“Ser pobre es un delito”

 

“La policía, la policía”. Los gritos de sus vecinos sacaron de un tirón a Paola Camargo de la cama que compartía con sus tres hijxs –de siete, tres y un año– en una de las casillas de la toma “Fuerza de Mujeres”, en el barrio Padre Carlos Mugica (ex Villa 31). Se vistió como pudo, salió y apuró el paso. La toma se había teñido de azul. Policías con chalecos celestes sacaban a las familias de los hogares precarios, mientras que otrxs armados, con cascos y escudos bajaban de los ómnibus, rodeaban el predio y cerraban las calles linderas. Pensó que nunca había visto tantos uniformados juntos. Cuando llegó a la plazoleta del centro de la toma una persona de la Fiscalía 11, a cargo de Valeria Messaglia, leía un papel. Era una orden de allanamiento firmada por Patricia Ana Larocca, jueza en lo penal, contravencional y de faltas número 12 de la Ciudad. Más de 50 mujeres con niñxs, y unos pocos hombres escuchaban en silencio. “Proceda al allanamiento con el objeto de que se lleve adelante el desalojo de la totalidad de los ocupantes y se establece inmediatamente restitución del mismo en favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bueno Aires”, decía el documento.

Al finalizar la lectura, los funcionarios anunciaron que tenían diez minutos para sacar sus pertenencias e irse. Paola volvió a su casa, que ya se encontraba rodeada de policías. Abrazó a sus tres hijxs que recién se despertaban y no quiso salir. No podía perder lo único que tenía. Junto a su pareja habían limpiado ese terreno, un basural lleno de escombros, a fuerza de pico y pala. Habían construido su casa con maderas, chapas y lonas, instalado un baño, luz y recientemente habían hecho el piso con cemento, para que sus hijxs no se embarraran cuando llovía. Todo lo que tenían se lo llevó el fuego en unos pocos minutos y luego fue removido con una topadora. “La policía prendió fuego mi casa con mis hijos adentro. No les importó nada. Fue desesperante. Mis hijos se asustaron y no querían salir, me ayudaron los vecinos a sacarlos y que no sea una tragedia. Los policías nos miraban, nos amenazaban y se burlaban de nosotros. No nos dieron tiempo a sacar las cosas. No tuvieron piedad ni de los niños. A muchos los sacaron a empujones”, cuenta la mujer a El Cohete a la Luna.

 

 

 

Eran cerca de las 7 de la mañana del jueves 30 de septiembre. Se cumplían exactamente tres meses desde que 40 mujeres habían entrado a esos terrenos. Se habían unido por ser víctimas de violencia de género. Todas habían tenido que dejar su hogar, algunas no tenían plata para alquilar una habitación en el barrio –que cuesta cerca de 12.000 pesos– y a las que sí lograban juntar el dinero no les querían alquilar porque tenían hijxs. A esas primeras 40 mujeres en seguida se les sumaron otras con niñxs y hasta algunas familias con hombres. En total eran 100 familias, con más de 180 niñxs y adolescentxs. Como contamos hace algunas semanas en El Cohete, la esencia de la toma era representada por su nombre. El 80% de quienes vivían allí eran mujeres, jefas de hogares monomarentales, quienes reunidas en asamblea decidían los pasos a seguir en reclamo por el derecho a una vivienda digna.

Albina Espinoza fue una de las primeras en instalarse. Había sufrido violencia por parte de su última pareja, padre de uno de sus hijos, y se había escapado del hogar que compartían junto a sus tres hijos, mellizos de cinco años y uno de dos años. Cuando la policía llegó también estaba durmiendo. A ella y a sus hijos los sacaron de la casilla tironeándolos de los brazos. Con un hilo de voz temblorosa relata: “Resistí lo más que pude en mi casita, con mis hijos. Después me sentí mal, tuve ataque de pánico. Nadie me contuvo. Salí a buscar agua y cuando quise volver me retuvieron los policías. Vi que mi casa ya no estaba. Ver todo tirado, que no existía más eso que con tanto esfuerzo construimos me partió el alma. Sentí que a la que habían derrumbado era a mí”. Albina sólo logró sacar de su casilla dos paf, inhaladores que usan sus hijos para tratar el asma.

 

 

 

En el momento en que se enteró del desalojo Leonela estaba trabajando. La llamaron unos vecinos temprano esa mañana y le dijeron que volviera al predio porque “el desalojo era violento”. Cuando llegó, sus hijxs más chicxs estaban llorando, descalzos fuera de su casa. “La policía le decía a los vecinos que salieran porque habían garrafas y se iba a prender fuego todo. Yo me metí en mi rancho con mis seis hijos. Sentí la necesidad de defender eso único que teníamos. La policía agarró a cuatro de mis hijos por la espalda, los llevaron a cinco metros y los tenían rodeados. Eran más de 50 policías armados. Mi hija, de 17 años, se sintió amenazada y agarró un pico y un policía sacó una escopeta y le dijo que le iba a dar un escopetazo”, recuerda entre lágrimas. Según relata, minutos después lxs efectivos entraron a la casilla. Ella estaba shockeada, sentada en la cama con uno de sus hijxs y la amenazaron para que saliera. Fue la última en dejar el predio.

 

 

 

Lo que siguió fueron largas horas en las cuales la policía desarmó las casillas. Cuando ya no quedaba nadie entró con una topadora y ante la mirada de los vecinos, contenidos por un cordón policial, levantó casas, removió colchones, muebles, ropa, comida y juguetes. Todo quedó desparramado dejando una imagen sórdida que horas más tarde se completaría con una lluvia torrencial. Una niña tras las vallas de la policía, a los gritos, dijo a la prensa: “Destruyeron el único inodoro que teníamos, que a mí mamá le costó un montón de plata. Que nos den una casa si quieren que estemos bien”.

Las ruinas de ese barrio improvisado, que supo tener vida durante tres meses, fueron alambradas en cuestión de minutos y tapadas con un banner gigante del gobierno de la Ciudad que dice: “Buenos Aires integración”.

 

 

 

Los derechos son ajenos

El operativo de allanamiento y desalojo en los terrenos del Barrio Mugica llamado La Containera fue sin previo aviso. Se incumplieron además normas establecidas que buscan reducir riesgos en el momento de un desalojo, tales como el Protocolo del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, aprobado en 2008, que tiene como uno de sus principios generales la “primacía en la protección de los niños y adolescentes y población de riesgo que se encuentre en el lugar, en cualquier circunstancia”. Según relatan lxs vecinxs, no hubo intervención durante el desalojo de personal de la Asesoría General Tutelar, el órgano estatal de la Ciudad que vela por los derechos de menores –hoy encabezado por la ex ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley–, ni de funcionarixs del Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes. Tampoco estuvieron presentes representantes del Ministerio Público de la Defensa, ni de la Defensoría del Pueblo. Al respecto, Albina dice: “Pedí que trajeran a alguien de la Defensoría de los Niños porque tenemos criaturas pero ni me escucharon. También a alguna funcionaria del Ministerio de las Mujeres, porque la mayoría éramos víctimas de violencia de género. Éramos 100 mujeres con 170 niños, y en frente había miles de policías. No teníamos a nadie que nos representara ni defendiera nuestros derechos”.

Baltasar Ramos Escobar, abogado de tres de las familias que estaban en la toma, dijo a este medio que tras un primer intento de desalojo –fallido gracias al acompañamiento de las organizaciones sociales del barrio y la difusión en los medios– los primeros días de agosto las familias a las que representa se presentaron por derecho propio ante la fiscalía, poniéndose a disposición para transmitir en las asambleas la intención de hacer un censo por parte del gobierno de la Ciudad. En el mismo escrito pidieron que se respeten sus derechos a una vivienda, consignado en la Constitución de la Ciudad, y que se dé intervención a los organismos de la niñez por la gran cantidad de menores que vivían en el predio. “Desde la fiscalía nos dijeron que iban a notificarlos pero eso nunca pasó. Ni siquiera lo hicieron el día del desalojo”, explicó. El letrado aseguró que durante los tres meses de la toma no hubo ni voluntad política ni de la justicia para resolver el problema. “La realidad es que lo que pasó con el desalojo está fuera de cualquier lógica. Nosotros evaluamos que no estuvo la decisión política de resolver el conflicto priorizando los derechos de la familia y el acceso a la vivienda digna”. Contó además que en el momento del desalojo la policía no le permitió a las familias tomar una foto del escrito de la jueza, ni les dieron una copia, y que además se incumplió con otras reglas que deben respetarse al momento de desalojar como no hacerlo los días en que se pronostica lluvia.

Walter Córdoba, referente de Somos Barrios de Pie Capital, afirmó que “la Fiscalía en todo momento actuó coordinadamente con el gobierno de la ciudad. Notificaron esa misma madrugada a una sola persona del desalojo, sin tener en cuenta al resto de las familias. La mayoría se estaba despertando o preparaba a sus hijxs para ir a la escuela y las tomaron por sorpresa”.

En la misma línea, el abogado Ramiro Geber, miembro de la asamblea permanente por los derechos humanos (APDH) y quien asesora a algunas mujeres del barrio, dijo que “el Estado porteño intentó imputar a 100 personas, trató de delincuentes a quienes están en un estado de vulnerabilidad social en vez de brindarles soluciones habitacionales y sociales. Actuó con el ejercicio de su facultad como aparato represivo y sin respetar la propia Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que dice que el gobierno es responsable por las condiciones habitacionales de las familias y que debe garantizar la seguridad, la integridad y los derechos de cada uno de los porteños”.

Desde el inicio de la toma, las mujeres piden al gobierno de la Ciudad armar una mesa de diálogo para solucionar el conflicto. La Secretaría de Integración Social y Urbana (SECISyU), encargada de resolver los problemas habitacionales del barrio, se negó, y su respuesta fue ofrecerles un subsidio habitacional de 6.000 pesos durante seis meses para que se fueran del terreno. Además, las familias denunciaron que el programa Buenos Aires Presente (BAP) discontinuó su asistencia durante la toma y que una vez efectuado el desalojo sólo les ofrecieron reubicarlas en paradores para pasar la noche, sin resolver el problema de fondo. Ese mismo día realizaron un censo, en condiciones atípicas, tras desarmar violentamente las viviendas. Muchas de las mujeres no quisieron participar.

“Nos dicen que vayamos a un parador y que mañana nuestros hijos van a volver a la escuela, que van a estar bien. ¿Con qué van a estudiar? ¿Dónde están sus mochilas? ¿Sus zapatillas? ¿Sus cuadernos? Nos quitaron todo. ¿Se piensan que mis hijos se van a sentar mañana y les va a entrar la tarea después de la violencia que vivieron, después de ver que a la madre le sacaron todo? Nos trataron peor que a un delincuente. Pareciera que ser pobre es un delito en este país”, dijo Leonela con lágrimas mientras se hacía el desalojo.

 

 

 

 

Viviendas para pocxs

Ni la brutalidad de las imágenes del desalojo hizo que el gobierno de la Ciudad se manifestara respecto al conflicto habitacional que existe hace años en la ex villa 31. El Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat de la Ciudad, a cargo de María Migliore, se refirió al tema por última vez en un comunicado emitido tras el primer intento de desalojo, en julio. Allí informaba que el gobierno avanzó porque el lugar era un “espacio clave para el avance de la urbanización y un paso más hacia la integración social”, ya que está destinado a la construcción de una escuela para los chicos del barrio. El establecimiento de nivel inicial y primario al que podrían asistir alrededor de 210 alumnxs contaba, según la Ciudad, con el visto bueno de lxs vecinxs. Sin embargo, el predio se encontraba abandonado desde hacía seis años. Allí se depositaban los escombros de la urbanización del barrio. Estaba cubierto de basura y matorrales. Albina cuenta que, cuando llegaron, el lugar no era habitable: “Estaba lleno de ratas, nunca se les había ocurrido ni limpiarlo. Primero nos dijeron que ahí iban a hacer un polideportivo y ahora, para tapar lo que hicieron, dicen que van a construir una escuela. ¿De qué nos sirve una escuela si los niños no tienen casa? Para que tengan acceso a la educación también tienen que tener un acceso a la vivienda digna. Inventan lo de la escuela para que el resto de los vecinos del barrio se ponga en contra nuestro”.

En la misma línea, Ramos Escobar afirmó “el planteo de construir ahí una escuela surge cuando se inicia la toma. El reclamo por una escuela en la Villa 31 existe hace años, basta con ver la cantidad de habitantes y las pocas instituciones que hay, y se agarran de eso. Nunca nos llegó la información de que hubieran dispuesto el predio para una escuela. Ese lugar es un basural, la gente lo tomó, lo limpió y empezó a construir sus viviendas. Ahí recién la Ciudad se interesó en el predio”. El ejecutivo porteño no mostró ningún plan de obra de la escuela y su construcción tampoco se encuentra incluida en el presupuesto de este año.

Distintos organismos de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales como el CELS, junto a abogados de las organizaciones sociales que acompañaron desde el primer día la toma –Movimiento Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Popular La Dignidad y el CTD Aníbal Verón– presentaron este jueves un escrito en la Fiscalía 11 pidiendo que la justicia y el gobierno de la ciudad cesen con estas medidas y llamen a una mesa de diálogo donde estén contemplados los derechos de cada una de las familias habitantes de la toma. También denunciaron el violento uso de la fuerza policial, “que puso en riesgo la integridad física de las personas que allí se encontraban”.

El proceso de urbanización del barrio Mugica, aprobado en diciembre de 2018 por la Legislatura porteña, no mejoró en nada la situación habitacional de lxs vecinxs. Aquellos que vivían bajo la autopista Illia y fueron trasladados, denuncian que las nuevas viviendas fueron construidas con materiales de poca calidad. Muchxs otrxs no fueron reubicados por la falta de espacio y lxs inquilinxs ni siquiera fueron considerados para el proyecto de construcción de viviendas.

En la Ciudad de los contrastes, horas después de que se produjera el desalojo la legislatura porteña votaba cambios en convenios urbanísticos para levantar once nuevas torres de lujo en distintas zonas porteñas. El proyecto de especulación inmobiliaria, que se inició en la gestión de Mauricio Macri y continúa en la de Horacio Rodríguez Larreta, concentra las propiedades en manos de unxs pocxs. Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) asegura que la población inquilina es cada vez mayor en la ciudad, mientras que existe un 9,2% de viviendas ociosas, ubicadas principalmente en barrios como Puerto Madero, Recoleta, Palermo y Retiro,  a pocos metros de la 31. Se evidencia una correlación entre estas y el precio del metro cuadrado. La cantidad de viviendas vacías es equivalente al déficit habitacional de la ciudad. El inquilinato creció en casi diez puntos porcentuales en la última década, hoy con aumentos de hasta el 100% anual.

En el Barrio Mugica los inquilinos equivalen al 40% de los habitantes. Como dejó expuesto la toma, son las mujeres quienes más padecieron la crisis económica iniciada con el gobierno anterior y profundizada por la pandemia de coronavirus. La última Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC revela que el 45% de los hogares tienen a una mujer a la cabeza y que 3 de cada 10 mujeres con hijos tienen trabajos informales.

En la esquina de La Pampa y Ciervo de Los Andes, varias de las vecinas de la toma convocaron este viernes a una conferencia de prensa. Enfrente continuaba la custodia policial y las topadoras seguían allí paradas. Algunas de las protagonistas revivieron en sus relatos la angustia del día previo, la desolación de haberlo perdido todo intempestivamente. Algunas contaron que volvieron a vivir en la calle, otras que pasaron la noche en paradores. Todas acordaron seguir luchando por los derechos de sus hijxs a una vivienda digna.

 

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí