SER MUJER Y SOBREVIVIR EN EL INTENTO

 

El 8 de marzo se conmemoró en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer que, en la Argentina, se expresa con un paro de mujeres y una movilización. El Centro de Economía Política (CEPA) difundió una investigación sobre un sistema de Justicia sin perspectiva de género, en el que analiza “fallos paradigmáticos que cercenan derechos de mujeres y diversidades”. El trabajo, que podés leer completo aquí recuerda que este “no es el primer 8M que, desde el movimiento feminista, se incorpora el reclamo por una justicia que garantice efectivamente la igualdad y se comprometa con demandas de un nuevo tiempo, tendientes a plantear transformaciones estructurales para una vida plena y libre de violencias. Sin embargo, este 8M tiene un hito reciente que es insoslayable por su enorme carácter regresivo: la persecución política y judicial a la Vicepresidenta de la Nación, que ha derivado en su condena. Ello ha sido el resultado de una sucesión de actos e intervenciones que expresaron distintas formas de violencia política, y que tuvieron al intento de magnicidio como momento más crítico para nuestra democracia”. Las cinco docenas de fallos estudiados por las autoras (Florencia Di Prinzio, Marianella Flores Diaz, Martina López, Carolina Berardi y Julia Strada) permiten reflexionar sobre el impacto del Poder Judicial sobre la vida cotidiana de mujeres, niñas y diversidades.

Un clásico, que CEPA toma del Mapa de Género elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, muestra la desigualdad de género en las instituciones judiciales: más de la mitad de las 126.000 personas las integran son mujeres, pero no llegan a un tercio en los cargos más importantes.

 

 

Según los datos publicados por la Secretaría de Justicia de la Nación, el 75% de magistrados y magistradas designados en la Justicia Federal entre 2000 y 2021 fueron varones. En la denominada Justicia Nacional el 59% de los nuevos cargos fueron ocupados por varones. Sólo en el fuero laboral predominaron las mujeres con el 57%.

La Ley Micaela promulgada en 2019 establece que todas las personas que desempeñan funciones públicas en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación deben capacitarse en materia de género y violencias. La Corte Suprema de Justicia se negó a recibir la capacitación, aduciendo que en ese ámbito las actividades de sensibilización y capacitación las realiza la Oficina de la Mujer a través del Taller de Perspectiva de género. [El trabajo de CEPA no lo dice, pero mujeres que siguieron ambas capacitaciones, encomian la realizada por la oficina judicial que sucesivamente condujeron las juezas Carmen Argibay y Elena Highton. La resistencia del tribunal parece relacionarse con la disputa de poder con el gobierno nacional.]

En varias provincias se observa una demora significativa entre la adhesión a la Ley Micaela a nivel provincial y el inicio de las capacitaciones en los Poderes Judiciales. Tal retardo injustificado perpetúa la composición de tribunales sin perspectiva de género y repercute negativamente en la vida de las mujeres y las diversidades.

 

 

Sólo cinco provincias cuentan con más de la mitad de su personal judicial capacitado en materia de género: Córdoba (88%), Santa Cruz (65%), Formosa (61%), Tierra del Fuego (56%) y Misiones (52%). Si se trata de jueces y juezas, de todas las instancias y fueros Córdoba y Formosa, llegaron a un 93% capacitado, Santa Cruz al 89% y Neuquén al 71% de magistratura. El resto de las provincias no informa al respecto.

Al mismo tiempo, hay 85 funcionarios judiciales acusados por violencia de género, según el relevamiento del Observatorio Lucía Pérez. En marzo de 2021, el Consejo de la Magistratura creó un Registro público de denuncias por violencia de género. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) alertó en noviembre que hasta agosto de este año caducarán 41 expedientes disciplinarios, en 34 de los cuales no se tomó ninguna medida investigativa. Sólo en el 12%, la Comisión de Disciplina y Acusación verificó que las denuncias cumplieran con los requisitos formales mínimos. Y apenas en dos causas ordenó la producción de alguna medida de prueba.

Al reseñar los “fallos que vulneran los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, de las mujeres y diversidades”, CEPA menciona tres decisiones de las provincias de San Juan, Córdoba y Buenos Aires que impidieron interrupciones voluntarias de sendos embarazos. También menciona fallos que perpetúan las violencias en el ámbito laboral, donde apenas una de cada diez personas no recibió algún comentario sexista o discriminatorio.

 

 

 

Uno de los rubros más nutridos del informe es el de “fallos que perpetúan la impunidad patriarcal frente a la violencia de género”. Incluye sentencias de Santa Fe, Jujuy, Chubut, Mar del Plata, San Luis, Córdoba, Tucumán, Salta, Río Negro, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Capital Federal, Entre Ríos, Tierra del Fuego y provincia de Buenos Aires. Lo que tienen en común es la negativa de los tribunales a calificar los hechos como femicidios. El caso más conocido es el de la adolescente Lucía Pérez, cuyos abusadores, torturadores y asesinos fueron absueltos. Su familia fue sometida a la re-victimización, con cuestionamientos sobre la música que escuchaba, cómo se vestía y qué quería ser cuando creciera. En febrero de este año se inició un segundo juicio por el caso y este mes comienza el juicio político a los jueces Juan Gómez Urso y Pablo Viñas por “negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta”. Al tercer juez, Aldo Carnevale, lo salvó la ex gobernadora María Vidal al anticiparle la jubilación.

CEPA también reseña fallos de familia que vulneran derechos de mujeres, niños, niñas, adolescentes y diversidades, en Neuquén, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santas Fe, San Juan, Capital Federal, y La Rioja. Otro rubro significativo es el de ignorar los reclamos de las víctima y/o no decidir a tiempo, cosa que se verificó en casos de la Capital, Jujuy, Tucumán, Córdoba, La Rioja y Salta. “Si la justicia llega tarde no es justicia. La demora judicial es una preocupación para toda la ciudadanía, en especial para aquellos colectivos de la sociedad que sufren mayores desigualdades, pero también es una deuda pendiente del sistema de justicia frente a los/as justiciables”, afirma CEPA.

Con casi dos docenas de casos (en la Capital y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Misiones, Jujuy, La Rioja, Santa Fe, Catamarca, Salta Corrientes, San Juan) destacan la criminalización de las mujeres y diversidades, como Higui, condenada por matar a uno de los hombres que intentaron violarla. Este apartado incluye las condenas a Milagro Sala “para apartarla del ámbito social y político, en sistemática violación a los derechos y garantías más elementales”. Rubí Mirasso pasó tres años presa por narcomenudeo, hasta que un peritaje que debió hacerse de inmediato, confirmó que, tal como dijo desde su detención, la sustancia secuestrada no era cocaína sino paracetamol.

La conclusión del trabajo de CEPA es que resulta necesaria una reforma judicial feminista.

 

 

 

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