Será justicia

 

Cuando empecé a estudiar derecho, la idea respecto que una justicia lenta no es justicia ya estaba acuñada.  A lo largo del tiempo, he tenido la oportunidad de leer infinidad de notas y artículos que referencian a esta cuestión de lograr una justicia que se materialice en un tiempo oportuno. Lo insólito es que en la mayoría de los casos, quienes están al frente de importantes cátedras de derecho en las universidades son precisamente miembros encumbrados del Poder Judicial, en general jueces, los cuales hacen gala de su condición de profesores titulares. Es decir que por un lado, enseñan a sus alumnos que la justicia debe proveerse de manera ágil y en tiempo oportuno de forma de reparar el daño acontecido, pero cuando actúan dentro de la justicia, ellos mismos son responsables de que cada juicio se convierta en una pesadilla de trámites interminables, y que en ocasiones hagan uso y abuso de los plazos dilatorios posibles. En la Argentina nos hemos acostumbrado a hablar de la “justicia descompuesta” haciendo referencia a lo que ocurre en Comodoro Py. Pero podría replicarse en otros fueros, y en particular me interesa mostrar por lo que debe transitar un beneficiario de la seguridad social cuando intenta hacer valer un derecho conculcado.

Parece una exquisitez referirse al derecho de la seguridad social en medio de la impudicia jurídica que vemos a diario, donde dos desvergonzados jueces, miembros de la Cámara de Casación Penal, firman un fallo de mayoría por el cual hacen trizas todas las garantías constitucionales para defender un fiscal corrupto, o los diarios Clarín o Infobae informando lo que resolverá la Corte en el caso de Amado Boudou como si fuera una carrera de infidencias del órgano máximo de justicia. Sin embargo, y a pesar de tanta ignominia, hay que seguir dando la batalla por los que menos tienen.

La actual estructura de la Justicia Federal de la Seguridad Social se la debemos a la triste dupla de Menem y Cavallo, quienes la modificaron en 1994 a través de una ley curiosamente llamada de Solidaridad Previsional. Pocas cosas más cínicas que el nombre de esta ley, ya que su objeto era posponer el pago de las acreencias de los jubilados y pensionados y disuadir a muchos de ellos de iniciar acciones atento lo estéril que seria comenzar una causa que demoraría 10 años en su resolución. Desde la visión neoliberal de aquellos tiempos, la movida fue exitosa y el objetivo lo lograron con holgura.

Han pasado 26 años y muy poco cambió, los juicios siguen demorando no menos de 10 años y pareciera que a nadie le importó que, en el camino, miles de jubilados y pensionados fallecieron sin ver reconocido su derecho. Crearon una justicia para los herederos. Hoy es una deuda de la democracia social de derechos no haber modificado de raíz el procedimiento, no haber intentado al menos aggiornar la preparación de los miembros intervinientes en el proceso – del juez para abajo, a todos–, para que comprendan cabalmente el alcance y dimensión de los derechos humanos de segunda generación, los derechos humanos vinculados a los derechos  económicos, sociales y culturales, no solo para enseñarlos o comentarlos en foros y congresos sino para respetarlos e incluirlos en sus análisis jurídicos de casos puntuales a resolver. Es fundamental que quienes tienen la tarea de brindar justicia en esta materia puedan identificar la diferencia existente entre un régimen de seguro social y un régimen de seguridad social. Para la justicia actual, la solidaridad social se evidencia en el reconocimiento de la proporcionalidad del haber en lugar de identificarla en el esfuerzo compartido que logra una justa distribución del ingreso nacional.

Esta justicia es muy costosa para los beneficiarios ya que, inexorablemente, tienen que contratar un abogado desde el inicio de la petición. El abogado sabe que el juicio que inicia demorará al menos 10 años, y como generalmente los abogados no cobran, o cobran poco, por iniciar el juicio, necesitan garantizarse que, cuando lleguen al final del proceso, les quede una parte sustancial del reclamo. Por lo tanto, el beneficiario no solo tiene que esperar 10 años sino que, además, cuando cobre tendrá que enfrentar una deuda con su abogado que saldrá del monto de su sentencia, ya que entre las maravillas que nos dejaron Menem y Cavallo figura el establecimiento de lo que en derecho se llama “costas por su orden”, es decir, que cada parte se hace cargo de sus gastos, a contramano del resto de la justicia contradictoria donde impera el sistema de costas a la vencida, es decir que quien pierde al juicio paga. Por otro lado, y relacionado a la necesidad de contar con abogado de parte, aquellos beneficiarios cuyo reclamo no es sustancioso a criterio del profesional padecen una auténtica denegación de justicia, porque es obvio que si el reclamo tienen poco monto difícilmente un abogado quiera atender un caso que tendrá que litigar 10 años y correr el riesgo de cobrar muy poco al final del juicio, por lo que se apresta a disuadir al posible litigante de iniciar acciones. En conclusión, solo acceden a la justicia menos de un 5% de beneficiarios, y son precisamente aquellos que tienen los haberes más altos.

Más patético aun es el caso de aquellos a quienes les denegaron el acceso a la jubilación o la pensión, o a la invalidez, ya que si quieren reclamar deberán recorrer el mismo camino que demorará los fatídicos 10 años. Es decir que a los 60 años las mujeres y a los 65 los hombres, se presentan en una oficina de ANSES a iniciar el trámite, allí le pedirán las pruebas que eventualmente les falten, intentará conseguirlas, y si no logran todas las necesarias les denegarán el beneficio. Entonces tendrán que presentar un recurso administrativo para que reconsideren su caso, o eventualmente acudir ante la CARSS, que es un órgano administrativo que revisa si fue bien denegado o no. Si la CARSS confirma la denegatoria, recién ahí se habilita el reclamo judicial. Este recorrido administrativo previo consume un año aproximadamente, y a partir de allí empiezan a contarse los desesperantes 10 años. Mientras quienes reclaman por un reajuste están percibiendo al menos el beneficio, estas personas no están cobrando nada, y lo que es peor, saben que en los próximos 10 años no cobrarán nada.

Para que se entienda como es el juego de los tiempos judiciales, en diciembre de 2017, bajo el gobierno de Macri, se modificó la fórmula de movilidad jubilatoria, lo cual motivó que yo presentara un amparo, que es el procedimiento judicial más dinámico del derecho contradictorio, la Constitución habla de “acción expedita y rápida”. Esta acción llegó a la Corte Suprema el 4 de octubre de 2018 y a la fecha la Corte no se ha dignado resolver la “acción expedita y rápida”. Es decir, lleva ya más de dos años sin resolver. Esta es la justicia que tenemos.

Cada vez que planteé este tema recibí la misma respuesta: si se abrevia el procedimiento se generaría un pasivo muy alto que no podría afrontar el gobierno. Creo que esa respuesta más que una explicación es una muestra de cinismo explícito. Todos sabemos que la deuda existe, pero para no reconocérsela y no ponerla como déficit, se distorsionan los conceptos y se hace trampa sin tener en cuenta que eso hace daño a los más vulnerables. Parece mentira que para evitar un asiento contable y mentir en las cuentas públicas sea necesario hacer tanto daño.

En pocos días verá la luz una nueva formula de movilidad jubilatoria, lo que es una enorme noticia, esperada y ansiada por todos. En ese debate el gobierno tomó otra gran medida, eliminar del texto de la ley lo que se había anunciado respecto de que el 5% de aumento otorgado como movilidad para el mes de diciembre sería un pago a cuenta de la movilidad de marzo, eso significa otro gran logro político porque demuestra que hay un gobierno que escucha, reflexiona y cambia si lo considera necesario. Un gobierno que cede ante los más débiles y se pone firme con los más fuertes es un gobierno nacional y popular.

Para modificar la justicia de la seguridad social y generar una alternativa ágil y dinámica que beneficie a los titulares de derechos previsionales no es necesario hacer una reforma demasiado audaz, solo unos pequeños cambios serían suficientes:

• Ampliar la competencia de la Comisión Revisora de la Seguridad Social (CARSS), para que pueda resolver reajustes.
• Crear la figura del defensor de los beneficiarios, quien acompañará al beneficiario durante todo el proceso. Esta intervención será gratuita por lo que podrán reclamar aquellos que tienen pequeñas sumas que cobrar.
• Que las denegatorias de la CARSS sean resueltas directamente por la Cámara Federal de la Seguridad Social.
• La primera instancia habría que transformarla en juzgados de ejecución de sentencia para que la sentencia salga de la justicia con el detalle de la liquidación a ejecutar. De esta forma, se eliminaría una de las grandes pesadillas de los que ganaron un juicio, que es percibir sus acreencias. El expediente con sentencia firme viaja al área de liquidación de sentencias, y permanece allí aproximadamente dos años con el fin de demorar el efectivo pago, luego de ese plazo procede a hacer la liquidación final y ponerla al pago. Generalmente estas liquidaciones, por diversos motivos, son mal hechas por lo que se produce un efecto “calesita” que significa que una sentencia se liquida mal, hay que hacer una ejecución de sentencia para que se revise la liquidación, se vuelve a liquidar mal, se hace una nueva liquidación y así sucesivamente.

La propuesta es una modificación muy simple, de muy bajo costo y fácil de hacer, los recursos humanos están disponibles, es solo cuestión de voluntad política. Un procedimiento como el propuesto difícilmente demore más de uno, o a lo sumo dos años entre que el beneficiario hace el reclamo administrativo y el cobro efectivo del monto reconocido por la sentencia. Permitirá frenar la calesita ya que la sentencia saldría líquida de la justicia y ANSES solo se limitaría a pagarla. En fin, es un cambio sustancial desde el punto de vista del beneficiario, simple de hacerse y oportuno donde, insisto, solo hace falta voluntad política.

 

 

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