Sálvese quien pueda

 

Gustavo Arribas ya no es el poderoso Señor Cinco, ni Silvia Majdalani la poderosa Señora Ocho. El juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé los procesó el miércoles pasado por el espionaje ilegal contra Cristina Fernández de Kirchner. Las maniobras –según detalló el magistrado, en consonancia con los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide– tuvieron su correlato en expedientes judiciales para darle una apariencia de legalidad a los seguimientos a la ex Presidenta. Detrás de esas artimañas está la larga mano de Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), cuyos ex integrantes se estuvieron presentando ante la Bicameral de Inteligencia y buscaron descargar culpas en otras áreas de la ex SIDE.

 

 

La vigilancia

La justicia federal de Lomas de Zamora dio por probado que a Cristina Fernández la espiaron, al menos, entre fines de julio y el 7 de agosto de 2018. Hombres y autos del área de Contrainteligencia de la AFI estuvieron apostados fuera de su departamento en Juncal y Uruguay y de la sede del Instituto Patria. La orden de espiar a Fernández de Kirchner provino de Alan Ruiz, un ex funcionario del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich que se sumó a la AFI en mayo de 2018.

Ruiz había integrado la Policía Metropolitana hasta diciembre de 2016. Diego Dalmau Pereyra dijo ante la justicia que él fue quien lo reclutó para la Agencia después de la renuncia de los jefes del área de Operaciones, que estaba dentro de Contrainteligencia. Dalmau dirigió Contrainteligencia hasta días después del ingreso de Alan Ruiz, cuando Majdalani le comunicó que lo había relevado. Para entonces, a Alan Ruiz lo presentaron con bombos y platillos como el nuevo jefe de la Base 95, que funcionaba en Villa Martelli. Pero la operación escandalosa en el Patria terminó sumiéndolo en una jefatura clandestina dentro de la propia AFI.

Ruiz estaba a cargo de un grupo importante de espías orgánicos como inorgánicos. Al Patria había mandado a los que conformaban el plantel estable de La Casa. Los fiscales y el juez Augé no descartan que también haya enviado a “los externos” a espiar a la ex Presidenta.

El 7 de agosto de 2018, los trabajadores del Instituto Patria detectaron un Volkswagen con patente NNV 682. Pidieron a un policía de la Ciudad que identificara a los hombres que estaban a bordo. El auto tenía una cédula a nombre de Presidencia de la Nación. Era claramente un coche de la flota de la AFI. Los ocupantes del vehículo entraron en pánico. Tanto que doblaron en U por Rodríguez Peña. El video de la travesía de los espías se difundió en loop en los medios durante varios días. Parecía tan burdo que no podía ser real.

Dentro de la AFI funcionaba un grupo que estaba bajo el liderazgo espiritual de Jorge Horacio Sáez, el Turco, un ex agente de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Dentro de ese grupo estaban, entre otros, Facundo Melo, Leandro Araque, Mercedes Funes Silva, Daiana Baldasarre (Buky) y se había integrado Emiliano Matta tras el cierre del llamado Proyecto AMBA. Hasta el momento, ellos no fueron vinculados con el episodio del Patria, aunque sí participaron en otros seguimientos a Fernández de Kirchner. El chat del Grupo Pilar –por la calle donde tenían su base de operaciones– explotó con comentarios cargados de sorna después del episodio en el Instituto Patria.

 

 

 

 

Ante la justicia, Majdalani y Ruiz dijeron que la vigilancia sobre Fernández de Kirchner obedecía a la posibilidad de que se pudiera ser blanco de un ataque anarquista. La información la habían obtenido en una reunión que se había hecho en Avellaneda, una especie de foco ácrata del Conurbano bonaerense. Lo curioso, remarca el juez Augé, es que si querían prevenir un atentado contra la ex mandataria no hayan dado aviso a la posible damnificada ni denunciado el hecho. Por el contrario, la única protección ante un posible atentado era dejar autos estacionados con cámaras filmando toda la noche.

El único interés de la AFI era almacenar información sobre Fernández de Kirchner en clara violación con la ley de inteligencia, escribió Augé en el auto de procesamiento. A los agentes –varios de los cuales declararon como testigos de identidad reservada– los mandaron con una orden: ver si entraban o sacaban bolsos. El lapso de la vigilancia coincidió con la explosión del caso de los cuadernos, que unió a Claudio Bonadio con Carlos Stornelli en la persecución de la ex presidenta.

Bonadio tenía banca entre los espías inorgánicos, que festejaban sus allanamientos – como puede verse en los chats que figuran en la otra causa de espionaje que se investiga en Lomas.

 

 

 

 

 

Los analistas

Jorge Ochoa, Denise Aya Tenorio y Andrea Fermani compartían otro chat que se llamaba Los analistas. A ellos les enviaban el material que recolectaban sobre la vigilancia a Cristina, contó uno de los agentes que declaró como testigo de identidad reservada en la causa del Patria. El trío no está imputado por esos hechos. Fueron detenidos e indagados por orden del juez Federico Villena por ser parte de una trama más grande de espionaje desplegado en la AFI macrista. Esa causa está también ahora en manos de Augé.

De los tres, Andrea era la que tenía más antigüedad en la AFI. Había entrado en 2013 cuando todavía era la Secretaría de Inteligencia (SI). A Denise la trajo Dalmau Pereyra. Habían sido compañeros en una maestría sobre Defensa Nacional. Al ingresar, ella fue a trabajar a la Dirección de Contraterrorismo. Cuando llegó, Alan Ruiz la mandaron como analista a la Dirección de Operaciones Especiales – que, en realidad, nunca figuró en el organigrama.

Jorge entró en febrero de 2016 a la AFI, concretamente a la sección Automotores del área de Contrainteligencia. Desde entonces hasta que lo mandaron a Chile, fue el chofer de Dalmau Pereyra. Se capacitó para que lo tomaran como analista. Su oportunidad le llegó con el arribo de Alan Ruiz, que lo integró al grupo con las dos mujeres. Los tres se turnaban para estar casi todo el día en la base de Villa Martelli: ellas a la mañana, él por la tarde.

La primera gran tarea que le asignaron al grupo fue investigar al cuñado de Mauricio Macri, Salvatore Pica. Como ellos no hacían campo, ensayaron un par de hipótesis que iban desde un posible riesgo a la seguridad presidencial hasta una vinculación con la mafia china por los negocios de la famiglia en Beijing. Las hipótesis no cayeron bien en sus superiores y los freezaron. Son varios los espías que hablaron de la obsesión de la AFI por Pica, únicamente explicable por la compulsión de Macri por monitorear a sus cuñados. Algunos contaron cómo fueron a espiarlo desde una casa contigua. Otra contó que antes de ingresar formalmente a la AFI la habían mandado a un club de tenis para seguir de cerca a Pica.

 

 

Jurídicos

El circuito de espionaje que describió el juez Augé, en línea con los fiscales, fue el siguiente: los espías recolectaban información sobre Cristina Fernández, se la enviaban a los analistas que producían un informe y ese informe iba directo de Alan Ruiz a Majdalani, que tenía a su cargo todas las áreas operativas de la Agencia.

Tanto Arribas como Majdalani dijeron que se habían enterado del espionaje al Patria por la televisión. El argumento lo repitió Martín Coste, quien reemplazó a Dalmau Pereyra en Contrainteligencia cuando lo hicieron cruzar la cordillera, cansados de sus servicios. Para el juez, ninguno de ellos podía desconocer lo que sucedía. Los procesó a los tres, les quitó los pasaportes y prohibió su salida del país. Se suman a Ruiz, que fue el primer procesado de la causa.

“Luego de haber llevado a cabo de esas acciones, los imputados Arribas y Majdalani trazaron una estrategia delictiva: la de engañar a distintas autoridades a las que les correspondía el contralor de los actos llevados a cabo”, escribió Augé. Para eso Arribas y Majdalani produjeron distintos documentos que presentaron ante la Bicameral de Inteligencia y en dos juzgados federales.

El primer documento fue una carta que entregaron el 9 de agosto a las 12 del mediodía ante la Bicameral de Inteligencia. Esa carta fue redactada por Hernán Martiré Palacio, un director del área de Jurídicos. Lo hizo a pedido del responsable de la Dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos, Juan Sebastián de Stefano. Martiré –según contó el miércoles ante la Bicameral de Inteligencia– estaba encargado de las comunicaciones de la AFI con el área del Congreso que debía controlarla.

Los otros documentos se presentaron después en la causa que tramitaba en el juzgado a cargo de Villena en Lomas, que se había abierto un año antes para investigar posibles amenazas frente a la realización de las cumbres de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el G20, así como los Juegos Olímpicos de la Juventud. El 17 de agosto, entregaron un informe donde se nombraba por primera vez a Fernández de Kirchner. La rareza, según marcó el propio Augé, es que la presentación la hizo el director de Relaciones Institucionales y Antecedentes de la AFI, Rubén Areso, que nunca había remitido ni un papel en esa causa. Areso también estaba bajo el paraguas de Jurídicos del Enano de Stefano. El 5 de octubre, José Padilla, director de Asuntos Judiciales, mandó otro informe a Lomas.

Las presentaciones de la AFI en la causa de Lomas se sucedieron después de que se radicara una denuncia en los tribunales de Comodoro Py por el espionaje en el Patria y servían para argumentar que los agentes habían estado cumpliendo con órdenes de otro juez federal. Esa fue la base del sobreseimiento que firmó el 28 de noviembre de 2018 el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Ese día Arribas y Majdalani festejaron.

 

 

El gran bonete de la AFI

La Bicameral de Inteligencia, que preside Leopoldo Moreau, recibió esta semana a Martiré y a Bernardo Miguens, un ex empleado del Juzgado de Bonadio que recaló en la AFI a comienzos de la gestión de Arribas. Los dos culparon por todas sus desgracias a Coste.

Martiré es un abogado de carrera en la ex SIDE. Entró al organismo cuando lo dirigía Hugo Anzorreguy y éste había puesto a cargo de Jurídicos a su amigo de la infancia José Allevato. Pasaron años, pero Pepe Allevato sigue siendo una figura mítica en los tribunales de Comodoro Py, donde recuerdan los viajes que organizaba –conocidos como los Pepe Tours– para los cuales siempre enviaba un sobre abultado al magistrado invitado.

Martiré estuvo gran parte de la gestión Arribas a cargo de la Dirección de Dictámenes o de Asuntos Legales y Técnicos. Su nombre en el espionaje a Fernández de Kirchner lo aportó Coste. El ex director operacional de Contrainteligencia dijo que encontró a Alan Ruiz en una reunión con Martiré y De Stefano, discutiendo cómo encubrían la vigilancia a la ex Presidenta. Ante los integrantes de la Bicameral, Martiré dijo que Coste mentía. Sólo reconoció haber escrito la carta que se envió a la Bicameral y dijo que la causa la seguía la dirección de Asuntos Judiciales de José Padilla – quien, hasta ahora, no fue citado por la comisión del Congreso.

Martiré contó que él había llevado a la AFI a Miguens, un abogado joven que pasó unos cuatro años en el juzgado de Bonadio. Martiré y la familia Miguens habían forjado una amistad en el selecto (y restrictivo) Club Universitario de Buenos Aires (CUBA). Fue él quien le auguró un buen futuro en la AFI después del fin del gobierno de Fernández de Kirchner. Miguens se entusiasmó e incluso renunció a un cargo de planta en el Poder Judicial, supuestamente frustrado porque nunca había pasado de “pinche” en el juzgado federal 11.

El nombre de Miguens emergió en la Bicameral después de la declaración de una abogada de extrema confianza de Coste en Contrainteligencia. Ella dijo que era él quien le daba las indicaciones para confeccionar los documentos para justificar la presencia de los espías en el Instituto Patria e incluso quien le aportó los otros nombres de políticos que debían insertarse junto con el de Cristina. Otro hombre de confianza de Coste, Andrés Bertolini, también lo mencionó como quien lo llamó para pedirle que firmara un pedido para pinchar los teléfonos del penal de Ezeiza en el expediente de Mario Segovia, el Rey de la efedrina. Esas grabaciones se usaron después para intentar contrarrestar el D’Alessiogate.

Miguens se presentó como un trabajador raso, que cumplía funciones bajo Padilla. Negó que hubiera podido darle órdenes a Coste o a la agente que estaba a cargo de las cuestiones legales de Contrainteligencia y terminó la lectura de su escrito con un cruce subido de tono con alguno de los integrantes de la Bicameral ante la resistencia a responder preguntas. Su mentor Martiré siguió la misma estrategia. Los integrantes de la comisión les hicieron saber que podían llegar a denunciarlos por resistirse a colaborar.

Los dos apuntaron a Coste. Lo describieron como el director de carrera de mayor poder dentro del organismo, como el que más agentes había tenido a su cargo en la lúgubre historia de la central de inteligencia vernácula. Coste, que ayer cumplió 41 años, lleva alrededor de 18 años dentro de la Agencia. A su turno, dijo ante la Bicameral que casi fue su primer trabajo. Siempre transitó el área de Contrainteligencia, el dominio de Antonio Horacio Jaime Stiuso, quien incluso fue su cuñado. Coste siempre intentó desvincularse del espionaje sobre Cristina. Adujo que recién se hacía cargo de la Dirección Operacional cuando fue el escándalo del Patria, que acababa de reemplazar a Dalmau y que encima había estado de vacaciones. También sostuvo que él buscó dejar todas las maniobras documentadas en biblioratos que dieran cuenta de las maniobras orquestadas por Arribas, Majdalani y Ruiz y “acomodadas” por el área de Jurídicos.

En ese sector –que dependía directamente de Arribas– mastican bronca contra Coste. Martiré revoleó ante la Bicameral que Coste había estado muy interesado en una de las criaturas macristas, la Red de Inteligencia Sudamericana sobre Crimen Organizado y Terrorismo (RISCOT). La Red es una creación de Arribas, relatada por El Cohete, cuyos alcances aun permanecen en las sombras.

 

 

Sentarse a la mesa de la AFI

Mientras Miguens y Martiré hablaban ante la Bicameral de Inteligencia, la fiscal Gabriela Boquin relataba ante la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público los aprietes que sufrió mientras se oponía a la condonación de la deuda del Correo Argentino que buscó Mauricio Macri a poco de asumir la Presidencia.

El relato incluyó desde teléfonos intervenidos –en los cuales un hombre se hacía pasar por su marido– hasta un ladrón que, usando guantes, robaba papeles del baúl de su auto. También empleadas que compartían información con el diputado Pablo Tonelli, por entonces también representante del macrismo en el Consejo de la Magistratura, o un juez que fue a visitarla para decirle que si su esposa seguía trabajando con ella nunca iba a lograr ascender.

A nivel de la Procuración, su situación se complicó cuando el gobierno de Macri logró la renuncia de Alejandra Gils Carbó y su reemplazo por Eduardo Casal. Allí se empezaron a acumular denuncias por supuestos malos tratos a empleados de su fiscalía. Desde la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), sostienen que una denuncia fue guionada por un funcionario de extrema confianza del procurador interino Casal – como contó El Cohete en noviembre pasado.

La fiscal dijo, sin medias tintas, que Casal la estaba persiguiendo. La situación del procurador es delicada. Desde el Frente de Todos anunciaron la intención de avanzar con los doce pedidos de juicio político que se acumularon en las últimas semanas. Es probable que la Bicameral que preside Martín Doñate convoque a otros fiscales sometidos a procesos disciplinarios a que testifiquen.

Pero a Casal se le abrió otro frente vinculado con la inteligencia. El martes pasado, Moreau le requirió a Casal que informe todas las vinculaciones que el Ministerio Público Fiscal (MPF) tuvo con la AFI desde 2016.

Parte de esa vinculación tendrá que ver con el rol de la Procuración en la investigación del atentado a la AMIA. Para el último aniversario, la intervención en la AFI —a cargo de Cristina Caamaño, otra de las fiscales sumariadas durante la gestión Casal— le reclamó que se haga cargo de la documentación desclasificada y que la termine de sacar de las bases de la Agencia. Pero la otra pata en la que la Bicameral de Inteligencia probablemente centrará su atención es en la creación de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo (SAIT), que el procurador interino concretó el 13 de julio de 2018, en la víspera del 24° aniversario del atentado.

Casal puso a la SAIT como una estructura dependiente de la Procuración Penal ante la Corte Suprema, que es su cargo original, y la dejó en manos de un ex secretario de Alberto Nisman, Armando Antao Cortez, y de Juan Manuel Olima Espel, su secretario de coordinación y uno de los tres Juanes que conforman su anillo de confianza. La SAIT no se privó de participar de eventos que organizó el Departamento de Estado y la Embajada de los Estados Unidos – donde Casal no es un extraño.

En el informe anual del Ministerio Público de 2018, la SAIT informó que formaba parte de una mesa interinstitucional donde se discutía la estrategia nacional preventiva anti-terrorista. La mesa estaba conformada por la AFI de Arribas y Majdalani, la Dirección Nacional de Migraciones y dos áreas claves del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, la Dirección de Inteligencia Criminal y la Dirección de Investigaciones Complejas.

La propia Majdalani contó ante la Justicia la existencia de una mesa similar ante el juez Augé y los fiscales Incardona y Eyherabide. Esa mesa fue en la que se discutía todo lo relativo al G20 y la OMC, eventos en los cuales la AFI encontró la oportunidad necesaria para desplegar un espionaje masivo.

 

 

 

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