Servicio abusador obligatorio

Denuncias y condenas por violaciones contra soldados voluntarios en cuarteles de todo el país

 

La intentona gubernamental por instalar un nuevo debate con su propuesta de servicio obligatorio para jóvenes no contempla los abusos, violaciones, torturas, atentados y muertes producidas en cuarteles contra sus voluntarios.

Bajo la luz de esa bengala, esta semana culminó el proceso judicial a un militar por violar a una subalterna, el más reciente de una larga lista de casos en la última década, que incluyen la cobertura del gobernador de Jujuy al mando militar que protegió al abusador.

Para las mujeres no hay profesión ni sitio de resguardo. A mediados de este año, una soldado denunció que un tipo le eyaculó detrás de su jean en un tren atestado en Lanús. Era el subcomisario AMS, residente de Monte Grande, con funciones en la Comuna 2ª de la ciudad de Buenos Aires. La soldado debió dejar como prueba su pantalón manchado. Si alguien cree que hubiera estado más segura dentro del cuartel, van las pruebas en contrario.

 

Subcomisario eyaculador.

 

¿Querés saber quién soy?

Un teniente 1° del Ejército Argentino, Pedro Roberto Trogliero, acaba de ser condenado por violar a una subteniente dentro del Batallón de Ingenieros de Monte 12 en Goya, Corrientes.

Según testimonió el oficial Ernesto Ruiz, aquel ya había sido detenido “por tocar mujeres en el boliche, tiene cuatro denuncias por acoso o abuso”. Fue liberado por sus contactos, agregó. Varios suboficiales alertaron sobre un conflicto de otra camarada con Trogliero, descripto como un jefe fuerte, acusado de “desbordes”.

Una noche en julio de 2023, Trogliero propuso salir a bailar. La subalterna ANT, de 30 años, quien llevaba un mes allí, relató ante un Tribunal Oral de Corrientes lo que padeció al regresar: “Estaba cansada; había tomado Fernet; me saqué la ropa y me acosté. Desperté con alguien arriba, con la penetración, le dije ‘salí’ y contestó: ‘¿Querés saber quién soy? Trogliero’”.

Luego de la violación “quedé en shock, no sabía qué hacer, a quién contarle. Pasar esta novedad era como ensuciarme a mí misma”, atestiguó. Encima, él seguía por mensajes: la invitaba a su cuarto.

El oficial Ruiz declaró que “Trogliero contó que la subteniente lo estaba denunciando. Dijo: ‘Bien que cuando me la cogí, no se quejaba’”.

Este miércoles fue condenado por unanimidad a diez años de prisión.

 

Pedro Trogliero (izquierda), condenado por violador. Foto: Diario Norte.

 

Entre Ríos

Hacia octubre de 2017, en Paraná, una voluntaria era acosada por el sargento Bruno Acosta desde mensajes de WhatsApp y redes. Durante los festejos de fin del Núcleo de Instrucción Básica, fue llevada a una habitación del Escuadrón de Comunicaciones, por Acosta y el capitán Juan Manuel Videla. Allí, Gerardo Elías Rivoldi “le agarró la cara, comenzó a besarla, ejerció fuerza sobre ella contra la pared, mientras procedía a manosearle la cola y los senos”. Un Tribunal Oral condenó a Rivoldi y absolvió a los otros, fallo que en junio de 2023 revocó la Cámara de Casación por no haber considerado la perspectiva de género.

 

Entre Ríos. Foto: diario Uno.

 

 

No hay tres sin cuatro

Entre 2016 y 2021, mujeres en servicio militar voluntario fueron víctimas de violencia sexual por parte de tres imputados del Escuadrón “Dragones de Zelaya”, cuando el jefe era Juan Candiotti, bajo detención preventiva desde abril de 2023.

Una cuarta voluntaria relató, en abril de este año, una violación en las duchas. Fue acompañada por el jefe actual, mayor Tomás de Vergara, a hablar con su familia y a denunciar en una Fiscalía.

El Ejército informó que “en relación con una denuncia de género presuntamente en el cuartel del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada 2, en Gualeguaychú, el hecho habría sucedido en febrero de 2024 y serían protagonistas personal de la misma jerarquía. El denunciado ya no integra el Ejército. Las autoridades de la unidad implementaron las medidas establecidas por la institución, junto a la oficina de género”.

Es un cambio respecto de la actitud del mayor Juan Candiotti, que espera su juicio por encubrir al suboficial Víctor Hugo Mercado, sindicado como abusador, como informara El Cohete en la nota Los miserables del Ejército, donde se enumeraron media docena de abusos.

Ahora, Candiotti suma un proceso por pedofilia: en su celular tenía 69 fotos y 249 videos sexuales de criaturas menores de 13 años.

 

Los peones

También en Gualeguaychú, esta semana se amplió el procesamiento por una nueva imputación al soldado Milton Joan Marín, acusado de abuso a una voluntaria en el regimiento. Quedó con prisión preventiva en la U9.

Así como la fuerza cumplió su protocolo ante el soldado de Entre Ríos, también se puso firme en otro caso contra un integrante de su último escalafón: “El Ejército separará al acusado de violación en Santo Tomé si se prueba el delito”, anunciaron desde Santa Fe en 2018. De acuerdo a la institución, cuando una voluntaria lo señaló, la asistieron “a través del oficial de género de la unidad”, iniciaron “actuaciones para separar al responsable”, repudiaron toda “violencia de género” y autorizaron a la Policía a ingresar.

Tampoco encubrieron al soldado acusado del femicidio de una estudiante de Puerto Iguazú hacia 2019, condenado a prisión perpetua en 2021. Ni al soldado Jorge Rojas, filmado mientras trasladaba el cadáver de su pareja, la marinera Agustina Nadal (Bahía Blanca, 2022).

Dejaron ir a Joel Exequiel Rodríguez, voluntario en el Grupo de Artillería Blindado 1 de Azul, con dos causas por “violación de domicilio” y por “lesiones leves agravadas” contra su ex pareja, detenido en octubre de 2024 como probable autor de su “privación ilegal de la libertad agravada”.

No son tan diligentes cuando hay jinetas.

 

“Sentate ahí, es una orden”

Un militar admitió haber violado a una voluntaria de 20 años en un cuartel de Mar del Plata. El sargento 1° Franco Vizcarra, que doblaba su edad, invitó a TYM a tomar mate, hasta que ella recibió un llamado para verse con una amiga. Él le quitó y apagó su teléfono, le metió mano en una pierna, insistió con que se sentara en la cama y ante su negativa, gritó: “Sentate ahí, es una orden. Tengo que pasar revista de tu tatuaje”. Experto en artes marciales, la sujetó, cerró la puerta con llave, le tapó la boca, la tiró a la cama y la forzó.

“Llegó a penetrarme nada más, no eyaculó ni nada”, declararía ella. Lo denunció ante su superior y el jefe de turno, quienes la acompañaron a la Comisaría, asistida por el abogado Ariel Ciano (concejal del Frente de Todos). Según la Dirección Municipal de la Mujer, padeció “nerviosismo, pesadillas y ansiedad” durante casi dos años.

Vizcarra, detenido días después, fue embargado en 2017 por medio millón de pesos, ya que según el juez Santiago Inchausti “abusó de la relación de autoridad”. Acordó cumplir una pena efectiva de seis años.

 

La guarnición de Vizcarra en Mar del Plata.

 

¿Justicia?

Un escollo puede ser el Poder Judicial. La Fiscalía de Chubut, a comienzos de 2018, desestimó la denuncia de una voluntaria contra un superior que la acosaba con propuestas sexuales que rechazó, por lo que el oficial comenzó a amenazarla.

El caso puso en juego la utilidad de tener un Consejo Municipal de la Mujer desde donde cuestionaron a la Fiscalía: “No escuchar a las chicas, las disuade de denunciar”.

Otra fiscal consideró la ley 26.485 de violencia contra la mujer y buscó más víctimas en el Regimiento de Caballería 3 de Esquel. Investigaron al militar por su acoso laboral contra el soldado novio de la denunciante y dispusieron contención para que la joven continuara sus actividades ya que, a pesar de la afección cardíaca padecida desde el acoso, el jefe la obligaba a participar en formaciones o tareas.

 

Regimiento de Caballería 3 en Esquel.

 

Pigüé

En septiembre de 2018, Juan Ignacio Rojas, del Regimiento X de Infantería Mecanizada, dispuso compartir la guardia con una soldado, para irse juntos al descanso. Así se le metió en su cama, le sacó la ropa y la penetró. Luego se paró al lado y quiso obligarla a tener sexo oral, mientras ella tiraba su cara hacia atrás.

El Ejército oyó al padre, pero a los cuatro días pretendía que ella volviese. El médico del cuartel le consiguió una psiquiatra. Debido al “estrés postraumático crónico”, le dieron de baja por incapacidad. Cuando el jefe del Estado Mayor del Ejército dictó que el ataque contra la integridad sexual y la sobreviniente afección guardaban relación con los actos del servicio, un Consejo de Disciplina destituyó a Rojas, quien en abril de 2023 fue condenado por un Tribunal de Bahía Blanca a siete años y medio de prisión, además de 3 millones de pesos por indemnización.

 

Doce monos

Tras una noche con ingesta de bebidas alcohólicas en el Regimiento de Caballería de Tanques 8 de Magdalena, una docena de soldados se burlaban de uno de ellos: “Qué feo estar borracho y no acordarse”, le dijeron al despertar. El voluntario, de 25 años, sentía dolor en la región anal; fue al hospital de Magdalena, donde recibió curaciones y un informe: presunto abuso sexual.

El Ejército comunicó que “el 16 de noviembre de 2020 un Soldado perteneciente a la Unidad militar en Magdalena informó que podría haber sufrido un abuso sexual durante una salida al terreno entre los días 21 y 25 de septiembre. Se indicó radicar la denuncia en la Comisaría. En el Ejército se iniciaron actuaciones”.

También de Magdalena, un cabo 1° del mismo Regimiento fue señalado por dos voluntarias en 2021. A la primera le enviaba mensajes “de contenido muy desagradable” y le pedía su teléfono. Ante la negativa, propuso “tener algo dentro de la unidad; que lo que pasara moriría allí”. Terminó con diez días de arresto por “vulnerar sus deberes y producir un grave menoscabo a la disciplina militar, descortesía y falta de respeto con otro Militar”.

Cuatro días después la emprendió contra una segunda, con besos y tocamientos en genitales, a pesar del rechazo de ella.

Fue procesado en 2023 por abuso sexual gravemente ultrajante por tocamientos y besos forzados, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en un caso de acoso verbal de forma personal y por chats. Su nombre no fue consignado por el Ministerio Público Fiscal.

 

Campo de Mayo

A septiembre de 2023, una voluntaria de 21 años denunció por abuso sexual a Damián R.A., un soldado de 24 que ejercía como su superior, quien la habría llevado engañada a un depósito, donde la amenazó con un arma blanca y la sometió. Noventa días después, él regresó a su puesto; ella, a seis meses del ataque, seguía bajo tratamiento psiquiátrico.

 

Tomala vos, dámela a mí

En noviembre de 2023, una voluntaria del Regimiento Monte 9 en San Javier, Misiones, denunció acoso laboral y persecución, luego de sufrir una lesión. “En junio del 2022, estando de instrucción militar, me rompí el ligamento de la rodilla”, relató. Su superior la “hacía correr todas las tardes, hasta que un día no aguanté más el dolor”. Dicho superior “insistía para que le invite a mi departamento para compartir algo, me sentía acosada por él”. Al ser cambiada de área, el acoso habría continuado por parte de otro militar.

 

En City Bell

Entre 2022 y 2023, FML, de 48 años, suboficial principal de Comunicaciones Satelitales 601 del Ejército, se insinuaba para mantener relaciones o amenazaba con dar de baja a quien se negara. A una voluntaria la alzó del short. Según otra: “Aprovechaba a levantarle la remera, tocar los pechos, intentar besarla en boca y cuello, tocar la cola, colocar las manos en la cintura y empujarla contra él para que sintiera su pene erecto, estirarle por detrás su pantalón a ver qué ropa interior tenía; pedía fotos de cómo estaba acostada”.

“Aprovechó su posición en la jerarquía militar”, dijo la Fiscalía, que lo hizo procesar por abuso sexual, de autoridad y amenazas, a lo que el juez Ernesto Kreplak sumó un embargo por 10 millones de pesos en julio de este año.

 

“Te cansan”

Distinto fue el caso del cabo Jonathan Romero Díaz y el sargento Carlos Ines, procesados con prisión preventiva; uno de ellos, acusado la violar a una joven de 17 años en el ex Comando V Cuerpo del Ejército, en Bahía Blanca, al inicio de la pandemia. Antes del juicio, la denunciante KMV se contactó con la Dirección de Asistencia a las Víctimas para contar que estuvo deprimida tras el fallecimiento de su pareja y que no sabía cómo reaccionaría si volvía a vivir eso: “Quiero desistir. Hay cosas que no recuerdo, pasaron cuatro años, hice borrón y cuenta nueva. Necesito seguir mi vida, lo mejor para mi salud mental y física”. Hacia octubre de este año, la causa fue archivada.

 

InMorales

Desde junio de 2019, en el Regimiento de Artillería 5 de Jujuy, una voluntaria soportó acosos diarios y pedidos de fellatio: “Si accedés, mantenés tu trabajo”, sugirió su superior, Walter Jesús Ayarde, hasta que en agosto fue violada: sufrió hemorragias internas y su resistencia le provocó puntadas con intensos dolores. Su relato fue difundido por la prensa local.

Debió ser operada de peritonitis abdominal. Internada, fue visitada por militares que, sin permiso médico, con la excusa de constatar, le arrancaron las vendas y presionaron las heridas.

Para que pidiera la baja, fue retirada de sus tareas de oficina y enviada a trabajar en limpieza. Cuando hizo la denuncia policial, “provocó reacciones alocadas del abusador y sus superiores”.

El sargento ayudante Ayarde amenazó con matarla de un tiro en la cabeza. Al regreso de su licencia por paternidad, la llevó a la oficina del titular del cuartel, la hizo requisar “como a un prisionero” y despojarle su celular, del que borraron los mensajes “por orden del jefe”. Ya en presencia del mandamás del Regimiento, amenazó: “No me importa que ponga abogado; el Ejército tiene cientos y saben cómo salir de todo”.

Debió tener custodia en la casa. Hasta allá fue “personal uniformado portando armas”. La amenazaban delante de los padres. Tras varios intentos de suicidio y una crisis con psicofármacos, fue internada. La madre acusó al Ejército: “No fueron capaces de enviar un psicólogo, pero le pusieron abogada y asistencia psicológica al sargento”.

Ante la orden de detención, el teniente coronel Gerardo Ramón Ángel Benegas se negó a entregarlo. “Está cumpliendo órdenes militares”, se excusó.

Ayarde fue detenido en 2020 y se negó a ser indagado.

Aunque el caso tuvo amplia cobertura, el jefe encubridor fue recibido por el gobernador Gerardo Morales en septiembre de 2021. Y a fin de año traspasó el mando en un acto con el intendente Raúl Chuli Jorge: “El teniente coronel Banegas es un jefe con el cual el Municipio y el gobierno de la Provincia trabajaron codo a codo”.

El militar dijo llevarse el cariño del pueblo: “Han pasado 1.077 días desde que me hice cargo, tres intensos años en los que he tenido el orgullo de ser jefe del Grupo de Artillería de Montaña 5. Haber sido designado jefe de Unidad fue la experiencia más desafiante que tuve como oficial y, gracias a Dios, pude hacerlo en Jujuy”.

Recién en diciembre de 2022, el sargento Walter Ayarde fue condenado por “abuso sexual con acceso carnal”.

Como gusta colegir su sector político, el titular del Poder Ejecutivo provincial no podía desconocer lo que hacían sus subordinados.

 

El entonces gobernador Morales con el teniente coronel protector.

 

 

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