Si te he visto no me acuerdo

 

El Poder Ejecutivo ya habría terminado un primer borrador del memorando de política económica y financiera acordado con el FMI, en castellano y en inglés. De ese documento persisten muchas zonas grises. O, simplemente, el gobierno continúa escatimando información.

Según pudo reconstruir El Cohete a través de diferentes fuentes, el texto confirmaría varias certezas desalentadoras. Las autoridades de Economía pondrían en duda la viabilidad de la salida exportadora como motor del crecimiento al mismo tiempo en que se formulan una pregunta crucial: ¿qué pasa si, en el marco del memorándum de entendimiento, recibimos desembolsos más bajos? El gobierno reconoce que la segmentación de tarifas sólo alcanzará al 0,08 por ciento del PBI y que tanto el Fondo como el Banco Mundial se encargarán de armar un plan de reducción de subsidios en el mediano plazo.

Como en la década del '90, el Gobierno también se compromete a trabajar con “bancos de desarrollo”, como el BID y el Banco Mundial, para mejorar “la focalización del apoyo social” y planificar en qué debería invertir el Estado. Cogobierno explícito. En este contexto, se habría pactado el compromiso de restringir las transferencias hacia las provincias y empresas públicas. Como si fuera poco, y a contramano del propio discurso público de Fernández-Guzmán, el preacuerdo abriría la puerta para una reforma del sistema previsional con dos ejes: modificaciones en los regímenes especiales y la suba de la edad jubilatoria. Desde el Poder Ejecutivo lo niegan, lo cual obliga a esperar a conocer el texto oficial, cosa que ocurriría esta semana.

 

 

Achicar la torta

El texto elaborado por Economía pasó por distintas manos. Al comienzo de la semana, se lo escuchó al senador José Mayans (FdT Formosa), cercano a Cristina Fernández de Kirchner, reclamarle a Guzmán mayores precisiones. Es que el documento, catalogado como borrador preliminar contenía muchos huecos informativos, con la promesa de que el Banco Central o el Ministerio de Desarrollo Productivo proporcionarían diferentes tipos de datos que no habían sido definidos.

En su edición del 21 de noviembre de 2021, El Cohete sostuvo que una de las discusiones centrales con el FMI pasaba por el nivel de crecimiento que el organismo estaba dispuesto a permitirle al país. No se requiere de un ajuste clásico sino una definición sobre el tamaño de la torta a repartir y quiénes deberían ser los comensales privilegiados. El FMI es quien distribuye el juego.

Para este 2022, el Gobierno nacional estima un crecimiento que iría entre el 3,5 y un 4,2 por ciento del PBI. En los próximos dos años y medio, es decir durante el período de los nuevos desembolsos, debería converger entre un 2,2 y el 1,7 por ciento del producto.

“Un país como la Argentina, con el 40% de la población bajo la línea de la pobreza –explica un funcionario del equipo económico– debería crecer entre 3 y 4 por ciento de manera permanente. No menos de eso”. El ex titular del BCRA, Alejandro Vanoli, es de la misma partida: “Habría que crecer entre 3 y 4% de manera estable”.

 

 

 

Puede fallar

Puede salir bien como no. Sea cual sea el contexto internacional que incida sobre el país, el compromiso asumido es consultarle al Fondo cada paso que se dé.

Hay un concepto clave que atraviesa todo el documento: recalibrar según el contexto. Economía asume que existe un escenario base sujeto a importantes incertidumbres, lo que implicaría tener que rediscutir, de manera permanente, el rumbo de las políticas económicas. En ese escenario, Guzmán le diría al Congreso que el crecimiento de los socios comerciales del país podría decaer y que los precios de los productos agrícolas podrían disminuir como consecuencia de un endurecimiento de las condiciones financieras globales.

