportes, algo de lo que también habla profusamente en la nota. Cuenta que es amante del tenis, el paddle, el fútbol, las maratones y que hasta el comienzo de la cuarentena viajaba cada vez que podía para competir.

 

 

 

En el voto minoritario y en sentido opuesto a sus colegas, Angela Ledesma señaló que se estaban apartando del procedimiento previsto legalmente en materia de recusaciones, que es practicar un informe sobre el punto para el análisis del resto de los colegas del tribunal. Eso genera, planteó Ledesma, que recaiga la decisión “precisamente en uno de los jueces cuyo apartamiento se postula”.

La Sala IV decidió fallar en el caso Resnick Brenner pero aún no se pronunció en relación con el pedido del abogado defensor del fallecido canciller Héctor Timerman, Alejandro Rúa, quien también solicitó la nulidad de lo actuado por Hornos y Borinsky en la causa del Memorándum con Irán. Ambos habían impulsado la reapertura de la investigación pese a que todas las instancias anteriores a Casación habían rechazado la denuncia del fiscal Alberto Nisman con el argumento de que no había delito, pues las alertas rojas sobre los acusados iraníes por la voladura de la AMIA nunca se cayeron y no se conformó la Comisión de la Verdad que establecía el Memorándum.

Ya en noviembre de 2016 el abogado defensor de Timerman (que falleció en diciembre de 2018) había recusado tanto a Hornos como a Borinsky, en ese momento integrantes de la Sala IV, por considerar que no contaban con la “imparcialidad” necesaria para juzgar al ex Canciller, algo que ellos mismos rechazaron y así se procedió a la reapertura de la investigación. Rúa sostuvo que resultaba “por entonces pública y notoria la política de persecución macrista destinada a la apertura de una investigación por los hechos denunciados por el entonces fiscal Nisman que había sido ya desestimada por todos los jueces naturales del caso”, entre ellos Daniel Rafecas y a los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler.

El Cohete a la Luna consultó a Hornos sobre cómo actuaría ante el pedido de nulidad. El presidente de la Cámara de Casación respondió con una formalidad. Dijo que la causa está radicada en la misma Sala IV que él, en la actualidad, no integra. Y agregó: “Desde ya, es mi intención garantizar la imparcialidad”, algo que en los hechos no se vería con claridad. También la defensa de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a cargo de Carlos Beraldi, pedirá la nulidad del juicio por el Memorándum con Irán por las visitas de Borinsky y Hornos a Olivos.

 

 

Gravedad inusual

El viernes, el Presidente Alberto Fernández dijo en radio que las visitas de los jueces a Olivos durante el gobierno de Mauricio Macri son de una “gravedad inusual”. “Nunca se había visto usar a la Justicia para perseguir a opositores”, agregó. Explicó que si se comprueba la alteración del registro de ingresos a Olivos, habrá que investigarlo como delito de “falsedad ideológica”.

“Vemos ahora que el Presidente (Macri) tenía un vínculo con jueces llamativo”, dijo Fernández en una entrevista con El Destape Radio. En relación con su Vice manifestó: “Cristina no me necesita, es inocente y finalmente su inocencia la va a probar”.

Fuentes de Tribunales consultadas por El Cohete a la Luna consideraron que el fallo de Borinsky y Carbajo fue una afrenta a las declaraciones del Presidente. Y deslizaron que podrían tener el apoyo de una estructura más amplia en la que incluyeron a las cabezas de la Corte Suprema de Justicia. “La puja es de tal magnitud que lleva a esto”, precisaron.

 

 

Autoconvocatoria

El primer día hábil de esta semana, lunes 5 de abril, los camaristas Alejandro Slokar (vicepresidente del tribunal) y Angela Ledesma pidieron la celebración de un Acuerdo General con carácter urgente. “Su omisión en convocarlo, que se extiende en el tiempo y obtura al tribunal de la posibilidad de sesionar regularmente para abordar los medios institucionales previstos en el reglamento de la jurisdicción, confirma el temor de su parcialidad”, indicaron en una carta dirigida a Hornos en su carácter de presidente de Casación.

Consultado por El Cohete sobre si tenía pensado convocar a un acuerdo, tal como lo exigen sus pares, Hornos pidió disculpas y ya no contestó más.

Slokar y Ledesma pidieron otra vez la renuncia de Hornos: “Las circunstancias actuales (…) fuerzan a que se aparte en forma inmediata para el tratamiento por parte del pleno de una crisis de inédita y creciente magnitud, que merece la debida corrección”. Ante la falta de convocatoria de Hornos, la alternativa que encontraron los integrantes de la Casación fue la autoconvocatoria, para la que hacen falta 7 votos de 13, y sólo se reunieron 3 (Slokar, Ledesma y Ana María Figueroa), por lo que no prosperó. La idea era reunirse el jueves 8 a las 11, a un mes del 8 de Marzo, Día de la Mujer, cuando el camarista Gemignani saludó a sus colegas en el chat grupal con un “feliz día delincuentes”.

