Sala de espera

 

El aval mayoritario de la Legislatura jujeña al cobro de cuotas mensuales y obligatorias por prestaciones de salud pública, del que informó El Cohete el último domingo de 2024, se inserta en una combinación de problemas crónicos del federalismo argentino con decisiones nacionales y provinciales de políticas económicas y sanitarias que los agravaron. El resultado es la inauguración de un sendero privatista sobre el acceso al sistema público, con la previsible aparición de émulos en otros puntos del país.

En diciembre habrá transcurrido una década desde que Mauricio Macri y Gerardo Morales asumieron la Presidencia de la Nación y la gobernación de Jujuy, respectivamente. Una de sus grandes coincidencias en los años siguientes fue la toma de deuda pública luego del desendeudamiento de los dos lustros previos, con el interrogante abierto sobre quién y cómo la pagaría.

La respuesta ya es clara a nivel nacional, mientras en la provincia su actual gobernador Carlos Sadir tiene ante sí la responsabilidad de avalar o vetar la innovación arancelaria impulsada por el oficialismo legislativo. Los reclamos populares por el veto chocan con su pertenencia partidaria y su currículum: Sadir fue ministro de Hacienda y Finanzas durante casi la totalidad de los dos mandatos de Morales en la gobernación.

Si las urgencias jujeñas explican que sea la primera jurisdicción en aplicar recetas privatistas hacia un derecho humano, las por ahora atenuadas similitudes en otros pagos hacen que pueda tomársela como un pronóstico de carácter más general. Lo que ocurre allí suele, no obstante, soslayarse en la agenda pública nacional centrada en Buenos Aires.

La deuda consumada y la puja por los bolsillos a consumir son elementos que, en el mapa local, se conjugan con un tercer factor: el represivo. Desde el encarcelamiento de Milagro Sala, la provincia funcionó como un poco menos que explícito laboratorio de ensayo para el país. En once días la persecución contra Sala cumplirá nueve años sin tregua. Su organización, la Túpac Amaru, había gestado hasta 2015 dispositivos que permitían el acceso de los barrios periféricos de San Salvador a la vivienda, la salud, la educación y el disfrute deportivo o cultural.

En junio de 2018, Morales anunció que la sede central de la Túpac Amaru sería destinada a “atención de la salud y la educación”, porque “son instalaciones importantes, financiadas con recursos públicos aportados por el pueblo y por lo tanto debemos aprovecharlas en beneficio de los jujeños”. Casi siete años después, sus correligionarios avanzan en la privatización del acceso a la salud y mantienen en alerta a la comunidad docente por sus salarios y condiciones de trabajo.

 

Deudas de juego

A comienzos de siglo, tras la crisis de 2001, el stock de deuda jujeña representaba el 343% de los ingresos a las arcas provinciales. Para 2010 había bajado a 108% y Morales encontró la relación en 60%. En sólo cuatro años la llevó a 113%. Para 2019, al cierre de su primer mandato, Jujuy encabezaba la tabla nacional en otra relación: su stock de deuda duplicaba a la inversión pública provincial.

El nuevo endeudamiento jujeño fue tomado con un sesgo productivo que lo diferenció del ciclismo financiero macrista y también del de su correligionario mendocino, porque en el norte se destinó a la construcción del parque solar Cauchari.

Sin embargo, antes del desembarco de Javier Milei en la Presidencia era ya ostensible que la producción de energía del complejo no sería suficiente para pagar los vencimientos. El problema local se agravó, como en todas las jurisdicciones del país, cuando apareció la motosierra que desde diciembre de 2023 pretende enfrentar el endeudamiento nacional tomado un lustro antes por el actual ministro de Economía, Luis Caputo.

Fue entonces cuando en Jujuy comenzó a vislumbrarse la doctrina de las Dos Motosierras sobre las funciones sensibles de salud y educación. El impacto en esas órbitas es también un clásico de los ciclos de endeudamiento, con fuga elitista y pago socializado: con cada bucle, el Estado nacional fue derivando en las provincias esas obligaciones pero sin la correspondiente asignación de recursos. La añeja picardía fue desempolvada este año, cuando un sector del gobierno de Milei buscó instalar la idea de transferir las desfinanciadas universidades nacionales a las provincias. Desde 1994 la Constitución requiere el acuerdo subnacional y la correspondiente reasignación de partidas, de modo de limitar lo que supo ser un sencillo y velado camino para derramar el ajuste.

Durante los gobiernos kirchneristas se había recorrido la senda inversa: el Estado nacional contribuyó a reducir las deudas provinciales, asumiendo buena parte de sus compromisos.

 

Lo sano, cortado

Uno de los correlatos de la última década económica es el impacto en la cobertura de salud por prepagas u obras sociales, incluyendo al PAMI. Entre los censos nacionales de 2010 y 2022 la posición relativa de Jujuy entre sus pares no se modificó, porque en ambos casos ocupó el sexto lugar en cuanto a población sin otro recurso que el sistema público para atender su salud. La media docena que integra estuvo invariablemente conformada por provincias del norte: Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Salta y –según un censo u otro– Corrientes o Misiones.

Las diferencias metodológicas de recolección de datos entre los tres últimos censos nacionales impiden otras comparaciones precisas, porque la variación porcentual está sujeta a márgenes de error muestral.

Con todo, el porcentaje jujeño de habitantes sin cobertura rondó cifras similares: era de 45,2% al concluir la primera década del siglo y se ubicó en 46,2% en 2022. Como ocurrió con otra docena de provincias, se interrumpió así la tendencia verificada entre 2001 y 2010, cuando todas habían aumentado la población con obra social o prepaga. En el caso de Jujuy aquella mejora fue de casi nueve puntos, muy por encima de los márgenes de error metodológicos. No es extraño, porque durante esos años se expandieron el empleo registrado y el universo previsional.

 

 

 

Aun con aquella baja, la provincia sufre un porcentaje muy elevado de habitantes carentes de cobertura, que se sostiene casi treinta puntos por encima del de la Capital Federal. Como señaló El Cohete, en siete de los 15 departamentos del interior jujeño la situación es aún más grave y los porcentuales de personas sin cobertura superan la mitad de las censadas en 2022. Sobre esa población –en el total provincial, 374.247 personas– es que se aplicará el esquema de cuotas mensuales obligatorias.

Al cierre de esta nota, la ley aprobada por la Legislatura jujeña el miércoles 18 de diciembre no había sido promulgada por el gobernador Sadir. Las organizaciones nucleadas en el Foro Provincial de Defensa de la Salud Pública le reclaman el veto, que puede ser total o parcial, aunque ninguna de esas opciones aparece como la más probable.

 

 

Con los asuetos y feriados por las fiestas, el plazo para hacerlo expiraría en pleno enero. Si la ley quedase promulgada de hecho o Sadir se apegase al texto original, sólo podrán eludir los pagos quienes acrediten ingresos inferiores a dos salarios mínimos: para marzo sumarán 593.664 pesos, y las cuotas equivaldrán a alrededor del 8% de esa suma. Según datos oficiales de la provincia, la Canasta Básica Total –que mide la línea de pobreza– fue en noviembre de 287.470,56 pesos por adulto. En todo caso, cuando concluya este año podrá calcularse el real beneficio fiscal, porque las cuotas restarían al consumo de los hogares y es previsible que eso afecte a la economía local y la capacidad recaudatoria provincial.

En el fantástico mundo de la legislatura norteña, aplicar un cobro de acceso a la salud pública en esas condiciones sociales no representaría un problema dramático. Alcanzaría con que las personas que no cuentan con obra social ni pueden pagar una prepaga renuncien a cinco gaseosas por mes, o a conducir las camionetas valuadas en 20 millones de pesos. Algunos diputados aseguran haberlas visto estacionadas fuera de las guardias de hospitales estatales.

 

 

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