Significado político de la alternancia

 

La palabra alternancia ha sido utilizada en estos días para reivindicar las ventajas de su opuesto, es decir de la falta de alternancia. Los discursos políticos pronunciados en las barricadas no son los más aptos para aclarar el verdadero significado ni la intencionalidad con el que se usan ciertas expresiones. De modo que conviene hacer un breve recorrido por el uso que habitualmente tiene esta palabra en el lenguaje político, para luego extraer algunas conclusiones provisionales. En el Diccionario de Política de Norberto Bobbio y Nicola Matteucci (Siglo XXI) no se recoge la expresión. En el Diccionario de la Real Academia Española aparece una breve explicación: “en política, cambio de Gobierno”. En el Diccionario Electoral del INEP de México se define como “el fenómeno político de que ninguna persona o grupo tiene el monopolio del poder en forma permanente, sino que es ostentado por diferentes personas y grupos con diferentes ideologías, programas o intereses, que se suceden en él por períodos. Se aplica especialmente al Poder Ejecutivo como el desempeño sucesivo del gobierno por personas distintas, pertenezcan o no al mismo partido”.

En las democracias representativas se pretende garantizar la pacífica alternancia en el poder mediante elecciones libres y en la mayoría de los sistemas presidencialistas, siguiendo la estela marcada por la Constitución de los Estados Unidos, se establece la limitación temporal de los mandatos del Ejecutivo. La Constitución norteamericana sólo admite una única reelección de modo que el Presidente que agota dos mandatos no puede volver a presentarse. Según el artículo 90 de la Constitución de la Nación Argentina aprobada en 1994, “el Presidente y Vicepresidente duran en sus funciones el término de cuatro años y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un período”. Como estas cuestiones están reguladas en los textos constitucionales, es obvio que cualquier pretensión de modificar el artículo 90 demandaría una reforma que según el artículo 30 de la Constitución debe ser declarada previamente por el Congreso (Cámara de Diputados y Cámara de Senadores) con, al menos, el voto de dos terceras partes de sus miembros. Por consiguiente, dadas las dificultades para conseguir mayorías tan calificadas en la actualidad, parece evidente que el tema de la modificación de la regulación constitucional en materia de alternancia se presta más para un debate académico de lege ferenda que para ser lanzado desde una tribuna electoral.

 

 

La alternancia según el sistema político

Los sistemas parlamentarios no han tenido necesidad de establecer limitaciones al mandato de los primeros ministros porque la naturaleza del sistema garantiza la alternancia. En el caso de las monarquías constitucionales europeas, existe una dualidad entre la figura simbólica y vitalicia del Rey –que reina pero no gobierna– y el primer ministro que detenta el ejercicio temporal del poder. En el caso de repúblicas con sistema parlamentario, como Alemania e Italia, existe un Presidente que ejerce la Jefatura del Estado, elegido en forma indirecta por el período de tiempo establecido en las constituciones, junto con un primer ministro que detenta el poder real. Al ser el primer ministro designado por el Parlamento, que lo puede reemplazar en cualquier momento si prospera una moción de censura, la posibilidad de que se mantenga en el poder indefinidamente es prácticamente nula. Por otra parte la Cámara de Diputados, que es la que elige al primer ministro, se renueva periódicamente –en el caso de España cada cuatro años–, lo que da lugar a una nueva conformación que puede reelegir al primer ministro o elegir a otro dirigente del mismo o diferente partido. Esta característica explica que nos encontremos con primeros ministros que han estado muchos años en el poder, como es el caso del canciller de Alemania Ángela Merkel, que desempeña su cargo desde el 2005, es decir que lleva 16 años en el poder, pero que cada cuatro años debía renovar su legitimidad en las urnas. En el caso de España, Felipe González (socialista) fue Presidente del gobierno durante trece años y medio (desde diciembre de 1982 hasta mayo de 1996); le sucedió José María Aznar (conservador), que gobernó ocho años entre mayo de 1996 y abril de 2004; a continuación fue elegido José Luis Rodríguez Zapatero (socialista), que también estuvo casi ocho años, de abril de 2004 a diciembre de 2011; y luego Mariano Rajoy (conservador), seis años y medio, desde diciembre de 2011 a junio de 2018, quien ha sido reemplazado por el actual Presidente Pedro Sánchez (socialista). A la luz de estos datos, es evidente que el sistema de alternancia funcionó en España de forma modélica.

En los sistemas presidencialistas, la impugnación al sistema de alternancia se reduce a la queja contra las cláusulas constitucionales que establecen las limitaciones al mandato de los Presidentes, prohibiendo la reelección indefinida. Debe tenerse presente que esas disposiciones sólo limitan a las personas, no a los partidos, que pueden ser reelegidos indefinidamente. Quien reivindicó con mayor énfasis la reelección indefinida de los Presidentes en América Latina fue Ernesto Laclau, autor de La razón populista. En líneas generales, Laclau tenía cierta desconfianza a la neutralidad de las instituciones demoliberales y consideraba que los sistemas parlamentarios, a través de la mediación institucional, podían llegar a ahogar las demandas democráticas. De allí su preferencia por el presidencialismo y los liderazgos populares, por considerarlos un vehículo más eficaz para el cambio social. Por consiguiente consideraba injustificada la limitación a la reelección indefinida de los Presidentes. En una entrevista manifestó que era “partidario de la reelección indefinida porque, una vez que alrededor de una figura se haya cristalizado un proceso de cambio, si de pronto esa figura desaparece abruptamente, hay un vacío que el poder corporativo va a querer ocupar, para diluir el proceso de cambio que se había iniciado. Creo que es mucho más democrática la reelección indefinida. Con esto no quiero decir que un Presidente sea vitalicio, lo que quiero decir es que se puede presentar indefinidamente en las elecciones y que si tiene el apoyo popular va a seguir gobernando”. Es inevitable relacionar la defensa que hace Laclau de la reelección presidencial con el culto a los viejos ideales revolucionarios, es decir la idea romántica de que es posible, a través de una revolución popular, implantar un modelo social radicalmente alternativo. Para alcanzar objetivos tan ambiciosos se parte del falso presupuesto de que hace falta un líder dispuesto a encabezar la gesta heroica propuesta instalado indefinidamente en el poder. Si alguien quiere extraer alguna enseñanza de la historia de América Latina, el ejemplo más evidente lo ofrece Cuba, donde 50 años en el poder no le resultaron suficientes a Fidel Castro para completar la magna obra anunciada. El ejemplo contrario lo ofrece China, donde nadie puede poner en duda la extraordinaria labor reformista llevada a cabo para sacar al país de la pobreza y convertirlo en la primera potencia económica del mundo. Esa labor la hizo el Partido Comunista Chino, que estableció una cláusula en la Constitución que impedía al Presidente permanecer en el poder más de dos períodos. Si bien este límite ha sido eliminado por el Congreso Nacional Popular en 2018, debe tenerse presente que ese órgano, el más alto de China, tiene el poder de destituir al Presidente, de modo similar a lo que acontece en los sistemas parlamentarios con el primer ministro. Finalmente, cabe aquí recordar que la idea de que la historia la hacen los grandes hombres no deja de ser una quimera conservadora, cuyo representante más caracterizado ha sido Thomas Carlyle (1795-1881), filósofo escocés para quien “la historia del mundo no es más que la biografía de los grandes hombres”.

 

 

