¿Río Negro intercultural?
Extranjerización de tierras, desalojos de comunidades indígenas, incendios y encubrimiento
La Constitución de la Provincia de Río Negro, en su artículo 42, establece la interculturalidad como una política estatal, garantizando el reconocimiento del indígena rionegrino como “signo testimonial y de continuidad de la cultura aborigen preexistente” y promoviendo la propiedad inmediata de las tierras que posee. Sin embargo, más de 36 años después de su sanción, este mandato sigue sin cumplirse.
En 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos marcó un hito en el reconocimiento del derecho a la propiedad comunitaria de la tierra de los pueblos indígenas con el fallo en el caso “Lhaka Honhat”. No obstante, en 2022, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro modificó drásticamente su postura histórica, estableciendo un peligroso precedente en perjuicio de los derechos indígenas.
Casos emblemáticos como “Guerrieri”, “Villagra” y “Martínez Pérez”, que habían sido reconocidos incluso por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dejaron de ser referenciales a partir del fallo “Buenuleo”, lo que significó un grave retroceso en la interpretación de la función protectora de la Ley 26.160, aun antes de su derogación. Los jueces Ricardo Apcarián, Sergio Ceci y Sergio Barotto, y las juezas Liliana Pichinini y Cecilia Criado, ignoraron que el derecho a la propiedad comunitaria sigue vigente en la propia Constitución.
La desprotección se profundizó cuando el gobierno provincial decidió no firmar los convenios de relevamiento territorial, poniendo en riesgo la seguridad jurídica de más de 100 comunidades del pueblo mapuche-tehuelche.
Al mismo tiempo, Río Negro enfrenta un proceso acelerado de extranjerización de tierras, agua y bienes naturales comunes, acompañado de un creciente discurso de odio contra los pueblos indígenas. Grupos de choque, como la fuerza parapolicial al servicio del magnate Joe Lewis, y organizaciones de extrema derecha financiadas por corporaciones extranjeras, han promovido la violencia racista para silenciar reclamos legítimos.
La expansión de megaproyectos mineros, gasíferos y petroleros ha afectado gravemente a pequeños crianceros indígenas y criollos, productores rurales y emprendedores locales, quienes no pueden competir con el poder económico de las grandes corporaciones en la disputa por la tierra y el agua. Un claro ejemplo es la crisis sin precedentes en la fruticultura de la pera y la manzana, debido a la prioridad otorgada a estos mega negocios extranjerizados, que lejos de generar trabajo profundizan la depredación ambiental.
Otro hecho escandaloso es la concesión de conocimientos estratégicos sobre los recursos hídricos rionegrinos a la empresa israelí Mekorot, así como la entrega de permisos de aprovechamiento de ríos y arroyos por 30 años a empresarios qataríes, ingleses y de otras nacionalidades, sin control legislativo, lo que evidencia una alarmante entrega de bienes comunes.
Para esclarecer el contexto, resulta necesario recordar que el decreto nacional 70/23 intentó derogar tres leyes fundamentales para la región patagónica:
- Ley de Tierras,
- Ley de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos,
- Ley de Manejo del Fuego.
Estas medidas no parecieron responder a una necesidad o urgencia genuina, sino a puros intereses especulativos.
Incendios intencionales y desprotección ambiental
Los recientes incendios en la zona cordillerana han devastado –una vez más– miles de hectáreas de bosques nativos, dejando un saldo de muertes inocentes y la destrucción de cientos de viviendas. Faltó previsión, inversión en aviones hidrantes e identificación de los responsables reales. También faltó un plan de manejo –pendiente desde hace 20 años– del área natural protegida Río Azul - Lago Escondido. En definitiva, faltó interés en proteger nuestra biodiversidad y, sobre todo, a los habitantes de la región cordillerana.
Una vez más, la soberanía está en peligro. Es altamente probable que sectores poderosos intenten apropiarse de estas tierras a precios irrisorios, incluso de aquellas ubicadas en zonas de protección estratégica, como las áreas fronterizas. La estigmatización de los pueblos indígenas reaparece como una estrategia para desviar la atención y justificar la criminalización de comunidades enteras, así como de brigadistas voluntarios que han sido perseguidos, allanados y detenidos sin pruebas. Esto no es más que una confesión de incapacidad o, peor aún, de la intención de cargar culpas sobre los más humildes.
Comunidades indígenas
En este contexto, las comunidades indígenas Buenuleo y Quemquetreu enfrentaron órdenes de desalojo basadas en el fallo del STJ de 2022. En el caso de Buenuleo, se priorizó un dudoso boleto de compra-venta por sobre una ley nacional que reconoce el derecho ancestral a esas tierras desde principios del siglo XX. Por su parte, la comunidad Quemquetreu reclama una pequeña porción de tierras fiscales que fueron entregadas a un privado que falseó datos para apropiarse de más de 2.000 hectáreas públicas, con la complicidad de funcionarios de turno.
En sintonía con esta política de despojo, la Policía de Río Negro entregó de manera inmediata los territorios indígenas a empresarios cuestionados:
- Rolando Rocco, beneficiado con un expediente plagado de irregularidades tramitado en la Dirección de Tierras provincial, cuyo permiso de ocupación está vencido.
- Emilio Friedrich, denunciado penalmente ante el fuero penal de San Carlos de Bariloche.
Sin embargo, sus intereses ya estaban blindados por el propio Superior Tribunal de Justicia.
¿Interculturalidad o exclusión?
El día después del desalojo de las comunidades indígenas en este contexto, me pregunto si Río Negro alguna vez retomará el camino de la interculturalidad trazado en su propia Constitución.
Como legisladora provincial, entiendo la necesidad de reescribir la relación entre el Estado y las comunidades indígenas, dejando atrás el racismo estructural y la impunidad.
Exigencias inmediatas a las autoridades competentes:
- El resguardo de los sitios sagrados de las comunidades Buenuleo, Quemquetreu y todas aquellas afectadas por órdenes de desalojo.
- El tratamiento urgente del proyecto de ley para la creación de la Segunda Comisión Investigadora de Tierras Rurales, ante las irregularidades en las transferencias de tierras fiscales y privadas.
- La puesta en funcionamiento de una Comisión Investigadora Legislativa Independiente para esclarecer las verdaderas causas de los incendios ocurridos desde el 30 de enero de 2025.
* Magdalena Odarda es legisladora de la provincia de Río Negro por Vamos con Todos.
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