SE ARMÓ

 

El debate de ideas, la construcción de fuerzas y alianzas sociales y políticas y la puja entre proyectos de país constituye la característica insoslayable de los proyectos transformadores. Esta semana se produjeron dos acontecimientos de decidida vocación transformadora:

• El tratamiento y aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto de Ley sobre el aporte extraordinario y solidario de las grandes fortunas.
• La Carta del Senado de la Nación dirigida a la Directora-Gerente del Fondo Monetario Internacional.

El primero implicó la adopción de un criterio fundamental para avanzar en la consecución de la equidad tributaria. Este progreso era de orden imperativo porque la pandemia es un acontecer dramático, de carácter extraordinario, que sumada a la calamitosa situación de endeudamiento externo, al retroceso económico y la desarticulación productiva, y a la regresividad social y el aumento de la pobreza provocados por la experiencia neoliberal reciente, debe ser afrontada con el aporte del poder económico concentrado. Ese criterio recupera el rumbo  que se propone el objetivo de la igualdad, sin el cual la democracia es un imposible. Rousseau afirma en su texto Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres (Losada,1996) que “ si se ve un puñado de poderosos y ricos en la cumbre de la grandeza y la fortuna, mientras que la muchedumbre se arrastra en la oscuridad y la miseria, es porque los primeros tan sólo aprecian las cosas que poseen en la medida en que los demás están privados de ellas, y que, sin cambiar de estado dejarían de ser felices, si el pueblo dejara de ser miserable”. El filósofo de la Revolución Francesa establecía así la fusión entre la lucha para eliminar la pobreza con el objetivo de la consecución de la igualdad, la ausencia de la vocación por esta última conlleva el deseo de la perpetuación de la primera. Redistribuir entonces, resulta constitutivo de la democracia, que lleva su concepto de libertad asociado al de igualdad.

Wendy Brown en El pueblo sin atributos (Malpaso, 2017) sostiene que la democracia liberal en general no cumple con su promesa y en la mayoría de los casos la invierte de modo cruel privilegiando el formalismo, el privatismo y el individualismo. “La democracia se puede anular, se puede vaciar desde su interior y no sólo derrocarse u obstaculizarse…  ¿Qué ocurre con los elementos constitutivos de la democracia… cuando la racionalidad neoliberal satura la vida política… con la privatización de la previsión social [y] las cárceles, la conversión de cada necesidad o deseo humano en una empresa rentable, desde la preparación para ser admitido en universidades hasta los trasplantes de órganos, desde las adopciones de bebés hasta los derechos de contaminación… y [se produce] el creciente dominio del capital financiero sobre el capital productivo en la dinámica económica y la vida cotidiana”, cuando se reemplazan impuestos progresivos por regresivos y se cancela la redistribución de la riqueza como principio fundante de la vida ciudadana? Estas son cuestiones fundamentales que constituyeron el litigio en el debate parlamentario del martes y miércoles pasados. La aprobación de la Ley ha significado un hito en la defensa de la democracia,  a la que los liberales neo de Juntos por el Cambio pretenden someter a un proceso de vaciamiento.

El segundo recupera el principio de la soberanía nacional y la igualdad de trato entre naciones poderosas y las que, siendo más nuevas y periféricas, se proponen desarrollar y autodeterminar. La Carta de los senadores del Frente de Todos restablece la puja necesaria con el FMI con relación a la deuda de más de 44.000 millones de dólares que, en tiempo récord, el organismo internacional, habilitó con sus préstamos para que el gobierno de Cambiemos malgastara. La Carta advierte y denuncia que el Organismo Internacional (OI) habilitó fondos que fueron utilizados con el fin de financiar fuga de capitales, cuestión que está prohibida por su Estatuto. Ese destino prohibido fue probado por el informe del Banco Central de octubre de 2019 que estableció la correspondencia casi exacta entre los dólares ingresados por desembolsos del Fondo y la fuga de capitales del sector privado. Los senadores también señalan que en el ingreso de los desembolsos del OI fue incumplido lo prescripto por la Ley de Administración Financiera de la Argentina respecto a los estudios previos que exige que sean realizados por el Banco Central.

El texto también denuncia que las condiciones macroeconómicas del sector externo predecían perfectamente que los préstamos que el FMI otorgaba –duplicando la proporción que le correspondía al país por su cuota reglamentaria— serían imposibles de devolver. La mayoría de la Cámara Alta le señala a la Directora Gerente del Fondo que tampoco se cumplían los requerimientos dispositivos del “tratamiento excepcional” que se le daba a la Argentina. La Carta concluye con su ítem 33 en el que los senadores del Frente de Todos solicitan a las autoridades del FMI que “se abstengan de exigir o condicionar las políticas económicas de la Argentina para los próximos años” y proponen la reconsideración de los intereses, un período de gracia de cinco años y un plazo de amortización de varias décadas.

El acontecimiento de la emisión de la Carta de los senadores del FdT recupera el discurso que Néstor Kirchner pronunció cuando canceló la deuda con el FMI, en el que sostuvo que ese endeudamiento era una fuente de constantes intromisiones y exigencias opuestas al crecimiento sustentable del país. El fundador de un nuevo proyecto nacional, popular y democrático agregaba en su discurso que “el FMI desnaturalizado en sus fines había actuado en la Argentina como promotor y vehículo de políticas que provocaban pobreza y dolor en el pueblo, [apoyando] a gobiernos proclamados como alumnos ejemplares del ajuste permanente”. Pero en el caso reciente, la intromisión para la aplicación de determinadas políticas vino junto al apoyo indisimulado de una opción electoral neoliberal. De una opción vaciadora de la democracia. Mientras en otras épocas los organismos multilaterales acudían en apoyo de los derribos de gobiernos democráticos, en esta oportunidad acudieron para favorecer su corrosión desde adentro.

Esta Carta de los senadores expresa una saludable madurez y firmeza política, en su advertencia al organismo gerente y defensor del capital financiero internacional, señalándole que ese bloque de legisladores argentinos no ha sido, ni lo será, seducido con el intento de exhibir los cambios en la conducción del organismo,  como si éstos hubieran dado nacimiento a “otro FMI”. Esos senadores, por el contrario, solicitan y advierten desde la asunción de una posición soberana y no desde la “esperanza” en la bonhomía del poderoso. Muestran disposición a obrar con firmeza, a dar pelea.

 

 

Patéticos

Los discursos de la oposición en el debate respecto al “aporte de las grandes fortunas” tuvieron un carácter patético. Los ejes fueron señalar un carácter expropiatorio respecto de un exiguo porcentaje sobre los altísimos patrimonios de los 10.000 argentinos más ricos. Hay una clara tendencia a estigmatizar la progresividad tributaria caracterizándola como una lógica expropiatoria. Esto es un retroceso al liberalismo pre-rousseauniano. “Dejad a los ricos tranquilos para que generen empleos e ingresos que permitan a los pobres mejorar su condición”, fue el leit-motiv de la horrenda y monótona sinfonía que repetían uno tras otro los diputados del PRO y el radicalismo, subrayando que si se les ponen impuestos a los empresarios, estos se desaniman y no invierten y entonces no dan trabajo y aumenta la pobreza. No hay registro histórico en el que esto se haya verificado, menos en la Argentina.

Cuando el Estado gastó más y recaudó más, cuando el sistema impositivo fue más progresivo, la Argentina creció a un promedio superior al 3% anual durante décadas, en distintos momentos y contextos, mientras que cuando se destruyeron los elementos de progresividad en el sistema impositivo las consecuencias fueron inversas. También se pronunciaron discursos clasistas que se refirieron despectivamente respecto a los integrantes y militantes de los movimientos sociales que marchaban masivamente frente al Congreso, mientras destacaban como motor del progreso al espíritu de los rugbiers.

Lo que el debate clarificó contundentemente fue la consolidación de la UCR como un ejemplo paradigmático de lo que Eduardo Basualdo en Sistema político y modelo de acumulación en Argentina caracterizó como transformismo argentino. Gramsci define el transformismo como “la absorción gradual pero continua y obtenida con métodos diversos según su eficacia, de los elementos activos surgidos de los grupos aliados, e incluso de aquellos adversarios que parecían enemigos irreconciliables. En este sentido la dirección política ha devenido un aspecto de la función de dominio, en cuanto la asimilación de las elites de los grupos enemigos los decapita y aniquila por un período frecuentemente muy largo”. En la UCR se ha consumado este proceso plenamente cuando se sometió a la conducción del PRO, el partido de los gerentes y grandes empresarios de la oligarquía diversificada.

El discurso de los conductores actuales del partido radical es típico del liberalismo neo, mientras desapareció del mismo cualquier vestigio de su origen popular. Repetían en la sesión, junto a sus aliados, la consigna de la reducción del gasto de la política como alternativa recaudatoria frente al  impuesto a los ricos. La reaccionaria consigna de bajar los ingresos de los legisladores encubre cuestiones de magnitud respecto a imponer  a las ganancias del capital concentrado, que constituyen una ofensa a la inteligencia ciudadana. Pero a la vez que desinforma al pueblo, ese slogan promueve la privatización del financiamiento de la actividad política. Más aun, su reducción misma como mecanismo de vaciamiento de la democracia. La idea del Estado como enemigo, como fuente de gasto e ineficiencia es propia del liberalismo y no de la democracia. Coincide con la apología de la iniciativa privada.

Junto a la UCR y el PRO convergieron la AEA, la UIA, el Foro de Convergencia Empresarial y la CRA. Los plutócratas multimillonarios dijeron desde la AEA que “el proyecto [de ley] genera un desaliento en la comunidad empresarial profunda por cuanto representa una medida que descapitaliza a las empresas y restringe fuertemente su capacidad para producir, invertir y sostener empleos formales". Un impuesto a las grandes fortunas es presentado como calamitoso por quienes recibieron subsidios para seguir funcionando durante la pandemia, mientras conservaban intactos sus holgados capitales. También el comunicado de la Asociación Empresaria Argentina pregona que el motor de la reactivación sería el capital privado, mientras la historia demuestra que frente a las recesiones el impulso reactivador provino siempre del gasto público. Mientras tanto, la UIA confunde las cosas diciendo que ese aporte —que se pagará en pesos— dificultará la generación de divisas y el Foro de Convergencia Empresarial prefiere dedicarse a agitar el mote de confiscatorio. Sin embargo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de CEPAL,  propone “fortalecer la recaudación tributaria a través de un impuesto a la renta a personas físicas y corporaciones; extender el alcance de los impuestos sobre el patrimonio y la propiedad”. Para los trogloditas del gremialismo empresarial argentino la CEPAL sería foco promotor de confiscaciones.

 

 

Prepárense

El gobierno está negociando un plan de facilidades extendidas con el FMI. Noemí Brenta en Historia de las relaciones entre Argentina y el FMI (Eudeba, 2013) analiza las características de esta línea del organismo. La misma está prevista para países con dificultades de balanza de pagos resultantes de problemas macroeconómicos y estructurales, con plazos más extendidos que los préstamos denominados stand-by.  El Fondo exige al país prestatario de la línea en negociación la presentación de un programa de mediano plazo. Las características y extensión de estos programas promueven una mayor injerencia del FMI en las condiciones estructurales de la economía. A la tradicional política de reducción del déficit fiscal, el FMI agrega, en los programas de facilidades extendidas, la presión para una disminución de la presencia del Estado en la economía y para la apertura del comercio exterior, con la excusa de introducir una mayor competencia en los mercados. Sin embargo, no aconseja limitar las prácticas oligopólicas. La descripción expuesta, evidencia que la lógica injerencista de este tipo de plan no afecta sólo al diseño de la política en función del equilibrio económico de corto plazo, sino que la pretensión intervencionista se extiende sobre el perfil estructural de largo plazo de la economía.

Sin embargo, la contundente Carta del bloque mayoritario de la Cámara Alta advierte al FMI que no deberá condicionar ni exigir al país sobre el rumbo de sus políticas económicas. Se anuncia una puja. La decisión de autonomía nacional expuesta en el documento parlamentario no se condice con el diseño del programa de facilidades extendidas. A su vez, el FMI querrá resistirse a ceder y exponer un leading case que lo muestre en su mayor acreencia accediendo a un programa sin condicionalidades o acordando un programa económico ajeno a los preceptos neoliberales.

No habrá un acuerdo sin una ardua disputa. El histórico discurso con que Néstor Kirchner canceló la deuda con el FMI, resulta una referencia obligada y emblemática de la mirada que tiene el Frente de Todos sobre el organismo, similar a la de Perón. La cultura del nacionalismo popular argentino está muy prevenida de evitar el retorno del injerencismo fondomonetarista. Habrá que prepararse para un período de una sociedad activa y movilizada en apoyar una actitud gubernamental que necesita conservar la plena autonomía para construir el proyecto nacional encomendado por la voluntad popular.

Ese proyecto nacional no tiene atajos. No es el neoliberal. Tampoco la repetición de experimentos que ignoraron que el carácter bimonetario de la economía argentina exige una enérgica regulación para impedir la fuga de capitales y garantizar la adecuada liquidación de divisas de las exportaciones. Sin embargo, en algunos ámbitos resuena el canto de sirena del atajo que fue expuesto en los lineamientos económicos que fundamentaron el Plan Austral en la segunda mitad de la década del '80. Estos lineamientos sostenían la existencia de un “ajuste positivo”, apoyado en la expansión de la inversión y de las exportaciones, augurando que el aumento de bienes vendidos al exterior permitirían el pago de los intereses de la deuda y el aumento de las importaciones. Para sostener esta política se fomentaba el aumento del ahorro a expensas del consumo. Ese “ahorro” terminó siendo el combustible para la fuga de capitales y la concentración del ingreso. La experiencia terminó en una gran crisis externa e interna.

El proyecto nacional exige que lo solicitado por la Carta sea aceptado por el FMI y posibilite una enérgica recuperación del salario, el direccionamiento del crédito para reactivar las pymes, y en consecuencia el aumento del empleo.  Que también quede habilitada la mejora de las remuneraciones de todos los sectores de ingresos fijos. Este rumbo abrirá el camino a la reactivación del mercado interno y la sustitución de importaciones.

Simultáneamente, como enseña María da Conceicao Tavares, el Estado deberá llevar a cabo una activa política de inversiones en infraestructura y en actividades productivas de sectores estratégicos que amplíen el gasto autónomo y alejen la restricción externa. Es el camino de construcción de un país que persiga el desarrollo y la igualdad. El pago de la deuda debe organizarse subordinando su estructuración a estos objetivos. Ni puede ser prioritario ni simultáneo a ese logro.

El FMI deberá comprender que para cobrar créditos voluminosos mal concedidos se necesita paciencia, es el costo de un intento de inmiscuirse en la política del país en el que no obtuvo los resultados que buscó. Los grupos concentrados locales deberán advertir y asumir que existe una firme decisión política de cerrar los canales para la constitución de activos externos y que los negocios posibles, y también de buena rentabilidad, provendrán del ejercicio de la actividad productiva en el marco del diseño socioeconómico decidido por la voluntad del pueblo, y defendido por su participación.

 

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