Si el subte pierde, perdemos todos
El otro lado del conflicto con los Metrodelegados
El martes 22 de mayo los trabajadores del subte estaban llevando a cabo una nueva medida de fuerza, en reclamo por su legítima intervención en la paritaria. Los trabajadores organizados en la Asociación Gremial de Trabajadores de Subterráneos y Premetro (AGTSyP) reclaman la posibilidad de intervenir en la negociación salarial que se cerró con el magro acuerdo librado entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y el Gobierno de la Ciudad por el 15%.
Se trataba de una acción gremial programada para las líneas E y H pautada desde las 0 a las 12 horas. En ese plazo, los trabajadores no brindarían servicio al igual que se venía realizando los días previos en las otras líneas. Los Metrodelegados, a través de distintos medios a su alcance, dieron difusión previa del corte de servicio para que los usuarios puedan buscar otros medios alternativos. Pero, si en las otras oportunidades el derecho constitucional de huelga había sido respetado por el Gobierno de la Ciudad, el martes se decidió reprimir. La policía actuó de oficio sin orden de un juez, y dirigentes, delegados y trabajadores sufrieron en carne propia un brutal ataque que implicó la detención de 16 de ellos.
Cualquiera con un cuadro de la situación sindical del subte sabía que, decidida la represión, el resto de las líneas iban a paralizarse. Era obvio que luego de ser agredidos los trabajadores demostrarían su poder, son ellos los que garantizan el servicio, si ellos lo desean lo paralizan. Más aún si hay golpeados y detenidos, como ocurrió.
El Jefe de Gabinete porteño no se cansó de decir en cada declaración que se trataba de una “huelga ilegal” y que desde el gobierno “no van a permitir que tomen de rehenes a los vecinos”. El subte no es un servicio esencial, por lo que no es necesario garantizar un servicio mínimo. Esa cuestión está saldada a partir de diferentes antecedentes internacionales, aunque se vuelva a ella de forma recurrente.
Igualmente, desde el gobierno la Ciudad quisieron destacar que el reclamo de los Metrodelegados era ilegítimo ya que no podían intervenir en la negociación paritaria. El argumento planteado es que a mediados de marzo, la Corte Suprema dejó firme la sentencia por la que se declaró la nulidad de la personería gremial otorgada a la AGTSyP a fines de 2015 por el Ministerio de Trabajo. (1) (2)
El gobierno porteño “cambió” su posición. Quedaba atrás una larga serie de negociaciones que desde 2013 se llevaron adelante con la intervención de la Subsecretaria de Trabajo, Industria y Comercio de la CABA, Metrovías por la parte empleadora, la AGTSyP por la parte trabajadora y Subterráneos de Buenos Aires S.E (S.B.A.S.E.). En buena medida, estas negociaciones se libraron de forma previa a la obtención de la personería gremial e incluso luego del reciente fallo de la Corte Suprema. El 23 de marzo se realizó una audiencia para discutir “la actualización de la escala salarial” que resolvió que “atento a que las partes han manifestado que no ha habido avances en el objeto del presente expediente, las mismas acuerdan pasar a un cuarto intermedio” para el 4 de abril. (3)
Es decir, hace un par de meses el Gobierno de la Ciudad se sentaba a discutir salarios con los Metrodelegados y en la actualidad no sólo lo niega de forma rotunda, sino que reprime salvajemente a los trabajadores que ejercen el derecho constitucional de huelga.
¿Qué elementos podemos visualizar que se desprenden de este “cambio” de perspectiva? Podemos pensar que hay varios objetivos que confluyen en esa decisión política. En primera instancia, los Metrodelegados vuelven a poner el dedo en la llaga, colocando en el centro de la escena que un sindicato no está dispuesto a perder poder adquisitivo del salario de los trabajadores que representa, uno de los derechos que tanto costó conquistar. Si desde el poder gubernamental era tolerable hace un tiempo este reclamo, cuando los análisis planteaban que la inflación iba a superar por unos puntos el 15%, la nueva situación impuesta luego de la última devaluación no permite aceptar la demanda del subte, con lo cual es clave llevar adelante un castigo ejemplificador para que esta no se generalice.
Queda claro que, con la medida, el Gobierno de la Ciudad buscó como aliados a los usuarios del subte. ¿Quién va a comprender a los trabajadores en su medida de fuerza cuando la gran mayoría de los “vecinos” lo único que quiere es volver a su casa luego de una extenuante jornada de trabajo?
Más allá de la reprobación individual de los usuarios, los trabajadores del subte recibieron una amplia y generalizada solidaridad. A la comisaría se acercaron varios secretarios generales como Sergio Palazzo (La Bancaria) referente de la Corriente Federal de Trabajadores, Eduardo López (UTE), Daniel Catalano (ATE – Secc. Capital) por la CTA de los Trabajadores, el “Pollo” Sobrero (Seccional Oeste de la Unión Ferroviaria) y dirigentes del movimiento social como Rafael Kleijzer de la CTEP. La solidaridad hacia los Metrodelegados llegó desde cada punto cardinal, seccionales, sindicatos provinciales y nacionales expresaron su repudio. La misma CGT reclamó en un comunicado "la urgente liberación de los dirigentes detenidos por ejercer el derecho de la protesta social y la cesación de cualquier tipo de intervención de las fuerzas policiales en los conflictos gremiales”.
Podemos advertir que esta no es la primera vez que los trabajadores del subte sufrieron una represión y fueron encarcelados. En aquellas oportunidades, su arco de sustentación política era por demás limitado, se ubicaba en algunas franjas de la izquierda partidaria e independiente. No obstante, la permanente construcción les permitió ir generando puentes y lazos que hilvanaron corrientes muy diferentes, que los posicionaron como un referente, no de un sector, sino del movimiento obrero. En esto ha sido decisivo el liderazgo de “Beto” Pianelli y Néstor Segovia.
El otro elemento no menor que podemos reconocer en la embestida hacia los trabajadores del subte es la licitación nacional e internacional para concesionar el servicio en un futuro próximo. Las ofertas pueden presentarse hasta el 3 de julio y el nuevo operador estará a cargo de la red desde el 1 de enero de 2019.
Para Metrovías, la AGTSyP ha sido un duro escollo que ha puesto en aprietos a sus mandos gerenciales en más de una oportunidad. Durante los '90, con una desocupación galopante, los trabajadores comenzaron a organizarse y lograron la estabilidad de los puestos de trabajo. El crecimiento de la fuerza gremial se tradujo en la dirección del cuerpo de delegados, que fue obteniendo importantes conquistas, varias de ellas con eje en la salud de los trabajadores, como la recuperación de la jornada de trabajo de seis horas, perdida con la privatización del servicio. Una serie de triunfos permitieron casi erradicar la tercerización de los diferentes sectores, como las tareas de limpieza y control de acceso. Incluso se pudo poner freno al constante intento por flexibilizar los puestos de trabajos. Todo ello a partir de una intensa tarea de construcción sindical, que alcanza una sólida representación en la base a partir de la acción cotidiana de los delegados.
Este panorama no resulta atractivo para los próximos inversores, con lo cual resulta necesario dejar de lado a los Metrodelegados y que la UTA sea el interlocutor de las futuras negociaciones que —como se sabe de antemano—, privilegiarán el interés empresario. El gobierno liderado por CEOs recurrió a las fuerzas represivas para avanzar con sus negocios. Los trabajadores del subte se encuentran frente a un nuevo desafío. Esto no es nuevo para ellos. Han superado múltiples adversidades, la organización sindical que han creado y las conquistas logradas son fruto del esfuerzo constante de decenas y decenas de militantes. Hemos subrayado que los intereses políticos y económicos que enfrentan en la actualidad son mayúsculos. De igual manera, la envergadura del conflicto nos marca, como planteó su secretario adjunto cuando estaba ilegalmente arrestado: “Si el subte pierde, perdemos todos”.
(1) El ex Ministro Tomada otorgó la personería se otorgó el 26 de noviembre de 2015. Resolución N° 1601/ 2015.
(2) Recordemos que el mismo día en el que la Corte Suprema daba a conocer este fallo tan caro a los intereses de la UTA, esta organización sindical aceptaba lo estipulado por el gobierno nacional, al acordar el 15% de aumento salarial para el 2018.
(3) Acta de Audiencia. Expediente N° 2018-07532160-MGEYA-DGNLAB. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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