Sabias palabras, señora Lagarde

 

La semana que viene, o a más tardar la siguiente, el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional debería aprobar la cuarta auditoría trimestral de la economía argentina y transferirle al gobierno otros 5.400 millones de dólares del préstamo stand-by que, desde junio del año pasado, financia la campaña para la reelección de Mauricio Macri. El uso del condicional se justifica porque la revisión anterior se demoró tres semanas más de la fecha prevista en el calendario acordado. Aquella tardanza obedeció a que los técnicos del organismo debieron corregir y actualizar su borrador inicial del “informe del staff”, cerrado inicialmente con cifras a diciembre de 2018, para intentar justificar el deterioro de todos los indicadores macroeconómicos relevantes que los sorprendió durante el verano.

Cuando faltan apenas semanas para que termine la primera mitad del año, resulta claro que no se cumplirán los pronósticos optimistas que la directora gerente del Fondo, Christine Lagarde, vaticinó durante su paso por Buenos Aires para la cumbre del G20. Nos aseguró entonces que tenía “todas las razones para creer que la situación cambiará en términos de crecimiento en el segundo trimestre de 2019, cuando deberíamos ver una caída significativa de la inflación”. A pesar de las pruebas en contrario acumuladas en el arranque del año, los subordinados de Lagarde ratificaron esa predicción en el informe que elevaron al directorio del organismo en marzo, donde también auguraron que la recuperación comenzaría en el trimestre que está a punto de concluir. Lamentablemente, la realidad obcecada persiste en retobarse. Los índices que tienen que bajar se duplican y los que tienen que subir, caen a la mitad. Tras un año de supervisión del FMI, la inflación, la desocupación y la deuda externa que Macri está por legarle al próximo Presidente ya son el doble de las que que recibió de la Presidenta anterior. Y hoy la industria emplea la mitad de la capacidad fabril disponible, y se venden la mitad de autos e inmuebles que el año pasado.

Recién esta semana, Lagarde se rindió a la evidencia. En respuesta a una pregunta sobre la Argentina que le hicieron al final de una conferencia en Washington, confesó que “subestimamos un poco” la situación económica “increíblemente complicada” y reconoció que “lo más sorprendente… es la inflación, que en lugar de estabilizarse y disminuir gradualmente como habíamos anticipado, está mostrándose mucho más resiliente de lo que pensábamos” y bajarla “está demorando más de lo que anticipamos”. Si su acto de contrición es genuino, debería reflejarlo en el nuevo informe que su equipo ya debe haber terminado de redactar. En el que firmaron en diciembre, habían estimado una inflación anual en 2019 de 20%, en el que rubricaron en marzo elevaron el cálculo a 30%. En el de este mes, cualquier cifra por debajo del 40% perpetuaría el disparate.

Las dificultades para los autores del informe no se agotan en el empeoramiento de las cifras. También deberán explicarle a los directores del Fondo por qué consideraron necesario habilitar ciertos desvíos heterodoxos del programa después de la última revisión. Como la transformación de la rígida zona de “no intervención” cambiaria en una mera “referencia”, que ahora le permite al Banco Central vender dólares para contener el tipo de cambio en el nivel actual. O el permiso concedido al Banco Central para que le entregue al Tesoro 77.000 millones de pesos de “ganancias contables por efecto de la devaluación”, modificando en la práctica el juramento ortodoxo de que la entidad monetaria no volvería a financiar los gastos del gobierno nacional.

Tampoco les resultará sencillo fundamentar que las condiciones “institucionales y políticas” imperantes en el país siguen respaldando el plan de ajuste, uno de los cuatro criterios imprescindibles exigidos por el reglamento del Fondo para conceder un monto excepcional de ayuda financiera como el otorgado a la Argentina. En los informes anteriores, el staff detectó ese apoyo político en “la predisposición de los gobernadores provinciales a compartir el sacrificio del ajuste fiscal”, en “el apoyo al stand-by del jefe del bloque del partido Justicialista en el Senado” y en una “oposición social al programa más atenuada de lo esperada” (octubre 2018), en “la sanción legislativa del presupuesto 2019 en el Senado por un margen mayor al esperado”, en “un consenso amplio que la asistencia financiera del Fondo es un elemento esencial para recuperar la confianza del mercado” y en la continuidad de esa “oposición social atenuada” (diciembre 2018) y, a falta de novedades más elocuentes, reiterando los mismos factores de diciembre en el informe de marzo de este año. ¿Cuán “amplio” sigue siendo ese “consenso” (si es que alguna vez lo fue), ahora que el candidato a Presidente de la fórmula que lidera todas las encuestas ha escrito en su cuenta de Twitter que, después del 10 de diciembre, habrá que “discutir muy seriamente con la señora Lagarde los errores, subestimaciones y sobreestimaciones del FMI” porque “en vez de escuchar nuestras advertencias prefirieron financiar la campaña de Macri y endeudar a todos los argentinos”?

Podrá decirse, sin faltar a la verdad, que se trata de escollos retóricos inocuos mientras Macri cuente con el apoyo del Presidente de los Estados Unidos. Su respaldo garantiza la aprobación del directorio de Fondo más allá del escozor que los pronósticos fallidos y las concesiones inconsultas puedan provocarle a algunos de sus miembros.

El único modo eficaz de corregir el rumbo económico es expresar nuestra oposición social a las políticas de ajuste que demanda el FMI votando sin atenuantes por aquellos que se han comprometido a enfrentarlas. Como dijo Lagarde en la misma entrevista en que nos vaticinó un 2019 próspero: “En abril, mayo y junio se debería ver el comienzo del cambio, y después será el pueblo argentino el que decida qué quiere para adelante.” Sabias palabras.

 

 

 

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