Si esto es un juez

 

Pablo Campos habla sobre la tragedia actual de los azucareros del Ingenio San Juan. Los casi 400 trabajadores tienen tomada la fábrica desde hace veinte días, para cuidarla. Hace tres meses que no cobran el salario y esperan migajas en la interzafra. Sin cortarle el relato, veo el mensaje que me acaba de llegar desde Corrientes: “Absolvieron a Torres Queirel”.

Salgo de la sede de la CTEP porteña. Unos cincuenta trabajadores cartoneros se agrupan en el portón de acceso. Otros tantos esperan adentro, con bebés en brazos, para hacer trámites de la obra social. En el auditorio, ante una centena de trabajadores de la economía popular, hablan los principales dirigentes de los sindicatos de los ingenios Ledesma y de El Tabacal, de Jujuy y Salta. En ese auditorio, hace justo un año y medio velaron a Darío Julián, “Iki”, militante social que nunca se repuso del balazo que le dio un sicario en una disputa por terrenos en Villa Celina.

En la calle reproduzco un video que me acaban de enviar por Whatsapp. Habla el juez Víctor Alonso, presidente del tribunal del denominado “Juicio a Las Marías”, que completan Fermín Ceroleni y Lucrecia Rojas de Badaró:

—Se resuelve absolver de culpa y cargo a Héctor María Torres Queirel...

 

 

Se escuchan murmullos. El juez retoma la firmeza con la que en pasadas audiencias cortó bruscamente el relato de las víctimas:

—El tribunal no va a permitir ningún desmán, tienen que estar con la postura acorde a las circunstancias y el respeto a las normas. ¡Le digo a todo el público sin excepción!

Continúa el rumbo de la impunidad y lee el veredicto completo. Le lleva tres minutos. “¡Se olvidaron de las víctimas!”, le grita Noemí Acuña, exiliada en aquellos años de terrorismo estatal de su natal Virasoro.

 

 

“¡Señor Secretario, deje constancia de la manifestación!”, grita el juez, que junta rápido sus papeles y se retira. Noemí se dirige al acusado absuelto: “¡Ponele una vela a Marcelo Peralta, a ver si te acordás, Queirel!”

El martes pasado el fiscal Flavio Ferrini dejó un alegato ejemplar para pensar la responsabilidad empresarial en los delitos de lesa humanidad:

—Esta causa fue siempre una crónica anunciada de impunidad. La demora en realizar el juicio que estaba radicado desde 2012, discutiendo los estados de salud de los imputados, iba marcando el camino que hoy se completó con un vallado y una calle repleta de fuerzas de seguridad para contener a la pobre gente de Virasoro que nuevamente fue destratada y abandonada, dejada de lado.

 

 

Ferrini  tiene que esperar al 6 de septiembre para pensar la apelación ante la Cámara de Casación. En esa fecha el tribunal dará lectura a los fundamentos del fallo. Luego recarga las tintas contra el tribunal: “El TOF hoy tuvo un destrato, un grado de humillación para los que entraban a la sala, se encargaron siempre de mandar un mensaje muy simbólico de que siguen siendo los nadies”.

Desde  los años '60 y '70 del siglo pasado  los azucareros tucumanos y jujeños estuvieron entre los que más padecieron el embate de la represión estatal y empresarial, que fue brutal e ilegal. Tuvieron desaparecidos, como los trabajadores de Las Marías. Y muchos presos políticos, como Milagro Sala hoy, enemiga del gobernador de Cambiemos, Gerardo Morales, y del patrón de Ledesma, Pedro Blaquier, quien después de estar procesado por delitos de lesa humanidad, un tribunal de alzada pide todavía que se demuestre que conocía que las camionetas de su empresa que prestó a las fuerzas represivas durante las noches del apagón de julio de 1976 iban a ser usadas para secuestrar a un centenar de personas.

La historiadora Silvia Nasiff, que escribió varios tomos sobre la lucha de los trabajadores azucareros tucumanos, sugiere leer varios artículos. Dice que en el ingenio San Juan existen diez denuncias de trabajadores desaparecidos, en su mayoría directivos del gremio, y que son varios más si contamos los que recuperaron la libertad. La doctora Nassif, que con 35 años dio charlas en Oxford, Barcelona y México, forma parte de los 700 investigadores con doble recomendación despedidos del CONICET que además de luchar por su ingreso al Consejo Nacional de Investigaciones pelean para que no privatice la universidad pública.

En Virasoro, los patrones de la agroindustria yerbatera se cargaron a los sindicatos rural y de la alimentación. “A partir de marzo de 1976 esta clase de hechos han dejado de producirse en su totalidad”, declaró Adolfo Navajas Artaza en 1978 en la causa judicial que impulsó contra los directivos de los gremios Marcelo Acuña, Pablo Franco y Ramón Aguirre, que fueron secuestrados, desaparecidos y legalizados más tarde, aunque se comieron cuatro años presos. El hoy nonagenario empresario se refería entonces a la “abierta rebelión contra las normas de trabajo”.

Pablo Franco antes, como Pablo Campos ahora, dieron una batalla desigual. Pablo, el de Virasoro, tiene 65 años y declaró de forma magistral hace dos meses en el juicio. Ahora manda un mensaje cargado de bronca: “No era necesaria otra humillación, otro maltrato, pero nos vamos a reponer con la ayuda de la familia, de los compañeros, y seguiremos construyendo con amor, con solidaridad militante, mejores condiciones de vida para este pueblo trabajador que hoy vuelven a avasallar”.

Desde la unidad de Lesa Humanidad del Ministerio Público Fiscal de Corrientes, Marisa Sanauria fue una de las personas que más trabajó para sacar esta causa adelante. Su análisis pone en eje el “combo de la responsabilidad empresarial y judicial”. Se refiere a la absolución y a la forma en que el propio tribunal desgranó durante seis años la causa, hasta que quedó apenas un imputado con un solo cargo de participación secundaria. Luego agrega: “La segunda parte del fallo es altamente relevante, porque si bien no rechaza al pedido del fiscal le dice ‘revisá vos el expediente si querés, yo no lo voy a hacer’. O sea absuelve y no va contra los empresarios”.

Sanauria se refiere al pedido que el fiscal Ferrini realizó la semana pasada de enviar las copias de la causa a la fiscalía de instrucción de Paso de los Libres, para volver a investigar al jefe Navajas Artaza por hechos por los cuales en 2008 fue sobreseído sin tomársele declaración indagatoria y previa excusación de 19 jueces. El tribunal no se tomó la responsabilidad de recomendar él mismo esta investigación, lo que resulta congruente con el esmero que puso desde la primera audiencia en evitar escuchar los relatos de los testigos víctimas que evidenciaban la represión en Las Marías.

Un grupo grande de víctimas, familiares, organismos de derechos humanos y periodistas formaron el Colectivo “Justicia para Virasoro” (JPV). Se organizaron para asistir a todas las audiencias del juicio, pese a las inclemencias temporales, las distancias y las disposiciones del tribunal, que impactaron con la contundencia de una fatalidad natural más. En esta red se sintió el calor humano, la solidaridad, el acompañamiento. Circularon mensajes de fuerza y aguante, de broncas y angustias, fotos y videos. El último video  es el de la transmisión online por Facebook de las palabras del imputado. Torres Queirel se tomó cuatro minutos para ratificar su inocencia y limpiar su apellido:

—Mi principal preocupación en todos estos años, que son muchos, ha sido el cuidado de mi salud y mi ánimo para llegar a esta instancia en las condiciones más aceptables. Mis antecedentes personales son conocidos por casi cincuenta años de actuación publica en la provincia de Corrientes. (...) Esta presencia en la vida pública y en actividades privadas de distinto tipo especialmente en la actividad ganadera y agrícola, me han llevado a apreciar a la gente de Corrientes y en todas las circunstancias he tratado de volcar mis modestos conocimientos hacia el beneficio de la gente. Uno de los ambientes donde más se puede ver esta decisión ha sido justamente cuando estuve a cargo de la intendencia de Gobenador Virasoro donde fui el intendente con más cantidad de años en el ejercicio de la conducción de la comuna.

No habló de la subversión. El alegato del fiscal no sólo estuvo orientado a reafirmar la conexión lógica entre la represión de los trabajadores, las demandas y organización de los mismos por sus derechos y los intereses económicos. Fundamentalmente se centró en el rol de interventor militar del teniente Torres Queirel, a quien ningún correntino de los que amaba votó para que estuviera allí tanto tiempo, ni mucho menos. La fiscalía demostró con copiosa documentación que este empresario y militar era desde su rol político el coordinador de las operaciones represivas en la localidad.

Después de conocerse el veredicto, Ferrini subrayó: “Es totalmente improbable que [el grupo de tareas] hayan entrado y salido varias veces al lugar de los hechos, el campo María Aleida, sin el acuerdo previo de Torres Queirel no sólo como dueño del campo sino como jefe militar”.

El colectivo JPV emitió un documento poco después de conocer el fallo: “Nos quedamos sin Justicia. El tribunal cerró el círculo de impunidad. La absolución de Torres Queirel niega la existencia del Terrorismo de Estado en Virasoro”. Entre los miembros del grupo se encuentran Jorge Catalino Pérez, que trabaja como peón en actividades rurales y es  hijo de Neri Pérez, tractorista de Las Marías y directivo del gremio rural desaparecido el 2 de junio de 1977 y muerto bajo tortura pocos días después. También está María Bernal. Su papá Jacinto fue secuestrado junto a Neri Pérez, pero escapó a la muerte unos meses más tarde. María pregunta si todo quedó en la nada: “Dios es el ser supremo, sus ojos están como llama de fuego, su justicia es más fuerte, ánimo compañeros, estaremos juntos en la batalla”, reflexiona.

Esta vez el acompañamiento no fue tan masivo como en otras jornadas. Lo impidió el tribunal. Nunca comunicó con precisión el cronograma del proceso. En dos ocasiones suspendió la inspección ocular a la estancia María Aleida, a la que accedió en una primera ocasión pidiendo permiso a la defensa y sin comunicar la medida a la fiscalía. Nadie sabía que día iban a ser los alegatos y el veredicto con más de un día de anticipación. El máximo despropósito se vivió el martes pasado, cuando todavía no eran las doce del mediodía y tras escuchar el alegato de la fiscalía y de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, el presidente Alonso comunicó que el alegato de la defensa y el veredicto se daría a conocer el jueves. Muchos de los presentes que viajaron desde Posadas, Buenos Aires o la mismísima Virasoro, tuvieron que volverse con toda la frustración encima.

Entonces se pensó que la decisión del tribunal o bien se debía a que el alegato había resultado tan contundente que el tribunal podría verse obligado a cambiar una absolución ya decidida de antemano o que quería sacarse a la gente de encima. “Es lo que prepararon, para hoy sólo despejaron la cancha, para que no molestemos”, se leyó en un mensaje. Influyó en la menor presencia también el hecho de que los frentes de lucha para el campo popular se multiplican día a día: “Hoy era un día muy complicado, este país se prende fuego por donde mirás, en el Consejo Deliberante se estaba justo tratando un proyecto inmobiliario importantísimo que impulsa el macrismo que se lleva puesto todos los bienes del Estado, entre ellos el Regimiento 9, un Espacio de Memoria que todavía no se entregó, pero tiene una cautelar encima”, dice Sanauria.

El juicio concluyó como comenzó, custodiado de forma desmedida, por el tribunal y por las fuerzas de seguridad. “Es un retroceso muy grave. Estamos ante una nueva desaparición de Peralta y Neris Pérez”, dicen desde el colectivo JPV. “Seguiremos construyendo la condena social para Las Marías”, concluyen. No dejan que se apague el ánimo, pese a todo, estos bravos de Virasoro: “El triunfo –leen en el grupo— es de ustedes compañeros y compañeras, que dieron la batalla en el feudo. Lo sentaron en el banquillo. ¡Fuerza! Algún día Virasoro tendrá un momumento a los compañeros que dieron la vida por luchar contra la explotación”. No falta mucho. El pasado sábado, el Plenario Provincial de la CTA de Corrientes funcionó bajo la advocación de Marcelo Peralta y Neri Pérez.

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