La democracia es alternancia

Para el profesor de la Universidad de Nueva York Adam Przeworski, “la democracia es un arreglo político en el que la gente selecciona gobiernos por medio de elecciones y tiene una posibilidad razonable de removerlos”. Con esta definición “minimalista” se asume que son relevantes la existencia de derechos y libertades que permitan que el gobierno en funciones pueda ser derrotado. La consecuencia lógica de esta definición es que la democracia es inevitablemente un sistema que tiende a la alternancia porque ofrece garantías para que esta pueda hacerse efectiva si así lo deciden los ciudadanos. Es una posibilidad siempre latente en la medida que se acepte que la pluralidad ideológica de la sociedad se ve reflejada en el sistema de partidos políticos. Algunos partidos progresistas aspiran a ganar las elecciones para implantar reformas sociales que vayan dando forma a una sociedad más igualitaria, con acceso de todos los ciudadanos por igual a los bienes públicos ofrecidos por el Estado, como la educación, la salud, las jubilaciones y fundamentalmente un conjunto de políticas económicas que garanticen el acceso a un trabajo digno a cada uno de los ciudadanos como modo de inserción legítima en una comunidad. Otros partidos, de signo conservador, recelan de las políticas de reforma social y cuando acceden al poder intentan reforzar los poderes de la economía de mercado y reducir el impacto de los impuestos que financian el Estado del bienestar. En este juego competitivo, imposible de erradicar en las sociedades capitalistas de economía mixta, los ciudadanos marcan con sus votos cuáles son sus preferencias y castigan a los gobiernos que no han cumplido con sus expectativas. Si se aceptan estas reglas de juego no es posible que bajo la invocación de excelsos ideales o en su defensa alguien pretenda, de modo encubierto, establecer algún tipo de ruptura de la posibilidad de alternancia. Este es un tema que en Europa la izquierda lo tiene absolutamente claro y sólo sectores nostálgicos de insignificante peso político añoran otra cosa. En América Latina la cantidad enorme de necesidades insatisfechas hace que los partidos de tradición marxista o trotskista tengan mayor recorrido, pero sus programas alternativos no tienen posibilidad de hegemonizar una mayoría social relevante. Por lo tanto, la base de la democracia es la aceptación de que los partidos que piensan distinto deben ser aceptados como adversarios legítimos. Cuando no se concede legitimidad política al adversario, lo más probable es que luego se utilicen todo tipo de recursos para reducirlo a la insignificancia. Si analizamos los excesos antidemocráticos que se produjeron durante el gobierno de Mauricio Macri, todos estuvieron respaldados con el pueril argumento de que había que salvar a la República para evitar su caída en el infierno populista. Una adaptación del viejo y recurrente pretexto de que el fin justifica los medios.

 

 

La muerte de la democracia

Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en su libro Cómo mueren las democracias, describen los modos en que en la actualidad las democracias pueden ser derrotadas. Ya no es posible imaginar dictaduras militares bajo formas de fascismo o dictaduras comunistas totalitarias. En la actualidad la mayor parte de las quiebras democráticas se producen por obra de los propios gobiernos electos cuando los cargos se llenan con personas afines, los tribunales de justicia se instrumentalizan para perseguir a los opositores y los medios de comunicación guardan silencio o acompañan las maniobras antidemocráticas. Añaden que “la paradoja trágica de la senda electoral hacia el autoritarismo es que los asesinos de la democracia utilizan las propias instituciones de la democracia de manera gradual, sutil e incluso legal para liquidarla”. Consideran que las democracias funcionan mejor cuando están apuntaladas por normas democráticas no escritas pero que tienen mayor valor que las volcadas en los textos legales. Describen las dos que consideran más importantes. Una es la de la tolerancia mutua, que consistente en el acuerdo de los partidos rivales a aceptarse como adversarios legítimos. Una norma que, por ejemplo, fue quebrada en Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump, pero que también está afectando a algunos países de América Latina como Venezuela o Nicaragua, sumidos en conflictos que parecen insuperables. La otra norma no escrita es la de la contención en el lenguaje y en las conductas, porque “si algo claro se infiere del estudio de las quiebras democráticas en el transcurso de la historia es que la polarización extrema puede acabar con la democracia”.

La Argentina está atravesando por una situación muy delicada, similar a la de un país que ha salido de una guerra. Sobre una economía que venía arrastrando graves problemas estructurales de inflación, de informalidad, de fuga de capitales, de pobreza estructural, se ha sumado el efecto catastrófico de una pandemia con los resultados por todos conocidos. Ahora se debe afrontar una negociación con el Fondo Monetario Internacional para resolver el problema del enorme endeudamiento que fuera asumido durante el gobierno de Macri. Según la opinión de algunos observadores de la realidad nacional, es inevitable un acuerdo entre los partidos políticos mayoritarios para enderezar la marcha de la economía. Cualquier acuerdo deberá ser acompañado por un fortalecimiento de las normas no escritas a las que se referían Levitsky y Ziblatt. Por lo tanto no es buen momento para ensoñaciones ni para piruetas institucionales.

 

 

 

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