La autoconvocatoria es el resorte institucional cuando el presidente del cuerpo se niega a llamar a un acuerdo. Además de los dichos misóginos de Gemignani, “antes y después ocurrieron gravísimos y bochornosos episodios que involucran al presidente de la Cámara Hornos y al juez Mariano Borinsky, por sus innumerables visitas a Olivos y el dictado de sentencias”, plantearon los convocantes.

“El resto de los jueces, incluido el presidente Hornos, optaron por intentar tapar con el silencio la crisis que atraviesa Casación”, precisaron. Así, la mayoría de los jueces del tribunal hicieron oídos sordos a los reclamos de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, de los gremios y del Ministerio de la Mujer, entre otros, por la violencia de género expresada por Gemignani.

“En una clara falta de compromiso con la función, los jueces ausentes decidieron no hacerse cargo de la situación que atraviesa la Cámara Federal de Casación Penal, negando y desconociendo una crisis inédita. Se profugan, eluden su responsabilidad sobre esta crisis. No quieren participar porque entienden que esto trae cola sobre otros temas”, planteó uno de los convocantes ante El Cohete.

“Hay un punto de vista grave desde la cuestión de la responsabilidad. Nosotros no somos jueces de los jueces, esa es la función del Consejo de la Magistratura, pero sí como cuerpo colegiado le otorgamos la potestad delegativa a un presidente [Hornos]”, añadieron los consultados que reiteraron que Hornos ya no los representa como titular del tribunal. “No se puede mantener el status quo, linda con la corresponsabilidad”, dijeron en directa alusión a los jueces que no quisieron participar de la autoconvocatoria.

Quienes cuestionan a Hornos y Borinsky habían anticipado que resolverían los pedidos de apartamiento y nulidad in límine o “de sobrepique”, un término futbolero que refiere al puntapié a la pelota después de que rebota en el campo de juego. “Esto va a llegar a la Corte”, anticipó a El Cohete la fuente consultada.

 

 

Ser y parecer

Argentina suscribió el Código Iberoamericano de Ética Judicial junto con una veintena de países de la región, España y Portugal. En dicho texto se plantea que “corresponde advertir que la realidad actual de la autoridad política en general, y de la judicial en particular, exhibe una visible crisis de legitimidad”. En ese sentido, insta a los jueces a “procurar que la ciudadanía recupere la confianza en aquellas instituciones”.

En abril de 2018 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos editó una nueva versión del Código. Allí aparece una breve introducción escrita por Germán Garavano, titular de la cartera durante los cuatro años de gobierno de Macri. Garavano apuntó que “una sentencia justa decidida injustamente pierde grados de validez y quien la enuncia pierde legitimidad”. “(…) Quien toma una decisión así debe construir su autoridad no sólo siendo, sino también pareciendo ante los demás una voz independiente de otras, imparcial frente a las partes, empática, formada en el derecho, informada, prudente, diligente, respetuosa. De no ser así, la construcción de los procesos judiciales (…) se desmorona”, sostuvo Garavano, quien fue noticia esta semana por una presentación que hizo ante la OEA con Paula Bertol por el “deterioro de la democracia” en la Argentina.

 

 

Al Hornos

Hornos, Borinsky, Riggi y Gemignani fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura. Hornos y Riggi por el abogado penalista Carlos Beraldi, en calidad de defensor de los empresarios López y De Sousa, quien remarcó el “particular interés” de Macri “en la situación judicial” de sus defendidos.

Beraldi recordó que en su momento solicitó como medida de prueba que se constataran los ingresos y egresos a Casa Rosada y Olivos y que ese pedido fue rechazado in límine por el mismo juez que, ahora se sabe, mantuvo al menos seis encuentros con Macri. La denuncia de Beraldi a Riggi la instruye el consejero-juez Alberto Lugones.

Hornos a su vez fue denunciado por el ahora ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, quien reveló a través de información de la ONG Poder Ciudadano que Hornos había ingresado en numerosas oportunidades a Olivos y a la Casa Rosada. Esa denuncia la instruye el consejero Diego Molea, presidente del Consejo.

En tanto, Borinsky fue denunciado por el abogado Marcelo Hertzriken Velasco por haber actuado con “venalidad” y faltado a un “sinnúmero de obligaciones”, como derivación de sus entrevistas con el entonces Presidente Macri.

Por último, Gemignani acumula al menos tres denuncias por sus dichos misóginos. Una es del propio presidente del Consejo, que instruye el abogado Carlos Matterson. Las otras dos son de María Fernanda Marchese, de la ONG ANDHES, que instruye Vanesa Siley, y de Paula Gomikian, del Centro Usina Desarrollo Igualdad, que instruye Lugones.

 

 

 

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