Si fueron todos, no fue nadie

 

Una tercera pericia balística apunta a un Albatros hasta ahora no mencionado como autor del disparo que mató a Rafael Nahuel. Se confirma la responsabilidad de la fuerza de seguridad pero se complejiza el expediente judicial. O se equivocaron los peritos o no analizaron el mismo proyectil. El gobierno nacional está en una encrucijada: sostener la denuncia por “usurpación” o promover un acuerdo dialogado con la comunidad en Villa Mascardi.

El resultado de la tercera pericia balística sobre el (supuesto) proyectil que mató a Rafael Nahuel generó dos circunstancias contradictorias: por un lado la ratificación de la responsabilidad de un integrante del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina en el asesinato del joven mapuche; al mismo tiempo, la aparición de un nuevo nombre como posible autor material del hecho, lo cual complica la resolución judicial del caso.

La situación podría resumirse con un viejo chiste porteño: la mejor forma de esconder un elefante en la calle Florida es llenar la calle Florida de elefantes. En términos de responsabilidad penal: si fueron todos, no fue nadie.

La autopsia al cuerpo de Rafael Nahuel se realizó el domingo 26 de noviembre de 2017, un día después de que el joven recibiera un balazo por la espalda, en el contexto de la persecución y represión desatada por seis integrantes del grupo Albatros de Prefectura en la comunidad Lafken Winkul Mapu, asentada en Villa Mascardi, a 35 kilómetros del centro de Bariloche.

El proyectil extraído del cuerpo fue peritado por un grupo de reconocidos peritos independientes encabezados por Roberto Nigris –del cuerpo de peritos de la Policía de Río Negro–, junto a Karina Uribe y Silvia Bufalini (perito por la querella) y otras dos personas. Ese trabajo determinó, luego de varios meses de tarea de comparación de la bala con los proyectiles testigos obtenidos de las más de 20 armas secuestradas a los Albatros, que la misma pertenecía al subfusil MP identificado con el número de serie B 05-C335508. Es decir el arma que durante el operativo portaba el cabo primero Francisco Javier Pintos.

Pintos argumentó ante la Justicia que no subió la montaña con esa arma de guerra, pero ni siquiera los jueces que en distintas instancias favorecieron con fallos a los uniformados creyeron ese relato.

El juez Gustavo Villanueva, quien subrogaba al momento del hecho el Juzgado Federal de Bariloche, desestimó inicialmente solicitar la pericia balística a la Gendarmería ya que, tal como quedó asentado en el expediente judicial al que accedió este medio, desconfió de la independencia de esa fuerza teniendo en cuenta su vínculo con la Prefectura y con el Ministerio de Seguridad que conducía Patricia Bullrich.

Sin embargo, producida la primera pericia, el magistrado ordenó una segunda y, desdiciéndose, la derivó a la Gendarmería.

Tal como era previsible, los peritos de Gendarmería aseguraron que no era posible determinar que el proyectil que mató a Nahuel perteneciera del subfusil MP5 que portaba Pintos.

Ese resultado permitió que la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal de Comodoro Py tumbara el procesamiento por “homicidio agravado” que pesaba sobre el cabo primero, que había sido dictado en mayo de 2018 por la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca.

Así, tras varias instancias de apelación, el nuevo subrogante del Juzgado Federal de Bariloche –y por tanto al frente del expediente por el asesinato–, Gustavo Zapata solicitó que se efectuara una tercera pericia, que encargó al Cuerpo de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público de Salta. Ese trabajo se puso en marcha a comienzos de 2020 pero fue suspendido por la pandemia y se retomó recientemente .

El martes 19 finalizó esa tarea que arrojó como resultado el sorprendente dato de que, supuestamente, el proyectil 9 mm. que mató a Rafael Nahuel salió de la pistola Pietro Beretta modelo 92, número de serie 05-P83332Z, que portaba el cabo primero Sergio Cavia.

Hasta el momento Cavia goza de la falta de mérito dictada por la Cámara Federal de General Roca, con una integración de jueces distinta a la que había procesado a Pintos por homicidio agravado.

Es decir que Cavia sigue siendo investigado en la instrucción que se desarrolla en el Juzgado Federal de Bariloche pero hasta ahora no existían elementos como para comprometerlo de manera directa en la responsabilidad material del asesinato.

Ahora la situación cambia, y el abogado de la APDH –querellante en el expediente–, Sebastián Feudal, dijo a este medio que solicitará nuevas medidas, entre ellas la contrastación de los resultados de esta pericia con la primera, de manera de descartar cualquier tipo de futura diferencia técnica que complique el pedido de procesamiento de Cavia.

El cambio de orientación de la investigación ya fue aprovechado por el abogado de Pintos, Marcelo Rochetti, quien dijo a DataClave que “iniciará acciones civiles y penales contra los peritos de Río Negro que falsearon la pericia, contra el ex juez de Bariloche Leónidas Moldes que arbitrariamente y con dos pericias contradictorias ordenó la prisión preventiva de Pintos, y contra los integrantes de la Cámara Federal de General Roca que fueron apartados por Casación Federal”.

Rochetti fue designado defensor de Pintos con el aval o impulso del gobierno de Mauricio Macri. De hecho, el abogado pertenece al corazón del macrismo: fue jefe de gabinete de Cristian Ritondo en el ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y abogado defensor de Rafael Di Zeo mientras Daniel Angelici era presidente de Boca.

Las contradicciones periciales sólo sirven a los intereses de los Albatros investigados. Si el expediente llega a la instancia de cierre de la instrucción y elevación a juicio con dos uniformados señalados como posibles responsables materiales del hecho “lo más probable es que no pueda determinarse la verdad y no haya condenas”, evaluó un abogado con acceso al expediente.

El seguimiento del proyectil sólo arroja garantías sobre la primera pericia, más allá que desde el Juzgado Federal de Bariloche se asegura que “siempre” se sostuvo la cadena de custodia. Entre la primera pericia y la finalizada hace pocos días en Salta pasaron más de tres años, el proyectil pasó por manos de la Gendarmería y estuvo “desaparecido” algunas horas antes de ser enviado desde Bariloche hacia la provincia del norte.

“Cuando salió (el proyectil) de la autopsia, el que estaba ahí era (el perito) Roberto Nigris y (la perito) Karina Uribe, ellos lo llevaron en mano a peritar. Eso es lo más concreto y real del trayecto y de la vida de ese proyectil y la circulación”, dijo una perita de larga trayectoria y que conoce la causa desde su inicio. Repasó que “después ese proyectil fue a Gendarmería, vaya a saber por qué o por quiénes; no se sabe quiénes lo recibieron en Gendarmería porque no estaban ninguno de los tres peritos que hicieron la primera pericia, así que si fue el mismo proyectil o no, no se sabrá nunca. ¿Y qué pasó después cuando tardó una semana en llegar a Salta, dónde estuvo, quién lo tuvo, en qué condiciones llegó? ¿Es el mismo? ¿Está adulterado?”, se preguntó. La experimentada perito –que prefirió no dar su nombre– sentenció: “El proyectil indemne de la autopsia fue el que se peritó primero. Lo demás, no sé si es el mismo, o el mismo alterado. La primera pericia devino directamente de la mano de la autopsia de Rafael, las otras vaya a saber de dónde”.

El Cohete a la Luna pudo saber que Nigris solicitó al Juzgado Federal de Bariloche participar como veedor de la pericia realizada en Gendarmería, pero su pedido no fue atendido.

En conclusión: o existió un error en la primera pericia; o el error se produjo en la tercera; o no se trata del mismo proyectil.

 

 

El Estado en su laberinto

El gobierno nacional bascula su postura en torno al asesinato estatal de Rafael Nahuel –hasta el momento el caso no valió un pronunciamiento del Presidente Alberto Fernández– e incluye en el análisis la situación de tensión en Villa Mascardi.

Un ejemplo de esa oscilación es que mientras la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que conduce Horacio Pietragalla, estudia la posibilidad de presentarse como querellante en el expediente por el asesinato de Rafael Nahuel –lo cual le permitiría pulsar por lograr Justicia en la causa–, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, tiene en sus manos la llave para resolver lo que los medios más concentrados llaman el “conflicto mapuche” en la localidad cercana a Bariloche.

Es que de Cabandié depende la Administración de Parques Nacionales, organismo que en 2017 –bajo el dominio de la Doctrina Bullrich– presentó la denuncia por “usurpación” que derivó en el desalojo y el operativo represivo que culminó con el asesinato de Rafael Nahuel.

La tensión en Villa Mascardi, más allá de los intentos de diálogo, encontraría un canal de solución si Parques Nacionales admite la continuidad de la presencia de la comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, tal como históricamente ha incentivado o permitido la entrega de tierras a la Iglesia católica y a privados que multiplican sus negocios turísticos puertas adentro del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Por su parte, el ministerio de Seguridad que conduce Sabrina Frederic evalúa negativamente la intervención de Gendarmería y pretende optimizar el trabajo del cuerpo pericial de esa fuerza, para evitar futuras sospechas. Así, encomendó en enero de 2020 a la Subsecretaría de Control y Transparencia Institucional que requiera a las fuerzas policiales y de seguridad federales las normativas, protocolos, manuales y todo otro documento relativo a la organización y funciones, así como las tareas de las áreas científicas y técnicas que realizan pericias e informes criminológicos.

Es que, entre otros casos, al antecedente de lo sucedido con Gendarmería respecto a la pericia balística del caso de Rafael Nahuel se suma la polémica intervención de ese mismo cuerpo en la pericia por la muerte del ex fiscal Alberto Nisman.

El Ministerio también pidió una reseña de los perfiles del personal empleado en estas áreas y de los planes de formación, actualización y capacitación implementadas y, si los hubiera, las proyectadas para el ejercicio profesional presente y futuro.

Las fuerzas fueron respondiendo a la solicitud. Respecto del área de pericias de la Gendarmería, la actual administración resolvió su reorganización, nuevas designaciones y reforzó los protocolos de actuación. “Su profesionalización era una necesidad imperiosa”, evaluó una fuente de esa cartera.

Más allá de esa reorganización estatal impulsada bajo otros promocionados paradigmas, este año será central en la causa por el asesinato de Rafael Nahuel, y el posicionamiento del gobierno será clave para que se generen condiciones asépticas del trabajo judicial.

Salvo nuevas postergaciones, en 2021 se realizará el cierre de la instrucción y la elevación a juicio. Un velo de posible impunidad recubre el caso. La mencionada intervención de Gendarmería, los desaguisados de la Justicia Federal, las pericias contradictorias y el relato impuesto por la Doctrina Bullrich y los medios concentrados llenaron la calle Florida de elefantes.

 

 

 

 

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