Si no lo cuento, no existe

 

Una afirmación muy común con relación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es que su población se ha mantenido estable durante los últimos 70 años, según la cantidad de habitantes que surge de los censos nacionales:

• 1947: 2.982.580
• 1960: 2.966.634
• 1970: 2.972.453
• 1980: 2.922.829
• 1991: 2.965.403
• 2001: 2.776.138
• 2010: 2.890.151

 

Estos datos requieren cierto análisis.

 

 

 

La cifra oculta

Mientras la población porteña se mantuvo estable, la población del Área Metropolitana (sin contar la Ciudad de Buenos Aires) pasando los '50 creció de manera ininterrumpida y exponencial, superando a la población de la ciudad en un 400% respecto del censo de 2010. Esto se debió principalmente a un nuevo patrón de urbanizaciones impulsado a partir de la década de los '70, basado en la promoción de los barrios cerrados destinados a usos residenciales y la construcción de autopistas por parte de la dictadura para garantizar la conexión con la CABA. En la contracara, también crecieron las urbanizaciones populares informales (villas y asentamientos) en el AMBA por la ausencia de políticas de acceso al suelo y a la vivienda para estos sectores.

Esta expansión demográfica no fue acompañada de la desconcentración armónica de los servicios públicos, equipamientos urbanos y ámbitos de trabajo. Por este motivo, la Ciudad de Buenos Aires posee una característica particular: no sólo sirve a sus 3 millones de habitantes, sino también a los 3 millones adicionales que ingresan cotidianamente desde el resto del Área Metropolitana. No resulta posible pensar las necesidades de la población y la adecuación de los servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios sin tener presente esta especificidad.

Por otra parte, ¿es cierto que la población de la Ciudad se mantuvo estable? Para responder a esta pregunta, debemos detallar que los censos nacionales se realizan durante un solo día. Por la sobre densidad de la trama urbana, el hacinamiento de la población y el tiempo dispuesto, no se llega a censar en su integralidad a la población de las villas y asentamientos (ahora llamados Barrios Populares, de acuerdo a la ley 27.453).

El censo de 2010, por ejemplo, dio un total de 163.587 residentes en villas y asentamientos (5,8% de la población total, un 50% más con relación al censo anterior). Al año se creó la Secretaría de Hábitat e Inclusión (SECHI) en el ámbito de la Ciudad, que estimó la población de las villas en 275.851, a raíz de algunos relevamientos poblacionales realizados en algunas villas.

En 2016, la organización Techo contabilizó 42 asentamientos informales y 82.585 familias residiendo en ellos. A partir de allí, se podría proyectar una población aproximada de 379.890 habitantes (el 12,4% de la población de CABA). En el Barrio Carlos Mugica, el censo de 2010 realizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) dio un total aproximado de 28.000 personas. Luego de 7 años, el relevamiento poblacional tuvo como resultado aproximado 42.000 personas, 14.000 personas más en sólo 7 años.

Los relevamientos poblacionales en las villas suelen llevar semanas y, en algunos casos, meses. Desde 2014, el GCBA no realiza una nueva estimación de la población en villas. Hablamos de estimación porque no podría haber una cifra real, ya que el Instituto de Vivienda (IVC) y el Ministerio de Desarrollo Humano sólo decidieron actualizar los relevamientos en las villas que están en proceso de integración social y urbana, que son muy pocas (Playón de Chacarita, Barrio Carlos Mugica, Barrio Ricciardelli, Barrio Villa 20 y Barrio Rodrigo Bueno).

En conclusión, la población del sector “formal” de la ciudad se mantuvo estable; en cambio, la población de los barrios populares se ha incrementado, sólo que dicho incremento no ha sido receptado en los censos nacionales en toda su envergadura. Existe opacidad con relación a la población que habita en las villas, que el GCBA tampoco ha querido transparentar en estos casi 15 años de gobierno. Actualmente, la población de las villas supera las 400.000 personas, el 15% de la población de la ciudad.

