Se profundiza la restauración conservadora
Tensión por el encarcelamiento de Lula
Lula anunció desde el sindicato metalúrgico de San Bernardo do Campo, en las afueras de San Pablo, que se entregaría, aceptando el confinamiento reclamado por el juez Moro, quien dictaminó su prisión en un proceso jurídico kafkiano. Dos instancias judiciales le atribuyeron a Lula la propiedad de un departamento otorgado a cambio de hechos de corrupción ligados a Petrobras. La confirmación la hizo frente a miles de seguidores después de participar en una misa en recuerdo de su compañera fallecida en febrero de 2017, Marisa Leticia Rocco. Lula se dirigió a sus seguidores asegurando que el “crimen que cometí fue sacar a millones de la pobreza”. Advirtió que “hay millones de Lulas para andar por mí y no tienen cómo pararlos, no tienen cómo parar mi sueño” y que “el golpe empezó con Dilma y termina con la decisión de que Lula no sea candidato a la presidencia”.
La detención de Lula, decidida por dos instancias judiciales y avalada por la denegación de sendos hábeas corpus que rechazaron la suspensión de la detención preventiva, posee indudables similitudes con de la novela inconclusa de Franz Kafka que se llama El proceso. El protagonista del relato, Josef K, es arrestado allí y deambula por despachos judiciales por razones que no logra comprender y que lo sumergen en una pesadilla burocrática. No logra encontrar la ventanilla adecuada y percibe que la justicia es un páramo inaccesible. El telón de fondo –silenciado o eufemizado— es el control social y el disciplinamiento a todos aquellos que se atrevan a tergiversar las reglas de juego del poder. El texto se inicia con una muy famosa y citada frase: “Alguien debió de haber calumniado a Josef K., porque sin haber hecho nada malo, una mañana fue detenido”. Las analogías regionales, incluida Argentina y otras latitudes de este subcontinente, no son sólo coincidencias.
Lula Da Silva es el sucedáneo de otros líderes de América Latina que a principios del siglo XXI decidieron desafiar al modelo hegemónico neoliberal. Pero se encontraron con la resistencia de un establishment político y económico que pretendía/pretende darle continuidad a la aplicación de planes de ajuste destinados a maximizar inversiones y a garantizar la contínua y creciente valorización financiera. El teatro del enfrentamiento, dispuesto por los grupos empresarios, no es la política. Parte de las usinas de medios de comunicación, en una primera etapa, y se traslada casi inmediatamente a los pasillos tribunalicios. La tercera fase se consolida con la supremacía de los lenguajes y las acciones represivas, las proscripciones, las prisiones políticas y las ejecuciones enmarcadas en prolijas justificaciones penales.
La exigencia de detención reclamada por el Juez Moro —el equivalente brasileño de Bonadío— para que Lula se presente ante la policía de Curitiba, capital del Estado de Paraná, es el epílogo de todas las fases previas: monopolios mediáticos brasileños liderados por la Red O ‘Globo —el equivalente brasileño de Clarín— inocularon con paciencia el veneno discursivo de la difamación larvada y buscan desplegar sospechas sobre el sistema político en su conjunto y, específicamente, sobre aquellos dirigentes que se muestran más permeables a modelos de distribución económica y pluralización de derechos.
Difamación sociedad anónima
“O´Globo pivotea el golpe”. Medios que sabotean gobiernos que no responden a sus intereses empresarios.
La editorial del matutino O´Globo del último 6 de abril, titulado “Prisión de Lula refuerza el Estado de Derecho”, expresa el trayecto efectivizado por ese medio para obstruir el probable acceso del líder metalúrgico a una nueva gestión presidencial. En el cuerpo del editorial se ahonda en una lápida limada con esmero: “…El momento del país es otro, y la prisión contra Lula confirma, por sí sóla, que los cimientos republicanos de la democracia brasileña se han fortalecido”. Uno de los más afamados periodistas de esta red, Ricardo Noblat, también redactor de la revista Veja, enmarcó un poco más las expectativas de los más concentrados grupos de poder al compartir en su cuenta de Twitter: “Según algunos ministros, las elecciones de este año no están plenamente garantizadas”. Las fases orientadas al derribamiento de Lula aparecen acompañadas con la sistemática búsqueda por restarle relevancia a la actividad política –como práctica social— mediante la asociación simbiótica con una lógica de componendas y negociados.
La ofensiva mediático-discursiva sumó en el último mes una calculada colaboración internacional de quienes tampoco ven con simpatía al líder obrero: una serie de ocho capítulos producida por la plataforma Netflix titulada O Mecanismo, que retrata la corrupción dentro de la empresa Petrobras y representa a Lula como un vulgar mercader ajeno a los intereses de los sectores populares. En uno de los diálogos de la tira se pone en boca del dirigente metalúrgico una célebre frase mafiosa, enunciada originalmente por el senador conservador –opuesto al PT— Romero Jucá: “Hay que parar la sangría”. Dicha sentencia había sido solicitada en referencia al encarcelamiento de sus colegas por la causa Odebrecht (que también tiene entre sus acusados al titular de Agencia Federal de Inteligencia argentina, Gustavo Héctor Arribas). Lula adelantó que denunciará a Netflix por cómo lo retrata esa serie y cómo se busca manipular a sus espectadores en vísperas de la elección presidencial de octubre próximo.
La sistemática siembra de desconfianza y odio brindó sus frutos semanas atrás, en plena Caravana petista por el Estado de Paraná. El 27 de marzo dos vehículos fueron tiroteados y cuatro proyectiles alcanzaron a la comitiva, sin que se registraran víctimas. Los disparos que impactaron en los micros, de dos calibres diferentes, provinieron de ambos lados de la carretera lo que sugiere una emboscada. El gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, afirmó que Lula “está cosechando lo que sembró” y que “acabó siendo víctima” de una polarización que incentivó. Alckmin expresó con claridad el sentir de las elites biempensantes, acostumbradas a una jerarquización social indiscutible, para quienes todo debate sobre la distribución de la riqueza se constituye ipso facto en un ejercicio subversivo de polarización condenable.
En otra de las paradas de la Caravana de Lula, en la ciudad de Francisco Beltrao, también del Estado de Paraná, el contingente petista fue recibido poco amablemente por opositores acompañados por un cuerpo civil de “seguridad” vestido de negro, quienes amedrentaron a la población que intentaba llegar al acto organizado. Los parapoliciales fueron tiernamente avalados, horas después de los sucesos, por la senadora Ana Amelia Lemos, que amparada en su condición de “mujer gaucha” defendió las agresiones como una “muestra de carácter” ciudadano.
El canal de televisión perteneciente a O'Globo (sucedáneo de Todo Noticias –TN— y Canal 13) ha sido uno de los pilares del conglomerado discursivo encargado de naturalizar el encierro de Lula (Josef K). La imposición –por repetición (“se robaron todo”)— incluyó el acompañamiento de las poco sutiles amenazas militares, reiteradas hasta el hartazgo por el comandante del ejército, general Eduardo Villas Boas, quien advirtió a través de su cuenta de Twitter en vísperas del tratamiento del hábeas corpus por parte del Tribunal Superior Federal, su “repudio a la impunidad”. La senadora y presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, denunció el miércoles último a la red Globo por utilizar con insistencia la declaración del oficial con el objetivo de amedrentar a los magistrados para que se pronuncien contra el hábeas corpus solicitado por los abogados del PT.
Demolición de la política
La externalidad buscada de los dispositivos comunicaciones y sus abigarrados pasillos kafkianos se orienta a degradar la política como herramienta de debate público y oportunidad para la transformación social. El vapuleo constante de los Josef K, su derrotero por el cono de sombras (confuso, ambiguo, incomprensible) deviene en guarismos de opinión pública: según IBOPE menos del 20 % de los brasileños confía en el Congreso. Su presidente, Temer, araña un 3 % de aprobación y el Ejército es valorado muy positivamente por el 65% de la población. La insistencia de que la corrupción es una enfermedad vinculada a la política permite a los empresarios –que son sus generadores, beneficiarios y/o partícipes— dinamitar la práctica ciudadana como herramienta de transformación.
Los prolegómenos de la negativa dispuesta por el Supremo Tribunal Federal (STF) el día jueves último, incluyó declaraciones del general (recientemente retirado) Antonio Hamilton Mourao, quien se declaró “avergonzado” por la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) de posponer hasta el 4 de abril la definición sobre el hábeas corpus. Subrayó en su sutil apreciación con “hay que tener cuidado con la ira de las legiones”. Pocas horas antes que se reúna el tribunal en Brasilia, otro general, Luiz Gonzaga Schroeder Lessa, envió un mensaje público al Tribunal a través de una entrevista periodística. Refiriéndose a la hipotética posibilidad de que Lula quedase libre señaló: “Si ocurre semejante apartamiento de la ley, ahí no tengo duda de que sólo queda el recurso a la reacción armada. Ahí es el deber de la fuerza armada restaurar el orden”. Para darle cierto sosiego al tribunal, matizó: “Pero no creo que lleguemos a eso”.
Los dichos de estos militares son contemporáneos con el decreto de militarización de Río de Janeiro, ciudad en la fue asesinada —con balas de la policía militar— la concejala Marielle Franco (militante de género, afrodescendiente y perteneciente al Partido Socialismo y Libertad), hecho asociable al asesinato en la patagonia del joven Rafael Nahuel de 22 años. Marielle se había convertido en una fuerte antagonista de la creciente connivencia mafiosa entre policías, militares y narcotraficantes. Al momento de la ejecución de Franco, Río de Janeiro se encontraba bajo tutela del ejército.
La arremetida restauradora busca extenderse
Las razones de fondo de la ofensiva empresaria se visibilizan en causas internas de Brasil y en factores externos. Lo local se observa en el sistemático deterioro de la economía, expresada en tasas de desocupación cercanas al 12 % y en la aprobación de una reforma laboral enviada por Temer al Congreso en agosto de 2017. El conjunto de normas (similar al impulsado por Macri en Argentina pero aún no tratadas) retrotrae el derecho del trabajo brasileño a la década del '40 del siglo pasado. Como es de costumbre busca su legitimación a través de la muletilla remanida –y fallida históricamente— de “elevar la competitividad y reducir el desempleo”. Entre otras cien regulaciones, la norma reglamenta nuevas formas de contratación, como el trabajo intermitente por días específicos u horas salteadas, la tercerización y la posibilidad de disponer de trabajadores para actividades adicionales sin tener que incluirlos en nómina ni hacer aportes jubilatorios.
Los sectores empresarios concentrados en la Confederación Nacional de la Industria, preocupados por la recuperación de sus monumentales ganancias, se vieron reconfortados por la medida y definieron la flexibilidad como “el deseado avance en la construcción de relaciones de trabajo modernas y alineadas con la economía del siglo XXI”. Existen 13 millones de desocupados en Brasil y una recesión que acumuló una caída de un 7 % de su PIB entre 2015 y 2016, y evidenció un repunte de un 1% durante 2017 que no logró siquiera expresar el crecimiento vegetativo. Los últimos datos no parecen ser indicadores de una mejora: la industria cayó en enero un 2,4 % y el sector servicios se redujo un 1,9 %. Sin embargo, los centros de poder expresados por la tenaza de los medios y la justicia continúan en su tesitura de sentirse horrorizados por el “desorden” social que provocaron los proyectos de inclusión social que generaron crecimiento económico, acompañado de un desarrollo social inclusivo, durante el gobierno de Lula.
El vuelo del águila
Las razones de índole externa fueron enunciadas por Lula en un reportaje realizado por el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa para la plataforma Rusia Today: [Brasil] “estaba en una posición privilegiada, formaba parte de los BRICS, se había convertido en un protagonista internacional, y creo que los estadounidenses no estaban acostumbrados a ver cierta independencia por parte de América Latina”. En referencia al desarrollo del MERCOSUR y de UNASUR señaló: “La élite brasileña nunca ha aceptado el hecho de que yo haya optado a favor de América del Sur (…) Brasil era un país que estaba de espaldas a América del Sur; no miraba hacia África sino miraba directamente hacia EE.UU. y la Unión Europea (…) Estoy convencido de que hay un vínculo entre los intereses de la élite brasileña y los de la élite extranjera, sobre todo la de EE. UU”. (…) Tenemos pruebas de que el Ministerio Público de Brasil está recibiendo instrucciones del Ministerio Público de EE.UU.”. La aseveración de Correa fue aún más explícita: “Todos sabemos que su crimen es haber sacado a 38 millones de brasileños de la pobreza, sin someterse a las élites”.
Programa en el que Rafael Correa entrevista a Luiz Inácio Lula da Silva.
En abril de 1980, casi cuatro décadas atrás, Lula lideraba una huelga del sector metalúrgico y fue encarcelado. Quizás entonces –sin saberlo— compartió celda con Josef K, el protagonista de la novela El proceso. Su autor, Franz K, pidió antes de morir que se incinerase la totalidad de sus escritos. Su amigo Max Brod no cumplió con el compromiso asumido. Publicó sus textos. Quizás por eso –de alguna manera— el Proceso continúa entre nosotros.
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