Se fue sin pedir perdón

 

Alberto Fujimori ha fallecido el 11 de septiembre, a los 86 años, tres años después de que, a la misma edad y exactamente en el mismo día, Abimael Guzmán, el líder de la organización terrorista Sendero Luminoso, terminara de respirar en la cárcel.

Controvertido siempre, unos exaltan sus logros, mientras otros denuncian sus crímenes y actos de corrupción. Los primeros lo recuerdan como el padre del actual modelo económico que derrotó la inflación, a costa de una parálisis económica durante los años iniciales, y la senda de paz que se inició después de la captura de Abimael Guzmán. La mayoría considera que fue golpista, corrupto, violó derechos humanos y llevó adelante un programa de esterilización forzada que, entre 1996 y 1998, afectó a 270.000 mujeres y 22.000 hombres indígenas y de escasos recursos económicos, para contribuir a reducir las cifras de la pobreza. Como señala el periodista César Hildebrandt, Fujimori abatió la inflación y arrinconó al terrorismo, pero el costo fue la masacre de la democracia y la putrefacción del país.

El gobierno ha decretado tres días de duelo nacional y entierro con honores de jefe de Estado a quien renunció a la presidencia de Perú, desde Japón, cuando se difundieron los videos en los que su asesor, Vladimiro Montesinos, sobornaba a políticos, periodistas, empresarios y jueces para acallarlos. Como señalan los organismos de derechos humanos en el Perú, es inadmisible que el mismo Estado que tiene el deber de garantizar y proteger los derechos humanos y luchar contra la corrupción rinda honores a quien fue responsabilizado y condenado precisamente por dichos delitos, y sobre quien estaba pendiente un proceso por otro caso de grave violación de derechos humanos (Pativilca).

El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú considera que este gesto del gobierno representa un paso más hacia la demolición de la democracia en el Perú, en tanto expresa un alineamiento desde la cúspide del Estado con el legado de autoritarismo, corrupción y violencia dejado por el régimen fujimorista.

La actual Presidenta Dina Boluarte –quien sustituyó al ex Presidente Pedro Castillo en su calidad de Vicepresidenta después del frustrado autogolpe de Castillo en diciembre de 2022– ha traicionado sus convicciones políticas y se ha confabulado con los sectores de derecha y el fujimorismo para poder mantenerse en el poder con apenas 5% de respaldo popular, porcentaje similar al que tiene el Congreso de la República. Se trata de la misma Boluarte que se refirió a Fujimori, en la campaña del 2021, como aquel “personaje oriental” que los llenó de vergüenza con sus actos.

 

Hay golpes en la vida

El ingeniero agrónomo Alberto Fujimori fue el primer outsider que llegó a la presidencia del Perú en las elecciones de 1990 con el lema de campaña: “Un peruano como tú”. A pesar de haber ganado la elección con un discurso antiliberal, con el que derrotó abrumadoramente (62% de los votos) en segunda vuelta a su contrincante, el escritor Mario Vargas Llosa, Fujimori aplicó a rajatabla los principios de liberalización económica y desregulación del Estado establecidos en el Consenso de Washington durante su gobierno entre 1990 y 2000.

Fujimori optó por esa ruta, como ocurrió con Color de Mello en Brasil y Carlos Menem en la Argentina, quienes ganaron en la misma época las elecciones presidenciales con promesas gradualistas de corte populista pero, ya en el poder, acataron los lineamientos liberales del denominado Consenso. A diferencia del liberal Vargas Llosa, cuyo programa aplicó, Fujimori no tenía un programa para atenuar el ajuste, por lo que sus efectos en la población fueron de los más severos en América Latina.

