¿Servicio? ¿Cívico? ¿Voluntario?

 

Cuando se acerca la fecha de las elecciones presidenciales, cada vez más voces tratan de convencer a los votantes de que es necesario hacer algo por la seguridad. Así se inicia una carrera imparable: planteos más cercanos a la fantasía que a la realidad, sin fundamentos serios y escasos o nulos antecedentes que los justifiquen.

Para muestra, docenas y docenas de botones: chorros muertos a palos, linchados por vecinos sedientos de sangre, cámaras por todas partes, presencia de Gendarmería y fuerzas de defensa en áreas urbanas, cambios en las tipificaciones de delitos, códigos de faltas que endurecen penas o penalizan conductas que antes eran derechos civiles, marchas de víctimas de delitos pidiendo penas de muerte como sinónimo de justicia y ríos de tinta en la prensa canalla, que no sirve para bajar estadísticas de delitos contra la propiedad y la violencia contra las personas.

Líderes políticos de casi todas las doctrinas plantean con insistencia la necesidad de medidas más severas para eso que llaman delito e inseguridad. En esta oportunidad, el gobierno nacional con apoyo de algunas provincias se adelantó a las promesas y en forma inconsulta desde el Ministerio de Seguridad planteó el clásico bianual: servicio cívico voluntario.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, fueron los encargados de explicar los detalles del nuevo Servicio Cívico Voluntario, una colimba voluntaria en manos de Gendarmería. Los funcionarios también se encargaron de confirmar el carácter regresivo. “Es para los chicos que hoy no están haciendo nada, que están en la calle y no están estudiando, que han abandonado el secundario”, dijo el ministro. “El objetivo principal es adentrar a los chicos y jóvenes en el sistema de responsabilidad de valores, el valor de la disciplina, van a saludar a la bandera todas las mañanas. Habrá talleres de orientación vocacional, de primeros auxilios y talleres de oficios que va a permitir a los jóvenes encontrar una orientación”, explicó Bullrich.

El Servicio Cívico Voluntario piensa como destino a jóvenes de 16 a 20 años en supuesta situación de vulnerabilidad social para ser contenidos en las unidades militares. En los fundamentos, el proyecto plantea como antecedente la experiencia de la provincia de Mendoza. El convenio de 2005 entre el ministro de Defensa José Pampuro, el jefe del Ejército Roberto Bendini y el Gobierno de Mendoza mostró un rendimiento declinante. Ese año, ingresaron 254 alumnos y egresaron 111; en 2006 entraron 187 y finalizaron 103; en 2007 entraron 262 y finalizaron 137 y en 2008 ingresaron 113 y egresaron 58. El resultado fue por “la falta de adaptación a la convivencia, al grado de inasistencias, la falta de adecuación a los horarios a cumplir y la disonancia con las expectativas generadas”, según el informe oficial del Ejército.

Varios funcionarios y periodistas hablan de la experiencia mendocina durante el gobierno de Julio Cleto Cobos y a cargo de su esposa de ese entonces, como exitosa.

En la Argentina se encuentra vigente el protocolo sobre Protección de los niños en conflictos armados que se opone, en principio, a cualquier actividad dentro de los cuarteles. Entonces, ¿por qué pensar en políticas públicas que se desarrollen allí  y no utilizar los espacios donde los chicos podrían participar como la historia lo demuestra? La escuela, el barrio, los clubes y las asociaciones, los centros comunitarios, las universidades, ¿no son lugares más amigos de los jóvenes ?

Con la capacitación para el uso de armas se promueve lo contrario. La Convención sobre los Derechos del Niño plantea que no podrán manipular armas. Esos protocolos y convenciones están en la Constitución desde 1994. El Servicio Cívico Voluntario que tiene bastante de servicio, poco de cívico y casi nada de voluntario, alejaría a las Fuerzas de Seguridad de su misión específica.

La capacitación en algún oficio para la reincorporación en el mercado laboral es uno de los objetivos del Servicio Civil Voluntario. Especialistas analizaron efectos del Servicio Militar Obligatorio suprimido hace tres lustros. Indican que entre ex soldados, hay mayores tasas de delito, con mayor conocimiento del manejo de armas y con ciertos contenidos de la formación militar que los llevaba a una mayor cercanía del uso de fuerza para la resolución de conflictos.

Este plan destinado a lo que denominan jóvenes en riesgo no indica a qué se refiere con situación de riesgo. Por lo tanto, podría ser cualquier cosa: riesgo físico, mental, riesgo frente a catástrofes, riesgo sísmico o social. La lista podría ser interminable. Ninguna organización civil ni el Congreso fueron consultados.

Muchos, por distintos motivos, critican a las Fuerzas Armadas por su rol en la historia lejana y reciente de nuestro país. Una manera de actualizar posiciones es adjudicarles un rol acorde al devenir democrático y a la situación contemporánea. Si queremos Fuerzas Armadas y de Seguridad tienen que ser altamente profesionalizadas, con apego a las leyes y para protección y defensa de los ciudadanos y la Nación. Los actuales integrantes de estas instituciones no se forman para cuidado de adolescentes y de jóvenes, para su educación, ni para alejarlos del delito ni de lo que llaman riesgo social. Y los resultados acerca de cómo terminan muchas de sus intervenciones en conflictos sociales son bien conocidos.

Para eso, hay otras instituciones especializadas. Se llaman escuelas, colegios, facultades y universidades, clubes. También hay otros lugares dedicados especialmente a la educación social, las artes, las ciencias, los oficios, la tecnología, el desarrollo, el trabajo, la cultura y la formación espiritual y emocional.

Allí tienen que estar los jóvenes.

 

 

 

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