Sentencia absurda
Sobran pruebas y argumentos contra la condena al docente Santiago Goodman
La jueza María Tolomei adelantó su sentencia el miércoles sobre el docente y ex secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh), Santiago Goodman. Tolomei fijó la pena de tres años de ejecución condicional, accesorias legales y costas, por considerarlo co-autor del delito de incendio estragoso respecto a los hechos ocurridos en la explanada y el ingreso a la Legislatura de esa provincia en la noche del 17 de septiembre de 2019. Para la jueza, las características del docente, “su inserción social y laboral” constituyeron “atenuantes respecto al monto de pena que corresponde aplicar y aconsejan la imposición de una sanción de ejecución condicional, pues parece contrario a toda consideración sobre el fin de la pena enviar a este hombre a prisión efectiva”, indicó. Desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), tal como había señalado su titular, Sonia Alesso, apelarán la sentencia.
Fiscalía y querella habían solicitado cinco años de prisión para Goodman. La jueza Tolomei impuso la pena de ejecución condicional sobre el docente, que deberá “concurrir a la Oficina de Control de Ejecución, en forma trimestral; realizar, en un plazo de dos años a partir de que la presente adquiera firmeza, un curso de Derechos Humanos y/o de Derecho Constitucional; realizar, en un plazo de un año a partir de que la presente adquiera firmeza, 50 horas de tareas no remuneradas en la Biblioteca de la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut”. Marcelo Guagliardo, miembro de la Junta Directiva de CTERA y secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), en diálogo con El Cohete a la Luna, expresó: “Rechazamos el fallo condenatorio que recae sobre Santiago (Goodman) y ratificamos que seguimos comprometidos con la búsqueda de la absolución y que volvemos a denunciar que se trata de una clara judicialización y criminalización de la protesta social ante las políticas de ajuste de los gobiernos”.
Desde CTERA, sostiene Guagliardo, analizan “cómo ha quedado también en evidencia que esta causa se arma sobre una zona liberada ordenada por el gobierno de la provincia y además por un espionaje ilegal que llevan adelante las fuerzas policiales de la provincia para controlar, perseguir y disciplinar a las organizaciones y sus dirigentes”. El dirigente neuquino también señaló que “desde CTERA nosotros reivindicamos la unidad que se ha logrado de las distintas organizaciones sociales, sindicales, organismos de derechos humanos de la provincia de Chubut y lo que ha significado el paro nacional de la docencia argentina haciendo escuchar nuestro reclamo por la absolución ante una fiscalía un gobierno de la provincia de Chubut que a través de sus querellantes pretendían una condena de cinco años de prisión y cumplimiento efectivo de nuestro compañero”.
Contexto
El conflicto con los estatales de la provincia del Chubut comenzó en octubre 2017, cuando se cerraron las paritarias. Se decidió desconocerlas y tampoco fueron abiertas al inicio de 2018. Ese año se mantuvo un acampe de 180 días en la esquina de la Casa de Gobierno y, en paralelo, se sucedieron 40 días de ocupaciones y acampes en el Ministerio de Educación y en distintos lugares de la provincia. Las y los trabajadores lograron paritarias para julio de ese año. En 2019, lograron cerrar paritarias importantes con recomposición salarial y cláusulas gatillo, que se aplicarían todo el año. El gobernador Mariano Arcioni adelantó las elecciones y las ganó el 9 junio. A partir de julio, Arcioni comenzó con el pago escalonado a los trabajadores estatales e incumplimiento de paritarias. Llegó a tener atrasos de sueldos de hasta tres meses.
Iniciado septiembre de 2019, maestras y maestros, y en general todos los estatales, llevaban más de dos meses sin cobrar su salario. La lucha por los sueldos adeudados comenzó a ser una razón de unidad de todos los trabajadores en Chubut. El 5 de septiembre, el ministro de Gobierno y Justicia de ese entonces, Federico Massoni, ordenó una represión de una manifestación de docentes, que se encontraban en el cruce de las rutas 3 y 26 de Comodoro Rivadavia. Massoni anunció un “adelanto” de los dos meses que adeudaban de 30.000 pesos y luego, justamente el Día del Maestro –11 de septiembre–, comunicó que no lo iban a pagar: toda una provocación que llevó a que, esa misma noche, la Mesa de Unidad Sindical (MUS) iniciara una vigilia-acampe en la esquina de la Casa de Gobierno. El viernes 13 de septiembre, una patota enviada amenazó en quemar el acampe y la decisión adoptada por el MUS fue levantarlo. Durante la tarde, la misma patota realizó pintadas en la casa de Santiago Goodman. Ese destrato y provocación por parte del gobierno de Arcioni, sumados a la angustia que atravesaban las trabajadoras y los trabajadores de la educación y demás estatales de la provincia de Chubut por no poder comprar comida para sustentar sus familias, y las amenazas latentes de grupos paraestatales en las manifestaciones, llevaron a que se decidiera realizar una movilización provincial multitudinaria desde la MUS el día 17 de septiembre de 2019. Ese mismo día debía hacerse la interpelación al ministro Massoni en la Legislatura por los hechos del 5 de septiembre, pero fue suspendida. A cambio, ingresó un polémico proyecto elevado por el gobernador, que establecía un aumento de un 100% de salarios para él y sus funcionarios.
El plenario provincial de delegados y delegadas docentes de ATECh definió iniciar un nuevo acampe en Rawson, en las afueras de la Legislatura provincial. Allí armaron las casillas y Santiago Goodman estaba cocinando cuando se enteraron del fallecimiento de Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar, compañeras maestras que murieron en un accidente de tránsito cuando regresaban a su ciudad de origen, Comodoro Rivadavia, luego de haber participado en el plenario y la movilización. En medio de ese dolor profundo, las fuerzas policiales liberaron la zona y con la actuación de infiltrados comenzaron los desmanes en las afueras de Legislatura y, luego, en la Casa de Gobierno. No se reforzó la presencia policial ni se solicitó presencia de bomberos en ningún momento cuando un autor nunca identificado (casualmente no identificado por la policía, que desde la mañana se encontraba filmando todo), dejó que aquel clima explosivo, liberado y preparado, siguiera su cauce para criminalizar la protesta y apuntar al dirigente y docente de ATECh Santiago Goodman.
La evidencia ignorada
La jueza Tolomei no ignoró el contexto en el que sucedieron los hechos. Los dejó de lado, al expresar infelizmente que era “harina de otro costal”.
Tolomei tuvo las pruebas sobre la mesa para saber que no se trató de un “obrar ineficaz del Estado en la protección de bienes”. Tanto en el juicio oral, como en dos declaraciones previas con las que contaba el Ministerio Público Fiscal, el policía Miguel Colpi –que cumplió funciones en la Legislatura el día de los hechos– evidenció que se trató de incumplimiento del deber de los uniformados por orden de sus superiores. “La orden era que no actuemos”, declaró.
“Si querían prender fuego, que prendan; si querían romper, que rompan”, fue la orden que recibieron del subjefe de policía Néstor Gómez Ocampo. La sentencia contra Santiago Goodman, por más moderada que sea, no deja de ser injusta, cuando el Ministerio Público Fiscal y Tolomei decidieron obviar lo evidente. La jueza relativizó el incumplimiento del deber policial por orden de sus superiores como si se tratara de “una acción ineficaz”, cuando los agentes recibieron una indicación clara y precisa de no actuar, liberando la zona para que se produzcan mayores incidentes. El Cohete a la Luna revela en exclusiva el testimonio de Colpi, ignorado en la sentencia contra Goodman, y que es demostrativo de que, mucho antes de apuntar a quien avivó el fuego con dos cubiertas, existía una responsabilidad mayor de quienes debieron cumplir con su deber, pero recibieron la directiva de no intervenir (a pesar de querer hacerlo, como declaró el policía).
También Colpi declaró que recibió la orden de abandonar la Legislatura pasada la medianoche. Una clara demostración de que, lejos de defender los bienes públicos, dejaron la zona liberada para luego ir por un chivo expiatorio: Santiago Goodman.
