Se cierra el cerco

 

En el último semestre, la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desarticuló maniobras abusivas de comercialización de granos y otros productos agrícolas por un total de 31.000 toneladas, equivalentes a la suma de 1.030 camiones con acoplado que, estacionados uno detrás de otro, trazarían una línea de 25 kilómetros lineales. Esa mercadería, destinada prioritariamente al contrabando, duplica la cantidad interdicta durante todo el cuatrienio del macrismo.

La eficiencia de los controles ha provocado un creciente malestar al interior de los grupos más concentrados del sector, que añoran la permisibilidad que les concedía Luis Miguel Etchvehere, otrora ministro de Agroindustria y antes presidente de la Sociedad Rural, quien intercedía ante las autoridades de la AFIP –Alberto Abad y Leandro Cuccioli– cuando alguno de sus allegados era observado por la Dirección General Impositiva (DGI).

Esa irritación trasciende a través de grupos de WhatsApp ligados a los remanentes de la Mesa de Enlace, en los cuales despotrican contra la actual jefa de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, a quien califican como “enemiga del campo” por poner “la mira en forma obsesiva en el sector”. Sin embargo, el disgusto de quienes estaban acostumbrados a no ser controlados se debe específicamente al fortalecimiento de las tareas de fiscalización sobre la producción y el traslado de granos, asistido por las fuerzas federales de seguridad.

Según estimaciones consensuadas, en la Argentina se producen unos 150 millones de toneladas de granos al año. Se estima que una tercera parte de esa producción no está declarada y logra fugarse en los pliegues opacos de la logística, la subfacturación y/o el contrabando. Esos 50 millones de toneladas no pagan impuestos ni retenciones, utilizan puertos clandestinos, camiones sin mercadería declarada, barcazas furtivas y complejos dispositivos de contabilidad creativa.

Los nuevos programas de la AFIP incrementan el malestar de los ex integrantes de la Mesa de Enlace, quienes observan con aversión la combinación de tres dispositivos de fiscalización articulados: la Carta de Porte Electrónica, el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) y el Mapa Satelital de Monitoreo Permanente de Cultivos.

Desde noviembre de 2021 todos los traslados de granos en transporte automotor o ferroviario deben estar acompañados por una declaración jurada gestionada en forma digital. Dicha Carta de Porte digitalizada reemplaza a los formularios en formato papel. Desde que se habilitó el portal en el que se tramitan las Cartas, se presentan 10.000 suscripciones diarias. Esas declaraciones permiten una cuantificación más precisa de lo que se transporta: se optimiza la trazabilidad, se simplifica el trámite y permite conjeturar diferencias entre lo consignado y lo entregado en su destino.

En la Argentina, dos terceras partes de la producción agrícola declarada son acarreadas, en su trayecto inicial, por el transporte automotor (camiones). El resto –en partes iguales– a través del ferrocarril y el transporte fluvial. Luego de su carga en origen, en una segunda etapa, lo comercializado es transferido en forma fluvial y/o marítima.

Las Cartas de Porte permiten cuantificar esos envíos y sus datos se cruzan con el SISA, en el que se registran, en forma precisa, las propiedades inmuebles, la nómina de sus productores y sus arrendatarios. Los dueños de la tierra declaran en el SISA la totalidad de las hectáreas que componen el inmueble rural, mientras que el productor (sea él mismo o su inquilino) informa sólo la extensión destinada a los cultivos. A su vez, el SISA se articula con el Mapa de Monitoreo Permanente de Cultivos, una tecnología que permite procesar imágenes satelitales para detectar contradicciones, inconsistencias e incongruencias en relación con las declaraciones juradas.

El Mapa permite identificar incongruencias entre lo declarado por los productores, titulares de campos o sus arrendatarios, y lo que realmente se produce, se traslada y se comercia. La geo-representación rural se lleva a cabo mediante la utilización de herramientas de monitoreo satelital desarrolladas con asistencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

Los datos satelitales proveen indicadores precisos sobre el calor que emana de la superficie, su humedad, su frecuencia de siembra, cultivo, mantenimiento y riego. La información obtenida es analizada por un área especializada de la AFIP, que la vincula con diferentes bases de datos, el SISA y las Cartas de Porte. Según los desarrolladores informáticos de la AFIP, la geo-representación se perfeccionará durante todo el año 2022 con el objetivo de corroborar lo declarado en el SISA y detectar posibles discordancias y disparidades.

 

 

Incoherencias y satélites

 

 

Este cruce de información que perfecciona la AFIP genera gran inquietud entre el sector de los productores y arrendatarios que utilizan el activismo corporativo como fuerza de choque cambiemita. Mientras cuestionan las nuevas medidas de fiscalización, realizan consultas a consultores de logística y comercialización sobre las alternativas para disimular o enmascarar sus cultivos y producción y no ser detectados en el Mapa Satelital. El triángulo de fiscalización agropecuaria no solo limita el margen de maniobra para las operaciones irregulares que no se derivan al contrabando, sino que también perjudica a quienes efectivamente incumplen las reglas.

Un reconocido geógrafo argentino residente en España –dedicado a la elaboración de mapas satelitales de cultivos– reveló que en los últimos meses se multiplicaron las consultas provenientes de la Argentina, orientadas a evaluar las posibilidades tecnológicas de eludir o enmascarar los controles satelitales operados por la AFIP. La preocupación de estos sectores, habituados a no ser controlados por ninguna regulación, posee una justificación taxativa: los registros parciales, compilados por el Mapa, muestran que el 40% de las hectáreas declaradas no poseen actividad agropecuaria vinculada a la producción de los principales cultivos agrícolas del país. Se detectan, además, áreas rurales no declaradas con ningún tipo de actividad, cuyas imágenes satelitales exhiben cultivos. Se observa la sub-declaración de hectáreas productivas en las que la superficie informada ante el SISA es menor a la realmente existente.

Una investigación publicada en 2021, realizada por Tax Justice Network y la Federación Sindical Mundial, muestra que la Argentina es uno de los cinco países más afectados por la evasión fiscal. Los dos actores centrales de esos ilícitos son las empresas trasnacionales con casas matrices domiciliadas en guaridas fiscales. El relevamiento estima que cada año se esfuman alrededor de 21.000 millones de dólares y que el máximo beneficiario estatal de esta sangría es Estados Unidos (con un 96% de responsabilidad relativa). El segundo es Brasil, con una incidencia que no llega al 2%. El tercero es Luxemburgo.

Luciano Orellano detalla con precisión y claridad –en su libro Argentina sangra por las barrancas del Río Paraná– cómo se lleva a cabo la operatoria de este saqueo institucionalizado desde hace medio siglo: “Cuando se estudia la nómina de los trescientos terratenientes de la Provincia de Buenos Aires se observa que casi todos, por no decir todos, tienen sede en Luxemburgo, Uruguay, Suiza”. Y que sus cuentas bancarias, públicas o secretas pertenecen a abogados que actúan como testaferros. En forma coincidente, la totalidad de las empresas extranjeras que participan del complejo de producción oleaginoso tiene sus casas matrices en paraísos fiscales: Delaware, Gibraltar, Suiza, Londres y Luxemburgo.

Las estimaciones más conservadoras afirman que el 50% de las declaraciones juradas en las que se vuelcan las exportaciones son fraudulentas. En todos los casos, utilizan complejos mecanismos en los que se destacan la contabilidad creativa, la sub-facturación y los precios de transferencia. Esos montos de dinero negro, además, se reconvierten en pertrechos financieros dispuestos a intervenir en la especulación financiera, la adquisición de medios de prensa (propaganda política cambiemita) y la concentración monopólica de empresas. Los ingresos de los exportadores se transforman en instrumentos de incidencia monetaria y financiera, capaces de mancillar el valor de la moneda local. Se consolidan, también, como operadores económicos privilegiados –como en el caso de Vicentín–, que extorsionan al resto de la sociedad obligando al Estado a financiar sus vaciamientos y sus negociados.

La derecha argentina se autodefine como republicana, por su pretendida admiración al respeto de las instituciones. Reivindica la libertad y la división de poderes, pero al mismo tiempo desconfía o desprecia al Estado, que debe garantizar esos bienes públicos. Las oficinas públicas sirven, en este llamativo discurso social, sólo si son útiles para defender privilegios. Cuando funcionan eficazmente para defender las normas sociales, instituidas democráticamente, le producen tirria y son catalogadas como fuente de regulaciones impropias, cargadas de una indudable violencia ilegítima. Como lúcidamente señaló John William Cook: “En un país colonial, las oligarquías son las dueñas de los diccionarios”.

 

 

 

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