SEMANA DE TRANSICIÓN

                   David Alfaro Siqueiros, Del Porfirismo a la Revolución (fragmento).

 

La firma del decreto por el bono de fin de año pretende cerrar la discusión salarial de 2018 consagrando la pérdida salarial anual más importante de las últimas décadas. La complicidad de un puñado de dirigentes de la CGT que actúan por sí mismos, sin consultar ni a sus propios cuerpos orgánicos ni al resto de los representantes de los trabajadores, pretende clausurar un debate paritario que está a mitad de camino. La protesta va cambiando de forma pero no de intensidad.

Esta semana se realizó el plenario de la CATT, la confederación de los gremios del transporte terrestre marítimo y aéreo, cuyo principal referente es el ex triunviro Juan Carlos Schmid. Descartado el paro de 36 horas prometido por Héctor Daer, la estrategia apunta a luchar contra el impuesto a las ganancias y empezaría con asambleas en los lugares de trabajo de al menos media jornada, reclamando al mismo tiempo por los descuentos sufridos en asambleas pasadas. No olvidar esas sanciones equivale a no avalar las prácticas antisindicales  que aplicó desde el comienzo de su gestión el ex Ministro de Trabajo y ex Secretario de la misma cartera, Jorge Triaca. Su renuncia puso al desnudo la pésima relación que tejió con la mayoría de las organizaciones sindicales. Intervenciones, multas millonarias, falta de reconocimiento oficial a las autoridades electas en los sindicatos federaciones y centrales en procesos legales y ajustados a derecho. Resta saber si se trata de reemplazar al desgastado funcionario por una cara nueva o de un cambio de política que acompañe al discurso algo más dialoguista del ministro Dante Sica.

Triaca se encuentra ahora enfrentando denuncias de corrupción por las intervenciones al sindicato marítimo de Omar Suárez, donde nombró una gran cantidad de familiares y amigos como funcionarios y a su propia empleada doméstica Sandra Heredia, a quien luego despidió intempestiva y groseramente. Pese a la normalización del gremio mediante un proceso electoral donde triunfó la lista opositora y aunque el juez Canicoba Corral ordenó entregar el sindicato a las nuevas autoridades, la Obra Social continúa intervenida y el ex ministro se negó a devolverla. Otra situación similar se dio en el sindicato de vigiladores, donde la denuncia habla de  un desfalco millonario y pruebas fílmicas muestran movimientos irregulares de dineros del gremio. Con su renuncia pasa a la historia una de las peores gestiones en el recientemente degradado Ministerio de Trabajo. En su haber figurará la destrucción del 10% de los puestos de trabajo registrados en la actividad privada, centralmente en la industria.

El día martes una veintena de líneas de colectivos de la empresa DOTA realizaron un paro sorpresivo y sus choferes concentraron en la 9 de Julio para marchar hasta los tribunales, donde hicieron una presentación pidiendo garantías para participar en las elecciones de la UTA dado que en las elecciones anteriores fueron excluidos, según el mandamás oficialista Roberto Fernández, por no reunir los requisitos estatutarios. Los trabajadores en cuestión pertenecen a las líneas 5, 8, 20, 21, 23, 28, 31, 44, 56, 57, 76, 78, 87, 91, 101, 108, 111, 117, 127, 132, 135, 146, 161, 168, 188, 405, 421 y 520. Conforman una lista opositora que pone en peligro al veterano dirigente, ya muy desgastado frente a sus bases. La crisis laboral y la pérdida de salarios y de derechos generan un clima de repudio a los dirigentes sindicales que se niegan a enfrentar esa política.

Los dirigentes de los gremios aeronáuticos denuncian la política del gobierno destinada a vaciar y a quebrar a Aerolíneas Argentinas. El conflicto de la semana anterior se originó en la negativa a reconocer la cláusula gatillo pactada en la paritaria que sigue sin cumplirse, lo que obliga a los sindicatos a nuevas medidas de fuerza. Amparados en esa trampa, desde el gobierno lanzaron, desde boca del propio Presidente, una campaña de descalificación a los trabajadores sindicalizados, a sus dirigentes y a la propia línea de bandera. No parece ser la privatización la estrategia, sino el vaciamiento y la pérdida de las rutas y destinos en mano de las empresas low cost.

El Sindicato Único de Administraciones Portuarias viene denunciando la irregular situación de los puertos de la provincia de Buenos Aires. La intención de avanzar con tercerizaciones sobre los tres puertos que aún permanecen en manos del estado provincial tuvo un nuevo capítulo con un trabajo de dragado en la ciudad de San Nicolás, producto de la histórica bajante del Rio Paraná hasta hace poco más de un mes. Tanto el Ministro de la Producción, Javier Tizado, como el Subsecretario de Puertos de la Provincia de Buenos Aires, fueron el blanco de una denuncia por las irregulares contrataciones que llevaron adelante con una empresa que había ganado la licitación en el puerto de San Pedro. El abogado Pablo Cuomo, a instancias del personal de la Subsecretaría de Puertos, denunció serias irregularidades en el dragado parcial de la terminal San Nicolás, que produjo la negativa a pagar los trabajos por irregularidades y sobreprecios. El SUTAP, en cabeza de su secretario general Adolfo Barja, que milita en la CTA de los Trabajadores, es el que sostiene estas denuncias y está siendo represaliado por el gobierno de María Eugenia Vidal. Actualmente la cuota sindical correspondiente a los trabajadores de los puertos estatales de la provincia no es retenida como corresponde por la patronal y pesa sobre los trabajadores afiliados a ese sindicato la amenaza de la intervención. Los reclamos están en la Justicia. Por causas que aún se desconocen, un incendio en la refinería de Avellaneda le costó la vida a Sergio Esquivel, de 20 años.  El sindicato SUTAP denunció la falta de controles y cargó, una vez más, contra su polémico titular, Alejandro Semmartin, un comisario de la Bonaerense procesado por dispararle por la espalda a una persona, y protegido del ministro Tizado.

Tras la aprobación del presupuesto del FMI y su ajuste en el Senado, y de la creciente ola de repudio a la negociación de la cúpula de la CGT que culminará con el pago fraccionado de un bono de fin de año para un 20% de los trabajadores formales, el escenario de la discusión paritaria se va recomponiendo y arreciarán medidas de fuerza en los días previos a la Cumbre del G20 en Buenos Aires preanunciando un fin de año caliente.

Una realineada representación expresa al moyanismo, al SMATA, a la Corriente Federal bajo el paraguas del Frente Sindical para el Proyecto Nacional, además de las CTA de Hugo Yasky y de Pablo Micheli. Incluido Hugo Godoy, todos ellos han reiterado sus críticas al bono de la desdicha y mantienen el compromiso del paro activo de 36 horas. Esto implica que la calma superestructural puede verse amenazada por una oleada de protestas organizadas por un movimiento sindical que va cobrando protagonismo y centralidad. Desde el 21 F hasta el presente el sector más dinámico en la protesta callejera y en su puja interna por representar los intereses de los asalariados, ha marcado el territorio de las alianzas futuras que enfrentarán a un gobierno desgastado, sin futuro, pero determinado a golpear a los trabajadores, sus derechos conquistados y su historia.

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí