Sanear el Poder Judicial

 

Hay oportunidades históricas que se manifiestan en un transcurso procesual específico, en que los actores sociales desde sus propias vivencias forjan conciencia popular y democrática. Creemos estar en este momento de excepción. El intento de magnicidio de la Vicepresidenta de la Nación viene a marcar un límite ciudadano. La masiva movilización al día siguiente en Plaza de Mayo así lo manifiesta, con contundencia democrática.

Es en estas circunstancias que surge como idea propositiva la eventualidad –en el corto plazo– de una gran convocatoria por parte del Jefe de Estado para una multitudinaria movilización social que marche desde la Casa Rosada hacia el llamado Palacio de Justicia.

Frente a semejante crisis institucional hay que poner en valor los atributos del Jefe de Estado, como instancia sistémica esencial para dar respuesta, con autoridad y poder político, a la descomposición y desequilibrio institucional provocado por uno de uno de los tres poderes del Estado democrático, el judicial, que concluye afectando el constitucional desempeño de los otros dos poderes.

Se trataría de una marcha para la recuperación de la Justicia presidida por el Jefe de Estado y Presidente de la Nación (artículo 99 de la Constitución Nacional), acompañado del gabinete de ministros y de las presidencias de las Cámaras del Senado y de Diputados de la Nación, con todas las presencias legislativas posibles a modo de mensaje mancomunado entre ambos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, para reordenar el Poder Judicial.

Ello como cabecera de la manifestación, a ser organizada y coordinada a iniciativa del gobierno nacional junto con los organismos de derechos humanos –reforzando el “Nunca Más” a la violencia política–, las centrales sindicales (CGT y CTA) en tanto expresiones representativas del movimiento obrero, las organizaciones sociales, empresarias, educativas y culturales, entre otros sectores representativos de la sociedad.

Lejos de tratarse de “una coacción de ambos Poderes hacia el Judicial”, como es previsible que se la interprete, se trataría de un hecho político de gran envergadura en que los representados saldrían a defender su derecho a tener un sistema de justicia que regule las relaciones ciudadanas en el contexto de la democracia.

Complementariamente, a solicitud del Jefe de Estado, invitar a un conjunto seleccionado de juristas con reconocido prestigio democrático para que elaboren un documento técnico-jurídico a fin de señalar las anomalías del servicio de justicia, en especial a partir de los nombramientos en lugares claves del sistema, que en la actualidad aparece como una estructura eficaz para sostener las diversas expresiones del llamado lawfare.

Toda esta potencialidad podría ponerse en acto exigiendo la inmediata renuncia de los cuatro ministros de la Corte Suprema de la Nación, como primera medida de saneamiento. Comenzar por la cabeza del maleado sistema, inaugurando así el restablecimiento de las condiciones constitucionales necesarias para la administración del servicio de Justicia.

Es esperable un intento de los cuestionados a abroquelarse en sus puestos mal habidos. Sin embargo, se trataría de un hecho histórico de envergadura, con extraordinaria repercusión nacional, regional e internacional.

Implicaría empezar a de-construir el Poder Judicial para restablecer el republicano equilibrio de poderes, concentrando para ello voluntad política por parte de las autoridades legítimas y poder político desde la ciudadanía movilizada.

Tanto el Presidente de la Nación como la CGT han coincidido en pedir alerta y movilización permanente frente a esta grave coyuntura. La Corte Suprema de la Nación, es decir, el vértice de la Justicia, necesitó nueve horas para expedirse repudiando el gravísimo delito de intento de magnicidio.

 

 

 

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