Respiración artificial

 

En estas últimas semanas presenciamos dos hechos políticos en los cuales gobernabilidad y economía estuvieron indisolublemente ligadas: la aprobación del Presupuesto Nacional para 2019, y el levantamiento de una huelga general de 36 horas que había sido anticipada por la cúpula de la CGT.

Ambos hechos han prolongado el clima de relativa paz que puede mostrar el gobierno frente a gobiernos, organismos y mercados externos, y disimulado el cuadro de situación extremadamente volátil en que se encuentra sumida la sociedad argentina.

Por ahora la clave reside en el poder de compra y cooptación de la gestión Cambiemos en relación con el archipiélago opositor.

 

Un Presupuesto hostil a la población

Visto en perspectiva hay que aceptar que es un notable triunfo político el hecho que se apruebe en forma democrática un presupuesto que tiene enormes incongruencias en su interior, pero sobre todo agrede aspectos sustanciales de la vida de la mayoría de la sociedad. En un contexto de contracción económica que arrancó ya en los primeros meses del año, y que viene teniendo efectos acumulativos inocultables, el Presupuesto 2019 reduce una enorme cantidad de partidas, con especial énfasis en la obra pública (gran palanca dinamizadora a la cual renuncia el Estado), y pone en un cuadro de inanición cuestiones centrales como la salud pública, la educación y los ingresos de los sectores económicamente más débiles. Con un panorama de esta índole, es indudable la maestría de los negociadores oficiales que han logrado sortear el carácter de representantes del pueblo de los legisladores para conseguir una mayoría parlamentaria que avale la profundización del deterioro económico y social de sus representados.

 

El levantamiento de la huelga general

Otro episodio llamativo es la evaporación de una huelga general, lanzada como respuesta tardía al aumento acelerado del desempleo, el derrumbe del salario real y la profundización de las políticas que los generan. En forma notable, apareció en la mesa de negociación gobierno-sindicatos un mágico bono de 5.000 pesos, que reforzaría los pauperizados ingresos de los trabajadores hacia fin de año. La cúpula de la CGT pasó de una protesta más general contra el rumbo económico-social, a aceptar con bastante alivio un refuerzo para pasar las fiestas con algo menos de angustia. Por supuesto que para trabajadores que están ganando poco más de 15.000 es un ingreso adicional importante, pero que no tiene relación con la necesidad colectiva de una recomposición salarial masiva, dado el derrumbe estimado del 15/20% real en lo que va del año. La huelga general era esperada por sectores mucho más amplios que el sindicalismo oficial, ya que podría ser un potente canal de expresión de un malestar que se está generalizando incluso en los estratos medios.

 

La compra como transacción política

En la aprobación del Presupuesto y el levantamiento de la huelga, se demostró la capacidad de compra que aún exhibe el gobierno macrista. Cuando hablamos de compra, no lo decimos en el sentido habitual de soborno –aunque pueda haberlo—, ni como una cuestión moral. Lo pensamos políticamente, como una herramienta universal de la capacidad de gobernar: todo gobierno debe negociar con diversos sectores opositores, lograr concesiones y ofrecer algo a cambio.

Es una relación entre dos: el poder político que cuenta con el aparato del Estado y sus diversos recursos como herramienta para avanzar en cuestiones que le resultan relevantes, y diversos actores sociales interesados en plasmar aspectos de su propia agenda sectorial, y que por lo tanto están dispuestos a conceder apoyos parciales a cambio de determinados logros, materiales o institucionales.

En la larga negociación con los gobernadores, Cambiemos encontró las concesiones, económicas y políticas, que en cada caso permitieron a los mandatarios provinciales pensar que no era tan grave votar la propuesta oficialista, o que recibirían compensaciones que minimizarían los daños provocados por los masivos recortes.

Conociendo la escasísima disposición combativa de la actual cúpula de la CGT, le tendieron un puente de plata con el bono de 5.000 pesos –sospechosamente difuso, parcial y discrecional— y la promesa de menor hostigamiento a sindicatos y dirigentes gremiales. El bono es efectista y pega en un sector con ingresos muy menguados, apremios económicos crecientes, y predispuesto a posponer estrategias de lucha colectiva por la inmediatez de un refuerzo monetario en un momento sensible del año. El viraje de la huelga a la recepción de unos pesos adicionales, si bien importante para el difícil momento que pasan muchos asalariados, marca una degradación del status social de los trabajadores, cuyos dirigentes pasan la gorra ante las patronales diciendo “a voluntad”. Ni qué hablar sobre la transitoriedad del impacto de esa suma en el contexto del elevadísimo costo de vida actual.

 

Otras experiencias de compra

No debemos sorprendernos de que el neoliberalismo, que siempre beneficia a una reducida minoría social local y extranjera, sea capaz de obtener considerables logros en las transacciones con la sociedad. Recordemos el descomunal proceso de reformas estructurales que realizó el menemismo, sin cerrar el Parlamento, acudir a la represión masiva ni al encarcelamiento de miles de opositores. La privatización de las grandes empresas públicas se realizó venciendo de a uno a los sindicatos correspondientes, con el acompañamiento de otros sectores sociales que soñaban con el buen funcionamiento de los servicios públicos. El menemismo fue una máquina de comprar suficientes actores sociales para garantizar el avance de sus transformaciones antipopulares y antinacionales. Cuando decidieron la privatización del sistema de jubilaciones, fueron capaces de convencer a varios millones de asalariados que no tenían ningún futuro en la jubilación estatal, y que en cambio los esperaba un porvenir venturoso cediendo mensualmente el 3% de su salario a unos 20 grandes bancos. Cuando se privatizó YPF, se procedió a comprar la voluntad de los actores políticos necesarios para concretar un caso único a nivel internacional de auto-despojo de una empresa petrolera estatal.

Insistimos: es posible la compra porque hay disposición en los actores a ser comprados. En ciertos momentos, su precio es accesible en relación a los recursos de los que dispone el gobierno. No siempre.

 

Las resistencias sociales al ajuste

Todos los que no participan en el gobierno tienen una agenda temática compuesta tanto de demandas urgentes, como de deseos que pueden posponerse en el tiempo. La oposición no es homogénea, sino que presenta muchos matices. Están en la oposición desde aquellos que no encontraron ningún espacio en el entramado oficial, hasta aquellos que tienen diferencias sustanciales con el proyecto de sociedad de este gobierno. Los matices son muy importantes y permiten diseñar estrategias de compra. El país no es pobre y cuenta con recursos para paliar numerosas situaciones, si la situación no es sumamente crítica. Además, una parte del peronismo coincide con muchas de las medidas oficiales, con lo cual la convergencia de agendas no es demasiado trabajosa.

Por otra parte, la sociedad argentina mayoritariamente aspira a sostener o mejorar su nivel de vida con el menor nivel de conflicto posible. Si bien van en aumento el desempleo, la inflación y la recesión, la mayoría aún tiene trabajo y no atravesó la línea de pobreza.

El manejo que ha realizado el ministerio de Carolina Stanley con movimientos sociales que atienden sectores muy castigados, logrando tranquilidad social e incluso ciertos posicionamientos políticos, es una muestra de ese poder aún existente. El costo fiscal de las políticas de contención social aún puede ser asumido –el propio FMI contempla ciertas ampliaciones en las erogaciones de 2019-, así como el del vaporoso bono en caso de que se extienda parcialmente a sectores de empleados estatales.

La pregunta es si el poder de compra gubernamental es indefinido y, dada la dinámica actual de la economía, si las transacciones para desmontar conflictos y diluir tormentas opositoras podrán efectuarse exitosamente en los próximos meses.

 

El mito del carácter desestabilizador del peronismo

Ignoramos si esta versión de la historia reciente es de cuño radical, o si sus mentores conservadores les dieron el argumento. Dice así: el peronismo es vocacionalmente desestabilizador, porque es antidemocrático, de cuño fascista, y se ha especializado en desestabilizar a pobrecitos gobiernos radicales, como a Illia, Alfonsín y De la Rúa. Este seudo argumento reciente sirve para victimizarse, disolver las responsabilidades propias y de paso justificar su alianza neoliberal con el PRO. Hay también, no cabe duda, un espíritu de revancha en esta epopeya mediocre que ha sido la Alianza Cambiemos: “Nosotros ahora los sacamos a ellos”.

El recorte interpretativo para victimizarse no resiste el análisis histórico. Irigoyen fue volteado antes de que existiera el peronismo. Los radicales participaron activamente, en cambio, en el golpe del '55. Frondizi fue volteado por las Fuerzas Armadas, antiperonistas. Illia fue resistido por el peronismo, pero fue víctima de un golpe anti-comunista. Alfonsín no fue volteado por el peronismo, sino por un golpe de mercado de sus actuales aliados. Y De la Rúa huyó en medio del hundimiento de la convertibilidad y de la brutal crisis social que esta engendró. No fue exclusivamente el peronismo, sino la enorme masa poblacional multipartidaria agredida por la política menemista que ellos decidieron continuar. Parece que prefieren borrar de la historia argentina el autoritarismo militar y el autoritarismo de mercado, y centrar sus dardos en un grotesco recorte antiperonista.

Pero esta versión, muy machacada en los últimos tiempos, hace mella en una parte del peronismo que parece aceptarla y se comportar culposamente, tratando de evitar el infamante título de “desestabilizadores”. Sea porque lo creen realmente, o porque lo usan como tapadera de su propia voluntad capituladora y de su coincidencia conceptual con el macrismo, parte del peronismo milita en diluir la protesta social y ayuda legislativamente a la gobernabilidad del proyecto antipopular encarnado hoy en el macrismo.

 

Conclusión

Todavía hay poder de compra en el gobierno, pero es cada vez más complicado ejercerlo, por la profundización de la crisis y el cambio del humor político.

Todo está atado con alambre: el Presupuesto aprobado supone una cosecha de 140 millones de toneladas –vitales por la desesperante carencia de dólares en 2019—, pero la Bolsa de Cereales la estima en sólo 125 millones. ¿Quién tiene razón? ¿El gobierno está sobreestimando los ingresos de divisas para engañar a propios y ajenos, o los privados buscan sustraer del molesto fisco 15 millones de toneladas que no piensan registrar? En cualquier caso, los dólares no entran.

La situación internacional no está mejor: en Wall Street se escuchan cada vez voces más respetadas advirtiendo que la economía norteamericana está sostenida por una burbuja artificial e insostenible, y que puede pegar un fuerte viraje recesivo en cualquier momento.

Si bien Cambiemos ha sido capaz de neutralizar resistencias y protestas sociales más que justificadas, ha puesto a la economía argentina en una declinación económica severa y la ha expuesto a una fragilidad cambiaria de una volatilidad asombrosa. La pendiente económica, social y política va despojando al gobierno de capacidad de compra de actores opositores, cuya multiplicación eleva incesantemente los costos de los sectores a neutralizar.

La capacidad de cooptación macrista aún existe, pero su vigencia durante 2019, como diría el FMI, no cuenta “con una alta probabilidad” de subsistir.

 

 

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