Con el pretexto de profundizar las medidas económicas sin resistencia y combatir a Sendero Luminoso –que inició la lucha armada en 1980 y dio lugar a 69.000 muertos y desaparecidos–, Fujimori dio un auto-golpe de Estado el 5 de abril de 1992. Convertido en dictador, disolvió el Congreso, suspendió la Constitución, intervino el Poder Judicial, persiguió opositores y declaró el estado de emergencia. Durante las horas siguientes, fuerzas militares y policiales ocuparon varias instituciones estatales, lo que indicaba el carácter autocrático de lo que vendría. Asimismo, se dieron en forma de decretos-ley un número importante de las reformas estructurales que minimizaron el rol del Estado e impulsaron la apertura del país.

Dos meses después, en junio, convocó a un Congreso Constituyente Democrático para redactar una nueva Constitución. En la elección de los constituyentes, en noviembre de 1992, triunfó el oficialismo. Poco antes de la elección, el líder de Sendero Luminoso había sido capturado por un grupo de agentes del Grupo Especial de Inteligencia de la Policía Nacional (GEIN). Su detención desactivó el accionar de Sendero Luminoso y el país entró en una relativa senda de paz. El GEIN, creado a fines del primer gobierno de Alan García, tuvo el mérito de desactivar al grupo terrorista sin disparar una bala y sin matar a pobladores, mayoritariamente de la sierra, que eran víctimas de la violencia y crueldad de Sendero Luminoso y de miembros del ejército y de la marina como parte de su estrategia subversiva que incluyó masacres a comunidades. En la lucha contra la agrupación terrorista, las rondas campesinas y los comités de autodefensa tuvieron un rol decisivo. De hecho, hubo más muertes de sus miembros que de la policía o del ejército.

En 1995 Fujimori fue reelegido con un fuerte respaldo popular derrotando a su contrincante, el ex secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar. Durante esta etapa consolidó las reformas y cooptó los poderes del Estado, además de la prensa, y se produjeron la mayor parte de los actos de corrupción, especialmente en el proceso de privatización de las empresas públicas.

 

La fuga fantástica

En el 2000 Fujimori se postuló nuevamente, a pesar de que “su” Constitución permitía una sola reelección. Para hacerlo, se tumbó a los miembros del Tribunal Constitucional, aprobó la ley de Interpretación auténtica de la Constitución y cooptó los organismos electorales con el fin de poder hacer un fraude en las elecciones. Su nuevo contrincante, Alejandro Toledo, decidió no participar en la segunda vuelta electoral y se organizó la denominada Marcha de los Cuatro Suyos, que partió desde varios puntos del país y convergió en Lima. El objetivo era evitar que Fujimori asumiera la presidencia. Para entonces, se habían filtrado videos del ex jefe del servicio de inteligencia y brazo derecho de Fujimori, Vladimiro Montesinos, en los que se observaban los sobornos a políticos, jueces y medios de prensa.

Es así que aprovechó su participación en una cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) para huir del país con maletas cargadas de videos que incautó de la casa de su asesor, quien ya se encontraba prófugo. El entonces Presidente peruano se asiló en Japón y envió su renuncia por fax al Congreso de la República, la que no fue aceptada. Se lo vacó por incapacidad moral o física permanente.

Desde entonces, y hasta 2005, residió en Japón. Se casó con una joven japonesa y se postuló sin éxito a un puesto en el Senado de ese país. Las ansias de poder lo llevaron nuevamente a la arena política. Decidió entonces regresar al Perú vía Chile, donde fue capturado por agentes de la policía de ese país. Había elegido específicamente Chile como vía para su retorno triunfal, no solo por su vecindad con el Perú, sino porque tenía antecedentes que le permitirían planificar bien su arribo, ya que dos cercanos colaboradores estaban radicados en Chile y los procesos de extradición solicitados desde el gobierno de Perú habían fracasado.

En septiembre de 2007 la Corte Suprema de Chile aprobó la extradición de Fujimori por seis de los ocho casos presentados por la fiscalía peruana. Por todos ellos, fue sentenciado a penas que iban de 6 a 25 años de prisión. Millones de personas escucharon el relato de los crímenes y casos de corrupción cometidos bajo sus órdenes, pues el juicio fue televisado. En 2010, la Corte Suprema de Justicia de Perú lo condenó por los delitos de homicidio calificado, secuestro agravado y lesiones graves. Era la primera vez que un ex mandatario constitucional de América Latina era juzgado y sentenciado en su propio país por crímenes de lesa humanidad. Montesinos fue condenado por delitos similares. Ambos, además, fueron condenados por corrupción, que incluye soborno a parlamentarios y compra de medios de comunicación, entre otros. El reconocimiento de su culpa redujo las sanciones en esta causa.

 

 

Fujimori está sentenciado también por graves violaciones a los derechos humanos: secuestro agravado y autoría mediata de dos masacres (Barrios Altos y la Cantuta) perpetradas por un escuadrón de la muerte, conocido como el Grupo Colina, que según la sentencia actuaba bajo órdenes del mandatario. Meses antes del auto-golpe, en el distrito de Barrios Altos, en el centro de Lima, un escuadrón del Grupo Colina irrumpió en una fiesta familiar y abrió fuego contra 15 civiles, entre ellos un niño de ocho años, acusados falsamente de ser terroristas. Las investigaciones de estos hechos se detuvieron abruptamente el 5 de abril, día del auto-golpe.

Con posterioridad a esa fecha se intensificaron las detenciones ilegales y desapariciones. En julio de 1992, el Grupo Colina arrestó a nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta y, luego de interrogarlos y torturarlos, les dispararon y enterraron sus cuerpos clandestinamente. Los asesinatos fueron revelados casi un año después, por delación de un miembro del ejército.

Después de purgar prisión por más de quince años, sus seguidores pidieron que se le condonara la pena, y ello tuvo lugar en dos oportunidades. El ex Presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) le concedió un indulto en 2017 como resultado de una negociación con una facción de congresistas fujimoristas, liderada por su hijo Kenji, para evitar que esa fuerza respaldara en el Congreso el proyecto de vacancia presidencial presentado por el izquierdista Frente Amplio al haberle encontrado a PPK evidencias de corrupción. Sin embargo, debió regresar a prisión por decisión de la Corte Suprema que lo encontró improcedente, en la misma línea del pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2023, la Presidenta Dina Boluarte ejecutó la orden del Tribunal Constitucional –elegido por una alianza entre el fujimorismo y el cerronismo, la que llevó a Pedro Castillo a la presidencia— que validó el indultó espúrio otorgado por PPK y desacató la orden de la Corte IDH.

 

¿Otra vez Keiko?

La muerte de Alberto Fujimori implica que algunos de los procesos judiciales que debía enfrentar, como el asesinato de seis campesinos por el Grupo Colina (caso Pativilca), finalizarán. El de las esterilizaciones coercitivas continuará, pues hay varios funcionarios públicos enjuiciados. Asimismo, 15 millones de dólares en concepto de reparaciones al gobierno peruano, que un tribunal le ordenó entregar, quedarán impagos. La ley peruana prohíbe que los familiares paguen las reparaciones civiles del fallecido con sus propios fondos.

Es probable que su hija Keiko intente aprovechar la estela de la muerte de su padre y apostar por cuarta vez a la presidencia. A pesar del cáncer terminal que padecía, había declarado hacía apenas dos meses que su padre planeaba presentarse nuevamente a las elecciones presidenciales en 2026.

El fujimorismo cuenta con el respaldo de un quinto de la población, que no le ha servido a su hija para ganar ninguna de las tres elecciones en las que ha participado (2011, 2016 y 2021), aunque siempre ha pasado a la segunda vuelta electoral para perder por una diferencia mínima frente a sus rivales. La última vez ocurrió con Pedro Castillo y su pataleta la llevó a desconocer las elecciones y acusarlas de fraudulentas.

 

* Esta nota es parte de otra, publicada por la autora en la plataforma virtual Feminismo y Democracia (MIRA), con sede en México.

 

 

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