Es decir, la administración nacional está dispuesta a “recalibrar políticas para garantizar el cumplimiento de los objetivos económicos y sociales en consulta con el personal técnico del FMI”. El único que saldrá ganando es el Fondo. Si los números llegasen a ser más favorables, el organismo querrá mejorar su tajada. Máximo Kirchner tenía razón cuando sostuvo, entre propios, que se venía un cogobierno con el organismo.

La salida exportadora sigue anclada a un conjunto de leyes que deberían otorgarle estabilidad fiscal y libre disponibilidad de divisas a empresas de hidrocarburos, mineras, agroindustriales y automotrices. “Previsibilidad reglamentaria e incentivos a la inversión”, afirma Economía. El proyecto vinculado a las inversiones de crudo y gas está prácticamente sepultado, salvo por las pretensiones de YPF de alcanzar una suerte de nueva “ley corta” con algunos de los elementos del texto original.

Los 78.000 millones de dólares de exportaciones del año pasado incluyeron la reducción y, en algunos casos, la eliminación de los derechos de exportación en el 94 por ciento de los productos que se venden al exterior. El pre-entendimiento con el Fondo incluye el compromiso de “reducir aún más los impuestos sobre ciertas exportaciones de valor agregado”. El Consejo Agroindustrial Argentino, que reúne a las principales empresas que concentran el 80 por ciento de las ventas del complejo sojero y de cereales, ya trabaja en un nuevo plan de reducción de retenciones.

Ahora el gobierno estima que con los cambios normativos sugeridos podrían sumar 1.000 millones de dólares hasta 2030. ¿Sabor a poco? Hace unos meses, la apuesta parecía ser mucho más ambiciosa.

 

 

¿Y si los subsidios aumentan?

Guzmán habría acordado con el FMI y el Banco Mundial desarrollar un plan a mediano plazo para reducir, en forma constante pero paulatina, los subsidios a la energía.

El compromiso de la administración Fernández es que el costo de generación se traslade a los usuarios. Pero hay un problema. Nadie sabe cuánto cuesta producir una molécula de gas. Ni siquiera YPF le proporciona ese dato al Estado. Los costos de producción son celosamente guardados por las operadoras, igual que la fórmula de la Coca-Cola.

La reducción planificada de los subsidios alcanzaría los 0,6 puntos porcentuales del producto. Todas las fichas estaban puestas en la segmentación de tarifas del AMBA y CABA. Sin embargo, Federico Basualdo, subsecretario de Energía eléctrica, había advertido que esa cuenta no resolvería el problema central. Tenía razón. En el borrador, Guzmán reconocería que el ahorro de la segmentación alcanzaría solamente al 0,08 por ciento del producto durante 2022.

Hace casi dos semanas Darío Martínez, secretario de Energía, y Basualdo, le habían manifestado a Máximo Kirchner que los subsidios, lejos de reducirse este año, debían aumentar por el agravamiento del contexto global.

Los precios internacionales de la energía juegan en contra de la reducción de las transferencias económicas. El promedio del millón de BTU se ubicó el año pasado en los 18 dólares, mientras que en enero de este año llegó a los 30 dólares y en lo que va de febrero promedia los 24 dólares. CAMMESA ya licitó la importación de 18 cargamentos de gasoil y otros 7 de fueloil por un total de casi 800 millones de dólares, otro lastre para las reservas del Banco Central.

La licitación para avanzar con el Gasoducto Néstor Kirchner fue autorizada el lunes pasado. La idea original era llegar al invierno del 2023 para comenzar a sustituir importaciones. “La mitad del dinero para esta obra salió del Aporte Solidario pero Guzmán retaceó el resto de los Fondos. Y Fernández tardó un mes en firmar el decreto”, sostuvo un director de IEASA.

Para Vanoli, los subsidios deberían aumentar un 20 por ciento en términos reales en vez de la drástica reducción que plantea el Fondo.

 

 

Cuando racionalizar es ajustar

El escenario internacional atenta contra la salida exportadora. Los precios de la energía juegan en contra de la reducción de los subsidios. Tampoco habrá nuevos impuestos de la cuantía del Aporte Solidario a las Grandes Fortunas. ¿Cómo se garantizará, entonces, una reducción del déficit y al mismo tiempo un crecimiento real del gasto público?

El ajuste que se planifica viene camuflado en la categoría de racionalización del gasto. Bajo ese punto se habla de una limitación hacia las transferencias discrecionales a las provincias y empresas estatales; sumado a una administración de la masa salarial del sector público para asegurar que crezca en línea con el incremento de la economía.

La limitación de las transferencias a las provincias debería enmarcarse en lo resuelto durante el último Consenso Fiscal, donde se habría discutido la reducción de estos envíos a cambio de que cada jurisdicción pudiera aumentar Ingresos Brutos.

El gobierno insiste públicamente en que los salarios y haberes previsionales le deben ganar a la inflación y que el acuerdo con el Fondo no se meterá con las jubilaciones. No es lo que habrían escrito en el texto puesto a consideración la semana pasada, según la reconstrucción realizada por El Cohete.

Sobre el tema previsional, Economía se comprometió a realizar un estudio que describa opciones y recomendaciones para fortalecer la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de sistema, poniendo foco en dos aspectos centrales: la evaluación de los regímenes especiales previsionales, y los mecanismos que favorezcan la prolongación voluntaria de la vida laboral de las personas.

El gobierno sabe que este será un debate arduo. Y así se lo hizo saber a las autoridades del Congreso. La fecha pactada con el Fondo para finalizar dicho estudio sería septiembre de este año.

 

 

¿Y si la plata no alcanza?

La semana pasada, Simon Hinrichsen sostenía desde el Financial Times que el pago continuo de deudas insostenibles tendría riesgos políticos mayores y que no se podían poner todas las fichas a las exportaciones para pagar la deuda externa. El pasado 16 de febrero, Willem Buiter, profesor de asuntos públicos e internacionales de Columbia, escribió que el “entorno financiero externo empeorará a medida que la Reserva Federal de Estados Unidos y otros bancos centrales eleven sus tasas, reduzcan y reviertan la expansión de sus balances”.

El propio Fondo sabe que en el mundo existe una suerte de burbuja de deudas soberanas. En una de sus habituales conferencias de prensa, el vocero Jerry Rice sostuvo que el 60 por ciento de los países de bajos ingresos estarían sobreendeudados, cuando hace pocos años eran la mitad. Esto habla del complejo escenario internacional.

¿Cómo hará el gobierno para juntar los 15.000 millones de dólares de reservas prometidos al FMI? Guzmán sostuvo que con los primeros desembolsos del Fondo debería haber un pequeño financiamiento extra para fortalecer las cuentas del BCRA.

En el borrador del pre-acuerdo se asume que el financiamiento neto de los bancos multilaterales de desarrollo y otros acreedores oficiales bilaterales alcanzaría el 0,4 por ciento del PIB durante el 2022-24. ¿Cuánto es esto? Un punto del PBI equivale a 550.000 millones de pesos, que en dólares serían 4.954 millones. Por ende, el financiamiento estimado alcanzaría los 2000 millones de dólares.

A su vez, el desembolso inicial del organismo que conduce Kristalina Georgieva sería del 0,7 por ciento del PBI (3.400 millones de dólares).

En el (F)ondo no existen garantías de nada. El propio gobierno se cuestionaría cómo lidiar con la posibilidad de menores desembolsos. Casi un reconocimiento a la posibilidad de estar a tiro de default permanente durante los próximos 37 vencimientos de capital del stand-by, tal como advirtieron varios integrantes del FdT.

Llegado a este punto, no es que el pre-acuerdo esté plagado de incertezas. La incerteza parece ser el rumbo general de la política económica oficial bajo la propia tutela del Fondo.

 

 

 

 

 

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