Si estos son cuentapropistas...

La defensa de un ex Super Mario Bros de la AFI presentó unos chats reveladores

Por Juan Alonso Feb 12, 2023

Macri y Gustavo Arribas, la AFI en buenas manos.

En 12 páginas explosivas, la defensa del ex agente de la AFI macrista Jorge Horacio Sáez se presentó hace tres meses ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, y dijo que el aparato de Inteligencia del Estado —en 2018— trabajó para el programa de televisión de Luis Majul.

Además vinculó a la conducción de la AFI, encabezada en ese momento por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, con funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos al ministro bajo licencia Marcelo D’Alessandro y su antecesor, Martín Ocampo.

El abogado Emmanuel Carro enmarcó las tareas de espionaje de la AFI de la era de Mauricio Macri por fuera de la teoría de la cuenta propia de los procesados en el expediente 14.149/20, tal como sostuvieron en polémicos fallos los jueces de la Cámara Federal porteña y la de Casación Penal. En esa causa, la querella está encabeza por la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien además fue víctima de espionaje ilegal en el Instituto Patria.

Por medio de la teoría del “cuentapropismo”, Arribas y Majdalani quedaron fuera de culpa y cargo y Casación salvó al secretario del ex presidente, Darío Nieto, gracias a los camaristas Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos.

Según Carro, defensor de Sáez, quien fuera el reclutador de los espías del “Grupo Súper Mario Bros” dentro de aquella gestión de la AFI, “la Cámara, si bien insta a profundizar la investigación, descarta el objetivo de menoscabar la situación institucional, económica o política del país, en una conclusión algo apresurada, y sin una correcta evaluación de los elementos incorporados en autos. Es decir que, como durante toda la resolución mencionada, pretende orientar la pesquisa a la búsqueda de alguna motivación personal de un grupo de agentes deslindando de responsabilidad a los verdaderos responsables de las tareas realizadas”.

“Una de las cuestiones fundamentales que omite la Cámara es que esa actividad se llevó a cabo, tal como surge de las conversaciones del grupo de WhatsApp, con la finalidad de que el periodista Luis Majul mostrara en su programa las imágenes obtenidas. Primero, considero que poner los recursos de un organismo de inteligencia a disposición de un programa televisivo a efectos de esmerilar la imagen de un sindicato o de sus autoridades (N. del R: se refiere al sindicato de Camioneros), bien podría ser una forma de incidir en la realidad social. Segundo, mi asistido no obtuvo ningún beneficio del rating que hubiera logrado ese periodista con su programa”, manifestó Carro.

El 30 de octubre de 2018 Majul, por entonces en la señal de cable A24, presentaba su programa hablando de “la mafia de los afiches”.

En el punto 2 de su argumentación legal, Carro cuestiona también el accionar del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. “Surge de la causa 82441/2017 el visto bueno del juez Villena a la Agencia de Inteligencia para que instaure una suerte de Gran Hermano con la excusa de investigar posibles atentados terroristas, a cuyos grotescos pormenores ha referido esta defensa en escrito presentado el día 1 de septiembre.

“En el marco de esa pesquisa (por asignarle algún nombre) se otorgó a la Agencia el acceso remoto e irrestricto a las cámaras de la Ciudad de Buenos Aires, sin que se ejerciera control judicial alguno respecto de su utilización. En ese contexto, tal como se evidencia mediante conversaciones de los propios agentes a partir del día 26 de octubre de 2018, se utilizaron imágenes extraídas del Centro de Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, siendo el agente con mayor actividad en esa situación Javier Bustos”.

Según Carro, el agente Bustos ingresó “en comisión” a la AFI el 26 de octubre de 2018 con el presunto fin de realizar “tareas destinadas a nutrir el programa periodístico de Luis Majul. Ese día anotó los lugares donde se encontraban los afiches y Alan Ruiz (ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI) le dice que con esa información se dirija al Centro de Monitoreo del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Que él se dirige allí y se identifica en dicho Centro de Monitoreo, siendo autorizado por Martín Ocampo, por aquel entonces titular”.

