Retrocesos laborales
La clase trabajadora frente a las medidas regresivas del extremismo neoliberal
Continúan los despidos en el Estado y en las empresas privadas, alentados por las normas anti-obreras de la Ley 27.742 (la llamada “ley Bases”), y las contenidas en el DNU 70/2023, aun cuando la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo las haya declarado inconstitucionales e inaplicables.
Se ha creado en las fábricas y demás lugares de trabajo un clima de resignación frente a la pulverización de los salarios, las suspensiones y despidos, el incumplimiento de las normas de salud y seguridad, de absoluta desprotección de los trabajadores, que anticipan los objetivos estratégicos que el poder económico, el gobierno y la derecha quieren imponer.
Cierres y despidos
Un ejemplo de ello es el cierre de la planta de Dow Chemical de Puerto General San Martín, provincia de Santa Fe, compañía multinacional con sede en Midland, Michigan, Estados Unidos, que también opera seis plantas en Bahía Blanca (dos de etileno y cuatro de polietileno). Ya en el 2021, el grupo había intentado cerrar la planta, lo que fue evitado por la lucha de los trabajadores organizados en el Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (SOEPU) y el gobierno nacional del Frente de Todos.
Dow justifica el cierre con su decisión de importar el mismo producto que hoy se fabrica en nuestro cordón industrial (es la única fábrica que produce poliuretano) desde su filial de Brasil al puerto de Zárate. Esta vez pudo cumplir su objetivo, ya que —en línea con las “ideas de la libertad” que sostienen con entusiasmo— nada hicieron el gobierno nacional ni el de la provincia de Santa Fe para impedirlo, a excepción del cada vez más inútil ritual de la conciliación obligatoria que se cumple en el Ministerio de Trabajo.
En síntesis: en virtud de un proceso de reestructuración interno impuesto por el “clima de negocios” y la fiesta de la libertad de importaciones, el grupo multinacional instalado en Puerto General San Martín en 1970 expulsará de la producción a 120 trabajadores del cordón industrial de San Lorenzo y obligará a nuestro país a importar un insumo crítico como el poliuretano para diversos procesos industriales vinculados a la industria automotriz: el interior de los autos, los sistemas aislantes en las fábricas de línea blanca y la producción de colchones, con los mayores costos que ello implicará para estas industrias.
La multinacional Dow no va a cerrar su planta porque no sea rentable. Para los gobernadores provinciales y legisladores colaboracionistas que creen en la fantasía de las grandes inversiones extranjeras que supuestamente vendrán con la implementación del RIGI, es importante recordarles que el grupo Dow deja en la calle a 120 trabajadores empleando un mecanismo extendido en todo el mundo: el de las deslocalizaciones. La deslocalización es “cualquier cierre total o parcial de la empresa seguido o acompañado de la ubicación de todo o parte de esta en otro lugar”. [1]
La política de destrucción industrial seguida por el actual gobierno no se opone, sino que alienta los cierres o deslocalizaciones de empresas, que considera hechos normales en el contexto de la libre circulación de los capitales impuesta por el dominio del capital financiero.
La situación de las automotrices y de las autopartistas vinculadas a estas se refleja en la grave situación de sus trabajadores. La fábrica Lear Corporation, del parque industrial de San Francisco, provincia de Córdoba, no le renovará el contrato a 350 trabajadores irregularmente incorporados como temporarios y abrirá un registro de retiros voluntarios. Justifica su decisión en el fin del acuerdo con Fiat-Stellantis, a la que proveía con componentes para la fabricación del modelo Cronos en la planta cordobesa de Ferreyra, a lo que se suma la baja de producción de Nissan en la planta de Santa Isabel de la capital provincial [2].
La industria está atravesando su peor momento, potenciando la caída del crecimiento económico del país, que ha alcanzado el 3,5% en el corriente año. Las empresas productivas trabajan a un 56% de su capacidad, mientras que las pérdidas de puestos de trabajo llegan a 126.000 personas en el sector formal de la economía. Se estima que por cada puesto de trabajo formal que se pierde, hay tres bajas en el sector informal. Hay diez meses consecutivos de caída del empleo, superior a la caída registrada en el 2020/21 durante la pandemia del Covid-19.
El respaldo de la UIA
No debe sorprender que connotados dirigentes de la Unión Industrial Argentina y su presidente, Daniel Funes de Rioja, ni siquiera se hayan referido a esta grave situación de la industria y particularmente de las PYMES. Por el contrario, han reconocido las hazañas cumplidas por el gobierno en el “ordenamiento de la macroeconomía” y en la supuesta baja de la inflación al 2,7% (calculada con con una canasta desactualizada del INDEC, que data del 2004, en la que se ponderaban los bienes y se subestimaba el impacto de los servicios). El gobierno no quiere que se actualice esa canasta, y acaba de despedir a la responsable técnica de hacerlo.
La dirección actual de la UIA no representa los intereses de las pequeñas y medianas empresas, sino a los sectores monopólicos y oligopólicos que dominan el mercado. En consecuencia, existe una identificación política e ideológica con el actual gobierno. No constituye un dato menor que el grupo Techint controle ministerios y otros resortes fundamentales del Estado, tales como la Secretaría de Trabajo de la Nación, a cargo de Julio Cordero, desde donde se favorece al gran capital en todos los conflictos y se pretende disciplinar a las organizaciones sindicales.
Pero existen otras razones del apoyo al extremismo neoliberal que generalmente se soslayan. La rentabilidad de las grandes empresas en nuestro país —lejos de haber disminuido— ha aumentado. El aumento de la productividad y la reducción salarial han sido las causas principales de su crecimiento.
Ha aumentado el nivel de intensificación y explotación de la fuerza de trabajo, que “se estructura preservando dentro de las empresas matrices un número reducido de trabajadores, pero calificados, multifuncionales y comprometidos con su ideario (el de la empresa), así como ampliando el conjunto fluctuante y flexible de trabajadores con el aumento de las horas extras, de la tercerización en el interior y fuera de las empresas, de la contratación de trabajadores temporarios, etc., opciones estas que son diferenciadas en función de las condiciones del mercado en el que se insertan. (...) Cuanto más se distancia el trabajador de las empresas principales, mayor tiende a ser su precarización” [3] .
El orden internacional
No existe en nuestro país una burguesía nacional que se preocupe por el desarrollo productivo autónomo. Por el contrario, los grupos económicos dominantes en la UIA y otras entidades empresarias se hallan insertos en el marco y los objetivos del orden capitalista internacional.
Como dice el investigador suizo Jean Ziegler, “hay un orden económico internacional dominado por 500 sociedades transcontinentales privadas que —según datos del Banco Mundial— controlan el 52,8% del producto mundial bruto, es decir, más de la mitad de toda la riqueza producida en el planeta. Su valor patrimonial es igual al PIB de 130 Estados, aunque emplean menos del 1,8% de la fuerza de trabajo del mundo. Esas 500 sociedades presentan al mercado como nuevo sujeto de la historia, lo que no es más que una falsedad ideológica que utilizan como máscara (...). Hoy, el capital es totalmente móvil y viaja alrededor del planeta a la velocidad de la luz, cambiando de rostro y de nombre de forma instantánea a través de sociedades pantalla. Todas las grandes corporaciones multinacionales utilizan sociedades offshore, domiciliadas en paraísos fiscales. Sus movimientos resultan absolutamente opacos. Y sirve para que prácticamente no paguen impuestos, facilitándoles la evasión fiscal [4].
La situación actual de la clase trabajadora
Existen interpretaciones contradictorias respecto a las nuevas formas de trabajo y a la situación actual de los trabajadores.
No puede ignorarse que hay una fragmentación cada vez mayor de la fuerza de trabajo a través de las tercerizaciones. Pero contrariamente a la opinión de algunos, pese a las nuevas tecnologías, a la inteligencia artificial, a la generalización del teletrabajo, a los trabajos de plataforma y a otras modalidades que parecen ajenas a la típica relación de dependencia, no se advierte que el trabajo y el sujeto que vive de este se extingan.
Lo que sí se verifica claramente es el retorno de niveles extremos de explotación del trabajo, a través de la intensificación del tiempo y los ritmos de producción.
El extremismo neoliberal del actual gobierno repite hasta el cansancio —acompañado por el conjunto de la derecha liberal— que la creación de empleo depende de la reducción del costo laboral, y que este se logra a través de la eliminación de cualquier tipo de traba legal para despedir, que el empleador goce de la libertad de hacerlo.
Creen ciegamente que el único crecimiento económico deseable debe venir de la inversión privada, por lo que la negociación colectiva y su producto más importante, los convenios colectivos de trabajo, son negativos; y que el único sujeto que merece tutela es el empresario, por lo que debe garantizarse la rentabilidad de las empresas, y que son estas las que deben ser protegidas ante cualquier conflicto.
Se asocia la posibilidad de crear empleos al costo probable que acarrearía a los empleadores un futuro despido. El Presidente de la nación trata de convencer a los trabajadores de que lo mejor que puede ocurrirles es que se los prive de todos los derechos; “el verdadero problema es que los empresarios no puedan despedir”; “despedir sin rendir cuentas genera un empleo de mejor calidad”; “para un trabajador lo mejor es que puedan despedirlo, porque genera mayor posibilidad de que las empresas contraten y crezcan en mayor número”.
Sin llegar al nivel de semejantes declaraciones sadomasoquistas, en muchos países de la Unión Europea también se ha llegado al absurdo de sostener que el mejor derecho del trabajo, el que haría posible la creación de empleos, sería aquel que facilita su destrucción. Como dice el jurista francés Antoine Jeammaud: “Cabe preguntarse qué nivel de aligeramiento de las obligaciones jurídicas sería necesario alcanzar para que las empresas se pongan, por fin, a contratar personal masivamente, al punto que se osa apenas evocar la duración persistente de la sujeción al trabajo de numerosos asalariados: el acrecentamiento de las tareas, la disposición del tiempo de vida, la diversificación y difusión de las presiones, en un contexto dominado por el temor permanente a perder el empleo” [5].
Se ha demostrado que la reducción de las indemnizaciones por despido o su eliminación no favorecen la creación de mayor empleo en ningún país del mundo. Si se facilitan los despidos, estos instrumentos son usados por los empleadores y no se crean, sino que se destruyen empleos.
Reagrupamientos sindicales
Los sindicatos industriales integrantes de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) se reunieron el miércoles 27 de noviembre en la sede del SMATA y han manifestado que los sectores que representan sufrieron despidos, reducción de horas extras, retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.
Entre noviembre de 2023 y agosto de 2024 se perdieron 126.050 puestos de trabajo, de los cuales aproximadamente 40.000 pertenecen al sector manufacturero y se cerraron 2.333 empresas, en su mayoría PYMES; incorporando al cómputo la minería y la construcción. Consideran que para el siguiente trimestre la situación no va a mejorar.
Se registra con claridad lo que está ocurriendo y hay conciencia de la gravedad de la situación. Pero más allá del reagrupamiento de sectores combativos de la CGT y ambas CTA, no existe aún un programa mínimo y un plan de acción contra la política oficial.
Creemos que, además de la lucha por la recuperación de los salarios de la pérdida que han sufrido desde 2016 (son los salarios en dólares más bajos de la región), el plan de acción debería afirmarse en la defensa de los derechos colectivos e individuales de los trabajadores y trabajadoras; contra las medidas antisindicales del DNU 70/2023 cuyo rechazo por la Cámara de Diputados es imprescindible y no se recuerda con demasiada frecuencia, y por la defensa de las libertades democráticas contra la represión de las huelgas y la protesta social y demás medidas regresivas del gobierno.
[1] Ermida Uriarte Oscar, “Deslocalización, globalización y derecho del trabajo”, IUS Labor 1/2007.
[2] "Lear San Francisco: las razones de la caída de unos 350 contratos y retiros voluntarios", El Periódico, San Francisco, 25 de Noviembre de 2024.
[3] Antunes Ricardo, “Dimensiones de la crisis estructural del capital” en Los sentidos del trabajo, Ed. Herramienta.
[4] Jean Ziegler, vicepresidente del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Profesor de Sociología de la Universidad de Ginebra y la Sorbona.
[5] Jeammaud, Antoine, “Cambio y futuro del Derecho del Trabajo en Francia”, Contextos. Revista Crítica de Derecho Social, N° 1, Buenos Aires, 1997, pág. 264.
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