Retrato de una oligarquía

 

Hoy como ayer, los medios de comunicación hegemónicos encubren el Golpe de Estado en Bolivia y los intereses económicos que existen por detrás. Tal como sucedió con las dictaduras cívico militares de los años '70 en América Latina, el golpe en Bolivia encarna un proyecto político en defensa de los intereses de las oligarquías locales asociadas al capital transnacional, preocupadas por mantener sus privilegios, así como los de los Estados Unidos en la región en pos de perpetrar su dominación económica y política.

En este contexto emerge la figura de Luis Fernando Camacho Vaca, líder de la oposición boliviana, empresario con intereses en el sector gasífero, que representa el comportamiento de las oligarquías latinoamericanas. La acumulación del capital se basa fundamentalmente en la apropiación de la renta extraordinaria que brindan los recursos naturales en estos países. Luego fugan su riqueza al exterior mediante maniobras y artilugios legales.

Por un lado, el gobierno de Evo Morales afectó los intereses de las empresas petroleras y distribuidoras de gas a partir de la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos y, entre ellas, de la firma que monopolizaba la distribución de gas en Santa Cruz, “Servicios de Gas Santa Cruz S.A.M.” (SERGAS), cuya propiedad era de la familia de Luis Fernando Camacho Vaca.

En mayo de 2006, mediante el Decreto Supremo N° 28.701, Evo Morales nacionalizó los recursos naturales, obedeciendo al Referéndum vinculante de julio del 2004 —en el cual el pueblo boliviano había decidido que el Estado Nacional recuperara la propiedad de todos los hidrocarburos producidos en el país—, obligando a las empresas petroleras a entregar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) toda la producción y comercialización de hidrocarburos.

En 1989, la Alcaldía Municipal de Santa Cruz de la Sierra había otorgado a SERGAS la concesión por 20 años para la prestación del servicio público de suministro de Gas Natural por redes a los domicilios y las industrias de la ciudad. En febrero de 2009, cuando finalizó el contrato suscripto por YPFB y SERGAS, la Superintendencia de Hidrocarburos otorgó dicha concesión a YPFB y dispuso que todos los activos de los sistemas de distribución de Gas Natural pasaran a manos de la empresa estatal (https://www.procuraduria.gob.bo/detail/153).

 

 

Panama Papers

Por otro lado, Luis Fernando Camacho Vaca fue investigado por aparecer en los Panamá Papers, una filtración internacional del año 2016 que reveló la utilización de mecanismos para la evasión fiscal internacional y el lavado de activos.

Si se consulta la base internacional de ICIJ (offshoreleaks.icij.org) figuran tres sociedades en Panamá vinculadas a Luis Fernando Camacho. Allí se especifica que estos datos fueron encontrados a través de la filtración “Panamá Papers”, cuyo agente fue Mossack Fonseca, un bufete de abogados de Panamá que facilitó la constitución de una exorbitante cantidad de empresas “fantasma” (sin sustancia económica) y con directivos nominales (no reales), que tenían como finalidad evitar el pago de impuestos o encubrir a los titulares de los activos que existían detrás del velo societario.

En dicha base de datos figura Luis Fernando Camacho como accionista (desde 06/04/2012) de la sociedad “NAVI INTERNATIONAL HOLDING SA (“activa” registrada en Panamá en 2008 y vinculada a Bolivia). También es accionista (desde 08/10/2012) de otra sociedad panameña “POSITIVE REAL ESTATES SA” constituida en 08/10/2012 y vinculada a Bolivia. Asimismo, figura como intermediario de ambas empresas y de una adicional, cuya razón social es “MEDIS OVERSEAS CORP.” constituida en Panamá 11/12/2009.

Cualquier semejanza con la realidad argentina no es mera coincidencia. La fuga de capitales forma parte del modo de acumulación de riqueza de las élites latinoamericanas. Y para ello cuentan con múltiples intermediarios, los llamados “facilitadores”, estudios contables y jurídicos, bancos, asesores financieros, patrimoniales, impositivos, etc., que brindan el conocimiento y expertise necesario para ocultar patrimonios, evitar el pago de impuestos y obtener la mayor rentabilidad posible. Por supuesto, tienen a disposición jurisdicciones con plazas financieras offshore y guaridas fiscales, que brindan total confidencialidad y cuentan con rígidas legislaciones de secreto, se especializan en instrumentos financieros desregulados y/o estructuras jurídicas opacas (como ser trusts, fideicomisos, fundaciones, fondos de inversión, hedge funds, etcétera), cuentan con legislaciones comerciales y/o financieras flexibles, y poseen bajas o nulas tasas impositivas.

En Bolivia se conformó una Comisión Legislativa que investigó el caso de Luis Fernando Camacho Vaca, entre muchos otros casos que surgieron a partir de los “Panamá Papers”. En el “Resumen del Informe de conclusiones de la Comisión Especial Mixta de Investigación de los Papeles de Panamá”, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, se publica que Mossack Fonseca brindaba distintos servicios offshore para facilitar el ocultamiento de la titularidad y fortuna de sus clientes, entre ellos: formación de sociedades offshore en paraísos fiscales con servicios de domicilio fiscal y oficina virtual, directores nominales (testaferros), custodia de acciones al portador (no nominativas), registros contables y asesoramiento en la apertura de cuentas bancarias.

 

 

La investigación

Asimismo, el informe postula que el rol de intermediario, como es el caso de Luis Fernando Camacho Vaca, podría coadyuvar a los residentes de un país a esconder sus fortunas en entidades offshore, lavar dinero y establecer esquemas de evasión de impuestos. El trabajo de investigación de la Comisión Legislativa permitió establecer una vinculación entre Mossack Fonseca, Luis Fernando Camacho Vaca y las siguientes empresas bolivianas: Nacional de Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A., Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A., Corporación Jurídica Luis Fernando Camacho Vaca, Nacional Seguros Vida y Salud S.A, Tecnología Corporativa Tecorp S.A. y Conecta Redes y Servicios S.A.

A su vez, en el informe se destaca que “llama la atención que NAVI INTERNATIONAL HOLDING SA, creada por intermedio de Luis Fernando Camacho Vaca, es la offshore que vincula la mayor cantidad de personas y empresas bolivianas: 29 personas y 67 empresas. Además, miembros de otras sociedades offshore forman parte de NAVI; lo que implica que juega un rol central en la problemática offshore boliviana”. De esta forma, el informe de la Comisión Legislativa explica que Luis Fernando Camacho podría haberse comportado como intermediario, conectando a los interesados bolivianos en adquirir los servicios offshore con el bufete de abogados Mossack Fonseca.

Tal como en las dictaduras de los años '70 en América Latina, los objetivos y posteriores consecuencias económicas pasan inicialmente desapercibidos. Hoy Bolivia atraviesa un golpe de Estado que tiene por finalidad la desarticulación de un modelo de desarrollo inclusivo y el reacomodamiento del Estado de acuerdo a los intereses del poder económico. Enmascarados detrás de una grieta social y de acusaciones de un supuesto fraude electoral, la elite boliviana se aferra fervientemente a sus privilegios y procura defenderlos más allá del retroceso institucional, social y cultural que ocasiona la ruptura de la democracia.

Solamente basta con mencionar algunas cifras para demostrar la mejora económica y social que significó el gobierno de Evo Morales para el pueblo boliviano. Durante la gestión del Movimiento al Socialismo, entre 2005 y 2017, se ha reducido la desigualdad en un 25%, la pobreza ha pasado de un 59,9%, desde la asunción de Evo Morales, a un 34,6% en 2018, y ha caído fuertemente la tasa de desocupación, que hoy arroja cerca del 4%; todo ello se ha logrado en simultáneo a niveles de inflación reducidos, que llegan al 1,7% en 2019, y tasas de crecimiento del PIB sostenidas a lo largo de todo el periodo, con un tasa del 3,1% en el segundo trimestre de 2019 (fuente: CEPA).

Así, una de las prioridades de este quiebre institucional parecería ser la destrucción del modelo de desarrollo con inclusión y equidad que se logró imponer en la última década y el desarme del esquema de distribución y redistribución de la riqueza que había permitido la mejora social de los sectores más postergados.

 

 

 

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