San Pedro contra el olvido

 

En la Argentina funcionaron más de 600 centros clandestinos de secuestros, torturas y exterminio en la última dictadura. Una vez culminado el genocidio, militares y policías se abocaron a borrar las huellas del terrorismo de Estado. Destruyeron archivos, demolieron o modificaron edificaciones y en general siguieron ocupando para funciones “normales” los lugares en los cuales cometieron los peores crímenes de lesa humanidad. En la ciudad de Santa Fe ningún sobreviviente logró identificar la llamada “casita” de Santo Tomé, donde fueron torturados y desaparecidos decenas de militantes. Posiblemente fue demolida. La comisaría Cuarta fue reformada y se siguió usando como dependencia policial común hasta que fue rescatada para Espacio de Memoria. Algo similar ocurrió en lugares más emblemáticos a nivel nacional como la ESMA, la Perla, El Pozo de Quilmes, etc.

Quienes ocuparon estos lugares durante las dos primeras décadas de la democracia a partir de 1983 fueron los mismos que habían participado en la campaña de exterminio de la dictadura. Sólo se replegaron, pero siguieron usando los mismos uniformes, manejaron las escuelas donde se formaban las nuevas camadas de oficiales y suboficiales de fuerzas armadas y de seguridad, y cumplieron prácticamente sin fisuras el pacto de silencio en el que se complotaron. Eso no solo incluyó ocultar cómo y quienes habían cometidos los crímenes sino también el destino de los desaparecidos asesinados y de los desaparecidos vivos que eran los bebés apropiados. Cuando la Justicia avanzó en el juzgamiento de los crímenes, se alzaron en armas, una y otra vez. Consiguieron las leyes de impunidad y fueron amnistiados, una y otra vez.

Mientras tanto las Madres y otros organismos de derechos humanos seguían su marcha histórica, acompañadas por sectores cada vez más amplios de jóvenes, trabajadores, docentes, y sectores populares en general. Los organismos avanzaron por donde pudieron, en particular con los Juicios por la Verdad y las denuncias ante jueces progresistas en países europeos. Las revelaciones del oficial naval Adolfo Scilingo sobre los vuelos de la muerte, en una entrevista con el periodista Horacio Verbitsky, mostraron ante el gran público lo que muchos ya sabían.

A partir de 2003 avanzaron con fuerza incontenible las políticas de Estado en Memoria, Verdad y Justicia. Desde los tres poderes del Estado se impulsaron los juicios a los genocidas y la enseñanza escolar sobre el genocidio en torno a la definición como feriado inamovible del 24 de Marzo como Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia. Y se avanzó en el retiro de militares y policías de los lugares que habían funcionado como centros del horror, para ser asignados a la construcción de Espacios de Memoria. El más emblemático fue la Escuela de Mecánica de la Armada, cuyo enorme predio urbano fue desalojado de fuerzas militares en su totalidad, convertido en Espacio de Memoria su Casino de Oficiales y en espacios culturales sus restantes dependencias.

Las distintas justificaciones del genocidio fueron descartadas luego de largos debates en los juicios de lesa humanidad: tanto la llamada “doctrina de la seguridad nacional” como la “teoría de los dos demonios”. Aunque no desaparecieron, y desde distintos lugares buscan volver a instalarse, en particular desde ámbitos castrenses, educativos y políticos. Tal como opera el neonazismo en Europa. A posteriori, las políticas de Memoria se legislaron a nivel nacional, a través de la ley 26.691/2011, específica de los “Sitios de Memoria”.[1]

Con estas definiciones, el Estado Argentino se pone en línea con lo que establecen los distintos pactos internacionales de los cuales es signatario, que no se limitan al juzgamiento de los delitos de lesa humanidad sino también a la preservación de los lugares donde se perpetraron los mayores crímenes.[2]

 

 

¿Qué tiene de diferente el Campo Militar San Pedro?

No vamos a repetir los fundamentos que expresamos el 9 de agosto de 2021 en el documento “Entrenar sobre la sangre derramada o seguir construyendo memoria”. Allí explicamos por qué el regreso de los militares al campo resulta incompatible con la continuidad de la búsqueda de largo plazo de desaparecidos en fosas clandestinas aun no halladas. También fundamentamos el enorme retroceso en el plano simbólico que significaría ese hipotético “retorno”. Finalmente destacamos el amplio consenso social y político existente para que la titularidad del campo sea transferida a la provincia de Santa Fe para la construcción de un Espacio de Memoria, que incluya una Escuela de Campo de Ciencias Forenses, proyecto en el que está interesado el Equipo Argentino de Antropología Forense, y últimamente investigadores de la Universidad Nacional de la Plata. Esta perspectiva se encuentra plasmada en un Proyecto de Ley con vigencia en la Cámara de Diputados de la Nación.

Nos preocupa la demora en el tratamiento del proyecto, que ya una vez perdió estado parlamentario y hubo que volver a presentarlo. Esa dilación podría estar condicionada por el escaso conocimiento que se tiene del tema a más de 500 kilómetros de donde sucedieron estos acontecimientos aberrantes del terrorismo de Estado en nuestra zona.

“San Pedro” no fue sólo un cementerio clandestino del Ejército: funcionó como verdadero centro de exterminio de militantes secuestrados y luego desaparecidos. Al respecto constan dos testimonios sobre fusilamientos en el expediente judicial de la causa, y otros dos fueron aportados por testigos de identidad reservada a los organismos de derechos humanos denunciantes. Al no existir sobrevivientes, los testimonios tardaron en llegar porque fueron brindados por ex peones de campo, imbuidos aun del miedo que instalaron los militares genocidas en la zona. Por eso el lugar fue declarado Sitio de Memoria en 2012 sólo como lugar de “enterramientos clandestinos”, dos años después de que se descubriera allí una fosa clandestina con los restos de ocho militantes desaparecidos en 1977.

Por la gravedad y la magnitud de los hechos ocurridos en el campo, entendemos que existen sobradas razones para que el lugar se preserve como sitio y espacio de memoria, y que se garantice que nunca más puedan volver fuerzas militares al mismo, más allá de los vaivenes políticos que pudieran producirse. Con esto no estamos afirmando que se trate de los mismos militares que cometieron los crímenes atroces en los años ‘70 pero que, tal como lo describimos en el documento citado, no han manifestado jamás un repudio a los crímenes de su institución, y en vez de colaborar en la búsqueda de enterramientos clandestinos más bien las entorpecieron. Incluso su insistencia en volver a entrenar allí, sin necesidad real, sólo aportaría a las políticas negacionistas de borrar la memoria y banalizar el genocidio que cometieron las Fuerzas Armadas.

Por el contrario, una decisión firme de la sociedad civil de recuperar ese predio para funciones que tengan que ver con Memoria, Verdad y Justicia sería una reafirmación contundente para que nuestro país y nuestra región sigan avanzando hacia una sociedad más inclusiva, más justa y respetuosa de todos los derechos humanos. Un espacio donde puedan concurrir los escolares y el público en general para conocer de cerca dónde y cómo se cometieron los asesinatos y desapariciones masivas en esta zona, para fortalecer su conocimiento de la historia reciente y sus convicciones democráticas.

 

 

 

[1] La Ley 26.691 de 2011 define como sitios de memoria a los “centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de Estado” (artículo 1) y establece que “el Poder Ejecutivo nacional garantizará la preservación de todos los Sitios a los fines de facilitar las investigaciones judiciales, como asimismo para la preservación de la memoria de lo acontecido durante el terrorismo de Estado en nuestro país” (artículo 2).

[2] Sólo a modo de ejemplo se puede citar un párrafo de la Resolución 3/2019, “Principios sobre Políticas Públicas de Memoria de las Américas” de la CIDH: “A los fines de garantizar la seguridad jurídica de los sitios de memoria, los Estados deben proveer un marco normativo preciso y adecuado que regule su identificación, señalización, creación o recuperación, preservación y gestión sustentable, asegurando la participación de las víctimas en todas las etapas y en armonía con los estándares internacionales en la materia. Dicho marco normativo puede plasmarse a través de una legislación específica sobre sitios de memoria o, subsidiariamente, mediante la declaración de los sitios de memoria como patrimonio cultural, histórico o símil. El marco de mención debe, asimismo, incluir medidas específicas destinadas a evitar la destrucción o alteración de los predios, tales como: restricciones en el uso y/o acceso de personas que pudieran poner en riesgo el sitio o la preservación de evidencias, la designación de depositarios o garantes, la previsión de sanciones por incumplimiento y/o provisión de custodia externa e interna. Estas medidas específicas deben evitar recaer en exigencias de alta especialidad técnica que tornen ilusoria la protección de los sitios y la protección de evidencia forense”.

 

 

 

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