 

 

 

 

Una oportunidad perdida

El censo nacional del 18 de mayo de 2022 estuvo a cargo del Ministerio de Desarrollo y Hábitat porteño en las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Este ministerio, que tiene bajo su órbita al Instituto de Vivienda, conoce por experiencia las dificultades en ejecutar relevamientos poblacionales en los barrios populares (“propietarios” que no dejan censar a sus inquilinos, grandes inquilinatos con familias viviendo en piezas de 12 metros cuadrados, hacinamiento extremo, pasillos transformados en túneles dentro de las manzanas, etc.). Asimismo conoce las medidas que deben adoptarse con previsión y los recursos necesarios que deben estar disponibles para que el relevamiento alcance a la totalidad de las familias.

Durante la jornada del censo, los reclamos se fueron multiplicando en las distintas villas de la ciudad porque los censistas nunca llegaron a ciertas viviendas. Al final del día, miles de familias quedaron sin censar.

Varios días antes de que se realizara, Carolina Giménez, referenta del barrio Ramón Carrillo, se mostró interesada por el censo en su barrio y cómo se iba a organizar. La respuesta fue que se comunicarían con ella, lo que nunca sucedió. Carolina nos cuenta que “en los barrios populares siempre se eligen personas que vivan en el mismo barrio y sean conocedoras de la gente del barrio para generar más confianza y que el censo sea más eficaz, pues, al conocerse la gente, sabe quién falta censar o qué dificultades pueden tener las personas para cumplir con el censo. En un barrio de Lugano muchas personas no estaban censadas y se siguió trabajando hasta las 10 de la noche. Había vecinos que pedían ser censados, pero las personas que debían censarlos no se presentaron”.

Marcos Chinchilla, referente del Barrio Villa 20, comentó que “en todos los barrios fue deficitario el censo, en ninguno de los barrios se completó. El IVC es responsable de esta falla, porque no calculó el crecimiento demográfico”. En el Barrio de Marcos se habilitó un lugar, “El Nido”, para que la gente se pueda censar los días jueves 19, viernes 20 y martes 24 de mayo. Esta forma de “salvar” el censo traslada la responsabilidad del relevamiento del Estado a las propias familias.

Miles de familias esperaron todo el día para ser censadas. Los reclamos fueron mayoritariamente de habitantes de las villas más grandes: Villa 20, Villa 21-24, Barrio Inta, Barrio Ramón Carrillo, Barrio Ricciardelli, etc.

Se perdió una oportunidad única para producir una información más realista de la población en las villas que permita sincerar la verdadera dimensión de la desigualdad y la precariedad en la Ciudad.

 

 

Negacionismo de la crisis habitacional

El actual gobierno de la Ciudad tiene motivos políticos y electorales para evitar que salga a la luz la real población de los barrios populares.

En principio, su política de gobierno se ha caracterizado esencialmente por estimular la especulación inmobiliaria (Código Urbanístico, excepciones inmobiliarias, convenios urbanísticos, venta y concesión de tierras públicas, autorización de la disminución de la superficie mínima de las viviendas, etc.), favorecer la construcción de viviendas suntuosas para el 3% de la población porteña y convertirlas en activos financieros.

Mientras el foco está puesto en los negocios inmobiliarios, en la Ciudad de Buenos Aires se produce un fenómeno incomprensible para sus niveles de riqueza: disminuye el nivel de cobertura de los servicios públicos domiciliarios formales porque se mantiene estable la población formal, pero crece la población que habita en los barrios populares sin acceso formal y regular a la infraestructura de servicios públicos. Se suele afirmar que la cobertura de agua potable en la Ciudad es del 99%, pero si se sincerara que los 400.000 habitantes de las villas no tienen acceso al agua potable y segura, la cobertura descendería hasta el 85%. Una correlación directa: aumenta la población en villas y disminuye la cobertura de servicios públicos domiciliarios en la ciudad. Esto es un escándalo social y urbano.

