REY DE BASTOS

 

Las detenciones del secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones de la seccional San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro –también concejal por el Frente de Todos– y del delegado del mismo gremio de la ciudad de San Pedro, Fernando Espíndola, producidas el viernes 8 de abril, denotan que la Gestapo antisindical sigue funcionando. Estas detenciones se enmarcan en otra operación del Departamento Judicial de San Nicolás, controlado por el intendente PRO Manuel Passaglia y el procurador general bonaerense Julio Conte Grand, que sigue ejerciendo presión sobre los fiscales para criminalizar la protesta gremial.

A través de una denuncia presentada en 2021 por una empresa distribuidora de alimentos de San Pedro, propiedad de la familia Rey –con el patrocinio legal desde septiembre del año pasado de la abogada Florencia Arietto–, la fiscalía 7, a cargo de María del Valle Viviani, imputó y pidió la detención de los sindicalistas, que la jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui ordenó por los delitos penales de turbación de la posesión, extorsión y extorsión en grado de tentativa y coacción. La prisión de los sindicalistas fue confirmada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal. El abogado de Camioneros, Daniel Llermanos, expresó en diálogo con El Cohete a la Luna que “el fallo es de absoluta ilegalidad. Creo que el Tribunal de Casación va a terminar anulando este tipo de medidas”.

 

 

 

 

El contexto

El denunciante Sergio Ariel Rey dijo en su declaración ante el Poder Judicial que su empresa –Rey Distribución– sufrió dos bloqueos por parte de Camioneros. El primero fue el 15 de enero de 2021. Refirió que fue citado en el Ministerio de Trabajo “por diferencia salarial” y que “llegó a un acuerdo”. Luego expresó que se produjo otro bloqueo el 22 de febrero de ese año, que duró hasta el día 25. Señaló “que fue orquestado con la ayuda del Ministerio de Trabajo porque tuvo que ir a la audiencia del día 26 con su negocio bloqueado”. La medida gremial era producto del incumplimiento a lo acordado en anteriores audiencias ante el Ministerio de Trabajo, que lo único que orquestó es que la empresa cumpla con los derechos laborales de los trabajadores, algo que a los Rey les parece abusivo.

Rey afirmó que no tuvo otra opción más que ir “acatando lo que Cabaleyro decía y quería, actuando el Ministerio (de Trabajo) siempre a favor de Cabaleyro”. Reconoció que en esa audiencia tuvo que aceptar “pasar 12 empleados a Camioneros, levantar sanciones a empleados, diferencias salariales que no existían, todo ello para trabajar”. Esto explica el perfil de la familia empresaria, que incumplía con el convenio laboral. Cansados del reclamo que los trabajadores sindicalizados hacían en su distribuidora, decidieron judicializar y criminalizar la protesta gremial, alegando que el dinero adeudado que iban abonando en cuotas al gremio era una especie de extorsión por parte de Camioneros para poder seguir trabajando.

El propio contador de la distribuidora, Víctor Grabovieski, declaró en la causa y reconoció la deuda que tienen los Rey con Camioneros. Dijo que Rey Distribución S.R.L. “tiene una deuda con el sindicato de Camioneros y la obra social por un monto de 805.383,03 pesos”. Reconoció que a la obra social se “le adeudan 492.323,03 pesos”, “el aporte sindical por la suma de 289.601,95 pesos y gastos administrativos por la suma de 23.457,76 pesos correspondientes al período septiembre de 2019 al mes de marzo de 2021”. Imposible desvincular las acciones de los sindicalistas al incumplimiento de la empresa. Los Rey violaron leyes laborales que Camioneros reclamaron cumplir a través de la legítima protesta gremial. La evidencia de la deuda que los Rey mantenían con el sindicato se encuentra probada con la propia firma del contador de la empresa.

 

 

 

El contador de los Rey también declaró que en audiencia del 10 de febrero de 2021 ante el Ministerio de Trabajo, el Sindicato de Choferes de Camiones aseguró que la empresa tenía una deuda con nueve trabajadores por la suma de 3.736.119 pesos por diferencias salariales de los últimos 24 meses. Se llegó a un acuerdo ante el Ministerio el 31 de marzo de 2021, por el cual Distribución Rey debía pagar 450.000 pesos por tal diferencia salarial. Los Rey depositaron 50.000 pesos en cada una de las cuentas sueldos de los trabajadores.

Grabovieski además declaró que dos personas del gremio fueron a su estudio con una planilla, reclamando la deuda de 500.000 pesos que tenía la empresa con el sindicato y la obra social. Los pagos fueron realizados de la siguiente manera: 156.529,85 pesos en efectivo fueron para el sindicato y 143.161,75 pesos para la obra social; más un cheque por 102.999,91 pesos y efectivo para el sindicato por 47.308,44 pesos. El contador expresó que los Rey le indicaron que pague “porque estaban presionados, no les quedaba otra”.

A esos pagos, la familia Rey los calificó en su denuncia como extorsivos. Aportaron registros fílmicos a la causa, en los que se ve a los Rey colocar dinero en una caja de galletitas que luego se llevan los sindicalistas. Todo un condimento –que seguramente tuvo a Florencia Arietto como asesora– para dar cuenta del supuesto “pago extorsivo” de Camioneros. “Esta denuncia está basada en un video –presentamos la denuncia hacia el mismo– que tiene clarísimas demostraciones de que es un video trucado”, expresó Llermanos.

Para el abogado, “es visible para cualquier espectador normal que ese video  ha sido fraguado, por el propio denunciante y su familia, que han trabajado en esto. Es un invento lamentable, al cual se ha prestado la clase política y del cual quiere sacar provecho el intendente (Manuel Passaglia)”, señaló el ex juez penal. “Lo que es inexplicable es que, más allá de las intenciones políticas, haya una jueza de Garantías y una Cámara de Garantías que, en vez de garantizar el funcionamiento de los derechos constitucionales, actúen de modo político”, advirtió.

En el expediente está incorporada el acta librada por las partes ante el Ministerio de Trabajo el 10 de febrero de 2021. Camioneros reclamó el incumplimiento de la empresa Rey, que es oportuno revelar para no perder de vista el objetivo por el cual se llevó adelante la protesta sindical ante la empresa, que ya venía incumpliendo lo acordado ante el Ministerio. “Los haberes del mes de enero de 2021, aunque existía el compromiso de abonarlos sin errores en audiencias celebradas ante este Ministerio los días 18/1/21 y el 27/1/21, también se abonaron defectuosamente, y se continúa declarando las extras y viáticos como no remunerativos, con la evasión fiscal que significa, por lo que solicitamos se oficie a la AFIP a efectos que intime el correcto pago de los haberes de manera remunerativa”, reclamó entonces el sindicato.

También en el acta ante el Ministerio de Trabajo, la empresa se comprometió a responder las mejores condiciones laborales que exigía el sindicato (por ejemplo, la existencia de más baños), como también a analizar “la liquidación que presente el sindicato (ofrecida en esa audiencia)”, para adecuar “rubros y los montos en el marco de la legislación laboral”. Estaba claro el incumplimiento de Rey Distribución. Que el Poder Judicial les aplique a los sindicalistas el Código Penal con prisión preventiva sin tener en cuenta el contexto de la causa, constituye un atropello con el fin de criminalizar la protesta.

 

 

 

Para Llermanos, “la detención durante el proceso a raíz de una protesta social de dirigentes de Camioneros es de un carácter antijurídico con fines exclusivamente políticos. La ley argentina, la Constitución y los tratados y el propio Código Procesal de la provincia (de Buenos Aires) garantizan la libertad durante el proceso hasta que no se pruebe la culpabilidad en un juicio, cosa que acá no ha ocurrido”, describe el abogado del sindicato. “No hay ningún motivo para pensar que podían fugarse o entorpecer la investigación. No son personas que puedan tener un poder de esa naturaleza. Acá, lo que se sigue buscando es disciplinar al movimiento obrero”.

Sin embargo, la fiscal Viviani sostuvo en su pedido de detención que “existe peligro de entorpecimiento en el proceso por parte de los mencionados, ya sea por las características particulares de los mismos, en razón de los cargos que detentan. Detalló que “Maximiliano Cabaleyro es delegado gremial del sindicato de Camioneros y Consejal (sic) por el Frente de Todos en la Municipalidad de San Nicolás; y Fernando Espíndola como delegado del Sindicato de Camioneros de San Pedro” y argumentó que la medida se debía a “la gravedad de los delitos enrostrados y la posibilidad de influenciar sobre los testigos amedrentando o (de) condicionarlos en sus respectivo puesto (sic) de trabajo para los cuales se presta servicio”.

 

 

 

María del Valle Viviani fue más allá de la doctrina que inventó el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, y que aplicó el camarista Martín Irurzun.

 

 

 

Oscuridad política y judicial

Después de la detención de los sindicalistas, Julio Cabaleyro, ex secretario general de la seccional de Camioneros San Nicolás y padre de Maximiliano, fue quien encabezó el paro dispuesto por el sindicato contra la criminalización de la protesta. Esa medida de fuerza implicó el cese de actividades de los recolectores de residuos en la ciudad de San Nicolás. Las declaraciones de Cabaleyro padre fueron poco felices, solamente abonaron a que los medios comerciales sigan pintando a Camioneros como feos, sucios y malos. “En San Nicolás no entra nadie, se van a morir de hambre si sigue esto. Lo lamento por el pueblo de San Nicolás, pero yo no doy un paso para atrás. Como dice Moyano, yo no aprendí a bailar el tango para no recular”, manifestó.

Por otra parte, una denuncia por abuso sexual contra el delegado gremial de San Pedro, Fernando Espíndola, tomó mayor relevancia mediática con su detención (su sobrina denunció en 2019 que abusó de ella entre sus 7 y 13 años). Pero ni las expresiones desafortunadas del padre de Cabaleyro ni la denuncia contra Espíndola restan gravedad al claro avance anti-sindical que se manifiesta por parte de sectores del poder político y judicial.

Un reportero nicoleño que estuvo entrando y saliendo de la ciudad en esos días de paro manifestó para esta nota que ningún acceso estuvo bloqueado. Pero el intendente Passaglia, que le otorgó cuantiosos fondos públicos a Clarín y La Nación, socios de Expoagro, para que obtengan extraordinarias ganancias por la explotación del predio donde realizan la exposición –y, sin embargo, se desconoce si el Estado municipal percibe alguna suma dineraria a cambio–, aprovechó para victimizarse en esas tribunas por el paro de Camioneros.

 

 

 

 

Que Passaglia hable de “ser rehén” ante un reclamo sindical es parte de la estrategia política de Cambiemos. Como contamos en El Cohete, el intendente se encargó desde su diario –a través de su director Fernando Curas– de llevar adelante un mecanismo por el cual ofrecía a maquinistas gráficos de su empresa periodística familiar pasar a trabajar a la Municipalidad, así el Estado se hacía cargo de los gastos del aporte social y salarios de esos trabajadores. Esa es la importancia que le asigna a los derechos laborales Manuel Passaglia.

Si se necesitaba una confirmación de cuánto influye su poder político sobre el Poder Judicial de San Nicolás, el intendente se encargó de otorgarla en Radio U, que al igual que Radio City, diario El Sur de Villa Constitución y diario El Norte, forma parte del entramado de medios de su familia. “No depende de nosotros la detención o liberación de los gremialistas”, declaró en la radio y replicó su diario. Su aclaración confirma.

 

 

 

Ante las detenciones de sus delegados, primero Pablo Moyano y luego Hugo Moyano brindaron su apoyo a los trabajadores. Luego del levantamiento del paro por parte de Camioneros, Manuel Passaglia festejó y nuevamente estuvo en la vidriera de Clarín.

 

 

 

La Fiscalía General de San Nicolás es ocupada en forma provisoria por Sandra Bicetti. Su designación fue resultado de un acuerdo político entre los Passaglia, el procurador general Conte Grand y el entonces senador radical nicoleño Julio Marcelo Dileo, miembro del Consejo de la Magistratura. “Hay un apriete permanente por parte de la Procuración a los fiscales para que tomen determinadas orientaciones en las investigaciones”, expresa el periodista nicoleño Jorge Martínez, consultado para esta nota. Ninguno de los presionados se anima a revelarlo públicamente, pero es algo que se comenta off the record. “Esto es un secreto a voces, nosotros lo sabemos, por eso pasan las cosas que pasan en la ciudad”, expresó.

Para Martínez, de acuerdo a las versiones recogidas, la fiscal Viviani fue “presionada para que esto suceda. La jueza Maiztegui mantiene un vínculo estrecho personal con la fiscal general interina. La velocidad que han adquirido las resoluciones de esta causa ponen de manifiesto claramente que hay una intencionalidad política”, explica. “Hay un montón de causas en la que está involucrado el intendente municipal (Manuel Passaglia), donde está siendo investigado el diputado provincial (Santiago Passaglia), donde toda la familia Passaglia está siendo investigada y están procesados, pero jamás se ha pedido una medida (judicial) de esta naturaleza. Por lo que uno llega a la conclusión de que esto tiene una connotación netamente política, sobre todo la detención”, afirmó el periodista.

A través de un comunicado, la Mesa de la Memoria por la Justicia de San Nicolás describió que “las causas judiciales son utilizadas como método de persecución política y sindical, presionando para que los trabajadores y sus dirigentes no luchen por sus derechos. El Poder Judicial mide con distinta vara, según de quién se trate”.

Hace unas semanas, esa organización nicoleña de defensa de los derechos humanos, al igual que otras del noroeste bonaerense integrantes del Encuentro Regional por Memoria y Justicia Cholo Budassi, hicieron llegar una nota al ministro de Justicia bonaerense Julio Alak, preocupados por lo que sucede en el Departamento Judicial de San Nicolás. Uno de los ejemplos fue cuando El Cohete dio cuenta de la operación anti-política desplegada en su momento contra la campaña provincial de vacunación, por la cual se allanó el hospital de San Nicolás. Una fiscal salió a la pesca del delito, de acuerdo a lo escrito en un artículo periodístico por su primo hermano en el diario El Norte de los Passaglia. Ahora, la operación es antisindical.

¿Cuánto tardará la comisión evaluadora para concluir el concurso para fiscal general del Departamento Judicial de San Nicolás que se llevó adelante en 2019? Los organismos de la zona pidieron que se designe cuanto antes al doctor Gabriel Elías Ganón, quien fue el único nicoleño que salió bien en el examen escrito. En tiempos donde funcionarios judiciales son permeables a las presiones y operaciones políticas-mediáticas-judiciales, contar con alguien que respete los derechos humanos es fundamental. Los organismos entienden que Ganón es una garantía para que cesen esas operaciones en San Nicolás.

“Si este fallo del Poder Judicial de San Nicolás quedara firme porque así lo decidiera la Cámara de Casación o la propia Corte bonaerense, corremos el riesgo de que se aborten las actividades de protesta sindical”, dice Llermanos. Agrega que si eso pasara, “generaría una suerte de disciplinamiento del movimiento obrero por el miedo a tener la espada de Damocles, a la posibilidad de perder la libertad –sin siquiera un juicio previo–, como lo garantiza la Constitución”.

 

 

 

 

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