Resistir es la tarea

 

Luego del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lejos de haberse liberado de la presión externa, el país atraviesa una coyuntura difícil, en la que se entrecruzan el adelanto de la inspección del FMI, las medidas adoptadas por el gobierno para frenar la escalada de precios de los alimentos y la sistemática oposición de la Mesa de Enlace.

La presentación del proyecto del bloque de senadores kirchneristas que crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional persigue la recuperación parcial de lo perdido por el país como consecuencia de la financiarización de la economía y la evasión de fondos al exterior, imponiendo un aporte especial de emergencia que se aplicará a los bienes situados y/o radicados en el exterior que se localicen o detecten y que no hayan sido declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Abarca tenencia de moneda nacional o extranjera, inmuebles, muebles, acciones, participación en sociedades, toda clase de instrumentos financieros o títulos valores y todo derecho susceptible de valor económico. El aporte –que será transferido en moneda extranjera, dólares estadounidenses– es del 20% sobre los bienes detectados y podrá elevarse al 35% para el caso en que el contribuyente efectúe la declaración espontánea después de los seis meses de entrada en vigencia de la ley.

El proyecto se complementa con la Modificación de las excepciones al Secreto Bancario, Bursátil y Fiscal, contenidas en la Ley de Entidades Financieras (ley 21.526), en la Ley de Mercado de Capitales (ley 26.831) y en la Ley de Procedimiento Fiscal.

Es importante señalar que “la especulación y la inestabilidad financiera forman parte integrante del funcionamiento normal del capitalismo, y los capitalistas ‘activos’ o productivos y los rentistas ‘pasivos’ son indisociables, y la finanza no es pues un parásito ni una deriva, sino un componente permanente del capitalismo”.1

La Ley de Entidades Financieras establece el secreto bancario, exceptuando sólo los requerimientos de informes de los jueces y los organismos recaudadores de impuestos nacionales, provinciales y municipales. El proyecto incorpora más excepciones al secreto bancario: los requerimientos de informes de fiscales en causas judiciales, del Jefe de Gabinete de Ministros, de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y Pago de la Deuda Externa, del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE), del Ente Nacional de Regulación del Gas (ENARGAS) y de todos los entes y organismos oficiales que tengan injerencia en la autorización y determinación de precios regulados.

Tales modificaciones implican una ampliación de las facultades del Estado a los fines de hacer posible el cumplimiento de los objetivos del proyecto, perforando el secretismo de estas entidades, instrumento fundamental para concretar la evasión y el fraude fiscal.

Las fuerzas de la oposición de derecha –más allá de sus matices: PRO, radicales y fascistas “libertarios”– forman un frente único basado en la reconstitución de un gobierno neoliberal, que es el reclamo de la gran burguesía local, las transnacionales, sus voceros mediáticos y el propio FMI. No están concentradas exclusivamente en las elecciones presidenciales del 2023; no han abandonado su política de asedio y desestabilización permanente del gobierno. Se oponen sistemáticamente al proyecto; asumen la defensa de los evasores y fugadores de divisas con argumentos irracionales y contradictorios: que se trataría de un “blanqueo” o de un “nuevo impuesto”, entre otros. No es casual que asuman dicha posición quienes justificaron las cuentas offshore del ex Presidente Macri y la mayor parte de sus ministros y naturalizaron estas conductas por ser las habituales de los grupos económicos a los que representan políticamente.

A las dificultades para lograr la aprobación parlamentaria del proyecto se suma el hecho de que –a partir del carácter definidamente reaccionario de un importante sector del Poder Judicial– podría obstaculizarse el cumplimiento de la ley a través de medidas cautelares que perduran en el tiempo de una forma que jamás serían aceptadas en otros casos. Conocemos la secuencia de los hechos de acuerdo al modelo instalado a partir de la sanción de la ley de medios audiovisuales: una vez sancionada y promulgada la ley, los abogados de los megamillonarios, de los especuladores y fugadores de divisas plantearán medidas cautelares a fin de que se suspenda la aplicación de la misma en nombre de una supuesta inconstitucionalidad. El rechazo generalizado de tales planteos sería demonizado por los medios dominantes como atentatorio contra los pretendidos derechos de los beneficiados por la especulación y la evasión durante los últimos años.

 

 

Salarios, inflación y acuerdo con el FMI

El plan desarrollado por el macrismo, léase devaluación de la moneda de alrededor del 60%, desregulación de la actividad financiera, vuelta al ciclo de endeudamiento externo, apertura de importaciones sin salvaguardas para la industria nacional, baja de las retenciones a la exportación, aumentos salvajes en las tarifas de los servicios públicos, fijación de altísimas tasas de interés de referencia por el Banco Central (que desalientan la inversión productiva) y el colosal endeudamiento externo, tuvo como consecuencia una reducción salarial de más del 26%. A ello deben agregarse las consecuencias de la pandemia y los crecientes e incontrolables aumentos de precios de alimentos generados por los oligopolios que dominan el mercado.

Como resultado de la última reunión de los representantes de los mismos con la CGT y los ministros y funcionarios del Estado, se convocará a paritarias anticipadas a los fines de paliar los efectos de la inflación sobre los salarios. Las organizaciones sindicales –en el imaginario de esa mesa– deberían limitarse a reclamar un aumento salarial levemente superior a la inflación, renunciando a recuperar siquiera parcialmente lo perdido a partir del 10 de diciembre de 2015.

La lucha por el aumento salarial siempre es la reacción de los trabajadores ante la acción anterior del capital, y en nuestro caso fueron la devaluación, el alza permanente de los precios de productos de consumo y de las tarifas de servicios públicos en manos privadas los que determinaron la reducción de los salarios. La inflación no es un “fenómeno monetario” como sostienen los teólogos del libre mercado, y es insuficiente la calificación de la misma como “multicausal”, como hoy parece reconocerlo el FMI mientras sigue imponiendo recetas monetaristas para combatirla. La inflación es fundamentalmente un instrumento del capital para pulverizar los salarios, como lo demuestra la impiadosa escalada de los precios de los productos de consumo masivo.

Pero las posibles mejoras obtenidas a través de las paritarias sólo beneficiarán a un porcentaje de la fuerza de trabajo, no superior al 50% del total. El resto de la clase trabajadora, sumergida en la precariedad, queda excluida de estos aumentos, En el contexto de un aumento exponencial de la inflación como consecuencia del aumento de precios de los oligopolios alimenticios, en su mayor parte agrupados en la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), es notable la ineficacia de los “acuerdos”, que nunca son cumplidos por los grupos económicos, y de casi todas las medidas con las que el gobierno nacional pretende sustituir al necesario control de los precios de los artículos de la canasta familiar y la aplicación de la Ley de Abastecimiento.

Es evidente que la libertad de los mercados sólo beneficia la concentración y centralización del capital, y con ellas el aumento incesante de los precios, que garantiza las superganancias de las empresas y la grave situación socio-económica de los sectores populares.

Si bien las sucesivas paritarias han aumentado el valor nominal de los salarios, superando la inflación registrada durante 2021, el incesante y creciente aumento de precios ha provocado una pérdida constante de su valor real. Las futuras paritarias vendrían a corregir la misma con aumentos que –como el Salario Mínimo Vital y Móvil– se pagarán en cuotas mensuales, y en dicho período la inflación producirá nuevas desvalorizaciones de los salarios.

El gobierno nacional sostiene que el aumento de los salarios obtenido en las paritarias debe superar a la inflación, pero aun cuando se logre este difícil objetivo, la clase trabajadora no logrará recuperar –al menos parcialmente- lo perdido durante la etapa macrista.

En el Consejo Económico y Social se destaca el papel dominante y el poder de veto del representante de la Unión Industrial Argentina y presidente –reelecto por séptima vez– de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), doctor Daniel Funes de Rioja, quien se ha opuesto enérgicamente a la posibilidad de que el gobierno nacional ordene por decreto un aumento general de salarios. La necesidad de que los trabajadores de menores recursos puedan tener un aumento superior al que obtendrían a través de las negociaciones paritarias provoca la reacción inmediata de las patronales, que quieren mantener la actual estructura regresiva de los ingresos: creciente participación del capital en la renta nacional y desigualdad cada vez mayor entre quienes viven de su trabajo. Durante 2021, mientras las ganancias del capital no dejaron de crecer, hubo una caída del 5,7% de la participación de los salarios en el Producto Bruto Interno –que es de un 40%– a pesar del crecimiento de la economía, superior al 10%. Como bien lo señala Hernán Letcher, del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), “las cifras reflejan un aumento de la productividad porque la actividad económica crece más que el empleo y el salario”.

Hay una verdad evidente generalmente soslayada: son las cadenas de valor empresarias las que fijan los precios. Son las grandes empresas las que deciden a qué precios venderán sus productos, sin que el Estado ejerza un control eficaz sobre las mismas.

El poder de estas empresas para fijar sus precios y sostener sus super-ganancias se ha incrementado en las últimas décadas, debido a la creciente concentración y centralización del capital. A través de los aumentos de precios, las empresas sostienen sus tasas de ganancia, recuperando con creces lo perdido como consecuencia de los aumentos de salarios obtenidos por los trabajadores.

 

La represión de la protesta social

Ante las medidas de lucha iniciadas por diversas organizaciones que reclaman aumentos de los planes sociales, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta ha planteado con un lenguaje violento y discriminatorio que el gobierno debería sacarles dichos planes a quienes han participado en marchas y acampes, mientras la presidenta del PRO Patricia Bullrich reclama lisa y llanamente a eliminar todos los planes sociales. Califican de “extorsivas” a estas movilizaciones.

Cabe preguntarse cuáles son los planes sociales que los dirigentes de la retrógrada derecha argentina exigen derogar. ¿La Tarjeta Alimentar, que se estableció a los fines de que las familias socialmente vulnerables pueda acceder a todo tipo de alimentos en comercios, almacenes, supermercados, ferias o mercados populares, que cubre a personas que cobren la Asignación Universal por Hijo, las embarazadas a partir de los tres meses de cobro de la misma, a personas con discapacidad que cobren dicha asignación y a madres con siete hijos o más que cobren pensiones no contributivas? ¿El plan Potenciar Trabajo, que es de apenas 19.470 pesos (la mitad de un salario mínimo vital y móvil), a cuyos titulares se les ofrece un bono de 6.000 pesos, totalizando 25.470? ¿El capital privado tiene la capacidad para generar empleo de calidad, para incluir a esa masa de trabajadores que viven del trabajo precarizado y las organizaciones de la economía popular?

Ante estas presiones de la oposición, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zavaleta, replica que “los argentinos ya no toleran los aprietes”, en clara alusión a los piquetes, aclarando después que no comparte el reclamo de Rodríguez Larreta de que quienes participan en estas luchas sean privados de los planes sociales.

Las formas de lucha de las organizaciones sociales expresan la reacción de las masas condenadas desde hace décadas a la precarización como producto de la aplicación del modelo neoliberal a partir de los ’90, y que hoy reclaman mejoras en sus ingresos frente al aumento sin límites de los precios de los alimentos.

Estos trabajadores precarizados y sus familias no tienen la posibilidad de ejercer el derecho de huelga que se reconoce a los trabajadores organizados sindicalmente, por lo que las movilizaciones y piquetes son legítimas formas de protestar frente a la insuficiencia de los planes, que no alcanzan a garantizar una canasta de pobreza.

Frente a estas presiones de la derecha, que exige inequívocamente la represión contra estas protestas, las organizaciones de derechos humanos y los abogados democráticos y populares reafirmamos nuestra posición de que dichas acciones no constituyen delito alguno, por cuanto el “impedir, estorbar o entorpecer el normal funcionamiento de los transportes” (artículo 194 del Código Penal) requiere un dolo específico, mientras que esas medidas tienen un móvil muy diferente (económico o político social) que es generalmente expresar el descontento por la insuficiencia de los planes sociales y el estado de necesidad en que se encuentran millones de personas por la impunidad con que los grupos económicos monopólicos elevan los precios de los productos de primera necesidad. El gran jurista español Luis Jiménez de Asúa, tanto en sus defensas como en la cátedra, sostuvo la doctrina de la legítima defensa de las muchedumbres frente a la prepotencia de los dueños del poder económico de su país, tan parecidos a los nuestros en sus costumbres como en sus acciones antisociales y criminales contra el pueblo.

 

 

Los riesgos de adelantar la revisión del FMI

El acuerdo con el FMI, el adelantamiento de la primera revisión al mes de mayo y el anuncio del organismo de que habría que “recalibrar” algunas variables del programa acordado con el gobierno, como consecuencia de los efectos de la guerra de Ucrania sobre los precios internacionales, no constituye una buena señal para nuestro país.

Cabe recordar que en el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras, el gobierno nacional se había comprometido a disminuir el crecimiento económico del país: del 10 % alcanzado en 2021 se descendería a un 3½-4½% en 2022 y en el mediano plazo a un 1¾-2 ¼% del PBI.

El menor crecimiento económico pone en riesgo las posibilidades de una mayor ocupación y la disminución de la pobreza; de igual manera que la meta de un déficit primario de 2,5% del PBI en 2022, un 1,9% en 2023 y un 0,9% en 2024, y la reducción y posterior imposibilidad de utilizar el recurso de la emisión monetaria, implica la disminución del gasto público, fundamentalmente el destinado a los fines sociales del Estado.

El adelantamiento de la revisión y el anuncio del denominado “recalibramiento” podrían significar un endurecimiento aún mayor de las condiciones pactadas con el FMI, y en tal caso los sectores populares deberán movilizarse para rechazar los nuevos condicionamientos e imposiciones.

 

 

 

 

1 Mikel de la Fuente Lavin, Universidad del País Vasco/Euskak Herriko Univertsitatea, “Algunas cuestiones sobre el impacto de las empresas transnacionales: fiscalidad, deslocalizaciones y calidad del empleo”, página 90.

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí