Se robaron un gasoducto

 

Hace un par de meses, el 5 de marzo, apareció la noticia en un medio digital de Salta de que habían robado 35 kilómetros de cañería de 24 pulgadas (gran parte ya instalada, es decir ¡soterrada!) del Gasoducto NEA valuados en 300 millones de dólares. Dos días después se conocieron más informaciones en otros medios, incluido El Tribuno. El intendente de Aguaray, que había firmado los remitos para que los camiones cargados de caños pudieran circular, juraba que era inocente.

La cifra de 300 millones de dólares nos parece excedida (1). El monto de lo robado lo determinará la Justicia Federal. Cada caño tiene 12 metros exactos, y la denuncia de los 35 kilómetros significa 2.916 caños. A 5.000 dólares cada caño, son 14.580.000 dólares, solo en caños. Los distintos medios dan distintos valores de los caños, y distintas cantidades de caños robados.

El 10 de marzo Juan Cabandié negó haber autorizado la extracción de caños en el municipio salteño. El mismo 10 de marzo el diputado provincial saencista Javier Diez Villa envió una carta oficial al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para que informe si algún organismo nacional extendió la autorización para el retiro de los caños al intendente o a la empresa Osyp SA. El Frente de Todos impulsa un proyecto de Ley provincial para que el gobierno designe un interventor en el municipio.

El autor del proyecto, Ramón Villa, aseguró que en el municipio norteño se registró un hecho de “importante gravedad institucional” y que debe resolverse: “El gasoducto que tanto costó construir se desmanteló en días. Esto es un verdadero crimen”. El 20 de abril se informó del allanamiento en Tartagal donde se secuestran algunos caños.

Según informó FM Alba, el intendente Jorge Enrique Prado envió el 23 de diciembre de 2019 una Resolución al Concejo Deliberante estableciendo que la obra del gasoducto (actualmente paralizada) es nociva para el medio ambiente.

El hecho se torna más grave aún, ya que Prado habría dispuesto que los caños fueran otorgados a una empresa mendocina; la OSYP S.A. El total de caños extraídos corresponderían a un tramo de más de 30 kilómetros, que pasa por Aguaray.

 

 

Denuncias varias

La primera denuncia fue radicada el 7 de febrero en Salta por el abogado Andrés Matías Schteinbarg, representante de la empresa de Servicios Vertúa SA. El letrado aseguró que fue informado sobre el robo de caños por pobladores de la zona de Tonono.

En la segunda causa penal los allanamientos se realizaron en el marco de una investigación que lleva adelante la Subsede Fiscal Federal de Orán por los delitos de robo y falsificación en perjuicio del Estado Nacional, por la sustracción de 150 de estos caños. La Gendarmería Nacional y la Policía de Salta realizaron los allanamientos en instalaciones de las petroleras Perterser SRL y Weatherford Internacional de Argentina SA, en General Mosconi.

Pero la investigación de esta causa quedó en manos del juez Carlos Alberto Martínez Frugoni, en Tartagal, porque había otra denuncia de IESA (Integración Energética Argentina) por el robo de 2.500 caños de la zona de Campo Durán, en jurisdicción del municipio de Aguaray, de mayo de 2019, y por lo tanto se tramita con el procedimiento mixto, anterior a la reforma que se puso en práctica recientemente.

El juez Martínez Frugoni no hizo nada desde mayo de 2019 hasta la fecha y se siguieron robando caños.

¿Quién es este juez? Martínez Frugoni fue designado por Macri en 2017 a pesar de todas las impugnaciones existentes; según sus propias palabras se le “escapó la perdiz” en un delito de narcotráfico por el que solo fue reprendido.

Y llegamos al 10 de mayo del 2020, el día en que Antonio Oieni, excelente periodista de investigación, publicó un artículo sobre el Robo del Gasoducto del NEA. Oieni informa que en Mendoza, La Pampa, Chubut, La Rioja y Catamarca el robo fue multiplicado.

En su artículo se lee que “a diferencia de los 35 kilómetros de Salta, la jueza secuestró los camiones, detuvo a 4 choferes y con las indagatorias constató que 262 tubos de 30 pulgadas, valuados en cerca de $170 millones, se vendieron a través de las redes sociales. En esta causa, que hoy tiene 2 procesados y 15 imputados, las declaraciones permitieron localizar 80 de esos caños en fincas de Salta y Tucumán, donde los convirtieron en comederos para ganado y alcantarillas”.

En La Rioja, a mediados de 2019, la red ilícita robó 1.200 caños de un gasoducto de La Rioja a Catamarca, proyectado desde Chamical hasta Casa de Piedra. Las obras, valuadas en 20 millones de dólares, se habían iniciado en octubre de 2013 y quedaron paralizadas a fines de 2015, con 80 de 122 kilómetros terminados. El valor de los tubos saqueados, de 10 pulgadas, fue estimado en $70 millones.

Caños de 5.000 dólares malvendidos a 150.000 pesos en Mercado Libre, usados también para bebederos de ganado, alcantarillas, etc.

En el caso del robo de los 35 kilómetros han pasado 3 meses sin un solo detenido ni imputado. Y no fue el único robo de infraestructura energética en Salta, ya que en marzo se robaron una torre de alta tensión en Aguaray de la nueva línea de alta tensión Interconectado Juana Azurduy, destinada a abastecer de energía eléctrica al sistema local en unos meses, desde Bolivia.

 

 

A modo de epílogo

En diciembre de 2015, al asumir el gobierno de Cambiemos se paralizó prácticamente toda la obra pública: gasoductos, oleoductos, viviendas, viales, hospitales, ferroviarias… salvo las que estaban adjudicadas a empresas amigas y durante los cuatro años del régimen sufrieron un tremendo deterioro. Se vieron ambulancias arrumbadas que jamás se usaron, puentes ferroviarios por donde el tren no pasaba, accesos en el Paseo del Bajo donde un camión con semirremolque se trancaba y… un juez que mandaba destruir las Qunitas. ¿Fueron corruptos e ineptos? No, vinieron a destruir el país y matar a los negros.

El caso del gasoducto NEA es una muestra escalofriante del espíritu que animó a este círculo. Un eficiente buen ladrón diría Arlt, robaba los caños que quedaron acopiados en distintos puntos de la traza, una gruíta, un camión y a socavar lo enterrado… es una operación casi igual a la construcción del gasoducto: retroexcavadora, varias grúas para extraer la cañería, soldadores para cortar los caños o amoladoras y grupos electrógenos, topadoras para tapar la trinchera, mucho personal y tiempo, mucho tiempo… con lo que la ganancia por caño sería ínfima.

Esto que ocurrió en Salta tiene que servir a nuestro gobierno nacional para investigar todas y cada una de las obras públicas paralizadas por el macrismo a partir de 2015.

La transformación de caños sin costura de 24” en comederos y bebederos de vacas es un claro mensaje de qué clase de país quieren.

 

 

 

 

 

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