SI LLEGARA EL COLAPSO

 

Todos los días los medios difunden el nuevo número de infectados por coronavirus, de muertos y de pacientes recuperados. Todos los días, también, nos informan sobre el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva. Y con este último, todos los días  vamos siguiendo cuán cerca estamos del colapso sanitario tan temido. Sin embargo, nadie informa acerca de en qué consiste ese colapso salvo su horrorosa asociación con las imágenes dantescas del desbordamiento de cadáveres en Wuhan o Guayaquil, o con las de las fosas comunes en la isla Hart en Nueva York o el cementerio de Manaos en Brasil. Y nadie dice, tampoco, qué es lo que deberíamos hacer, cada uno en lo suyo, si pese a todos los esfuerzos para evitarlo ese colapso llegara. Eso no está bien.

 

 

¿En qué consiste el colapso sanitario?

Cualquiera puede imaginar que ese colapso es la situación en que muchas personas piden atención sanitaria, en sus casas o en los hospitales, y el número de personas a atender es tan grande que no hay ambulancias que los vayan a buscar ni camas para internar a quien lo requiera en una sala general o en terapia intensiva. Y aunque esa descripción es parte de la verdad, también se puede decir que lo que convierte a esa situación en colapso es el caos de un desorden generalizado. Un caos que significa el no poder hacer lo que debiera hacerse por no tener los recursos para hacerlo. Pero existe una trampa que debemos desarmar en ese planteo al informar a la población.

A lo que debiera hacerse, que es atender a todas las personas, lo llamamos el fin que se persigue. Y a los recursos (camas, respiradores) para hacerlo los llamamos los medios. Es la repetida relación entre medios y fines que ordena nuestros actos de todos los días. Y es esta relación que ordena la atención de la salud en nuestras vidas la que se rompe en el colapso sanitario y da lugar al caos y la improvisación del no saber qué hacer y al fracaso social que muestran las imágenes de la muerte cosificada. Pero si este es el nudo del problema, deberíamos reflexionar sobre el mismo antes de que nos llegue, para ver si razonando podemos encontrar mejores respuestas que esperar mansamente la tragedia.

Y es que si el fin es atender la salud de las personas, siempre habrá medios para hacerlo. Podrán ser de mayor o menor complejidad y eficacia, pero siempre los habrá. En el peor de los escenarios posibles de vida y muerte nunca debería faltar el cuidado interhumano. Y ese medio, la ayuda de los otros, no es un recurso escaso, a menos que nos neguemos a confortar a quien enfrenta la enfermedad y la muerte. La paradoja de la escasez de recursos consiste en fundir a la atención de la salud con determinados medios y sólo con ellos. Y entonces el colapso es el no poder salir de esa trampa autoimpuesta por la falta de una planificación que considere qué recursos pueden darse en esa situación.

El gobierno, bajo la decisión del Presidente Alberto Fernández, eligió la estrategia éticamente coherente de la prioridad del salvar vidas. Y fue acompañado en ese esfuerzo por la totalidad de los gobernadores y la inmensa mayoría de la población, fortaleciendo al sistema de salud en sus medios para lograr tal fin. Pero hoy se contempla la posibilidad de un escenario en el que esos medios resultarían escasos para darle a todo enfermo crítico la chance de salvar su vida. Habría que elegir entonces a quién salvar. Y con esto no sólo se agita el temor a la muerte, sino también los fantasmas que en otros colapsos fueron apariciones reales y no imaginarias de las elecciones injustas sobre la vida y la muerte.

 

 

 

 

 

El falso dilema de la última cama

Hay quienes han planteado ese escenario de medios críticos escasos como “el dilema de la última cama”, considerándolo un asunto de justicia distributiva en el que se enfrentan la visión utilitarista de maximizar los beneficios con la visión del deber de respeto de la dignidad de cada vida humana. Con la primera se buscaría salvar la vida según los años de vida proyectados (edad, enfermedades previas, etc.) y la calidad de vida esperada de superar la enfermedad, y en la segunda se trataría de salvar la vida teniendo en cuenta únicamente la probabilidad de lograrlo. La primera pondría restricciones al derecho a la atención estableciendo prioridades no sólo médicas sino también sociales, mientras la segunda sólo elegiría criterios médicos ordinariamente aplicables a cualquier paciente con un tipo de afección similar.

En la Argentina, el Estado ha incorporado con rango constitucional el derecho a la salud definido como “el derecho de toda persona al disfrute del nivel más alto posible de salud física y mental”. No hay duda de que todo agente de salud tiene el deber de proveer los medios disponibles para asegurar el fin de alcanzar el nivel más alto posible de salud a toda persona. Si queda una cama y dos pacientes críticos, como no hay un nivel más alto de salud que el estar vivo, esa cama se le debe asignar al que tenga más chances de sobrevivir a la enfermedad por la que está siendo tratado y que amenaza su vida. Utilizar otros criterios pondría restricciones al derecho a la salud, y esas restricciones sólo las puede establecer, bajo determinados supuestos de legitimación, la autoridad pública. Pero nunca deben establecerlas los profesionales o los establecimientos de salud ni tampoco pueden legitimarlas los organismos no gubernamentales como puedan serlo las asociaciones profesionales.

Si el Estado quisiera establecer un estándar extraordinario de atención de la salud que permitiera fijar prioridades en la asignación de recursos críticos escasos por criterios sociales (no médicos) tales como la edad, o las discapacidades físicas o mentales, o la expectativa o calidad de vida posterior a la curación de su enfermedad por coronavirus, estaría restringiendo muy seriamente los derechos a la salud, la integridad y la vida. Por su gravedad, esto sólo podría legitimarse con un debate y aprobación en el Congreso de la Nación luego de una muy extensa consulta pública. En tiempo de pandemia esto no se puede hacer, de modo que el Estado no puede establecer criterios sociales para ordenar prioridades en la asignación de recursos críticos en el contexto actual. No hay dilema alguno.

 

 

 

 

 

El más alto nivel posible

Debe tenerse en cuenta, con todo esto, que el fin “salvar vidas” se muestra vinculado a las garantías de ejercer el derecho a la salud de cada persona. Y es por eso que ante la consideración de un posible colapso sanitario, la población debe estar informada acerca de que ese “salvar vidas” va indisociablemente unido al “cuidar a todos”, que no es más que proteger el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental de cada persona. Y que toda persona, cualesquiera sean los recursos disponibles, tendrá garantizado ese derecho.

Pero, ¿cómo se respeta el nivel más alto posible de salud —que protege la vida— si no tenemos recursos para hacerlo? El derecho no pide que garanticemos en modo absoluto “el nivel más alto de salud”. Dice el nivel más alto “posible”. Si se trata de camas de terapia intensiva, el derecho no exige que el Estado garantice que cualquiera sea el número de infectados todo paciente tenga una cama de terapia intensiva disponible. El gobierno ha ampliado todo lo que ha podido el número de camas disponibles. Pero no hay país en el mundo que pueda asegurar que cualquiera sea la intensidad de la pandemia podrá asegurar la plena disponibilidad de camas y respiradores.

Luego, es obvio que si el número de pacientes críticos excede al número de camas necesarias, habrá una cantidad de pacientes que tendrán acceso al recurso de camas con respiradores y otros no. Los primeros recibirán el acceso a camas de terapia intensiva como nivel más alto posible mientras el recurso esté disponible. Pero cuando ese recurso no esté disponible porque la derivación coordinada por el Estado a otros centros que dispongan de esas camas ya no sea posible, el nivel más alto posible de salud pasará a ser el de los recursos que siguen inmediatamente en eficacia a los anteriores.

 

 

Planificar el flujo, garantizar el derecho

Cuando se acaban las camas de terapia intensiva cabe asistir a los pacientes en unidades de terapia intermedia con provisión de oxígeno y cuidados críticos a excepción de asistencia respiratoria mecánica. Ese será, en esa fase del colapso, el nivel más alto posible que se pueda ofrecer a los pacientes críticos a los que no se pueda ingresar a terapia intensiva. Si ese nivel también se saturara, pese a los esfuerzos por ampliar la disponibilidad, cabe atender a los pacientes en salas de internación general con cuidados de emergencia para atender la dificultad respiratoria, las infecciones, el shock y otros estados posibles con control de síntomas. Y aún con un establecimiento de salud completamente saturado, todavía cabe la derivación para asistencia en hospitales de campaña.

Por eso es que en el problema del colapso sanitario, el cumplimiento del derecho a la salud no permite hablar de “racionamiento”, sino de darle a cada uno el recurso más alto posible que se pueda en cada momento. Se trata de “racionalizar” los recursos, de clasificarlos y ordenarlos para una mayor efectividad según la disponibilidad de los mismos, asegurando el flujo entre los diversos niveles de atención.

Y hoy, ante la amenaza de colapso que se sigue diariamente en modo angustiante, el gobierno debería informar a la población que junto al esfuerzo por “salvar vidas” se habrá de  “cuidar a todos” garantizando el derecho a la salud con todos los recursos disponibles y sin dejar a la población desamparada. Después de todo, esa es la función del Estado.

 

 

 

 

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