En esa tarea de identificación de lugares públicos con afiches callejeros y cámaras de seguridad de la Ciudad, parecería que Majul habría contactado a Majdalani y la cuestión operativa recayó en Ruiz y su grupo de policías, que integraban los procesados Sáez, Leandro Araque, Jonathan Nievas y Emiliano Matta, entre otros.

El escándalo crece de forma trepidante cuando el abogado expone los chats de Ruíz con Bustos. El 26 de octubre de 2018, Ruiz escribió al grupo: “Ocampo (Martin) de la Ciudad ya editó y le va a dar a Majul todas las imágenes para que las pase el domingo”. (Ver el intercambio de mensajes de los espías en el expediente que El Cohete transcribe al final de la nota.)

Datos biométricos

El punto tercero del planteo de la defensa de Sáez pone en jaque la transparencia del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y el uso de datos biométricos de millones de ciudadanos y ciudadanas de CABA.

“Por otra parte, tanto mi asistido como otros imputados tienen conocimiento respecto de que no solamente eran utilizadas por la Agencia de Inteligencia las cámaras de la Ciudad, sino también las bases de datos y el sistema de reconocimiento biométrico con que cuenta el Ministerio de Seguridad de la Ciudad. La información a la que refiero consta en la causa 2.360/2022 que tramita en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo del Dr. Ariel Lijo, Secretaría N°7”.

Carro subrayó las sospechas sobre el control de datos que violan la intimidad de las personas y su libertad: “En el caso del imputado Facundo Melo, sus datos fueron consultados UN DÍA ANTES de ser allanado por el juez Villena y UN DÍA ANTES de sufrir un robo en su domicilio. A su vez, las consultas sobre Melo (y sobre otros imputados) comienzan, casualmente, luego de haber tenido conflictos con el entonces director de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz”.

Y aquí aparece un potencial nexo entre el juez Villena y el ministro licenciado, D’Alessandro. “Lo que se pretende establecer con las medidas a solicitar es la articulación entre la Agencia de Inteligencia, el juez Federico Villena, y funcionarios a determinar del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, con la finalidad de realizar actividades ilícitas que no podrían haberse desarrollado sin conocimiento y anuencia de funcionarios de alto rango.

“Sumando a ello, como particularidad, una relación de parentesco que existiría entre Villena y el actual Ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro (antes secretario de la misma cartera)”.

Haciendo uso de la ironía, Carro concluyó que la causa “está repleta de casualidades”.

Entre las medidas de prueba que pidió la defensa de Sáez hay una pesquisa sobre los archivos y movimientos del Centro de Monitoreo de la Ciudad entre los días 26 de octubre y 15 de noviembre de 2018, más las visitas de ex espías de la AFI. El juez federal Martínez de Giorgi hizo lugar al reclamo aunque aún se desconoce el resultado.

El representante legal de CFK, José Manuel Ubeira, definió el escrito de Carro como “revelador de cómo se utilizaron los recursos de los ciudadanos para operaciones de inteligencia, exactamente para esmerilar la cuestión política e institucional del país. Todo lo contrario de lo que dice la Cámara. Y que esos recursos del Estado estaban destinados fundamentalmente para darle cobijo a un programa de televisión de Majul, al amparo de una decisión del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. En verdad no hay cuentapropismo, lo que hay es una organización institucional y algunos parentescos, como la relación de D’Alessandro con algunos de los que están dando vueltas en este grupo, (que) llama(n) poderosamente la atención. Me parece que a la relación entre D’Alessandro y Villena vale la pena examinarla. Todo es muy llamativo”.

El 3 de enero pasado, este cronista consultó al juez Villena por la suspensión de D’Alessandro tras los escandalosos chats del viaje a Lago Escondido y el vínculo del ministro porteño con la Corte, a través de Silvio Robles, mano derecha del supremo Horacio Rosatti. “Es mi amigo”, dijo Villena de D’Alessandro.