La actuación deficiente del Ministerio es coherente con el negacionismo del GCBA frente a la gravedad de la crisis habitacional en la ciudad. Desde que caducó la ley que declaraba la emergencia habitacional en 2008, el GCBA ha impedido el tratamiento y sanción de los diferentes proyectos de ley presentados en esta dirección.

La negación de la crisis habitacional también se hizo patente esta semana. Miles de personas y colectivos realizaron una caravana desde el edificio del incipiente “Hospital” Cecilia Grierson hasta el Ministerio de Salud para llevar el reclamo por el hospital para la Comuna 8 (creado por ley 1.769 del 11/08 /05). Este pedido de los habitantes de la comuna donde se encuentra la mayor cantidad de villas de la Ciudad lleva más de 20 años. El ocultamiento de su población también tiene como objetivo no revelar el desfasaje que existe con relación al equipamiento urbano y de infraestructura de servicios necesarios. Asimismo, el jueves 19 de mayo, organizaciones sociales (CTAA Capital, FeNaT, Somos Barrios de Pie, FOL, MP La Dignidad, Soberana, entre otras) movilizaron 10.000 personas desde Constitución hasta la Jefatura de Gobierno porteño, denunciando el avance de la precariedad y exigiendo un programa de empleo y paritaria social.

La aparición de las cifras reales de los niveles de precariedad en la Ciudad claramente va en contra de los intereses electorales de nuestro jefe de gobierno y sus ministros.

 

 

 

Hablando de prioridades

Mientras continúan las demoliciones sobre Avenida Paseo Colón, el GCBA dio a conocer las ofertas que se presentaron para la Licitación Pública 10179-0023-LPU22, que tiene por objeto la construcción de 16 refugios o paradores en las 19 cuadras que tendrá de extensión el segundo tramo del Metrobús del Bajo.

En la licitación, el presupuesto base estimado por cada parador es de $96.525.311 (U$D 883.526, a dólar oficial). Sin embargo, las empresas que se presentaron a la licitación (Construmex S.A., MIG S.A., Niro Construcciones S.A., Bricons S.A.I.C.F.I. y Miavasa S.A.) ofertaron presupuestos aún mayores que el oficial, que incluso superan los 130 millones de pesos por cada parador.

Con estos números, la fabricación y montaje de los 16 refugios “con su instalación eléctrica, la ejecución de distintos espacios verdes con el sistema de riego correspondiente, el completamiento de solados, rampas y barandas, la ejecución de isletas y rellanos, la demarcación horizontal con los elementos de seguridad pertinentes”, tendrá un costo equivalente a tres escuelas primarias, si tomamos en cuenta la última licitación que realizó el GCBA para tal fin (“Trabajos de Obra nueva para la nueva Escuela primaria común N° 11 y Jardín de infantes, D.E. 1, Comuna 1, a emplazar en el Barrio 31”: $638.976.997 o la propia escuela de danzas Jorge Donn. También es el equivalente a dos tercios del presupuesto destinado a infraestructura escolar en 2022.

La realización de la segunda etapa del Metrobus del Bajo no sólo implica ese costo, sino que a ese presupuesto millonario hay que sumarle la Licitación Pública 10179-0007-LPU21, llamada “METROBÚS DEL BAJO – ETAPA II – ENTORNO”, por más de 740 millones de pesos. Esta obra, que ya tiene presupuestados más de 2.500 millones de pesos, implicó la demolición de edificios históricos de enorme valor patrimonial –como el Edificio Marconetti o la Escuela Taller Casco Histórico, que podría haberse mantenido en pie–, tiene como fundamento principal ahorrarse, más o menos, tres minutos de viaje.

 

 

 

Mientras las escuelas se desmoronan, como sucedió en la Escuela 8, Distrito Escolar 10 esta semana, el GCBA prioriza el marketing urbanístico y los negocios con la obra pública. La política de transporte es inexistente en la ciudad, cuyo más claro ejemplo es la paralización de la expansión del subte. Por este motivo, el GCBA avanza de forma innecesaria con la etapa II del Metrobús del Bajo para hacernos creer que tiene un plan de transporte.

 

 

 

 

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