Reprobada

¿Qué pasa cuando un juicio está conducido por un juez que reprobó todos sus exámenes? María Alejandra Tolaba es la presidenta del Tribunal que a partir del martes llevará adelante el juicio más grande y más mediático contra Milagro Sala: la causa conocida como Pibes Villeros, recordada por la difusión de imágenes de los cooperativistas que sacaban dinero en bolsos del Banco Nación, dinero que las clases medias mueven vía transferencia electrónica. Tolaba se presentó dos veces a un concurso para acceder al cargo de jueza penal en dos tribunales distintos, cargos vacantes desde 2016. En ambos concursos sacó una de las peores calificaciones en el análisis de casos, un examen evaluado por la Universidad Nacional de Tucumán y conocido en la jerga como Prueba de Oposición. En el primero, sacó 15/40 y en el segundo, este año, 16/40. En el resto del país, ningún juez puede seguir en concurso sino aprueba esa instancia. En Jujuy, Tolaba fue eliminada efectivamente de la orden de mérito del último examen, pero quedó ternada en el primero. Hoy conduce el Tribunal Oral en lo Criminal 3 que juzgará a la líder de la Túpac, no por sus méritos entonces si no porque finalmente fue designada como subrogante (habilitada) por vía administrativa. Y no es el único caso.

Para comprender esta nueva aberración jurídica en una provincia con todos los hilos institucionales manejados por Gerardo Morales, hay que volver al año 2016. Cuando Milagro Sala era detenida y el gobernador ampliaba el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de 5 a 9 miembros con diputados radicales que horas antes habían votado esa ampliación. Para esa época, el STJ emitió una acordada para llamar a concurso y completar vacantes en distintos juzgados. En 2016, hizo un llamado para cubrir dos vacantes de Juez de la Cámara del Crimen de San Salvador con número de Concurso 10 y en 2017/2018 para cubrir un cargo en el Tribunal Oral Criminal N3 con número de Concurso 22. En ambos se presentó la jueza de marras.

El Concurso 10 se abrió el 23 de febrero de 2016. Como sucede habitualmente, se establecieron tres pasos: análisis de antecedentes (30 puntos), examen de un caso (40 puntos) y entrevista (30 puntos). En cualquier otro lugar, como se dijo, se trata de etapas excluyentes: la persona que no supera un punto, no pasa a la siguiente instancia. En este caso, tras la presentación de antecedentes los participantes analizaron el supuesto de un abuso sexual. ¿Qué sucedió? Tolaba sugirió condenar al imputado a 9 meses de prisión en suspenso. Las notas más altas las obtuvieron quienes absolvieron. Según los calificadores, la aspirante no fundamentó la condena y erró en todos los puntos del análisis: "La concursante comienza realizando consideraciones sobre los hechos probados de un forma extremadamente sintética —dijeron—. Realiza una ponderación sobre la edad de la víctima, que no se corresponde con el caso; da una calificación distinta a la pedida por la acusación (fiscalía) sin fundamentar debidamente el análisis de cada figura legal". Y respecto de la pena, realiza sintética cita de doctrina. Y no dio debido tratamiento para la solución del caso.

 

 

Tolaba obtuvo 15 puntos sobre 40. Número que entonces le permitió seguir en carrera, pero hoy equivaldría a un reprobado, tal como lo estableció la última modificación del reglamento para la designación de Magistrados del 3 de julio de 2017. "Para aprobar esta etapa —señala sobre la prueba de Oposición—, el postulante deberá obtener un mínimo de 20 puntos". Como sea, Tolaba avanzó. Pese al bochornoso resultado, el Comité de Evaluación puso su nombre entre los cinco primeros postulantes gracias a sus antecedentes y la entrevista. Por esa razón, su nombre apareció en una de las dos ternas elevadas al Ejecutivo el 10 de agosto de 2017. El 28 de diciembre de 2017 fueron designados los “ganadores” de ese concurso. Tolaba no estaba entre ellos. Tampoco ingresó la persona con mayor puntaje de la lista: Sara Cabezas, que había sido defensora de Beto Cardozo, otro de los detenidos que formó parte de las organizaciones populares perseguidas. En cambio fueron nombradas juezas otras dos mujeres que acompañarán a Tolaba en el juicio: Carolina Pérez Rojas y Claudia Cecilia Sadir.

Me importas tú, y tú y tú

Pérez Rojas obtuvo en la evaluación del caso 21/40 y Sadir 23/40, es decir zafaron raspando. En el caso de Sadir, la evaluación mostró el peligro que representa la intervención de una persona en un debate oral que le pifia a los argumentos porque no conoce las leyes: absolvió al supuesto imputado —dijo la evaluación— pero manifestó dificultad para encuadrar y fundamentar los hechos. "Absuelve al imputado, lo cual es jurídicamente correcto, pero su fundamentación es equivoca, quedando de manifiesto la dificultad que tiene de encuadrar los hechos con la norma correspondiente".

Sara Cabezas hizo un examen brillante: sacó 34/40. Absolvió, frente al beneficio de la duda. Pero lo interesante es que los evaluadores valoraron especialmente el encuadre. Dijeron que la concursante realiza pertinente análisis del principio de inocencia, citó doctrina y jurisprudencia pertinente, absuelve "con sostenidos y lógicos argumentos". Y señalaron como hallazgo que marcó un error de la fiscalía, pero eso que podría haber significado un vicio que anulara el juicio, quedó a salvo "con fundamentos muy sólidos, los cuales corroboran manejo correcto de principios y normativas de fondo y forma que son deseados y esperados en quienes deben tener la carga de juzgar". Así, la evaluación destacó sobre todo una mirada sobre el sentido de la justicia.

En diciembre de 2017, cuando estos concursos se definían, Morales presionaba a jueces y fiscales para apurar el debate. Milagro Sala había sido absuelta en el juicio “de las bombachas”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos había emitido una medida provisional a favor de la dirigente social y la Corte Suprema de Justicia de Nación la había ratificado. Así, el 28 de diciembre asumieron como juezas Ana Carolina Pérez Rojas en el Tribunal Criminal 3 y Claudia Cecilia Sadir en el Tribunal Criminal 2. Es decir, no asumieron en la Cámara. Sino en los tribunales inferiores. Tercera y sexta en el orden de mérito, respectivamente. Cabezas no asumió. Y Tolaba saltó de jurisdicción y se apropió de la presidencia.

 

El 22

Quienes siguen la causa dicen que Morales aprende aceleradamente de sus errores. Y sus equipos se transforman en una máquina de avanzar. Quizá por eso, la provincia se anticipó a abrir un concurso también para el Tribunal Criminal 3. El concurso se abrió en julio de 2017. El trámite aún no terminó, pero el dato más importante es que Tolaba volvió a presentarse. El 19 de febrero de 2018 dio la prueba de Oposición en la Legislatura con otros 24 postulantes. Resultado: le fue igual de peor.

En este caso los postulantes debieron analizar el caso de un hombre de 70 años que mató a su nieto creyendo que era un ladrón. El hombre tenía un arma reglamentaria. Era de noche, oyó ruidos en el techo, agarró el arma, se acercó al fondo y disparó a una sombra. Cuando vio caer el cuerpo se acercó, y notó que era su nieto. Era tarde y aparentemente el joven no quiso despertar a su abuelo.

Tolaba se sacó 16/40. Los mejores exámenes obtuvieron 36/40 (Lucas Grenni) y 32/40 (Nallar). Tolaba absolvió al abuelo vía legítima defensa. Grenni absolvió, pero después de descartar justamente la legítima defensa porque no se daban ninguna de las características de la figura, como la agresión. Y eligió hacerlo vía el exceso de la teoría del error de prohibición. Nallar condenó por homicidio simple a tres años. Es decir, el problema otra vez no fue el resultado sino el camino. Según la comisión evaluadora, la presidenta del Tribunal que debe juzgar a Milagro Sala —la mujer perseguida por odio en su provincia—, absolvió al victimario argumentando en forma insuficiente. Y omitió referencia alguna a la pena natural. ¿Qué significa? Tolaba dijo que la persona tenía derecho a disparar sin ser pasible de sanción porque había alguien caminando en el techo de su casa. No es el único problema, pero en otros términos —como se observa en este párrafo—, ese punto es una justificación legal de la justicia por mano propia.

 

 

Tolaba salió de escena. Es cierto. Esta vez no quedó incluida en la lista de postulantes de un juicio que aún continúa, es cierto. Pero en todo este derrotero hubo una primera instancia, allá por el 2016-2017, en la que pese al malísimo resultado del examen fue habilitada a entrar en la lista de ternados. Aquí está esa lista:

 

 

¿Por qué? ¿Quién elige a los jueces? Acaso basta para esta vez, tener en cuenta el Tribunal Evaluador del Concurso 22. Habla por sí solo:

1. Pablo Baca: Nombrado por Gerardo Morales en el Superior Tribunal de Justicia. Como diputado votó la ampliación del STJ, renunció al día siguiente y fue nombrado esa misma noche como integrante del máximo tribunal.
2. Laura Lamas Gonzalez: Designada por Gerardo Morales para la ampliación del STJ en diciembre de 2015.
3. Ana Gabriela Igarzabal: Esposa de Guillermo Marenco, secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
4. Arturo Pfister Puch: Abogado de la Unión Industrial y de las mineras.
5. Ernesto Daniel Suarez: Secretario de Justicia y Gobierno de Jujuy, segundo de Agustín Perassi.
6. Luciano Rivas: En ese momento, secretario de Gobierno de Morales y ahora diputado provincial por la UCR.
7. Mónica Jauregui de De los Ríos.
8. Daniel Alsina.
9. Alberto Matuk: Diputado del PJ, ex funcionario del gobierno de Eduardo Fellner.
10. Ramiro Tizón: Diputado del socialismo, aliado de Cambiemos en Jujuy.

 

El carcelero

El juicio que se avecina es el primero que ventilará las supuestas investigaciones sobre desvío de fondos. Milagro está acusada por asociación ilícita, extorsión y fraude al Estado. Lo mismo ocurre con otras treinta personas, entre ellos el ex presidente del Instituto de Viviendas de Jujuy, Lucio Abregú, y cooperativistas, muchos detenidos políticos de Morales. Hoy se sabe que las juezas no autorizaron la participación de ningún testigo de la defensa que viva fuera de la provincia. Ni los expertos que inscriben la construcción de la obra de la Túpac en el desarrollo de lo que llaman ciudades utópicas, ni académicos que pueden hablar de la ciudadanía, hambre, pobreza y organización. Cuando los abogados de Milagro preguntaron por qué, dijeron que no juzgan a la Túpac. Si es como en los exámenes, ya comenzó el peligro.

 

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