SAQUEO A FONDO

 

Como ocurrió después del derrumbe de la convertibilidad y la crisis política y económica que produjo, los sectores del capital concentrado y economistas, profesionales, sociólogos, politólogos y otros intelectuales que hegemonizan lo que Althusser denominó aparatos ideológicos del Estado, promueven un programa de profundización del proyecto neoliberal, como camino de reversión de la grave situación económica actual. En 2001 el desbarajuste llevó a una crisis del sistema político que se extendió más de un año culminando con el advenimiento de un ciclo nacional popular y democrático. En cambio, la hecatombe del tercer ciclo de saqueo neoliberal se sustancia en una transición política, resultado del triunfo electoral de una fuerza que se encamina a retomar el rumbo de los doce años de crecimiento y redistribución del ingreso. Hay una diferencia de intensidad en la resistencia de los sectores desplazados del poder y sus sostenedores intelectuales en esta coyuntura respecto a aquélla. Las razones obedecen a la diferente extensión de los gobiernos de la convertibilidad y el de Macri, al distinto desarrollo de las coyunturas, a la presencia de una densidad electoral importante de los derrotados, pero también a la percepción de la posibilidad cierta de que se abra el camino para una consolidación de largo plazo del ciclo que se reinicia este 10 de diciembre. Las presiones para ajustar el gasto público, reestructurar regresivamente el régimen jubilatorio y para evitar cambios tributarios que permitan financiarlo progresivamente, como las retenciones a las exportaciones de bienes con rentas naturales, el aumento del impuesto a los bienes personales y un eventual gravamen a activos de argentinos en el exterior son intensas, y atraviesan el discurso permanente propalado a través de los medios de comunicación concentrados y sus operadores-comunicadores.

El rumbo planteado por el gobierno electo tiene como objetivos clave y urgentes abandonar el proyecto de país sostenido en la valorización financiera y la reprimarización de la economía, generador de pobreza y desempleo crecientes, sustituyéndolo por otro de crecimiento y desarrollo, industrializador, de diversificación productiva, de integración nacional y social y promotor de la igualdad.

No hay políticas de Estado conciliables para la alternancia entre los dos proyectos de Nación enunciados. Tampoco hay coincidencias posibles para el enfoque de la crisis de la deuda que deberá afrontar, como en circunstancias anteriores, el gobierno electo que sucede al fin de un ciclo neoliberal. Mientras uno promueve el ajuste y la recesión con reducción del Estado, el otro propone el crecimiento, un papel decisivo de la intervención pública para lograrlo y un despliegue de las exportaciones y regulación de importaciones que generen los excedentes para afrontar la deuda.

En tanto para el poder concentrado que se beneficia del patrón de acumulación asentado en la valorización financiera, el pago a los acreedores es el eje que debe organizar el resto de la economía, para el proyecto nacional la posibilidad y las condiciones para afrontar la deuda deben ser el resultado de la recuperación económica y social.

Los superávits fiscales permanentes que se presentan, por parte de la intelectualidad apologética de la financiarización, como “regularizadores mágicos” de la economía y, por lo tanto, como camino de resolución de los problemas de liquidez y solvencia frente a la deuda, no resuelven la disposición de dólares para pagar a los acreedores. Se debe insistir en que la mayor parte de la deuda es en divisas que no se obtienen mejorando resultados presupuestarios, sino mediante políticas que favorezcan la generación de excedentes del sector externo de la economía. Estos provienen de la relación entre los niveles de exportaciones, importaciones, ingreso de inversiones, giro de utilidades al exterior, el saldo entre el turismo argentino al extranjero y el receptivo, el pago de intereses de la deuda. Sin embargo, es cierto que la reducción del gasto público produce mayor recesión, la que conduce a la reducción de importaciones. Esta política sólo puede impactar favorablemente en la capacidad de pago de la deuda, si es sobre la base de una brutal redistribución regresiva del ingreso y de la destrucción del aparato productivo.

