Sensatez frente a la barbarie

 

La colaboración activa del gobierno de Mauricio Macri con el golpe de Estado contra Evo Morales es un hecho de inusitada gravedad nunca ocurrido en la historia de nuestros gobiernos constitucionales, que remite a la década del ‘70, cuando las dictaduras cívico-militares –bajo la batuta de Estados Unidos– diseñaron y ejecutaron el Plan Cóndor.

En la investigación en curso hay una multiplicidad de hechos delictivos: contrabando de armas agravado (artículo 867 del Código Aduanero, texto según ley 23.353), actos materiales hostiles que alteraron relaciones amistosas con otro país (artículo 219 del Código Penal), que además de constituir delitos para nuestro país también lo son para Bolivia. Por otra parte, los hechos ocurridos durante el golpe y en los días posteriores –entre ellos dos masacres, en las que podrían haberse utilizado parte de las armas enviadas por el gobierno macrista– constituyen crímenes de lesa humanidad (artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado por ley 25.390).

Derrotado electoralmente, días antes de entregar el mando al Presidente electo, Macri culmina su mandato con este broche de oro: la complicidad activa con el golpe de Estado contra Evo Morales organizado por la oligarquía boliviana, el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y el gobierno de Estados Unidos.

 

 

El alineamiento internacional

Las decisiones políticas y económicas que afectaron gravemente las condiciones de vida y de trabajo de los argentinos, con un endeudamiento con el capital financiero y el Fondo Monetario Internacional que suma en total más de 100.000 millones de dólares, se vinculan estrechamente con el alineamiento político incondicional con el gobierno de Estados Unidos.

Este alineamiento se expresa en su política tendiente a debilitar el Mercosur mediante un acuerdo bilateral con la Unión Europea; el congelamiento de la Unasur y la falta de participación activa en la CELAC; el ingreso al grupo de Lima, constituido con el objeto de desestabilizar y derribar al gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, promoviendo su exclusión del Mercosur y reconociendo a Juan Guaidó como “Presidente encargado”, siguiendo al pie de la letra la estrategia económica, diplomática y militar diseñada por Estados Unidos.

Pero hay una decisión importante que vincula intereses privados a los imperiales, que es la contenida en el Decreto 228/2016 del 21 de enero de 2016, que declara el “estado de emergencia en seguridad”. Su artículo 9 remite al Decreto 1023/01, apartados 5 y 6, que autoriza la compra por “contratación directa” en dos casos: “cuando probadas razones de urgencia o emergencia que respondan a circunstancias objetivas impidan la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno”; o bien “cuando el Poder Ejecutivo Nacional haya declarado secreta la operación contractual por razones de seguridad o defensa nacional, facultad esta excepcional”.

De esta forma tan sencilla se ha encubierto –con el pretexto de lucha contra el narcotráfico o el delito complejo– la adquisición sin licitación alguna de armas y equipos en Estados Unidos e Israel, destinados a la represión de las organizaciones sociales; la aprobación de nuevos protocolos represivos de carácter secreto; y la actividad de los servicios de inteligencia direccionada hacia la persecución política de dirigentes y militantes populares. Se presume que parte de esos elementos fueron parte del contrabando de armas dirigido a los militares y policías golpistas bolivianos.

En el plano judicial se generaliza y profundiza el armado de procesos sobre la base de hechos que no constituyen delito. Cabe citar como ejemplo la causa del “memorándum con Irán”, iniciada por la denuncia del fiscal Natalio Alberto Nisman contra la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, su canciller y militantes políticos del kirchnerismo, por supuesto encubrimiento de los autores del atentado a la AMIA. Esta denuncia no puede explicarse sólo por la correlación de las fuerzas políticas y económicas de nuestro país sino que fue el resultado del compromiso del fiscal con la estrategia desplegada por el imperialismo, los grupos económicos concentrados y los fondos buitre contra el gobierno. La orfandad absoluta de fundamentos jurídicos de la denuncia demuestra que la presentación se hizo no con el fin de abrir un proceso normal, sino como un instrumento de desestabilización política, como antesala de un golpe institucional.

Pero este tipo de causas judiciales se replican de forma muy similar en otros países de América Latina, en todos los casos con el fin de estigmatizar, encarcelar y proscribir a líderes populares, como ocurriera –entre otros– con Lula y Correa. Esta es una de las manifestaciones del estado de excepción y responde a una estrategia de carácter internacional diseñada, organizada y conducida por los sucesivos gobiernos de Estados Unidos.

 

 

El estado de excepción

Hay un estado de excepción que se ha convertido en paradigma de gobierno dominante en la política contemporánea, y se manifiesta en la guerra civil mundial generalizada.

En las guerras llevadas a cabo por Estados Unidos y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte que destruyeron países como Yugoslavia, Afganistán, Irak, Libia y Siria, entre otros, se han violado las normas del Derecho Internacional sobre la no intervención, el principio de autodeterminación de los pueblos y las cuatro convenciones de Ginebra que regulan el derecho internacional humanitario y la protección de las víctimas de conflictos armados.

Puede citarse como ejemplo la “military order” del Presidente de Estados Unidos del 13 de noviembre de 2001, que autoriza la detención indefinida y el proceso por parte de comisiones militares (que no son siquiera tribunales militares) de los no ciudadanos implicados en supuestas actividades terroristas. Esta “orden” del Presidente suprime todo status jurídico de dichas personas, ya que no son imputados ni procesados y ni siquiera gozan de los derechos establecidos por la Convención de Ginebra [1].

Y para la detención indefinida de estas personas, Estados Unidos ha establecido su campo de concentración en el territorio cubano, asiento de la base naval de Guantánamo, donde hay “juicios” que llevan casi 20 años contra supuestos autores intelectuales de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra las torres gemelas, y prisioneros afganos acusados de terrorismo.

Se ha dicho que “aquellos que concibieron el uso de la base naval como un centro de detención lo vieron como un lugar donde los detenidos podían ser recluidos fuera de los límites de la ley estadounidense. Se podría interrogar en secreto a un gran número de prisioneros para obtener información de inteligencia. Muchos de los encarcelados aquí fueron sometidos a torturas, incluidos el submarino, la privación del sueño, el acoso sexual y el abuso físico” [2].

La Base Naval de Guantánamo ocupa una porción de territorio cubano que Estados Unidos ocupó en 1898 durante la guerra hispano-norteamericana y que mantiene desde entonces a través de un contrato de arrendamiento firmado en 1903 e incluido en la Enmienda Platt impuesta a Cuba en su primera Constitución.

A partir de la Revolución de 1959, el gobierno cubano ha denunciado el tratado como violatorio del Artículo 52 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que determina que “es nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas”. Estados Unidos se niega a restituir el territorio, desconociendo la incuestionable soberanía cubana.

Estados Unidos mantiene desde hace 60 años un bloqueo económico contra Cuba. La Asamblea de las Naciones Unidas ha resuelto por 184 votos a favor y dos en contra (Estados Unidos e Israel) que debe cesar. No obstante ello, burlando la resolución que expresa la voluntad de la mayor parte de la humanidad, el gobierno de Joe Biden no sólo lo mantiene, sino que amenaza con agravar sus condiciones, mientras alienta y financia directa o indirectamente la desestabilización del gobierno en nombre de la democracia y de los derechos humanos.

Es indudable que el bloqueo –que afecta gravemente las condiciones de vida de la población y las posibilidades de desarrollo del país– es un acto de guerra permanente, violatorio de las normas del Derecho Internacional, tendiente a forzar a la población a que cambie el sistema económico, social y político surgido de la Revolución por otro que garantice los intereses de Estados Unidos.

 

 

La agresión

La participación activa de Macri y su gobierno en el golpe contra Evo Morales en Bolivia se concreta en diversos hechos delictivos cuyo esclarecimiento, ejecución y responsabilidades son investigados por el Poder Judicial de nuestro país y el de la nación hermana.

Pero además existe una responsabilidad política tanto o más grave que va más allá de los límites del Derecho Penal, en consonancia con los objetivos del imperialismo y sus aliados, que hoy motorizan un segundo Plan Cóndor destinado a desestabilizar y destituir gobiernos populares, a destruir la independencia, la soberanía y la unidad de nuestros pueblos e impedir la integración latinoamericana y la construcción de la Patria Grande.

Pero estas agresiones contra la unidad de los pueblos han recibido una contundente respuesta a través de las sucesivas victorias electorales obtenidas por las fuerzas populares. Al triunfo del Frente de Todos le ha seguido el del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia, que derrota en 2020 a la derecha que había organizado el golpe de Estado; la elección de la Asamblea Constituyente en Chile y la victoria de Pedro Castillo en Perú, quien –pese a las innumerables trabas del fujimorismo– finalmente pudo asumir su mandato pero deberá enfrentar las trabas y planes desestabilizadores de la derecha y la oligarquía peruana. Es evidente que el “fin de ciclo” anunciado por pretendidos intelectuales y voceros mediáticos que hacen gala de objetividad, confundiendo sus deseos con la realidad, no se ha producido o fue mucho más corto de lo esperado.

En su discurso ante el Congreso, el 1° de marzo de 2021, el Presidente Alberto Fernández había planteado la necesidad de potenciar el Mercosur, la UNASUR y la CELAC, retomando el camino iniciado por Néstor Kirchner, seguido y profundizado por Cristina Fernández y que fuera interrumpido durante el gobierno anterior.

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que integran todos los países de América Latina y el Caribe, con exclusión de Estados Unidos y Canadá, que abarca 20 millones de kilómetros cuadrados y 600 millones de habitantes, productores de alimentos, petróleo, gas, litio y recursos energéticos de todo tipo, debe ser fortalecida no sólo para fortalecer el comercio en la región y constituir un bloque que pueda negociar en mejores condiciones con la Unión Europea y Estados Unidos. La CELAC conforma hoy la principal organización de unidad de los pueblos de nuestra América sin el dominio o tutelaje del imperio. Más allá de la diversidad de orientaciones política de sus gobiernos, no existen en ella miembros que tengan poder de veto –como en las Naciones Unidas– o que demuestren pretensiones hegemónicas como en la Organización de Estados Americanos, ni existen grupos como el de Lima, organizados para conspirar contra un país, o un secretario general como Luis Almagro, empeñado en sostener incondicionalmente los intereses políticos de Estados Unidos.

En la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, firmada en la reunión de La Habana del 29 de enero de 2014, los integrantes de la CELAC han declarado:

1. "América Latina y el Caribe como Zona de Paz basada en el respeto de los principios y normas del Derecho Internacional, incluyendo los instrumentos internacionales de los que los Estados miembros son parte, y los Principios y Propósitos de la Carta de las Naciones Unidas";

2. "Nuestro compromiso permanente con la solución pacífica de controversias a fin de desterrar para siempre el uso y la amenaza del uso de la fuerza de nuestra región";

3. "El compromiso de los Estados de la región con el estricto cumplimiento de su obligación de no intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos internos de cualquier otro Estado y observar los principios de soberanía nacional, la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos";

4. "El compromiso de los pueblos de América Latina y el Caribe de fomentar las relaciones de amistad y de cooperación entre sí y con otras naciones, independientemente de las diferencias existentes entre sus sistemas políticos, económicos y sociales o sus niveles de desarrollo; de practicar la tolerancia y convivir en paz como buenos vecinos";

5. "El compromiso de los Estados de América Latina y el Caribe de respetar plenamente el derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural, como condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones";

6. "La promoción en la región de una cultura de paz basada, entre otros, en los principios de la Declaración sobre Cultura de Paz de las Naciones Unidas";

7. "El compromiso de los Estados de la región de guiarse por la presente Declaración en su comportamiento internacional";

8. "El compromiso de los Estados de la región de continuar promoviendo el desarme nuclear como objetivo prioritario y contribuir con el desarme general y completo, para propiciar el fortalecimiento de la confianza entre las naciones".

"Instamos a todos los Estados miembros de la Comunidad Internacional a respetar plenamente esta Declaración en sus relaciones con los Estados miembros de la CELAC".

Nada más opuesto al estado de guerra permanente y a la política de Estados Unidos contra pueblos de nuestra América, que incluyen amenazas de intervenciones, con falsos pretextos humanitarios.

El organismo ha expresado hace unos meses su “preocupación por la creación de mecanismos que limiten las exportaciones de vacunas e insumos médicos a terceros países” para hacer frente a la pandemia, haciendo “un llamado a la comunidad internacional a evitar medidas que impidan brindar una respuesta mundial a la Covid-19 basada en la unidad, la solidaridad, la concertación política y una cooperación multilateral en la nueva normalidad post-pandemia”.

El hecho de que el Presidente Alberto Fernández presida este organismo en 2022, conforme a la propuesta de varios países que la integran, abre la posibilidad de que nuestro país recupere el rol preponderante que jugó en el mismo desde su creación hasta la interrupción durante el interregno neoliberal.

 

 

[1] Giorgio Agamben, Estado de excepción, Adriana Hidalgo editora, Buenos Aires, 2005, p. 23 y ss.

[2] Richard Hall, de The Independent de Gran Bretaña, en “Un recorrido en el tren fantasma”, Página/12, 25/07/2021, p. 28/29.

 

 

 

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