Retomar a Grinspun

 

El Presidente Alberto Fernández, en el discurso de inauguración de sesiones ordinarias del 1º de marzo de 2020, le pidió al presidente del Banco Central un informe de cuál fue el destino de los más de 100.000 millones de dólares de deuda contraída por el gobierno de Cambiemos. La repuesta de la autoridad monetaria fue el estudio Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019, que afirma que fueron casi siete millones de personas físicas y jurídicas las que compraron 86.200 millones de dólares en la gestión de Cambiemos, de las cuales las 100 primeras lo hicieron por 24.679 millones de dólares.

Nunca se informó oficialmente quiénes eran esos cien primeros compradores, pero en la nota titulada Los 100 de Macri de El Cohete a la Luna del 24 de mayo de 2020 se dio a conocer ese listado, jamás desmentido por ninguna de esas cien empresas ni por el Banco Central. El listado está encabezado por dos sociedades en las que el mismo Larry Fink, CEO de Blackrock, reconoce tener fuerte participación: Telefónica Argentina SA, que compró en esos cuatro años 1.248 millones de dólares, y Pampa Energía, con 903,8 millones de dólares. Ni esas empresas, ni ninguna de las que conforman el grupo de las 100 (Grupo Clarín, Techint, Arcor, Aceitera General Deheza, FIAT y un número significativo de los clientes del estudio que atendió Carlos Rosenkrantz antes de ser presidente de la Corte Suprema de Justicia) declararon ni pagaron impuesto a las ganancias por el monto de dólares que compraron. La pregunta es: ¿De dónde extrajeron esas sumas? Esa información permitiría, además de recuperar en parte esa deuda, hacer un avance sobre las contabilidades paralelas y la evasión tributaria.

Un año más tarde, en la inauguración de las sesiones ordinarias del 1º de marzo de 2021, el Presidente dijo: “Una deuda tomada por un gobierno irresponsable que obtuvo un crédito otorgado en su favor por motivos absolutamente políticos, merece una revisión y un tratamiento adecuado a la hora de su renegociación. Tanta mala fe de los tomadores del crédito y tanto desdén de funcionarios políticos de un organismo multilateral por privilegiar a un gobierno en la coyuntura, no puede ser visto como un caso más”.

En efecto, el inciso a) del artículo 6°del Convenio Constitutivo del FMI[1] obliga a la institución a realizar un monitoreo para ver el destino de los fondos. No sólo no se hizo sino que se le prestó al gobierno de Cambiemos en plena corrida cambiaria, cuando el Banco Central de esa gestión vendía sin límite las reservas internacionales, hecho que de por sí tornaba más previsible que se endeudaba al país para posibilitar la fuga.

¿En que se invirtió esa plata? Cuando el ministro Martín Guzmán le preguntó al empleado de Clarín, Marcelo Bonelli, a dónde se había ido esa deuda, la respuesta obvia fue: se fugó. Esa deuda, sin ser observada por el FMI, pasó a engrosar el capital que los ricos del país tienen en el exterior; sin embargo, pretenden que la pague el pueblo argentino.

Por eso, en primer lugar y antes que nada debe quedar claro que no va a pasar como otras veces que un grupo de privilegiados le transfieren la deuda al Estado argentino, y “millones de argentinos (…) economizarán hasta sobre su hambre y su sed para responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros”, como sostenía Nicolás Avellaneda. Para ello debe exigirse, en el acuerdo a firmar, que el FMI como corresponsable de la fuga brinde todo su apoyo a las investigaciones para determinar y diferenciar deuda legítima de ilegítima, y que colabore en encontrar los fondos fugados del país. De no ser así, en un plazo prudencial y antes de que se comience a pagar el capital de la deuda, por incumplimiento de una de sus partes (el FMI), la Argentina queda librada de esa obligación hasta que la investigación finalice.

Hay datos fehacientes de quiénes compraron, en qué fecha y por qué monto, como “consta en actas” de los bancos públicos y privados que lo hicieron para sí y para sus grandes clientes.

 

Buena fe

Martín Guzmán tenía la peregrina idea de que al FMI se le podían pagar sólo los intereses y que la deuda de capital se prorratearía en el tiempo. Guzmán y Kristalina Georgieva hablaron la semana pasada en una reunión privada en el marco de la cumbre del G20 en Venecia y acordaron que la verdadera voluntad del gobierno argentino es cumplir de “buena fe” con los pagos de capital y en un plazo de diez años.

Guzmán también se comprometió de pagar “de buena fe” con la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, quien le pidió más precisiones sobre el avance de las negociaciones con el FMI y afirmó que la Argentina tendrá el apoyo necesario para que las partes lleguen a un buen acuerdo. La traducción del mensaje que dejó la administración de Joe Biden es que lo que figure en la Carta de Intención será aprobado luego en el board (directorio) del FMI.

De “buena fe” no se originó la deuda y de “buena fe” tampoco actuaron los técnicos del FMI que no observaron hacía donde se iban los dólares que ingresaban, y ellos no podían ignorarlo porque tienen el monitoreo de las cuentas públicas.

 

 

 

Puntualmente, el principal logro que podría obtener la Argentina en estas negociaciones con el FMI es la reducción de los intereses que cobran a los países que incumplen los términos y condiciones firmadas. Eso le permitiría al país ahorrar unos 1.000 millones de dólares anuales del stand by vigente, dado que el Fondo nos aplicaría la tasa del 2,05% anual, que es la de los créditos más beneficiosos, en lugar del 4,05% de costo actual que paga la Argentina.

Habrá que ver si el nuevo Plan de Facilidades Extendidas que se va a firmar con el FMI permitirá reprogramar el pago de capital y comenzar a amortizar a los cuatro años, lo que implicaría que los primeros pagos serían en 2025, en teoría a tiempo para comenzar a prorrogar y mejorar los pagos, y coincidente con el acuerdo con los fondos de inversión y demás acreedores (Blackrock, Pimco, Fidelity, Vanguard, Franklin Templeton, JP Morgan, HSBC, Merrill Lynch, etc.)

La primera pregunta obligada es: en el mejor de los casos, ¿se reprograman los vencimientos de capital adeudado al FMI para que los pague una nueva administración del país que asuma en diciembre de 2023? Suma imposible de abonar sería, con capital e interés, un monto total no menor de 50.000 millones de dólares a razón de 10.000 millones por año, a lo que debe sumarse el vencimiento ya reprogramado con los grandes fondos de cobertura por más de 100.000 millones de dólares.

La segunda: ¿A cambio de qué se reprograman los vencimientos acordados y firmados por el gobierno de Cambiemos?

Y tercera y más importante: ¿En qué estado está la investigación de la deuda contraída en el gobierno de Cambiemos que pidió el Presidente de la Nación en los dos inicios de sesiones del Congreso, los 1º de marzo de 2020 y 2021?

También se dejó trascender en la reunión con los técnicos del FMI en Venecia que se debe acordar en tres puntos que ya fueron tildados en la lista para el nuevo programa de Facilidades Extendidas, que son: a) El desarrollo del mercado de capitales doméstico; b) Incremento en la recaudación fiscal y c) Fortalecimiento de la resiliencia[2] externa de Argentina (es decir, más exportaciones para generar dólares).

Generar un mercado de capitales en la Argentina, que sufre una inflación anual en torno al 45-50% y donde el dólar oficial crece en la misma proporción y es incierta la evolución de los distintos tipos de cambio paralelos, con un mercado como el de Valores Negociables que sólo ha servido para vender títulos y acciones que cotizan en mercados internacionales para hacerse de dólares, es de una fantasía digna de Walt Disney. El mismo Banco Central ha vendido en los primeros seis meses de este año dólares de las reservas internacionales por no menos de 800 a 900 millones para que no se dispare el dólar Contado con Liqui.[3] Y paralelamente, mediante la norma A7327, exige a las entidades financieras que requieran a las empresas que acceden al mercado de cambios una Declaración Jurada de que por 90 días antes y 90 días corridos después no concertaron ni concertarán ventas en el país de títulos valores con liquidación en moneda extranjera o canjes de títulos locales por externos, ni los transferirán a entidades depositarias del exterior.

El segundo punto refiere a la administración tributaria, para mejorar la recaudación en el marco de un programa que diseñan entre Economía y la AFIP. En buena hora se busca mejorar la administración tributaria cuando la evasión se estima en torno al 35-40%, de la que forman parte las cien empresas que compraron 24.679 millones de dólares y no declararon ganancias. Pero mucho más realista e inmediato sería si se le cobraran impuestos a los que tienen manifiesta riqueza, como sería el caso de transformar en permanente el ingreso del llamado “aporte solidario”.[4]

El tercer punto de acuerdo gira sobre la identificación de sectores capaces de generar divisas, por ejemplo mediante el trabajo legislativo como en la ley de Economía del Conocimiento o la política tributaria para favorecer las exportaciones. Léase ajuste externo, condenarnos a exportar a como dé lugar. Por eso se vende una cordillera de los Andes de maíz en grano, o un millón de toneladas de carne vacuna, sin interesar el impacto en los precios internos cuando pagamos en el país nuestra producción al mismo precio que se venden en mercados en el extranjero (el equivalente en pesos por ahora) que están a 10.000 kilómetros de distancia y que tienen a sus trabajadores con un salario promedio cinco veces mayor que el de la Argentina.

 

En síntesis

En julio de 1982, tras la derrota de Malvinas y el reemplazo del dictador Leopoldo Galtieri por Reynaldo Bignone, se nombró presidente del Banco Central a Domingo Felipe Cavallo, quien instrumentó los seguros de cambio para las empresas endeudadas en el exterior. De esa manera hicieron que las empresas transfirieran su deuda en dólares al Estado Nacional. El Estado creaba títulos de deuda (BONEX) para pagarle a los acreedores externos (comunicación A-163 del BCRA del 15/07/1982) y con ello disminuyeron sideralmente la deuda de las grandes empresas nacionales y extranjeras y se la impusieron al pueblo argentino.

Sevel (Macri) adeudaba 124 millones de dólares; Acindar 649 millones; Compañía Naviera Pérez Companc 211 millones; Loma Negra, de los Fortabat, 62 millones de dólares. También hay corporaciones como Cogasco, Celulosa Jujuy, Techint, IBM, Ford, Fiat, Bridas, Pescarmona, etc. El listado incluye al sector financiero: bancos Galicia, Río, Citibank, Francés, Supervielle, etc. Toda esa deuda fue licuada por la inflación porque la pagaban en pesos y el Estado nacional daba títulos públicos a los acreedores, que sospechosamente lo aceptaban.

A menos de diez años de recibir esos títulos, los tenedores los utilizaron para comprar a precio vil los principales activos del Estado Nacional, entre ellos los puertos.

El doctor Bernardo Grinspun, primer ministro de Economía del gobierno de Raúl Alfonsín, se negó a pagar la deuda y propuso dividirla en deuda legítima e ilegítima. Ante el insistente reclamo del representante del FMI en la Argentina de esa época, el catalán Joaquín Ferrán, para que aceptara toda la deuda, Grinspun lo echó de su oficina en forma aireada como lo hace un hombre nacido en el barrio de Crucecita, en Avellaneda. Eso fue el 18 de febrero de 1985. Al día siguiente el Presidente le pidió la renuncia porque, según le aseguraron, estaba todo arreglado y la Argentina se reintegraba al mundo.

 

[1] Artículo 6 inciso A: “Salvo en el caso previsto en la Sección 2 de este Artículo, ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin. Si después de haber sido requerido a ese efecto el país miembro no aplicara las medidas de control pertinentes, el Fondo podrá declararlo inhabilitado para utilizar los recursos generales del Fondo.

[2] La resiliencia o entereza es la capacidad para adaptarse a las situaciones adversas con resultados positivos.

[3] Es el BCRA el que, mediante operaciones de mercado abierto, compra con dólares de las reservas títulos públicos nominados en moneda extranjera y los revende en pesos. Esto es, por ejemplo, el BCRA compra en dólares el título público BONAR 2030 y los paga a 40 dólares la lámina de $ 6.700 (el precio implícito del dólar es $ 167,5 y surge de dividir los pesos por su valor de mercado en dólares), pero lo hace vendiendo dólares de las reservas internacionales, que la autoridad monetaria debe preservar. Y lo hace al solo efecto de que no se amplié más la brecha entre el dólar oficial (en torno a los $ 101,5 fijado por el Banco de la Nación Argentina, tipo vendedor) y los distintos dólares paralelos.

[4] 10.000 millonarios pagaron el aporte extraordinario por 223.000 millones de pesos a comienzo de este año 2021.

 

 

 

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