Pero también, ante el Ministerio Público Fiscal, Colpi declaró que ellos pidieron refuerzos. Los refuerzos llegaron, pero fueron los jefes quienes ordenaron que se retirasen, minutos después de que fueron convocados por sus compañeros. Otra prueba más que se decidió ignorar de cómo el poder policial, por orden de sus superiores, incumplió con su deber.
Unos 13 policías de distintas fuerzas se acercaron a la Legislatura porque los policías solicitaron apoyo. “Nunca intervinieron en disuadir a las personas”, señaló Colpi. “La orden fue… estaba el segundo jefe de policía… y les dijeron que se retiren”. En su declaración expresó, asimismo, que tuvieron la intención de apagar el fuego, pero recibieron la orden de no hacerlo.
Para la jueza no pesó el testimonio de Colpi, por eso habló de “acción u omisión del Estado, que se juzga equivocada”. ¿Un equívoco el incumplimiento del deber por orden de jefes policiales? Según Tolomei, algunos se equivocaron y uno –entre tantos otros en esa manifestación– fue un claro culpable por “abrir paso a la anarquía”.
Esta es una causa que llegó a juicio público –curiosamente– sin que se identificara a quién prendió el fuego, porque Goodman lo que hizo fue tirar dos cubiertas en los dos fuegos ya encendidos, uno en la explanada y otro cercano a la puerta. En otra parrafada de la sentencia, la jueza Tolomei marca apreciaciones como “el peligro común” para los “bienes y las personas” que representó el hecho, pero no hace mención de que no hubo defensa de esos bienes por parte de quienes estaban allí encargados de cuidarlos.
Y Tolomei va más allá al utilizar un potencial para culpar a Goodman. “Podría haber destruido la Legislatura”, señala. Y peor aún, lo acusa junto a otras personas de haber “provocado un incendio”, cuando –reiteramos–lo que hizo fue arrojar dos cubiertas a un fuego ya iniciado por alguien que no fue identificado.
Como señalamos el domingo pasado, la jueza no aplicó la teoría del fruto del árbol envenenado, que es la exclusión del elemento probatorio obtenido en violación de garantías constitucionales. Así ocurrió con la prueba aportada por el uniformado Barrera, que con su testimonio evidenció el espionaje ilegal que la policía practica en esa provincia, donde lleva registros fílmicos de las manifestaciones. La jueza decidió avalar una parte de esa filmación cuando tenía en sus manos otros registros fílmicos, uno de ellos aportado por un canal de televisión. En su sentencia, llamativamente la jueza habla de esa teoría, pero lejos de hacer una correcta aplicación, la cita para justificar su accionar contrario, que fue la admisión de parte de esa prueba contaminada desde su origen.
Tampoco la jueza se ahorró una humorada cuando indicó: “Se ha sostenido que la persecución y castigo de los hechos, motivo de este caso, significan la criminalización de la protesta social o el disciplinamiento de los trabajadores. Nada más lejos de esto”.
La distinta vara que aplicó el Poder Judicial cuando eligió a quién hacer responsable por lo sucedido y a quién no, tiene el tufillo que las organizaciones sindicales y sociales alertaron desde el principio en esa provincia. Un fuego que pudo haber sido apagado fácilmente y la orden de no hacerlo, la zona liberada, el espionaje ilegal comprobado y confesado por la propia policía en el juicio es por sí mismo un escándalo que se decidió relativizar. La evidencia de que existió una orden policial de los superiores para que los uniformados no actúen en la Legislatura constituye una prueba fundamental que se decidió ignorar para ir por los dirigentes. Frente a esta situación, CTERA visibilizó con el paro nacional el atropello judicial hacia el docente, identificando claramente la maniobra de criminalizar la protesta social. Ese paro con movilización y lucha hizo que el Poder Judicial morigere la pena, pero aún pesa sobre Goodman el estigma de la condena. Pedir su absolución es ahora el camino que CTERA no abandonará porque sobran pruebas y argumentos para derribar esa sentencia absurda.
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