Salta y Jujuy, ingenios en ascuas
La semana que terminó trajo dos novedades en torno de la situación de los ingenios azucareros de Salta y Jujuy. Por un lado, los sindicatos de las cinco plantas, reunidos en un plenario de la Federación Azucarera Regional (FAR), decidieron hacer una gran marcha el lunes 19 que recorrerá los casi 200 kilómetros que separan a las localidades salteñas de Hipólito Yrigoyen y General Güemes, pasando por los tres ingenios jujeños. Por otro lado, el gobernador de Jujuy Gerardo Morales sorprendió a propios y extraños al anunciar que llamará a licitación para vender el ingenio La Esperanza, después de haber afirmado más de una vez que ya estaba lista la transferencia al colombiano Grupo Omega.
El jueves se realizó el encuentro de referentes de los sindicatos azucareros de Jujuy y Salta, del que también participaron representantes de gremios estatales y organizaciones sociales y políticas. Resolvieron realizar el viernes 16 un plenario ampliado bajo la consigna “Ni un despido más. Ni un trabajador menos”, y el lunes 19 una gran marcha que partirá de Hipólito Yrigoyen, en Salta, donde está ubicado el ingenio Tabacal, y luego de pasar por los tres ingenios azucareros jujeños culminará en la también salteña General Güemes, ubicación del San Isidro.
La adhesión de otros sectores gremiales, sobre todo los vinculados a la administración pública -que en Jujuy emplea a casi el 80 por ciento de la mano de obra disponible- permite augurar que la caravana del 19 será la ocasión para aglutinar el descontento y los reclamos de las bases que, al menos hasta ahora y salvo algunas pocas excepciones sectoriales, no tuvieron expresiones contundentes en la calle.
Con la presencia de referentes del gremialismo a nivel nacional y provincial, el encuentro de la FAT se desarrolló en las instalaciones del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio Ledesma (Soeail). Allí se analizó la actual situación de despidos y precariedad laboral, la pretensión por parte del gobierno y las patronales de imponer salarios a la baja sin discusiones paritarias, y la intensificación del apriete y la persecución a dirigentes gremiales combativos, entre otros temas. Hubo gente de la CTA Autónoma y CTA regionales; de ATE, UPCN, Luz y Fuerza y ATSA, además de diputados provinciales y concejales justicialistas y de izquierda, además de referentes de organizaciones sociales, como la Tupac Amaru.
Los cinco ingenios azucareros de Jujuy y Salta atraviesan situaciones de conflicto, lo que pone al sector en el centro de la escena de este principio de año. Despidos, suspensiones, amenazas de cierre, procedimientos de crisis y ventas frustradas son algunos de los ingredientes de un cóctel que puede resultar explosivo, por el peso que tiene la actividad en la región, por la cantidad de trabajadores que ven peligrar su estabilidad laboral y por el carácter combativo de los sindicatos que los representan.
Unos 180 despidos en Tabacal; 735 en San Isidro; 30 en Ledesma y 400 de La Esperanza. Si se considera que un ingenio mediano con cierto grado de industrialización funciona con 700 empleados, se puede decir que se están desmantelando las plantas de dos establecimientos enteros.
El caso más extremo es el del salteño San Isidro. La empresa peruana Gloria presentó un proceso preventivo de crisis, poniendo en juego más de 700 puestos de trabajo. Apenas se conoció la noticia del cierre, que la empresa comunicó a través de un banner en la puerta de la planta, todos los sindicatos azucareros de la región se pusieron en alerta.
¿Qué está pasando en el sector para que se generalicen los problemas? Analistas locales aseguran que los buenos resultados que obtuvieron los sindicatos en la paritaria 2017, entre un 31 y un 33 por ciento de aumento, provocó que este año las empresas abrieran el paraguas temprano e iniciaran una serie de acciones que van desde el anuncio de cierre hasta suspensiones, pasando por despidos directos y apertura de retiros voluntarios, preparando el terreno para la negociación 2018, envalentonadas por el techo del 15 por ciento que le puso el gobierno nacional. La paritaria de este año arranca en mayo, cuando empieza la zafra.
Un repaso de la situación ingenio por ingenio se torna necesario, entonces, para encuadrar cada situación particular en ese esquema general.
La Esperanza: venta quebrada
El jueves pasado, el gobernador de Jujuy Gerardo Morales jugó una carta insospechada: anunció que llamará a licitación para vender el ingenio La Esperanza, ubicado en la zona de San Pedro de Jujuy. Lo hizo un día después de que venciera el plazo que le dio el juez a cargo de la quiebra, Juan Pablo Calderón, para que presentara los papeles que respaldaran los entusiastas anuncios de venta del ingenio a la empresa Omega Energy y su subsidiaria NokOil Energy, de Colombia.
Esta novedad viene después de numerosos anuncios con bombos y platillos, incluidas fotos de Morales y su ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud Robles, firmando papeles con Omar Leal, presidente de la empresa colombiana. Y sorprendió incluso a la gente de Omega, que al día siguiente brindaron una entrevista al diario El Tribuno de Jujuy, donde dicen que se enteraron de la licitación por los medios y aseguran que “la propuesta sigue viva y mantenemos todas las condiciones que ofrecimos”.
Fundado en 1883, La Esperanza tiene 70 mil hectáreas y en 2016 produjo 45.652 toneladas métricas valor crudo (TMVC) de azúcar, con un rendimiento que alcanzó el 11,30 por ciento. Desde hace más de 15 años la empresa atraviesa un proceso de quiebra, en medio del cual el estado provincial se hizo cargo de su administración. Apenas asumió Morales en diciembre de 2015, se comprometió a resolver la situación del complejo agroindustrial, que emplea a un millar de trabajadores. Pasados dos años, lo único concreto es el despido del 30 por ciento del personal y un conflicto sindical que se profundiza.
El gobierno les ofreció a los cesanteados que eligieran una de estas tres opciones: un puesto en la administración pública provincial, una indemnización más una vivienda, o la jubilación de aquellos que estuvieran en edad de retirarse. Hubo unos pocos que aceptaron alguna de estas alternativas, pero los números fueron variando día a día porque algunos decidieron volver al ingenio, sobre todo aquellos que habían optado por un trabajo en el Estado, a los que nunca les dieron una tarea concreta. “Si el ingenio no termina de venderse, entonces seguimos yendo a trabajar al ingenio”, decía uno de los retornados.
“Siempre fue un atropello que el Ejecutivo dijera que puede resolver el problema del ingenio La Esperanza, porque el que tiene que resolver es el juez. El Estado provincial no puede vender ni comprometerse ni decidir nada, si no tiene autorización del juez. Lo único que puede hacer es buscar un inversor y presentarlo al juez para que decida”, explica el economista Guillermo Sapag, y agrega: “Por eso el juez ahora les está exigiendo que presenten las cosas, pero ellos no las tienen. Y ya están buscando otro inversor, porque los colombianos se están echando atrás”.
Desde el Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio La Esperanza (SOEAILE) venían advirtiendo que la supuesta operación de venta no resultaba confiable. Y mantienen el reclamo de que la planta se venda “con todos los trabajadores adentro”. Se pasaron los últimos dos años haciendo medidas de fuerza, que levantaban solo cuando empezaba la zafra, conscientes de que era necesario mantener la producción para demostrar la viabilidad de la empresa, y reclamando una reunión con los supuestos compradores, que nunca se concretó.
Con más de veinte delegados y trabajadores que pasaron la Navidad detenidos tras una fuerte represión policial, y con los integrantes de la comisión directiva del sindicato imputados penalmente, el SOEAILE sostiene su principal demanda: “Si van a vender, que nos digan con claridad a quién y cómo; y si no van a vender, que pongan lo que tienen que poner para que el ingenio siga produciendo”, sintetiza el secretario general Sergio Juárez.
Mujeres del ingenio La Esperanza
Río Grande: la calma chicha
De los tres jujeños, el ingenio Río Grande de La Mendieta es considerado como el más “prolijo”. En las 8000 hectáreas que ocupa emplea a unos 600 trabajadores de planta, un número que llega a 800 en tiempos de zafra. En 2016 produjo 81.210 TMVC y le ganó en rendimiento a los otros ingenios jujeños, incluido el poderoso Ledesma, al alcanzar un 13,20 por ciento.
Aquí no parece haber conflicto. Sin embargo, las dos organizaciones que representan a los trabajadores -el Centro de Empleados Azucareros del Ingenio Río Grande (CEAIRG) y el Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio Río Grande (SOEAIRG), que integran también la FAR, se suman a la gran caravana azucarera prevista para la semana próxima. La expectativa está puesta en el inicio de las discusiones salariales, ya que el objetivo es que se igualen todos los ingenios en materia de reclamos gremiales.
Ledesma: a disciplinar
El Ingenio Ledesma es el mayor productor de azúcar de la Argentina, con el 17 por ciento del total del país. Emplea a unos 8000 trabajadores y ocupa 170 mil hectáreas. En 2016 produjo un total de 375 mil TMVC, con un rendimiento del 12,81 por ciento. Produce no solo azúcar sino también alcohol, en su mayoría para biocombustibles, y papel.
Tras un 2017 en el que la empresa logró torcerle el brazo al sindicato luego de una sucesión de paros y movilizaciones, entre diciembre y enero se produjeron 30 despidos y se anunció que se abriría una lista de retiros voluntarios. Lo explicó la empresa en un comunicado de prensa, en el que asegura que “no hay ninguna posibilidad de rever las desvinculaciones efectuadas entre diciembre y enero, habida cuenta de la situación económica adversa que sufre el sector azucarero argentino”.
La propuesta que le hizo al titular del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio Ledesma (SOEAIL), Rafael Vargas, consiste en “conformar una mesa de trabajo para avanzar junto al gremio en una reducción de costos”. Además se comprometió a no realizar nuevos despidos durante el primer semestre de este año, aunque condicionó esta última cuestión, “siempre que se mantenga el clima de paz social”.
La reducción de costos de la que habla la empresa vendría dada por los despidos, los retiros voluntarios, la aprobación de la paritaria anterior tal cual la propuso y congelar la próxima en el porcentaje que cierre la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA).
El comunicado patronal se difundió luego de dos semanas de reuniones. Desde el sindicato estuvieron dispuestos a alcanzar un acuerdo salarial para 2017/2018 y 2018/2019, discutir las condiciones de trabajo e incluso modificar el convenio colectivo para acompañar el supuesto proceso de crisis alegado por la empresa, a cambio de la reincorporación de los 30 despedidos sin causa. No hubo acuerdo. “Prevaleció la postura que desnuda el verdadero objetivo de Ledesma: golpear por los cumpas más destacados en nuestra lucha; disciplinar y meter miedo”, describió Vargas. Es que los 30 despedidos estuvieron entre los trabajadores más activos en las últimas medidas de fuerza, los que estuvieron en la ruta y en las asambleas, y enfrentaron la represión policial.
En la sesión extraordinaria del 9 de enero, el Concejo Deliberante de Libertador General San Martín aprobó una declaración de repudio al acoso laboral y los despidos en el Ingenio Ledesma, a partir de un proyecto presentado por los concejales del PTS-Frente de Izquierda Miguel López y Luis Guerra. López afirmó que “la empresa toma represalias contra los activistas en una muestra más del atropello a las libertades sindicales y al derecho al trabajo contemplado en la misma constitución nacional”, y lamentó que el ministerio de Trabajo de la provincia se mantenga en silencio. “Es una vergüenza cómo defienden en forma descarada a una empresa que se cree impune”, dijo.
En noviembre pasado, la empresa Ledesma informó que la producción de azúcar en 2017 fue un 7 por ciento más baja de la de 2016, y atribuyó esa merma a “la sequía que sufrió la caña en el verano pasado, antes del comienzo de la zafra, y a la huelga que protagonizó el SOEAIL”. Fueron más de 20 días de huelga durante todo el año pasado. En perspectiva, puede decirse que la empresa derrotó a los trabajadores, que reclamaban una mejora salarial respecto de lo que se había acordado en el marco de la Centro Azucarero Regional del Norte Argentino (CARNA), que nuclea a los ingenios de Salta y Jujuy y es controlado por el salteño Tabacal y el jujeño Ledesma. Para el sindicato, es justo reclamar un mayor aumento en el caso de Ledesma, por tratarse del ingenio más importante del país.
“Ellos golpean en las fiestas para llegar en buenas condiciones, quieren congelar y quieren volver al esquema de los 90, en el cual la FOTIA pone un porcentaje bajo de aumento, y ese porcentaje se replica no solo en los 14 ingenios de Tucumán sino también en los de Salta y Jujuy”, analiza Miguel López, concejal de Libertador Gral. San Martín por el PTS-FIT, y agrega: “A través del esquema redistributivo que hubo bajo el paraguas kirchnerista, y la recuperación económica, los ingenios del norte, a través de la lucha, superaron el porcentaje que sacaban en Tucumán. Ahora ellos quieren volver a esos parámetros”.
San Isidro: lock out y venta
Sin dudas, la noticia de mayor impacto proveniente del sector azucarero fue la del cierre del Ingenio San Isidro, ubicado en la zona de General Güemes, en Salta. En algo más 10 mil hectáreas, emplea a 730 trabajadores. En la temporada 2016 produjo casi 63 mil TMVC, con un rendimiento del 11,4 por ciento.
El Grupo Gloria, de Perú, a través de las empresas Prosal S. A. y Emaisa S. A., cerró la planta, colgó un banner anunciando el cierre, colocó custodia policial y presentó en la justicia un procedimiento preventivo de crisis, alegando que se van del país porque “la producción en la Argentina no es rentable”.
El Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio San Isidro (SOEASI) logró el año pasado los mejores resultados en materia de negociación paritaria, convirtiéndose en un faro para los gremios de los otros ingenios de la región norte.
Por ahora se mantienen reuniones entre el SOEASI y la empresa en el Ministerio de Trabajo de la Nación. El panorama es incierto. El gobernador salteño Juan Manuel Urtubey se comprometió a “acompañar” y “contener” a los obreros, pero aclaró que no hay ninguna chance de estatización. A lo sumo va a hacer esfuerzos para encontrar algún inversor que se interese en el ingenio. Mientras tanto, la planta está cerrada y con custodia policial.
Tabacal: uno de cada diez
Las cosas están también complicadas en el otro ingenio salteño, el San Martín de Tabacal, ubicado en la zona de Orán y gerenciado por la estadounidense Seabord Corp. En algo más de 35 mil hectáreas, emplea a unos 1800 trabajadores, siendo el principal empleador privado de Salta. En 2016 produjo 117 mil TMVC, con un rendimiento del 11,6 por ciento. Además lidera la producción de biocombustibles.
En las últimas semanas, Seabord anunció el despido del 10 por ciento del personal en el marco de una “reestructuración” con el fin de “sostener la operación” del complejo agroindustrial. “Dicen que tienen que despedir a 181 trabajadores para que no haya más despidos, y eso es una extorsión”, analiza Miguel López.
Los trabajadores se apostaron sobre la Ruta 50 para reclamar la reincorporación de los despedidos, pero levantaron el corte para no obstaculizar el paso de los vehículos que trasladan a evacuados de Santa Victoria Este por el desborde del río Pilcomayo y para que lleguen las donaciones para los damnificados.
La reestructuración alcanza proporcionalmente a todos los niveles, incluyendo directores, gerentes, otros empleados fuera de convenio y trabajadores dentro de convenio, según indicó la empresa en un comunicado. Allí también se exponen las razones. “Las más recientes tienen que ver con las reformas previsional y fiscal llevadas a cabo por el gobierno nacional y el gobierno de Salta, que si bien para algunas empresas son beneficiosas, no es así en el caso de otras economías regionales o sectores en particular, como queda evidenciado con otras reestructuraciones y despidos que son de conocimiento público”, afirman.
También invocan el aumento del precio del gas, la fuerte baja en el precio del bioetanol, el aumento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos decidido por el fisco salteño y los posibles cambios en las sumas no remunerativas. Aseguran que los aportes patronales a la seguridad social aumentaron un 94 por ciento, porque la reforma eliminó el concepto de "lugar remoto" que tenía una alícuota menor.
A todo esto suman “un ciclo de pérdidas reiteradas, especialmente en los últimos cinco años, donde a las cuestiones económicas locales y de precio internacional se añadieron los conflictos sindicales” y hacen la cuenta exacta: en los últimos nueve años, se perdieron 284 días por paros, lo que representa más de una zafra y media. Dicen además que estos conflictos “fueron empujando los niveles salariales a montos insostenibles”.
