Sangre para la tribuna

 

 

1.

Las hijas, en el estudio de televisión, dicen: “El asesino era un beneficiado del covid”. Cada una a su turno agrega: “A mi mamá también la mató el Estado que nos abandona” y “el juez tiene las manos manchadas de sangre”. El zócalo de la pantalla fija la última frase. No pasará mucho hasta que se vuelva el título principal de los portales de noticias.

–Así como está la imagen del asesino, también debiéramos poner la foto del juez Marcelo Alejandro Riquert –arenga la panelista, equivocando el segundo nombre.

–¿Cómo se llama el juez? –dice el conductor.

–Marcelo Alejandro Riquert –insiste en el error la panelista, aun leyendo–. De la Sala I de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata que permitió que este Ochoa, con un prontuario, prácticamente toda su vida…

–Tremendo –aporta el conductor.

–Se dedicó a robar, a delinquir, le dio prisión domiciliaria sin ningún control. Cuando lo fueron a detener gritaba: “No me quiero morir en la cárcel”. Nos toman el pelo.

–¿Cómo se llama? Perdón –de nuevo el conductor.

–El juez se llama Marcelo Alfredo Riquert –acierta al fin la panelista–, había estudiado junto con Zaffaroni, tienen un poco ese mismo modo de ver el tema de impartir justicia. Por eso yo decía: “Chicas, las escucho y no puedo dejar de conmoverme, de enojarme” (…) Los jueces también con sus lapiceras han sentenciado la muerte de tantos ciudadanos, entre ellos María Rosa.

Desde la producción le dan el gusto. Todos en el estudio y cada televidente en su casa ven a un hombre en traje. Lleva anteojos y barba.

–Ese es el juez –dice el conductor–. Doctor Riquert, mínimo debe llamar a las chicas para pedir perdón –hace una pausa y se adivina que está tomando carrera para lo que viene–. Un juicio, una demanda, vos no podés firmar la condena de muerte de la gente, no podés ser tan hijo de puta (sic).

Luego, con el tono reposado de los profesionales, le pregunta a una de las hijas: ¿Cómo era tu mamá?

 

 

2.

El ensañamiento con el juez Riquert recicló los reclamos punitivos de una parte de la sociedad, estimulados por los medios que insistieron con la idea de que durante la pandemia hubo una suelta masiva de presos. Por pereza o mala voluntad ningún comunicador se tomó el trabajo de corroborar si los datos sostenían semejante afirmación.

La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), en su reporte de febrero de 2021, confirmó que la población encarcelada en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) “se mantiene estable desde hace más de seis meses, luego del descenso producido en los primeros dos meses de la pandemia” y alertó sobre un nuevo récord de personas alojadas en comisarías de la Ciudad de Buenos Aires.

“El egreso de personas del SPF –concluye el informe– desde el inicio de la pandemia ha tenido un impacto moderado, sin que se haya verificado una liberación masiva e indiscriminada de personas detenidas”.

La misma tendencia se comprobó en la provincia de Buenos Aires, en donde hasta enero de 2020 había 51.215 personas detenidas contra 50.520 un año más tarde, es decir casi 700 personas menos.

“En términos estadísticos, la población carcelaria se mantiene porque hay que tener en cuenta que el propio ministro de Seguridad bonaerense (en referencia a Sergio Berni) reconoció en septiembre pasado que el delito, en promedio, había bajado un 24% durante la cuarentena. Eso quiere decir que ingresaron menos presos, no que los soltaron. Además, por la sobrepoblación en las cárceles creció el número de detenidos en comisarías. Cuando Cambiemos se fue del gobierno dejó unos 3.900 presos en centros de detención no penitenciarios. Con Berni esa cifra trepó a los 5.600”, explica el secretario de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) Roberto Cipriano García.

“No se liberó a nadie –continúa–. En el marco del fallo Violini, sólo en los meses de marzo, abril y mayo los jueces otorgaron arrestos domiciliarios, no libertades, a personas con riesgo de salud, enfermos de neumonía, tuberculosis, VIH y con condenas menores a los seis años. Pero eso se frenó con la campaña de los medios hegemónicos y el cacerolazo. Automáticamente los jueces se retrajeron, dejaron de dar domiciliarias, incluso largaron a menos presos que en años anteriores por miedo al escrache”.

 

3.

El tumultuoso abril del 2020 comenzó con la Cámara de Casación Penal bonaerense haciendo lugar a un hábeas corpus colectivo presentado por los defensores públicos para que las personas detenidas por delitos leves y que se encuentren en situación de riesgo por edad o por patologías preexistentes –por ejemplo, mujeres embarazadas o madres con hijos menores– accedan al arresto domiciliario.

El fallo, firmado por el juez Víctor Violini, también pidió a los Juzgados de Ejecución que consideren otorgar de modo extraordinario la detención domiciliaria a aquellas personas detenidas sin condena firme y que estén a seis meses de obtener la libertad asistida o condicional.

Días después el tribunal amplió la resolución y ordenó a los jueces que ejecuten en forma “inmediata” la medida de arresto domiciliario para los presos en cárceles bonaerenses que integren grupos de riesgo de contagio de coronavirus. El Defensor Oficial de Casación, Mario Coriolano –fallecido poco después– negó que la decisión tuviera un “impacto” en cifras reales y destacó que, por el contrario, “existe una gran cantidad de pedidos alternativos al encierro que son sistemáticamente rechazados por los jueces y objetados por los fiscales”.

La reticencia a acatar un fallo categórico y en sintonía con la preferencia global a prevenir las posibles –gravísimas– consecuencias del ingreso del coronavirus en una población hacinada y con déficits evidentes en higiene y atención sanitaria sólo se explica en el temor al linchamiento mediático y en la amenaza de juicio político que, entre otros, había lanzado el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Con los tribunales trabajando en modo covid –teléfonos sonando en despachos vacíos– las causas quedaron paralizadas y el ejercicio de derechos básicos fue, ya no negado, sino ignorado.

El avance del virus empeoró la crisis carcelaria y una racha de motines y huelgas de hambre en los penales, en reclamo de arrestos domiciliarios y excarcelaciones en tiempo y forma, derivó en represión y asesinatos de reclusos, espesando el aire un año atrás. El cacerolazo en repudio a la supuesta suelta masiva de presos definió que la pandemia, lejos de ser la excusa para liberar, fuera otro pretexto para el encierro.

 

4.

Riquert era alero. Y de los buenos. Eso dicen quienes jugaron al básquet con él, primero en el equipo de la Universidad Nacional de Mar del Plata y más tarde en el club Quilmes. También lo recuerdan como un jugador frío, incapaz de expresar alguna emoción. “Era una heladera. Ganaba un partido en la última jugada y para él era lo mismo. No empatizaba ni con los compañeros”, cuenta un antiguo rival. Ese rasgo se profundizará como juez. “Él hace un análisis de las causas netamente jurídico, no le pone el componente subjetivo que suele aparecer en todos los fallos. Es incorrecto presentarlo como un juez garantista. Él es un técnico”, opina un colega del departamento judicial de Mar del Plata que prefiere la reserva por temor a “terminar litigando en la China”.

La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata ya había resuelto sobre la situación de Alejandro Miguel Ochoa en febrero de 2020, pero no fue noticia. Los jueces Riquert y Esteban Viñas le negaron la prisión domiciliaria y el acceso a un régimen abierto pese a que el detenido había denunciado falta de asistencia médica prolongada por una infección urológica, lo que derivó en un pedido de informes sobre su situación de salud.

A finales de abril la defensa presentó un nuevo recurso, atenta al nuevo escenario de emergencia sanitaria por Covid-19 y, sobre todo, a las indicaciones de la Corte Suprema de Justicia y la Procuración General sobre la conveniencia de medidas alternativas y morigeradoras para los grupos de riesgo. Por aquella época también debía tenerse en cuenta la resolución del Tribunal de Casación a favor del habeas corpus colectivo y recomendaciones similares que llegaban desde las oficinas de la Organización de Naciones Unidas, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ochoa ya podía acceder al régimen de salidas transitorias porque había cumplido más de la mitad de la condena (llevaba en encierro riguroso más de cuatro años y dos meses) y mantenía concepto bueno y conducta ejemplar. En la cárcel había trabajado y estudiado. Su infección necesitaba una cirugía; también padecía de EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica). El propio Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) estimó conveniente incluirlo en el régimen de prisión domiciliaria “por razones de orden humanitario en el marco de la pandemia”.

La Sala 1 dispuso otorgarle ese beneficio mientras durara la situación de “Aislamiento Social Preventivo Obligatorio” (ASPO). Luego, debía volver a Batán a seguir cumpliendo la condena en una celda. Once meses después, con un pedido de captura vigente, Ochoa intentaría robarle la cartera a una mujer en Ramos Mejía.

 

5.

Alejandro Miguel Ochoa aceleró la moto, subió a la vereda, alcanzó la cartera. María Rosa Daglio reaccionó por instinto y no soltó nada. Cuatro segundos hasta la caída y la fuga.

Aquel encuentro breve de mediados de marzo en el centro de Ramos Mejía tuvo consecuencias ruinosas. Daglio –56 años, cuatro hijos, dos nietos, una carrera de psicóloga social– golpeó la cabeza contra el piso y sufrió una hemorragia interna que le provocó la muerte. Ochoa, el veterano ladrón de 55 años que se las había arreglado para mantenerse prófugo y en actividad, fue detenido en una casa de Castelar con la imputación novedosa de homicidio.

La firma digital del juez Marcelo Riquert (la de Viñas, el otro camarista, era ológrafa –de puño y letra– y pasó desapercibida) destacó en aquella resolución y estropeó su suerte. Las hijas de la víctima dijeron en televisión lo de las manos y la sangre y los periodistas y editorialistas más reputados del país le imputaron la autoría intelectual del crimen. La campaña en redes también fue feroz. Riquert debió cerrar sus cuentas de Facebook y Twitter, que usaba para difundir actividades académicas, novedades jurisprudenciales y noticias vinculadas a la prevención de delitos, por la cadena cada vez más larga de insultos y amenazas. También recibió mails intimidatorios y a través de Linkedin le prometieron un linchamiento público. En Instagram publicaron sus datos personales –DNI, CUIT, domicilio actual– y convocaron a un escrache en la puerta de su casa, que por el momento no se cumplió.

 

 

 

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