Sembrar la duda

 

El gobierno de Mauricio Macri anunció que está revisando las reparaciones otorgadas a víctimas del terrorismo de Estado y a sus familiares. Lo hizo en simultáneo con una denuncia presentada ante la justicia por la hermana de un conscripto muerto en el intento de copamiento del Regimiento de Infantería de Monte 29 que protagonizó Montoneros en octubre de 1975 en la provincia de Formosa. Maniobra electoral diseñada para reconquistar a los votantes de derecha o táctica para esconder que su administración cajoneó cientos de pedidos, el macrismo gana tiempo y reinstala una versión sofisticada de negacionismo.

El último aniversario del ataque al regimiento coincidió con la noticia de que la Secretaría de Derechos Humanos había apoyado el reclamo de un grupo de abogados de represores en una reunión cerrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También con una medida gremial de trabajadores de aeropuertos. Claudio Avruj logró desafiarla para llegar al acto que el jefe del ejército, Claudio Pasqualini, protagonizó en Formosa.

Al mes siguiente recibió en la Secretaría a Jovina Luna, hermana del conscripto fallecido Hermindo Luna, y comprometió su apoyo a una ley para reparar a las familias de los soldados muertos en Formosa. Pero, en las últimas semanas, el discurso de Avruj y del ministro de Justicia, Germán Garavano, se endureció. Como descartan que funcione el Congreso y conseguir apoyo para una ley semejante, prometieron una auditoría sobre la totalidad de reparaciones pagas y apoyar el reclamo de la mujer para retirar del Parque de la Memoria los nombres de militantes montoneros – desaparecidos o asesinados – que ella impugna. La retórica del ajuste para la política de memoria.

 

 

 

La denuncia

Dos días antes de que arrancara la feria, Jovina Luna y el ex conscripto Rogelio Mazzacote subieron hasta el tercer piso de los tribunales de Comodoro Py para ratificar la denuncia por fraude por las reparaciones pagadas desde los años '90 a los muertos y desaparecidos en el ataque al regimiento.

La denuncia tramita ante el juzgado de Daniel Rafecas, que deberá remitirla a la fiscalía de Ramiro González para que decida si impulsa la acción o si al menos sugiere algunas medidas de prueba para determinar si hubo delito. Nada de eso sucedió aún, pese a los anuncios del Gobierno de revisar toda la política reparatoria.

La presentación de Jovina Luna fue hecha en los últimos días de junio con el patrocinio legal de María Laura Olea y Ricardo Saint Jean, hijo del gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires, que amenazaba con matar hasta a los indiferentes. Los dos abogados habían participado el año pasado de la reunión con funcionarios de la CIDH para denunciar al país por los juicios contra los represores.

La denuncia de Luna está online. Es larga. Acusa a funcionarios –sin dar ningún nombre– de defraudación a la administración pública, falsedad ideológica de documentos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Dice que se registraron casos falsos de víctimas del accionar ilegal del Estado, “con el objeto de que sus causahabientes y otros partícipes cobraran indebidamente del Estado millonarias indemnizaciones que afectaron gravemente al erario público”. Es la traducción en un documento legal de la frase que alegremente Mauricio Macri acuñó en la campaña anterior: el curro de los derechos humanos.

Los abogados impugnan el pago de indemnizaciones dispuesto por la ley 24.411 –sancionada durante la presidencia de Carlos Menem– para quienes atacaron el regimiento durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón. La normativa dispone el pago de reparaciones a familiares de desaparecidos o asesinados por el Estado. Entre otras cosas, sostiene que se presume que el fallecimiento tuvo lugar por el accionar de las fuerzas armadas, de seguridad o grupos paramilitares cuando el fallecimiento ocurrió en establecimientos que dependían de estos sectores.

La presentación, que intenta mostrar inconsistencias en el número de desaparecidos y ejecutados durante la dictadura y con anterioridad entre los distintos registros oficiales, se funda en dos fuentes primordiales: Mentirás tus muertos, de José D’Angelo, y Operación Primicia, de Ceferino Reato.

 

 

Los casos

En la presentación hay listados trece casos. No todos corresponden al pago de indemnizaciones. Algunos están en la nómina porque están homenajeados en el Parque de la Memoria, institución que funciona bajo la órbita del Gobierno de la Ciudad de la mano de los organismos de derechos humanos. Otros ni siquiera eso.

Los casos son los siguientes – de acuerdo con como figuran en la denuncia:

• Oscar Ramón Boero. Sin información sobre indemnización. Homenajeado en el Parque de la Memoria.
• Reinaldo Ramón José Briggiler. Con información sobre reparación. Homenajeado en el Parque de la Memoria.
• Mamerto Cáceres Machado. Sin información sobre reparación. No homenajeado en el Parque de la Memoria.
• José Daniel Graziano. Con información sobre reparación. Homenajeado en el Parque de la Memoria.
• Juan Sebastián Hernández. Con información sobre reparación. Homenajeado en el Parque de la Memoria.
• Víctor Hugo Irribarren. Con información sobre reparación. Homenajeado en el Parque de la Memoria.
• Raimundo Kobalc. Sin información sobre reparación. No homenajeado en el Parque de la Memoria.
• Saúl Mario Kobrinsky. Con información sobre reparación. Homenajeado en el Parque de la Memoria.
• Jorge Alberto Livieres. Con información sobre reparación. Homenajeado en el Parque de la Memoria.
• Arturo Inocencio Mariani. Con información sobre reparación. Homenajeado en el Parque de la Memoria.
• Roberto Luis Mayol. Sin información sobre reparación. No homenajeado en el Parque de la Memoria.
• Luis Carlos Moreno. Con información sobre reparación. Homenajeado en el Parque de la Memoria.
• Alfredo Rubén Velázquez. Con información sobre reparación. Homenajeado en el Parque de la Memoria.

 

 

Los expedientes

La causa por el ataque de Formosa tiene diez cuerpos. Entre sus hojas se ven las fotos de los combatientes montoneros asesinados. Muchos están con los brazos en cruz, con disparos en las cabezas. En algunos se ven los ojos abiertos, una mirada de terror que quedó impresa para siempre en sus rostros. Todos tienen los pantalones casi bajos, producto de las requisas para identificarlos, pero, sobre todo, para buscar pruebas que permitieran nuevas capturas. Sobre sus torsos tienen números escritos. Números que cuentan los cadáveres.

Según consta en los registros estatales, son nueve los casos en los que se dictaminó que correspondía reparar a los familiares de los asesinados o desaparecidos en el regimiento de Formosa. El primer reclamo fue aceptado por el Ministerio del Interior en 1999. Muchos de ellos se iniciaron durante los gobiernos de Menem y de la Alianza, no sólo durante el kirchnerismo, como sostuvieron Avruj y Garavano públicamente.

En un caso resuelto favorablemente durante el gobierno de Fernando de la Rúa puede leerse que el acta de defunción no consigna hora ni lugar de la muerte. La muerte se produjo por heridas de arma de fuego en la región maxilar inferior, en la región frontal, en la cara anterior del hemitórax izquierdo, en el brazo izquierdo con fractura de húmero y en el pie derecho con amputaciones de tres o cuatro dedos.

Debe entenderse que la muerte por personal militar no se ha producido en situación que lo justifique legalmente, como podría ser el caso de un real enfrentamiento o la defensa justa de los efectivos militares, dice.

Lo que sostiene el dictamen es la sospecha de una ejecución. Los disparos en la cabeza –desde una distancia no consignada en el expediente judicial– aparecen en, al menos, otros cuatro casos.

 

 

Los desaparecidos del Regimiento

Hay desaparecidos del intento de copamiento del regimiento. Algunos de los cuerpos nunca fueron identificados. En el año 2006 lograron identificar por las fotos que figuraban en el expediente a un hombre joven, de unos 22 años, a quien su familia buscaba hacía décadas.

En la causa que tramitó en el juzgado federal de Formosa no figuraba su nombre. Había fotos de un cuerpo, el diez. Se llamaba Óscar César Suárez Bregant, Luis Alberto Mansor o solamente Oscar César Suárez. Pero no. Esas imágenes correspondían a otra persona.

La foto del expediente sobresaltó a la funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos que había viajado a Formosa para ver si podía traer un poco de certeza a esa familia que buscaba. La mano izquierda del muchacho que acababa de identificar estaba agarrada de la mano derecha de otro de los muertos. ¿Vieron venir la muerte? “No debe descartarse el fusilamiento”, escribió.

 

 

¿Dónde estaba el cuerpo del desaparecido, entonces? En el informe también figura el testimonio del sepulturero del cementerio de la ciudad de Formosa. El hombre recordaba que los militares le llevaron 17 cuerpos, dos después del intento de toma del regimiento – número que no coincide con la nómina oficial de bajas. Le dijeron que los quemara. Pero después apareció un cura y le dijo que debía darle cristiana sepultura.

Él los metió en unos ataúdes rústicos, bastante precarios. En cada uno, clavó una estaca con el número que cada torso llevaba escrito. El mismo número que figuraba en el expediente. Tres de los cuerpos fueron retirados por los familiares, el resto terminaron en una fosa común en un predio que estaba desocupado, y que se planeaba que en algún momento se convirtiera en un anexo del cementerio. No sucedió.

Como la ciudad comenzó a ampliarse, los cuerpos que se habían enterrado en ese lote fueron levantados. No pasó lo mismo con la fosa común, que quedó entre calles y viviendas.

A partir del 5 de octubre, se desató la cacería. Todas las madrugadas, entre las cuatro y las cinco, el sepulturero se acostumbró a recibir cuerpos jóvenes para ser enterrados. Venían de Acción Social, declaró. Trabajó en el cementerio hasta el año '78. Lo jubilaron por invalidez. Tomaba para convivir con tanta muerte. Cuando dejó los entierros clandestinos, también dejó la bebida.

 

Detrás de la denuncia

En marzo de 2017, el Ministerio de Justicia –a través de su entonces jefe de gabinete, Esteban Conte Grand– anunció con bombos y platillos que iba a publicar todas las reparaciones aprobadas desde 2004. Léase, durante el kirchnerismo.

“Las leyes no autorizan el pago de indemnizaciones a terroristas sino a víctimas de la represión ilegal”, dijo Garavano la semana pasada al portal Border Periodismo. “En relación a eso y al caso de trascendencia pública, surgido gracias una resolución de información pública contestada por este ministerio, se pidió a la unidad de auditoria un relevamiento. La mayoría de las indemnizaciones fueron pagadas antes de que asumiéramos. Por eso encargamos una auditoría completa de pagos, tanto los cuestionados que son objeto de una nueva denuncia penal, como del resto. Así que esperamos en las próximas semanas el resultado de estas auditorías”.

Con la auditoría, el Gobierno compra tiempo porque tiene cientos de expedientes de víctimas del accionar criminal del Estado para resolver.

Por ejemplo, por la ley 24.411 –la impugnada en la denuncia– hay desde diciembre de 2015 1066 expedientes en trámite. De esos, 273 tienen dictamen favorable, 80 fueron devueltos al área responsable del análisis por distintos peros que fueron poniendo otras áreas y sólo se denegaron cinco.

Pero no todo es lo que se dice ante los medios. En el último mes, pese al anuncio de una auditoría y probablemente por la necesidad de responder a un pedido de informe sobre el estado de la política reparatoria durante la era Macri, Garavano tuvo que desenfundar la lapicera y firmó el otorgamiento de 33 reparaciones.

¿Campaña, ajuste, negacionismo? O quizá un cóctel con todas ellas.

 

 

 

 

 

 

 

 

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