Salud para la especulación financiera

 

En semanas de balances aluvionales, digamos a modo de síntesis que el desembarco del anarco-capitalismo telúrico tuvo tres condiciones de posibilidad: la devastación y el endeudamiento masivo del macrismo; el largo olvido de la pobreza y el salario de los trabajadores en favor de los intereses de las fracciones concentradas, que lleva ocho años, y la pericia del hampa financiera —y las corporaciones de jueces y medios masivos aliados— para instalar una modalidad de posverdad eficaz para la cosecha de votos.

Arrojado el DNU 70/2023 con sus 366 ojivas, el histrionismo del Presidente anarco-capitalista concentra su poder de fuego en la construcción de un clima de catástrofe inminente que justifique la urgencia. Por eso todo va tan rápido. Por eso el estado estacionario pasa a ser el vértigo. Ahora bien, ni la pobreza, ni las jubilaciones, ni los salarios son urgentes. La única urgencia es financiera.

Se llama “doctrina del shock” o “capitalismo del desastre”. El estado de susto e incertidumbre de la población frente a la supuesta inminencia de una catástrofe la vuelve dócil para la cirugía mayor y el “sufrimiento necesario”, que nunca será compensado. “Gracias por el sacrificio” es el saludo de Navidad de Toto, que promete la recuperación económica para abril, aunque “recién llegaría a los bolsillos en 2025”, es decir, nunca. Este es el impacto buscado por el DNU del anarco-capitalista Sturzenegger cuando vaticina una “inflación a niveles del 15.000 % anual”, entre otras calamidades.

En lo que hace a los sectores estratégicos de nuestro país, nos interesa enfocarnos en la derogación de la ley 27.113 de promoción de los laboratorios de producción pública y en la supresión de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), que perjudicará de forma dramática el acceso a los medicamentos, además de destruir el sendero virtuoso que viene recorriendo la asociatividad público-privada en la industria farmacéutica local ^[1].

Con cinismo mesiánico y ningún sustento, el DNU elaborado por los grandes estudios de abogados de las fracciones concentradas sostiene que la privatización de laboratorios públicos se propone “una mayor eficiencia en el funcionamiento del sector público”.

Recordemos que la ley 27.113, de diciembre de 2014 —aprobada con sólo cuatro abstenciones en Diputados y unanimidad de votos afirmativos en Senadores— declara “de interés nacional y estratégico la actividad de los laboratorios de producción pública” y crea la ANLAP como punto de llegada de un sendero de evolución que se inicia con la crisis terminal de 2001.

Entender cómo se llegó a la creación de la ANLAP y su evolución y función en el ecosistema de la salud pública y la industria farmacéutica local permite dimensionar la aberración de su clausura.

 

 

Política de salud + política industrial

Durante la crisis económica de fines de 2001, la devaluación y la anarquía financiera dispararon los precios de los productos farmacéuticos. El resultado fue el cierre de clínicas y hospitales y el desabastecimiento de medicamentos.

En 2002 se creó el Programa Remediar para la distribución gratuita de medicamentos a 15 millones de personas sin cobertura. En paralelo, a fines de agosto, se sancionó la ley 25.649 de medicamentos genéricos, que promovía que toda receta o prescripción médica debía evitar la marca y expresar “el nombre genérico del medicamento o denominación común internacional”. Esta ley daba la opción de elegir copias más baratas de medicamentos o drogas farmacéuticas (llamados genéricos) sobre las más caras de marca. En ese momento, los productos de marca eran, en promedio, 11,5 veces más caros que los genéricos. En algunos casos excepcionales la diferencia era de 50 a 100 veces.