Lecturas
“Los azucareros de las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán son parte de los sectores económicos ganadores bajo el gobierno de Macri, que no solo se vieron beneficiados por el aumento del cupo de etanol en naftas, la devaluación y la quita de retenciones a la exportación, sino que además vienen siendo beneficiadas por un sostenido aumento de los precios del bioetanol, que se triplicó en los últimos cinco años, y de los precios internos del azúcar, que han aumentado más de un 50 por ciento en el último año”, asegura Miguel López.
En noviembre del año pasado, en el marco de la reforma impositiva, el gobierno nacional había dispuesto una reducción del 29 por ciento en los precios del bioetanol que pagan las empresas petroleras, pero dio marcha atrás a la medida tras acordar con los gobernadores el apoyo a la reforma previsional. Finalmente la reducción fue del 7,5 por ciento hasta enero de 2018, y a partir de febrero se implementará un segundo tramo del 14 por ciento, sujeto a una revisión de las partes. “De todos modos, de aplicarse esta rebaja, los precios del bioetanol se mantendrían en niveles históricamente altos”, advierte López y concluye: “Nosotros creemos que hay un plan conjunto de la entidad patronal que nuclea a todas estas empresas, el CARNA. La cuestión es corporativa”.
Esta conducta corporativa, según analizan sindicalistas y economistas, podría estar relacionada con el logro de los trabajadores del ahora cerrado San Isidro, que conquistaron el salario más alto de la actividad en lo que se sintió como una derrota de la patronal, el Grupo Gloria. “Esa victoria se convirtió en un faro de referencia para obtener salarios cercanos a esos números, pero eso no ocurrió porque hubo dos bravuconeadas fuertes: una fue la de Gerardo Morales desviando la discusión en La Esperanza, al plantear despidos y no discutir salarios, y la otra de Ledesma, que no pensó en la paritaria en función de cómo afectaba la zafra sino que previó cómo podía beneficiar a la patronal haciendo caer el salario de acá en adelante, para recuperar lo concedido en cinco paritarias anteriores”.
Al igual que en otros sectores productivos, los empresarios azucareros están aplicando individualmente la reforma laboral que todavía el gobierno nacional no logró llevar al Congreso.
El precio de la bolsa de azúcar está en uno de los mejores valores de los últimos tiempos. Para el economista Guillermo Sapag, las crisis invocadas por los empresarios son una forma de presionar al gobierno nacional para que se les habilite un mayor porcentaje de bioetanol. Además buscan mantener lo más bajo posible el aumento salarial de este año, después de que el año pasado los sindicatos lograran entre el 31 y el 33 por ciento, “aprovechando que el gobierno puso un techo de 15 por ciento”.
De este modo, el cierre de un establecimiento como el San Isidro va a ser tenido en cuenta por los demás para reducir salarios y personal.
¿Es posible que Ledesma quiera comprar o asociarse a los ingenios que ahora están en problemas, como el San Isidro y La Esperanza? Para Sapag, es difícil que eso suceda. “Ledesma ya se quemó —afirma—, cuando trató de quedarse con La Esperanza. Pero si ahora ya los catalogan de monopolio, imagínate si llega a comprar otro ingenio”.
López coincide. “No tengo la seguridad. El año pasado hubo un ofrecimiento del grupo Macro para entrar a La Esperanza, y ahí sí podía haber connivencia con los Blaquier para quedarse con el ingenio a través de un testaferro o de alguna otra manera. Pero ahora no está claro que pase algo de esto”.
No obstante, hay un antecedente. En 2016, la compañía de Blaquier se interesó en la compra de los ingenios tucumanos Concepción —el más grande en producción azucarera después de Ledesma— y Marapa. La operación finalmente no se concretó, porque a partir de la asunción de Donald Trump se cerró el mercado de biocombustibles de Estados Unidos.
El Concepción fue comprado finalmente por el grupo supermercadista Emilio Luque, de Tucumán. Para algunos observadores, allí triunfó la oligarquía local, que prefería a un empresario tucumano en lugar de Blaquier. Algo similar ocurrió en Jujuy cuando Ledesma se interesó en La Esperanza, una movida que encontró la oposición de “la casta política jujeña”, que entendió que Blaquier, al quedarse con La Esperanza, podía afectarlos políticamente por el poder que implicaba tan concentración.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí