Salir del desastre

 

Tal como hemos afirmado en documentos anteriores, creemos necesario un acuerdo social y federal para salir de la economía del desastre que —innecesariamente— se impone a nuestra sociedad. Desde que asumió el Presidente Milei, la política aplicada profundiza el desempleo, la pobreza y la indigencia, la deshumanización de nuestro país, la desindustrialización, la primarización, el endeudamiento y promueve la cesión de sus recursos económicos y naturales a las grandes corporaciones empresarias, extranjeras o locales.

Es urgente accionar para revertir este derrotero económico, como lo reclaman las organizaciones sindicales, sociales, organismos de derechos humanos, agremiaciones Pymes y cooperativistas. Pero no menos urgente es debatir, elaborar, sin vacilaciones ni dilaciones, un plan común a los sectores nacionales y regionales del trabajo y la producción.

Creemos que ese plan debe necesariamente incluir, entre otros, los siguientes ejes:

• La declaración de la emergencia alimentaria, que asegure la asistencia estatal destinada a los sectores de extrema vulnerabilidad y un programa de precios obligatorios asequibles que garantice la alimentación, los consumos básicos y los medicamentos de toda la población.
• Desacoplar los precios internos de bienes y servicios de los de exportación y/o internacionales y regular los precios de los insumos difundidos de oferentes con posición dominante.
• La imprescindible recuperación del poder de compra del salario mínimo, vital y móvil y los salarios de convenio, jubilaciones, salario social complementario, pensiones y asignaciones familiares.
• Una renegociación integral de la deuda externa e interna basada en una estricta auditoría de estas y con un debate en el Congreso de la Nación acerca del sendero que debe seguir la deuda pública, a fin de tornarla compatible con la satisfacción de las necesidades básicas de toda la población y supeditada al crecimiento económico.
• Una reforma tributaria progresiva y simplificada, para un equilibrio fiscal basado en la capacidad contributiva de las personas físicas y jurídicas. Se hace imprescindible contar con recursos extraídos de rentas extraordinarias acumuladas en riquezas patrimoniales escasamente gravadas, para destinarlos a actividades económicas que permitan mejorar los ingresos de la población. Asimismo, debe plantearse una nueva ley de coparticipación federal adecuada a las transformaciones de la estructura económica argentina.
• Regulación del comercio exterior que incluya la estricta administración de las reservas del Banco Central, y medidas cambiarias que vinculen nuestras relaciones económicas exteriores con el fortalecimiento del mercado interno y la moneda nacional.
• Anulación del DNU 70/23, derogación de la Ley Bases (27742) y de todos los decretos desregulatorios. Recuperación de los derechos laborales conculcados desde el 10 de diciembre de 2023. Suspender todas las privatizaciones autorizadas por la Ley Bases. Proceder a un reordenamiento, transparencia y simplificación regulatoria en todas las materias consideradas en dichas normas.
• Revisión de las tarifas de servicios públicos o precios de insumos esenciales (transporte, energía, agua, telefonía e internet, entre otros) acordes a sus costos de producción.
• Impulso y protección del ahorro nacional en un sistema financiero no especulativo, con una banca pública consolidada y una ley de servicios financieros que ratifique su carácter de servicio público. Ello supone interrumpir la fuga de capitales que impide que el ahorro se transforme en acumulación, ya sea bajo la forma de reservas o de inversiones.
• Un programa federal de industrialización que considere condiciones geográficas y productivas sustentables de producción y empleo.
• Una política de protección de los recursos naturales para que sean explotados e industrializados en beneficio del interés nacional, con regulación y participación estatal.
• Un plan de obras públicas de infraestructura y de viviendas, que cree empleo alentando el desarrollo económico y social con justa redistribución del ingreso.
• Reconstrucción y modernización del sistema logístico multimodal al servicio de la producción nacional y de las economías regionales pues garantiza el abastecimiento y exportación con valor agregado, siendo esencial para respaldar un cambio de matriz productiva.
• Detener el vaciamiento de la educación pública, el sistema científico y las universidades nacionales, y dimensionar el rol de los institutos públicos de tecnología para mejorar la calidad de vida de la población, la productividad, costos, sustentabilidad y calidad de producción, abastecimiento y logística, en sectores clave y economías regionales.

 

 

Razones

Es necesario salir de una economía de desastre y caos social. La deuda social es creciente e inadmisible. En los seis primeros meses de 2024 se sumó a la pobreza el 9,8% de la población, evidenciándose que siete de cada diez niños en la Argentina viven en hogares pobres y marchan a no tener futuro y a la marginación. Según UNICEF, un millón de chicos en la Argentina se van a dormir sin cenar.

El conjunto de los ingresos de las familias sufrió una brutal pérdida de poder adquisitivo en los primeros meses de este gobierno. De acuerdo con cifras oficiales (INDEC), el costo de la canasta básica total (CBT T 2) para que una familia tipo —compuesta por dos adultos y dos menores— no sea considerada pobre fue en el mes de julio de 900.648 pesos y la alimentaria —que marca el límite mínimo para no caer en la indigencia— fue de 405.697 pesos. En tanto, el salario mínimo decidido por decreto para el mismo mes por el Poder Ejecutivo fue de 262.432 pesos, el más bajo con relación a las necesidades vitales de la población desde su introducción como derecho básico por la Constitución nacional.

La política de regresiva distribución del ingreso es impulsora central de una enorme caída de la actividad económica, la producción, el consumo y la inversión. Son reflejo de ello la caída de las ventas en junio en un 21,9%, de la producción industrial en un 20,1% y de la construcción un 35,2% en comparación con el mismo mes de 2023. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, se redujeron en 9.972 los empleadores que declararon trabajadores ^[1].

Todo ello derivó en una fuerte pérdida de puestos laborales. Un reciente informe señala una pérdida de más de 655.000 puestos netos en el primer trimestre en comparación con el último de 2023. La mayor caída se verificó entre los asalariados no registrados, que sólo en un trimestre se redujeron en 347.000 y explicaron más de la mitad de la pérdida total de puestos de trabajo. El informe agrega que entre noviembre de 2023 y mayo de 2024 se registra la pérdida de 175.700 puestos de trabajo registrados; de ellos, 36.900 en el sector público. En el caso de los trabajadores independientes inscriptos como monotributistas sociales, se reducen en 38.300.

A la par, se impulsa un círculo vicioso de recortes feroces al gasto social con caída de la recaudación impositiva y previsional.

La única estrategia gubernamental que se manifiesta en forma evidente y servil es conformar sectores financieros que juegan con la deuda pública y diferenciales especulativos de tasas de interés. Lo hace a través de una política en extremo precaria impulsando mayor ajuste fiscal, endeudamiento y garantizando la provisión de divisas para la fuga de capitales.

Con el vaciamiento de las reservas del Banco Central se han comenzado a utilizar sus activos (centralmente las reservas de oro) para obtener una desesperada liquidez en divisas de corto plazo. Al no corregirse el desbalance estructural en el flujo, los usos del stock terminan en una pérdida del patrimonio nacional y la perspectiva de repetición previsible de una mega-devaluación cuando se agota el juego.

La perspectiva planteada es sombría.

El gobierno incumple las funciones elementales que le asigna la Constitución nacional. Lo hace ahogando a las provincias, asumiendo la suma del poder público y comprometiendo la integridad de la Nación. El Pacto de Mayo, firmado por 18 gobernadores, implica la subordinación a una estrategia de desguace del sector público que desarticula el país y la sociedad. Se compromete a las provincias a avanzar en la cesión de la explotación de recursos naturales, sumándose al Régimen para Grandes Inversiones (RIGI) de la ley 27.742, que crea enclaves en nuestro país con estabilidad fiscal, libre disponibilidad de divisas y ninguna obligación en priorizar el empleo nacional y el abastecimiento interno.

Acorde a los ejes propuestos creemos necesario impulsar las siguientes medidas en forma urgente.

 

Inflación

La inflación es un tema acuciante potenciado por el actual gobierno vía la mega devaluación del 12 de diciembre 2023 y la liberalización de los precios, con el consiguiente deterioro social y económico. No son responsables del fuerte aumento de la inflación ni los salarios ni el gasto público social ni el “exceso de demanda interna”, sino una política deliberada de desregulación, de internacionalización de los precios y de favorecer la oligopolización de los mercados.

La inflación actual no es debido a la falta de oferta o a la existencia de una sobredemanda en el mercado interno impulsada por el consumo popular. Es necesario elaborar un cambio de rumbo drástico que contemple metas, compromisos y estímulos regionales y sectoriales de mediano y largo plazo, con eje en el trabajo y la producción.

Es necesario fijar objetivos y metas realistas y mensurables, debiéndose convocar para su definición, ejecución y control a la participación activa tanto de trabajadores como de empresarios.

Es preciso reconocer que la legislación a la que aludimos en este planteo nunca ha sido estrictamente aplicada. No son válidos los argumentos relativos a su eficacia. El problema ha estado en la ineficiencia de sucesivas administraciones para aplicarla.

En este sentido resulta imprescindible:

• Controlar el tipo de cambio decretando la emergencia cambiaria en los términos del Decreto N° 2581/64, con la finalidad de que el BCRA preserve las reservas internacionales y se transparente su utilización a prioridades sociales, productivas y financieras claramente establecidas.
• Desacoplar los precios internos de los alimentos y otros productos de la canasta básica total de los precios internacionales.
• Transparentar las cadenas de valor, los costos y precios de productos y servicios de incidencia central en la canasta familiar.
• Fijar y congelar en forma provisoria los precios —acordes con los costos reales de producción— de los productos de la Canasta Básica Total y de los insumos centrales en la cadena de valor de los sectores productivos
• Supervisar y combatir ventajas monopólicas u oligopólicas con relación a productos y servicios claves.
• Coartar las ventajas de “posición dominante” que ejercen las empresas productoras de las materias primas básicas e insumos difundidos que imponen subas de precios indiscriminadas en cada cadena de valor.
• Basar el análisis y negociación de tarifas de servicios públicos únicamente basados en costos reales, no por ajustes automáticos por tipo de cambio o indexación por precios internacionales. Determinar tarifas sociales para la energía eléctrica, el gas, el agua y los combustibles en función de garantizar los derechos humanos y la vida de todas las familias, la producción industrial y de servicios de las Pymes y los emprendimientos sociale
• Ratificación y aplicación estricta de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia, de la Ley 27.545 de Góndolas, de la Ley 26.991 de Las nuevas relaciones de producción y de consumo, ante las prácticas desleales y/o anticompetitivas de "posición dominante” que ahondan peligrosamente desequilibrios económicos y sociales.
• Identificar empresas y sociedades, con el fin de diferenciar su tratamiento y los correspondientes requerimientos informativos públicos para lograr una acción positiva y efectiva de la sociedad y el Estado con relación a los desafíos de la producción, la distribución, la fiscalización de la evasión/elusión y fuga de capitales, el comercio exterior y la inflación. Un paso imprescindible es avanzar en la regulación figura jurídica del “grupo económico” en la Ley de Sociedades.

 

 

Deuda Pública

La deuda pública renació como condicionante de la política económica a partir del gobierno de Juntos por el Cambio (2015-2019) con la toma de préstamos con el mercado internacional por 65.000 millones de dólares en el bienio 2016/2017 y la asistencia excepcional del FMI por 45.000 millones de dólares en el bienio 2018/2019. De esos 110.000 millones de dólares de fondos frescos, salieron del país 86.000 millones de dólares.

Existen pistas sobre lo ocurrido en el informe del Banco Central publicado en mayo de 2020 "Mercado de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, que puso en evidencia la existencia de serias irregularidades.

El gobierno del Frente de Todos (2019-2023) renegoció postergando los vencimientos privados y aceptando una prórroga de los servicios con el FMI en el marco de un programa de facilidades extendidas.

El gobierno actual de La Libertad Avanza en solo pocos meses abultó la deuda emitiendo bonos para cancelar deudas comerciales privadas y letras de tesorería para canjear títulos en poder de los bancos

Debe investigarse la deuda contraída por el país desde diciembre de 2015 a la fecha. No es posible concebir que habiendo cerrado el año 2015 con una deuda pública bruta de 222.703 millones de dólares (el 60% de esta era intra sector público en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS^[2], de los bancos oficiales, de distintos fondos fiduciarios argentinos, etc.; el 9% con organismos internacionales —no había deuda con el FMI—, y 31% con el sector privado), el endeudamiento público haya trepado a 452.071 millones de dólares según informa la Secretaría de Finanzas de la Nación al 31 de julio de 2024. Se ha duplicado la deuda. El país es más pobre, y no se sabe en qué se empleó o cuál fue el destino de esta.

 

 

Los vencimientos totales por intereses y capital, hasta fin de 2024, suman 5.680 millones de dólares; y los de 2025 ascenderían a más 28.000 millones de dólares. El saldo de la cuenta corriente del balance de pagos es insuficiente para afrontarlos y sólo queda la expectativa de ingreso de fondos por la cuenta capital bajo la forma de nuevos préstamos, refinanciaciones, inversiones en el marco del RIGI o el blanqueo de capitales. Nada de eso parece factible en el corto plazo y explica la suba persistente del riesgo país por encima de los 1.500 puntos

La perspectiva de renegociación es una probabilidad real y obliga a encarar tres cuestiones:

• Un debate parlamentario acerca del sendero que debe seguir la deuda pública con el sector privado a fin de tornarla compatible con el crecimiento económico.
• Una discusión con el FMI y en los foros internacionales sobre la magnitud de la asistencia otorgada a la Argentina, la ausencia de supervisión del organismo sobre la aplicación de las divisas y la inseguridad jurídica derivada de la no aprobación por el Congreso de un préstamo que representa el 7% del PIB argentino. El reclamo en foros internacionales sobre el ataque especulativo de los fondos buitres a la anterior reestructuración de deuda rindió sus frutos porque la oferta del nuevo canje se hizo bajo una cláusula que impedía el accionar buitre.
• Buscar fuentes alternativas de financiamiento en el mundo multipolar.

Huelga decir que la observancia del actual acuerdo con el FMI desde todo punto de vista es inviable. En su marco resulta imposible realizar un plan antiinflacionario. Un quebranto afectaría de manera irreversible a nuestro pueblo y la integridad de nuestro país, pero también al precario orden financiero mundial al que se pretende someterlo. Máxime que las reservas internacionales del BCRA fueron al miércoles 7 de agosto de 2024 de 27.299 millones de dólares y las reservas netas negativas en 3.300 millones de dólares, como asevera el actual vicepresidente de la autoridad monetaria Vladimir Werning ^[3]. Por ende, se impone su revisión integral por el Congreso de la Nación.

Sostenemos que es requisito de supervivencia y responsabilidad que se investigue el gigantesco endeudamiento. Esa revisión debe tener la condición inexcusable de una estricta auditoría e identificación de sus beneficiarios, en particular del préstamo contraído en 2018 con el Fondo Monetario Internacional, con comisión de fraude, sin aprobación del Congreso de la Nación, vulnerando el estatuto de ese organismo. Con relación a ello es intolerable y causa grave daño al interés nacional que esté archivada la denuncia que hiciera, ante el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo del período 2019-23.

 

 

Divisas

Las divisas del país deben ser administradas prioritariamente para impulsar la producción y el trabajo, sostener y mejorar las condiciones de vida de la población; no para pagar un préstamo de una magnitud sin precedentes, contraído ilegalmente y contraviniendo los propios estatutos del FMI. Además, los recursos se utilizaron para favorecer la especulación (como es el caso de la venta de las reservas internacionales del BCRA en el llamado Mercado de Contado con Liquidación) y facilitar consumos suntuarios de sectores privilegiados. Entre los efectos de ese préstamo se ha llevado a prendar o dejar en caución parte del oro del BCRA, con el ocultamiento del hecho por parte del gobierno y que, la Asociación Bancaria denunció en carta al Presidente del BCRA, Santiago Bausili. El total de lingotes de oro enviados suman 1.175 millones de dólares en oro (un cuarto de las Reservas Internacionales del BCRA en lingotes de oro, que suman 4.700 millones de dólares).

Debe declararse la emergencia cambiaria restableciendo el Decreto N.º 2581/64, con controles al comercio exterior y a los movimientos de capitales.

• Combatir y sancionar severamente maniobras de contrabando, subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones.
• Establecer específicamente prioridades para el acceso de divisas para las importaciones. Deben ser autorizadas en primer lugar para el sostenimiento de las condiciones de vida de la población y el abastecimiento de equipamientos e insumos críticos, en tanto resulten insustituibles en forma eficiente y efectiva para la producción nacional.
• Aplicar la Ley N.º 19.359 Penal Cambiaria y el Decreto N.º 480/1995 que la ordena.

 

 

Empleo, salario y jubilaciones

Las condiciones actuales son inhumanas para millones de argentinos y de consolidarse, como pretende el gobierno, terminarán de deprimir el mercado interno y comprometer la paz social. Es urgente:

• Establecer por ley el salario mínimo vital y móvil en el valor de la Canasta Básica Total (Tipo2, INDEC) y el haber jubilatorio mínimo al 80% de esta, estableciendo su ajuste mensual por inflación.
• Sostener, coherentemente, la recuperación del salario, las jubilaciones, el salario social complementario y las asignaciones sociales.
• Fortalecer el régimen de negociaciones colectivas de trabajo (Ley 14.250), garantizando la debida actualización de la calificación funcional y otras condiciones de trabajo a los nuevos procesos productivos y cambios tecnológicos en continuo desarrollo.

 

 

Cuentas públicas

Del análisis de las cuentas públicas resulta evidente que el impulso del desequilibrio fiscal no es debido al gasto social. La estructura de ingresos fiscales en la Argentina tiene un carácter claramente procíclico y su perfil castiga a sectores más sensibles en períodos recesivos y beneficia particularmente a quienes cuentan con mayores prebendas o con capacidad para realizar maniobras de elusión o evasión impositiva. Por lo tanto, son medidas necesarias:

• Programa de devolución del IVA en productos de primera necesidad.
• Garantizar la recaudación de las contribuciones vigentes; suspender la vigencia de la ley de economía del conocimiento en cuanto a las exenciones que benefician a la actividad financiera y comercial.
• Tratamiento inmediato en el Congreso Nacional de un impuesto a las “rentas inesperadas”.
• Poner en marcha una reforma integral y una simplificación que revierta la regresividad creciente que ha observado a lo largo de los años el sistema impositivo.
• Cumplir con la Constitución nacional acordando y sancionando una nueva ley de coparticipación federal de impuestos que debe basarse en la solidaridad federal y valores objetivos.
• Establecer un impuesto por evasión y elusión fiscal a todas las empresas y personas que compraron o compran dólares en los últimos diez años y no pueden justificar de dónde extrajeron los recursos para hacerlo.
• Combatir con rigor la evasión y elusión impositiva. Estricta aplicación del Régimen Penal Tributario. Urgente tratamiento parlamentario del levantamiento de los secretos bancarios, fiscales y bursátiles con el fin de transparentar las irregularidades, y contar con instrumentos que pongan freno y combatan las prácticas ilegales
• Emplear el organismo fiscal de evaluaciones inmobiliarias, con el objetivo de homogeneizar las valuaciones de todo el país.
• Incorporar las propiedades rurales en la base imponible del Impuesto a los Bienes Personales.
• Plena autonomía a las provincias para emitir sus propios medios de pago en forma de bonos de cancelación de deuda, con compromiso del Estado nacional de su aceptación y posible cancelación, mientras dicha emisión no supere el 3% del Presupuesto provincial vigente.

El Estado nacional debe cumplir un rol central e insustituible debatiendo, orientando y determinando, con participación y control social, una estrategia que ponga como prioridad el trabajo y la producción, y no la concentración privilegiada, la extranjerización, la especulación, dislocando el comercio exterior y deprimiendo simultáneamente el mercado interno

Debe sostenerse la unidad nacional. Las distintas regiones del país y las provincias cuentan con condiciones de desarrollo que deben ser potenciadas de manera de realizar la transformación en origen de las materias que producen para confluir a un desarrollo equilibrado, complementario, simétrico e integrador.

 

 

Sistema financiero y comercial cambiario

El sistema financiero argentino ha derivado a partir de su amplia desregulación e internacionalización hacia las características especulativas que sufrimos en los últimos 48 años. Desde entonces, ha abandonado la función central de captar y defender el ahorro y canalizarlo a través de créditos en el apalancamiento de la inversión productiva y de las necesidades básicas de las familias, como la vivienda u otros bienes necesarios para la vida cotidiana.

Es un mito instalado que la economía argentina consume más que lo que puede y no genera ahorro/excedentes suficientes para contar con un sistema financiero funcional. No es cierto. De acuerdo con estimaciones oficiales (INDEC), las tenencias de argentinos en el exterior alcanzaban en el primer trimestre de 2024 los 400.925 millones de dólares (49.079 millones de inversión directa, 93.989 millones de inversiones en cartera y 257.857 millones ubicados como “otros” en el que se incluyen tenencias en billetes o no declaradas).

El sistema financiero debe estar al servicio del trabajo y la producción. Con tal perspectiva, debe revisarse en forma completa su funcionamiento y legislación. Creemos imprescindible:

• Articular y unificar la supervisión y el control del sistema financiero, dimensionar el rol esencial de la banca pública y de entidades cooperativas de ahorro y préstamo productivo y social.
• Avanzar en una Ley de Servicios Financieros ratificando su carácter de servicio público.
• Transparentar y controlar las operaciones y actores del sistema financiero para combatir desvíos, maniobras dolosas y la presión extorsiva en sus comportamientos (golpes de mercado).
• Poner en funcionamiento un fondo fiduciario productivo para ser canalizado a inversiones reales sustentables movilizadoras de la producción y el empleo, y en particular a las Pymes por su significación en la economía nacional.
• Suspender de inmediato la irregular emisión de bonos nominados en dólares (BOPREAL) por parte del Banco Central.
• Investigar y determinar la veracidad y la legalidad de las deudas privadas con el exterior.
• Establecer mecanismos de transparencia en la gestión de controles cambiarios, del comercio exterior y de los movimientos de capitales.
• Apoyo activo y prioritario al financiamiento para superar el creciente déficit habitacional.
• Anular la facultad otorgada por la Ley 24.144 al BCRA, que posibilita que los dólares que el BCRA compra al Tesoro de la Nación, para solventar el endeudamiento de la Administración, siendo que el Estado paga mayoritariamente sus gastos en pesos —excepto la deuda externa en divisas— puedan ser vendidos a los bancos, financiando la fuga de capitales.
• Sancionar una ley que incorpore las disposiciones del derogado art. 6 de la Ley 20.840/74, relativo a la Subversión Económica, que preveía sanciones privativas de libertad y multa respecto de comportamientos que afectaren el patrimonio o bienes de capital de un establecimiento. Considerar como agravantes de estas acciones, a los efectos de aumentar la pena, los casos en que se produjera desabastecimiento de bienes o servicios de uso común, estafas, el cierre, liquidación o quiebra de empresas o el perjuicio ocasionado a la economía nacional, como ha sucedido por ejemplo con el caso Vicentin.

 

 

Recursos naturales

Las riquezas con las que cuenta el suelo argentino deben ser convertidas en producción que beneficie al conjunto de la sociedad argentina. Hasta ahora, todas las grandes obras de infraestructura (corredores de hidrovías, gasoductos, rutas, sistemas de riego, puertos) que realiza —total o parcialmente el Estado— y que abaratan costos o generaron nuevos negocios han sido destinados a la exportación de la producción, mientras que en el mercado interno continúan elevándose los precios de las tarifas de los servicios públicos y de los productos de origen primario a nivel internacional.

A la vez, la apropiación de los beneficios sigue siendo potestad de un reducido número de grandes corporaciones locales y extranjeras. La renta del sector agroalimentario, hidrocarburífero y la minería (en particular del litio) debería ser distribuida equitativamente.

Si el país es productor de alimentos y si cuenta con reservas tan importantes de hidrocarburos, los precios internos de ambos productos deben destinarse a precios razonables a las familias y a los productores argentinos.

 

 

Logística

La logística es uno de los pilares de la producción. Es necesario desarrollar una matriz logística que sirva al interés nacional apoyando el trabajo, la producción y que defienda la soberanía. Para esto hay que fortalecer un sistema logístico multimodal integrando el ferrocarril, el barco y nuestra aerolínea de bandera. La matriz actual opera sobre una lógica que sirve a los intereses de las corporaciones logísticas monopólicas extranjeras, donde se ha abandonado el transporte de las mercaderías por barco y por tren, produciendo un sobrecosto logístico del 25%, que termina impactando sobre el precio final de los bienes que consumen los argentinos.

La Argentina debe recuperar la navegabilidad sobre el río Paraná y la cuenca del Plata por donde sale el 80% de la producción nacional. Para ello, resulta imperioso avanzar con la obra de construcción del canal Magdalena, que es la llave logística que permitirá interconectar los puertos fluviales con los marítimos, fortaleciendo las economías regionales, pudiendo navegar de Formosa hasta la Antártida. Esto permitirá reducir los costos logísticos, ya que hoy los barcos están obligados a recalar en el puerto Montevideo, esperar autorización y navegar por el canal Punta Indio, lo que resulta más costoso y una violación de la soberanía fluvial y marítima.

La privatización de Trenes Argentinos y Belgrano Cargas —también la de Intercargo— contempladas en la ley Bases cuyo capítulo de reforma del Estado y privatizaciones ya fue reglamentado, implican un grave retroceso, ya que volverá a imperar la lógica de mercado en el transporte de personas y mercaderías. Por el contrario, resultan ser tres empresas estatales estratégicas desde donde desplegar inversión en infraestructura para conectar las economías regionales con los puertos fluviales, complementando el transporte terrestre por camión, en el caso de transporte de cargas, mientras que el transporte de pasajeros debe ser considerado como un servicio público de calidad y accesible para la población.

 

 

^[1] CEPA según datos de la Secretaría de Riesgos de Trabajo y Secretaría de Trabajo. Análisis de la Dinámica laboral.

^[2] Es un fondo conformado por títulos y acciones que le pertenece a los jubilados y pensionados nacionales, que se creó en base a la estatización de las AFJP (Administradoras Privadas de Jubilaciones y Pensiones).

^[3] El vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Vladimir Werning, dio la presentación “Argentina Fase II: establecimiento de un marco monetario ortodoxo”, en varios encuentros con inversores internacionales en la ciudad de Nueva York.

 

 

El Foro Economía y Trabajo está integrado por economistas y otros especialistas a propuesta de organizaciones sindicales de nuestro país, abierto a todas las instituciones que integran el Movimiento Sindical Argentino, así como a los aportes de organizaciones que agremian a las Pyme, cooperativas y a la economía popular. Sus documentos y definiciones corresponden a sus autores, que tienen nuestro agradecimiento, que se extiende a quienes consideran la propuesta de participar en la articulación de un programa económico con eje en el trabajo, la producción, la justicia social, la defensa de los recursos y la soberanía nacionales. Contacto: [email protected], 11-49367981.

Ricardo Aronskind, Juan Pablo Costa, Norberto Crovetto, Raúl Dellatorre, Marcelo Di Ciano, Marisa Duarte, Roberto Feletti, Santiago Mancinelli, Pablo Manzanelli, Jorge Marchini, Felisa Miceli,  Horacio Rovelli, José “Pepe” Sbatella, Nahuel Silva, Andrés Wainer. Coordinación: Eduardo Berrozpe

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