Durante el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), la política de medicamentos se enfocó en mejorar la capacidad de acceso de la población a los medicamentos. En esta dirección, se creó en la Facultad de Medicina de la UBA, en septiembre de 2007, la Red Nacional de Laboratorios Públicos (RELAP), integrada por 25 laboratorios de producción pública de medicamentos (PPM) y coordinada por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. La RELAP buscaba producir medicamentos a bajo costo y buena calidad para cubrir necesidades en todo el país. Además, planteaba centralizar compras, coordinar la producción a nivel nacional y promover I+D en universidades e instituciones públicas. Una medida importante fue la incorporación de la red al Ministerio de Salud, con fines estadísticos y de provisión del Programa Remediar. El INTI aportó soporte tecnológico a los laboratorios de PPM en más de 30 rubros. La RELAP contó con el apoyo político de la Multisectorial, un colectivo de 67 organizaciones de origen político, social, gremial, académico y científico.

Durante los gobiernos de Cristina Fernández (2007-2015) la inversión crece, se consolida el sector y se avanza en un marco legal. En 2011, el mercado interno de medicamentos era de 4.400 millones de dólares anuales. La Argentina era el cuarto país a nivel mundial en consumo de medicamentos por habitante, con un promedio de 186 dólares anuales. El déficit comercial de todo el bloque farmacéutico pasó de 510 millones de dólares en 2003 a 1.500 millones en 2011. Las proyecciones suponían que este rojo de balanza comercial alcanzaría los 2.800 millones de dólares en 2020. Había en el país 230 laboratorios registrados y solamente 110 plantas industriales y los primeros diez laboratorios explicaban el 42 % de las ventas. La producción nacional fue de 3.466 millones de dólares en 2010, de los cuales se exportaron 691 millones. En 2010, la industria farmacéutica aportó el 5 % del valor agregado industrial, 28.000 puestos de trabajo directos y 100.000 indirectos.

A mediados de 2011, se sancionó la ley 26.688, que declara “de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos, entendiendo a los mismos como bienes sociales”. La idea era que el medicamento sea de accesibilidad universal —sumado al derecho a la salud como parte de los derechos humanos—, en oposición al paradigma que identifica el medicamento como mercancía. Esta ley también promueve la investigación y producción de “medicamentos huérfanos”, aquellos que, por ser poco rentables, no les interesan a las empresas farmacéuticas ^[2].

Las entidades empresarias CILFA —pharmas nacionales— y CAEME —pharmas transnacionales— se opusieron a la ley. Sin embargo, “dos o tres de los 150 laboratorios de capital nacional hacen investigación”, el resto “se limita a importar los productos a granel y fraccionarlos”, explicaba Martín Isturiz, bioquímico promotor de la PPM. La ley también se proponía impulsar la asociatividad público-privada.

A fines de 2014 existían en el país más de 30 laboratorios nacionales, provinciales, municipales y universitarios, distribuidos en 16 provincias y en CABA, orientados a abastecer hospitales públicos, salas de barrio en atención médica primaria, grupos de riesgo, universos de crónicos, especialmente en momentos de escasez o suba de precios, además de dar cobertura a catástrofes naturales y necesidades epidemiológicas endémicas en muchas zonas del país.

 

 

Evolución de ANLAP

Durante el primer año del gobierno de Cambiemos (2015-2019), la ANLAP se incorporó al Ministerio de Salud, quedó a la deriva y padeció un recorte presupuestario drástico, igual que el Programa Remediar, aunque el Ministerio de Salud finalizó 2016 con 7.200 millones de pesos sin ejecutar. Ahora bien, en noviembre de ese año se inició una nueva gestión en ANLAP que, con escaso apoyo y a contramano de la política de salud del gobierno, pudo dar algunos pasos en la institucionalización de la ANLAP, logrando consensuar una agenda de actividades con los 34 laboratorios que la integraban.

En 2019, último año de macrismo, los laboratorios públicos produjeron unas 370.000.000 de unidades farmacéuticas y alrededor de 6.500.000 de personas recibieron algún tratamiento con productos elaborados por los laboratorios públicos. El Instituto Biológico (Buenos Aires) comenzó la producción a un costo muy inferior al de mercado de pregabalina, droga utilizada para el dolor en el tratamiento contra el cáncer. El Laboratorio del Fin del Mundo (Ushuaia) entregó al Ministerio de Salud su primera producción de 1.800.000 comprimidos del suravir, que fueron distribuidos a todo el país en el marco del programa de HIV-SIDA. En octubre, el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de Santa Fe produjo y distribuyó gratuitamente en los centros de salud y hospitales de su provincia los primeros 180.000 comprimidos de misoprostol, medicamento que la OMS considera esencial para la realización de abortos seguros y ambulatorios.

Durante la gestión de gobierno del Frente de Todos (2019-2023), la ANLAP avanzó en la estructura organizativa mediante la aprobación de un reglamento interno y una estructura orgánica ^[3]. En febrero de 2020, el MINCyT y ANLAP acordaron impulsar una convocatoria de Fondos Argentinos Sectoriales, a cargo de la Agencia I+D+I, por alrededor de 5 millones de dólares, orientada a la PPM. El financiamiento se orientó a tres líneas estratégicas:

1. Producción de vacunas para enfermedades de control estratégico —fiebre hemorrágica argentina; vacuna BCG pediátrica y BCG intravesical; rabia humana y rabia animal; fiebre amarilla—.
2. Producción de medicamentos para antivenenos, antitoxinas y antivirales, y enfermedades desatendidas —dengue, zika, chikungunya, leishmaniasis, chagas, entre otras—.
3. Modernización tecnológica para escalado y adecuación a normativa de la ANMAT en la producción de medicamentos.

Además, durante estos años ANLAP financió 45 proyectos de inversión para fortalecer las capacidades tecnológicas, de I+D y producción por alrededor de 700 millones de pesos. También, a través de un programa de becas cofinanciadas ANLAP/CONICET, se incorporaron 24 becarixs para desarrollar tesis doctorales.

En este período, la crisis provocada por el virus SARS-CoV2 puso de manifiesto la importancia de contar con las capacidades de I+D y de un sector productivo con capacidades robustas para el abastecimiento de insumos estratégicos para el sector de la salud. En un contexto de pandemia global, la ANLAP jugó un papel importante en los esfuerzos de coordinación de política sanitaria, productiva y tecnológica para la provisión de productos esenciales.

A fines de agosto de 2023, se inauguró en el INTI una Planta Piloto de Ingredientes Farmacéuticos Activos (PPIFA), con una inversión de más de 2,5 millones de dólares, que se enfoca en escalado y optimización de procesos de síntesis química de moléculas de interés para la producción de los principios activos de medicamentos. La industria argentina utiliza alrededor de 2.000 principios activos como insumos, que son importados en su mayoría (solamente un 6 % son producidos localmente). El PPIFA es clave para avanzar en la asociatividad público-privada, agregar valor a las exportaciones y reducir las importaciones de la industria farmacéutica local.

A fines de 2023, el LIF también comenzó a producir mifepristona, una droga aprobada por ANMAT, que junto al misoprostol integra el procedimiento más eficaz para interrupciones voluntarias del embarazo, según las recomendaciones de la OMS.

A esta síntesis no exhaustiva, que pone en blanco y negro la relevancia de la ANLAP, podemos sumar el lanzamiento de otros productos, como fierritas, carbatest y test covid, que permitieron dar respuesta viable a diversos programas del Ministerio de Salud.

 

 

Sectores estratégicos versus negocio financiero

La sensibilidad del objetivo soberano de producir medicamentos en el país con creciente autonomía y valor agregado tiene sus antecedentes en la creación, en 1947, de la Empresa de Medicamentos del Estado Argentino (EMESTA) y en las leyes 16.462 y 16.463 de medicamentos sancionadas en 1964 por Arturo Oñativia, ministro de Salud de Umberto Illia. En este último caso, fueron intensas las presiones de la industria farmacéutica —local y trasnacional— para obturar el impacto de este marco legal. “Una de ellas provino del llamado Club de París, que hizo llegar al ministro de Economía y al Presidente de la nación el mensaje de que estas leyes podrían obstaculizar el refinanciamiento de la deuda externa argentina” ^[4].

Integrada hoy por 49 laboratorios públicos, la ANLAP es un organismo de coordinación clave para avanzar en la generación de capacidades autónomas crecientes, tanto para las políticas de salud pública como para que la industria farmacéutica nacional pueda ser competitiva a partir de agendas de I+D nacionales. El cierre de la ANLAP no solo “atenta contra un sistema de salud solidario y universal”, como sostuvo el secretario General de la CGT, Héctor Daer, en la movilización de la CGT y las dos CTA a Tribunales el 27/12. Desde las teorías balbuceadas por el propio Presidente, marca una dilapidación de “capital humano” inexplicable.

En las últimas cuatro décadas, el sector biofarmacéutico experimentó profundos cambios estructurales a escala global. Desarrolló nuevas heurísticas y capacidades organizativas en torno a la biotecnología moderna, la biología molecular y la ingeniería genética. La apropiación oligopólica de estas tecnologías fue consecuencia del proceso de “privatización de la I+D” que tuvo lugar después de que los tratados de protección impuestos por la Organización Mundial del Comercio (OMC), a mediados de los años ‘90, restringieron el acceso a los países en desarrollo. Las vacunas de segunda y tercera generación, por ejemplo, cuyo desarrollo implica el uso de herramientas de biología molecular, genómica e ingeniería genética, quedaron, a través de agresivas estrategias de protección, en manos de unos pocos actores mundiales ^[5].

Como se observó en la pandemia del COVID-19, las grandes farmacéuticas exigen que los Estados dependientes comprometan los activos soberanos en las negociaciones vinculadas a emergencias de salud pública. Para sostener estas estrategias de extorsión buscan alinear a los socios nativos en eslabones secundarios de la cadena de valor y monopolizar las capacidades de I+D.

A contramano de la necesidad de desarrollar capacidades locales para garantizar condiciones mínimas de soberanía sanitaria, el DNU opta por el desguace del Estado y de los sectores estratégicos, a cambio del negocio financiero de corto plazo.

Como una señal del cielo, al cierre de esta nota el Presidente de Estados Unidos tuiteaba:

“Los republicanos quieren derogar la Ley de Reducción de la Inflación y dejar que las grandes farmacéuticas cobren lo que quieran por los medicamentos recetados. Quieren aumentar los costos para las personas mayores y las familias trabajadoras y permitir que las grandes farmacéuticas obtengan ganancias exorbitantes. No dejaré que eso suceda”.

Esta ley habla de regular, no de “liberar” a las fieras, y establece que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos negocie los precios de los medicamentos esenciales. Los libertarios la ven, pero invertida.

 

 

 

 

 

^[1] Piñeiro, F., Zelaya, M. y Chiarante, N. 2020. “Sobre la investigación, desarrollo y producción pública de nuevos medicamentos”, Ciencia, Tecnología y Política, Año 3, N.º 4, mayo.

^[2] Zubeldía, L. y Hurtado, D. 2019. “Políticas Tecnológica e Industrial en Contexto Semiperiférico: la Producción Pública de Medicamentos en Argentina (2007-2015)”, Revista Perspectivas de Políticas Públicas, Año 8, N.º 16.

^[3] Lettieri, M. 2023. “El rol del Estado y la articulación entre políticas de I+D, salud y productivas. El caso de ANLAP”, XX Congreso ALTEC 2023.

^[4] Ramacciotti, K. y Romero, L. 2017. “La regulación de medicamentos en la Argentina (1946-2014)”, Revista CTS, Vol. 12, N.º 35.

^[5] Blinder, D., Zubeldía, L. y Surtayeva, S. 2021. “Covid-19 and Semi-Periphery. Argentina and the Global Vaccines Research and Development”, Journal of World-Systems Research, Vol. 27, N.º 2.

 

 

 

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