Si bien la relación deuda/producto del final del macrismo es inferior a la de la caída de la convertibilidad, el inédito ritmo de crecimiento del endeudamiento durante el gobierno de Cambiemos tuvo características agravantes. La estructura de vencimientos evidencia una concentración en el corto plazo, y fue diseñada para impactar plenamente en el período presidencial que comienza este 10 de diciembre. Respecto de 2015, es diferente su composición por tipo de moneda —aumentando el peso relativo de la deuda en dólares—, una disminución de la importancia relativa de la deuda intra sector público respecto del total, y un endeudamiento sin precedentes con el FMI, que provocará serias tensiones para sostener una política económica de raíz soberana, debido a las condicionalidades de ese organismo multilateral. Esas condicionalidades coinciden con el programa de la ortodoxia y la financiarización,

En el informe n° XI del CESO (Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz) se muestran las obligaciones para 2020, que ascienden medidas en dólares a 36.000 millones con acreedores privados (16.000 nominados en pesos y 20.000 en dólares). También vencen 4.000 millones con organismos internacionales y 18.000 de un swap con China (que el gobierno de Macri sujetó a los cumplimientos con el FMI para su renovación, siendo necesario revocar esa condición en su próximo vencimiento). El total de vencimientos para los años posteriores del gobierno, según la Secretaría de Finanzas, se acerca, iguala o supera los de 2020 (aproximadamente 37.000, 42.000 y 35.000 millones), con una concentración en 2022 y 2023 de las obligaciones contraídas con el FMI. La deuda está compuesta por compromisos con jurisdicción local y otros con jurisdicción extranjera, así como una parte de las emisiones gozan de la protección de cláusulas de acción colectiva frente al ataque de fondos buitre y otras no. En 2021,2022 y 2023 la composición por moneda de la deuda a vencer es sustancialmente diferente a la del año 2020, con una predominancia decisiva de los vencimientos nominados en moneda extranjera.

Acertadamente el informe del CESO propone una política de reactivación interna sostenida en sectores que tengan poco impacto en la demanda de divisas, poniendo énfasis en un mega-plan de construcción de viviendas.  Mientras los economistas apologistas de la financiarización promueven una negociación urgente, los integrantes del CESO, como las opiniones en los debates de otros espacios de discusión entre intelectuales críticos del neoliberalismo, entienden que el mejor rumbo va en una dirección diferente.

En un conversatorio, organizado por Eurodad y Latindadd en el Centro Cultural de la Cooperación, hubo un intercambio con diferentes matices y opiniones, muchas de las cuales coincidieron en la necesidad de que durante un período de dos o tres años la Argentina no afronte pagos de deuda por capital ni por intereses. Esa idea también es compartida por el informe del CESO y fue planteada por oradores de un Simposio desarrollado en la Cámara de Diputados organizado por CADTM y Proyecto Económico.

En el conversatorio hubo intervenciones que enfatizaron la necesidad de un debate sostenido en la premisa que los reperfilamientos y/o reestructuraciones de la deuda habrán de ser realizados sobre la base de la reactivación y recomposición de la capacidad de pago del país, quedando excluida cualquier lógica de ajuste. Otros temas discutidos refirieron a los efectos perjudiciales del abandono de la jurisdicción soberana o de la renuncia a la introducción de cláusulas de acción colectiva en las renegociaciones de deuda. Concesiones que en un enfoque cortoplacista podrían beneficiar los costos financieros y la velocidad del acuerdo, pero a costa de la estructuración de relaciones cada vez más asimétricas entre deudores y acreedores.

Esas asimetrías vienen avanzando desde la sustitución de las deudas de los países periféricos con bancos internacionales por colocaciones de bonos en los mercados de capital. En este tipo de endeudamiento, los países deudores carecen de acceso al conocimiento de quienes son sus acreedores, lo que dificulta la posibilidad de optimizar una estrategia negociadora. En dirección a reducir estas asimetrías, en el encuentro organizado por Eurodad-Latindadd hubo coincidencias en la necesidad de promover la existencia de un registro permanente de tenedores de bonos, para que los países deudores recuperen el acceso la identidad de su contraparte. Se analizó críticamente una guía de UNCTAD para el abordaje de las deudas soberanas, en tanto abunda en  las prevenciones que deben tomar los países deudores. Esa guía incluye la propuesta del establecimiento de oficinas independientes en el ámbito de los estados deudores, para que evalúen la sustentabilidad de las emisiones de deuda, como así también la construcción de sistemas de alertas tempranas que puedan abrir espacios de negociación previos a situaciones de crisis. Estas iniciativas no se compadecen con la absoluta ausencia de obligaciones y requisitos que deben cumplir los inversores y especuladores para suscribir deuda, sólo controlada por las desprestigiadas agencias privadas de calificación de riesgo. En la guía los lineamientos preventivos sugeridos por la UNCTAD se contraponen con el comportamiento del FMI respecto del endeudamiento argentino, donde su auxilio al gobierno de Macri contribuyó a la postergación y agravamiento de la situación crítica que afrontaba el país.

También fueron criticadas otras graves asimetrías que favorecen a los centros financieros y al capital especulativo. Los países que operan crecientemente como jurisdicción donde se litigan los conflictos por deuda de las naciones, especialmente EE.UU., reformaron sus legislaciones debilitando la plena vigencia de la inmunidad soberana y adoptaron un criterio restrictivo con el que establecieron una doble personalidad de los Estados. Las cuestiones de deuda han quedado desprovistas de inmunidad, porque quedaron enmarcadas en las situaciones en que el Estado es asimilado a un sujeto privado. Sin embargo, las naciones que albergan los centros del poder financiero se opusieron a la aprobación en la Asamblea de las Naciones Unidas de los principios básicos para la reestructuración de deudas soberanas. Doble vara. Esos principios básicos que impulsó la Argentina deben ser recuperados para retomar una estrategia multilateral a nivel de Estados que fortalezca la capacidad negociadora de los estados deudores.

Otro aspecto debatido fue el de la necesaria inclusión de los “acreedores internos sociales” respecto de las cuestiones de la resolución de la deuda, planteando la necesidad de promover que los jubilados y otros sectores beneficiarios de políticas públicas participen de los debates de renegociación de deuda, para garantizar que la calidad y nivel de cobertura de sus necesidades no sean deteriorados por los compromisos que se asuman en las renegociaciones.

Pero una cuestión de orden sistémico se estableció en el debate como un parteaguas. La necesidad de que los países periféricos adopten una política que impida la fuga de capitales, sin la cual el crédito transnacional tiene como destino su financiamiento y no el desarrollo productivo de esas naciones.

En el Simposio fue subrayado el carácter inconstitucional de la deuda contraída con el FMI citando los incisos 4,7 y 22 del artículo 75 de la Constitución que reservan al Congreso la facultad “contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación”, “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”, “aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales…”. Además se expuso un detallado y contundente contenido de la causa judicial que se lleva en relación a serias irregularidades en los procedimientos, requisitos incumplidos y ausencia de los análisis técnicos, respecto de los acuerdos celebrados con el FMI, y se estimó necesaria una auditoría e investigación del endeudamiento perpetrado por el macrismo.

Norberto Galasso en la introducción a su libro De la Banca Baring al FMI expresa que “desde la contratación del primer empréstito (1824) la deuda externa ha operado como un instrumento de saqueo y de sumisión neocolonial… ha sido un personaje permanente de nuestra historia”. Tal vez el tiempo del gobierno saliente se recuerde como la época más obscena y paradigmática de esa caracterización.

 

 

* Profesor de la UBA,  ex director del CEFID-AR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí