Río Negro expande el extractivismo
Un modelo que no se discute en su fondo, sino en el reparto
Los capitales privados y el Estado expanden la frontera interna del extractivismo en Río Negro en movimientos que articulan el inicio de la explotación de los hidrocarburos no convencionales, los insumos para Vaca Muerta y los pasos previos para la megaminería a cielo abierto en espacios –hasta el momento– con bajo impacto medioambiental. A través de empresarios argentinos, capitales trasnacionales de la minería y de fondos de inversión concentraron firmas del sector y el control de amplias superficies, en tanto se definen las condiciones políticas y sociales para la eventual explotación de la megaminería en las provincias, al menos, de Río Negro y Chubut. Resultado de fusiones, absorciones y compras de firmas realizadas los últimos cuatro años, el grupo Miguens Bemberg (MB) emergió como un actor económico importante al concentrar la propiedad de derechos sobre áreas mineras de, especialmente, oro y plata.
A través de Patagonia Gold Corp. (PG), primero compró las firmas que tienen los derechos del proyecto Calcatreu (2017/18) y este año culminó el proceso de compra de la desactivada Mina Ángela, a pocos kilómetros de distancia sobre el paralelo 42, ambos en la misma formación geológica que el proyecto Navidad (Chubut). Después, avanzó con cateos y exploraciones en zonas nuevas, siempre en la región sur de la provincia, tanto para consolidar y ampliar Calcatreu como para abrir nuevas zonas. Miguens Bemberg es una de las 50 mayores fortunas de la Argentina, con un lugar importante en el comercio exterior de cítricos y en la generación de energía eléctrica.
El modelo extractivista no se discute en su fondo, sino en el reparto. Las arenas silíceas que requieren la técnica del fracking (fractura hidráulica para los no convencionales) son el eslabón político e industrial que vinculan los hidrocarburos con la minería en la ampliación de la frontera interna. En diciembre, la provincia lanzará las tres primeras licitaciones públicas para la explotación de gas no convencional, según confirmó el senador nacional Alberto Weretilneck en un encuentro virtual organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham) a principios de mes. En el centro sur de la provincia ya se extraen estas arenas especiales que saturan la infraestructura vial, hechas para un área rural con escaso tránsito pesado. Los depósitos de estas arenas en localidades del Alto Valle marginan toda observación sobre el otro gran insumo de los no convencionales: el agua.
La vieja nueva oligarquía
Carlos José Miguens preside MB Holding S.A., es propietario de más del 50% del paquete accionario de PG y director de la firma. En 2008 recorrió junto al gobernador Miguel Saiz (fallecido) una obra de riego para 8.000 hectáreas a nombre de Agropecuaria Cantomi S.A., ubicada sobre la costa sur del río Negro, en Colonia Chocori (Valle Medio).
Patagonia Gold Limitada antes fue PG PLC, sociedad constituida en Inglaterra, en la que Miguens tenía el 53% a julio de 2019. Compra, explora y produce proyectos industriales de oro y plata en el sur argentino a través de sus subsidiarias locales: PG S.A. (Chubut, Río Negro y Santa Cruz), Minera Minamalú S.A. (exploración en Chubut y Santa Cruz), Leleque Exploración S.A. (Río Negro y Chubut), Huemules S.A. (cordillera de Chubut), Minera Aquiline Argentina SAU (titular de Calcatreu y Mina Ángela); Patagonia Gold Canadá Inc., inversora radicada en Canadá y controlante de Minera Aquiline y Patagonia Gold Corp. (PG).
El reordenamiento del grupo para el sector avanzó el año pasado con las firmas que operan en Santa Cruz al absorber Hunt Mining Corp., sociedad radicada en Canadá, que ahora se llama PG Corp. Con esa firma controla Cerro Cazador S.A. (con siete proyectos de oro y plata en Santa Cruz); Alberta Ltd., inversora radicada en Canadá que canaliza fondos a Cerro Cazador, y Hunt Gold USA LLC, radicada en Estados Unidos.
A principios de septiembre, anunció desde Canadá que las exploraciones de este año resultaron en nuevas existencias metalíferas en Calcatreu, que comprende 64.000 hectáreas al sur de la localidad de Ingeniero Jacobacci. Este año, la provincia notificó al propietario de un campo ubicado sobre el borde este de la meseta de Somuncurá que Leleque Exploración tiene derechos sobre el bloque Tamariscos por cobre, hierro, plomo y cuarzo –según el Boletín Oficial–, y a nombre de Huemules S.A., según la propia empresa. Como sea, son dos firmas del mismo grupo. También tiene avanzados los expedientes en Minería por los yacimientos El Morro, al norte de Tamariscos; La Suerte, al sur de Los Menucos, en el borde norte de Somuncurá; Campanario (Comallo, a cien kilómetros al este de Bariloche); y El Duende y El Escondido, rodeando Calcatreu.
Pasivo ambiental, pasivo político
Recién en julio, la provincia dispuso terminar con el larguísimo proceso de enterrar los desechos contaminantes de la mina Gonzalito, fundición de plomo que operó Geotécnica S.A. en San Antonio Oeste. La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático autorizó al Estado nacional y a Taym S.A. para el cierre definitivo de la celda de disposición y confinamiento de los residuos contaminantes en el paraje Mancha Blanca, donde la escoria de plomo, suelos contaminados y otros minerales (zinc, arsénico) continúan al aire libre. La sociedad local reclamó por años con los resultados de plomo en sangre en niñxs hasta lograr una medida judicial favorable en 2012. En cambio, jamás se investigó el daño ambiental de Mina Ángela, que no pasó de los relatos de los obreros y animales enfermos.
Hace once años, la región se sumerge en la mega-sequía, considerada la mayor en 600 años. El 25 de julio, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) declaró la emergencia hídrica para Neuquén y Río Negro y retomó el control de los caudales de las presas hidroeléctricas. Un mes después, con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Río Negro contrató a una consultora privada para actualizar “el plan de emergencias hídricas existente elaborado por la AIC, produciendo al menos dos nuevos Planes de Prevención y Respuesta en la Emergencia, considerando los riesgos por amenazas naturales, socio naturales y antrópicas (sequías, cenizas volcánicas, sismos, incendios, entre otras), conjuntamente con un mapa de riesgos, incluyendo amenazas, vulnerabilidades”. APCA IDESUR S.R.L.-IDEALP S.A. fue contratada por 199.000 dólares. No encontramos en el Boletín Oficial los montos de aportes para la reparación de daños de los últimos incendios en la comarca andina, reposición de majadas de la nevada del año pasado o las pérdidas por la sequía de esta temporada
Activos políticos
Una familia propietaria de tierras rurales en el paraje Chenqueniyen, a unos cien kilómetros al sureste de Bariloche, presentó un título de propiedad a nombre de un tercero para exigir el desalojo de una comunidad mapuche de tierras vecinas a las suyas. La semana previa a las PASO, una jueza de Bariloche dispuso el desalojo de don Toribio Cañumil y su familia, engranaje que se aceleró con los resultados en la mano. Al cierre de esta nota, no se había ejecutado la medida y la comunidad convocaba a reunirse en trawün (parlamento) en el puesto de veranada en conflicto este fin de semana.
La fiscalía de la circunscripción Bariloche fue más activa ante la lof Quemquemtreu, comunidad que el sábado 18 de septiembre se reasentó en el paraje Cuesta del Ternero, a unos 15 kilómetros al noreste de El Bolsón. Un particular foresta esas tierras fiscales con especies exóticas gracias a subsidios nacionales desde hace décadas, de acuerdo a numerosa documentación pública consultada. Siete días después, la fiscal Betiana Cendón desalojó por la fuerza a integrantes de esa lof. Un niño de 8 años, cuatro varones y al menos tres mujeres fueron detenidos y alojados en diferentes comisarías de Bariloche y Dina Huapi, localidad vecina, de acuerdo a la información fragmentada que recabaron organizaciones sociales y políticas solidarias. Por la tarde, reingresaron las fuerzas policiales al territorio en persecución de quienes habían permanecido en el lugar. El gobierno provincial anunció el desalojo a través de prensa de la Policía, una vía inédita para canalizar las comunicaciones de gobierno.
Por su parte, la gobernadora Arabela Carreras participaba de una reunión de municipios ante el cambio climático en la misma ciudad. Unos kilómetros al sur, el ministro candidato Federico Massoni anunció la creación de un grupo especial de policía para ejecutar desalojos en la cordillera.
Estos hechos pueden parecer una respuesta electoral de los sectores dominantes locales. Aunque la vía rápida desde las provincias es la capitalización local del alejamiento de Sabina Frederic de la cartera de Seguridad de la Nación, quien por primera vez desde el Estado impulsó la instancia del diálogo para la resolución del conflicto territorial. Es, también, la plena aplicación del programa de Consenso Bariloche y su defensa de la propiedad privada, aún de los que no pueden probarla, como son estos dos casos.
*Javier Grosso, geógrafo investigador de la Universidad Nacional del Comahue, hizo la cartografía para este informe.
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