Repensar la Ley de Medios

 

 

 

Las leyes que se construyeron trabajosa y colectivamente no tienen padres ni madres, pero sí redactores responsables y virtuoses. Damián Loretti es una de las personas más destacadas, esencial para la concepción de los 21 puntos básicos que nutrieron la Ley de Medios, para ayudarnos a pensar qué fue de una norma mutilada, pero vigente, y nos avisa que “creer que una receta de 2009 sirve igual en 2022 es un error conceptual muy grande”.

El gobierno nacional asumió diciendo que el mercado de medios se iba a autorregular, que no hacía falta intervenirlo; incluso, asesores directos del Presidente creían que se acababa la lluvia de tapas y zócalos de Clarín y La Nación, que se iba a fundar una nueva relación. Si tuvieses que valorar el costo de desestimar la Ley de Medios y —por ejemplo— no derogar el decreto 267/15, después de la infodemia y la lluvia de fake news, ¿cuál sería tu conclusión?

Yo no creo que la solución a los problemas de la concentración en el post-macrismo pase solamente por derogar el decreto 267. Por muchas razones, una es el tema de los derechos adquiridos y la otra es en términos de perspectivas de políticas de comunicación. Pensar el inicio de 2020 en los mismos términos de políticas de comunicación de fines de 2015 es un error conceptual. Porque una de las cosas que desapareció es la idea del área de cobertura en dos sentidos. A partir de la aparición de Flow, Direct TV Go, por ejemplo, la idea de que el alcance de un servicio de comunicación audiovisual en línea sobre soporte físico estaba limitado geográficamente se pulverizó. La idea del control de concentración en función de las unidades territoriales es un tema para revisar, con o sin el 267.

Por otro lado, la llegada de servicios no abiertos vía streaming deja de tener anclaje con una prestación geográfica, por lo menos desde el punto de vista físico, desde el contractual te obliga a que vos digas a cuál estás abonado para acceder a esos contenidos, al principio. Eso tiene que ver más con una lógica contractual que de prestación de servicios. En estas condiciones, pensar el control de concentración en las mismas condiciones del 2015 es un error. Los europeos revisaron desde esa fecha hasta hoy dos veces sus reglas respecto del objeto de la regulación; las plataformas no lineales o servicios por catálogo fueron incorporadas a las reglas de servicios de comunicación audiovisual a partir de un planteo del consejo de ministros de Europa y del parlamento europeo. Ellos modificaron sus regulaciones desde el 2007 al 2010, cambios que empezaron a regir en mayo de 2018. Pensar en volver para atrás en diciembre de 2019, en términos de políticas de comunicación, es un error y encima te enfrentás a todo el debate de los derechos adquiridos en virtud de las fusiones que se dieron hasta ese momento. Un gran quilombo.

¿Vos decís que el marco legal existente, incluso la derogación del decreto macrista, ya no sirve para resolver lo que hay que resolver con los cambios tecnológicos de los últimos 12 años, desde la entrada en vigencia de la Ley de Medios?

Sí y no. Yo creo que hay cosas de la Ley a las que sí se debería haber vuelto, pero no es el tema de la concentración desde esa perspectiva. Sí habría que hacer respetar lo de las cuotas nacionales de contenidos, lo de la importancia de los contenidos infantiles, el tema de los derechos de las audiencias, en todo el rango e incorporando los nuevos soportes de distribución de contenidos, como hicieron los europeos. Y sobre todo recomponiendo las autoridades de aplicación no gubernamentales, la estructura de AFSCA mereció elogios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Hay que recomponer la organización institucional de la Ley de Medios, porque la autoridad de aplicación debe volver a ser plural y hoy tenemos un organismo completamente gubernamentalizado. En el ENACOM, hasta el director por la minoría depende de la decisión del Presidente de mantenerlo o no en el cargo. Sin contar con la mayoría del Ejecutivo en los siete cargos. Pretender volver a la Ley sin restituir la institucionalidad de esta es un error político enorme.

Pero el Presidente fue claro, en campaña y no bien asumió el gobierno, respecto de que regular el mercado de comunicaciones fue uno de los errores a subsanar del kirchnerismo, parte del “volvimos mejores”.

Eso estuvo claro, es verdad. Para él, la comunicación es un negocio y para el control de concentración lo que había que aplicar eran las reglas antimonopólicas, las reglas generales del control de la competencia. Es una teoría que yo no comparto, pero que existe. Y no la comparto porque el mandato de los relatores especiales de libertad de expresión de la UNESCO mencionan que hay que tener reglas especiales destinadas a prevenir la concentración, no a repararla, como en el caso de Fox, cuando lo obligaron a desprenderse de canales deportivos. Luego hubo una iniciativa que no arrancó nunca y que fue mencionada en el primer mensaje de apertura de sesiones, que era poner publicidad oficial vinculada a contenidos educativos, otro error. Yo creo que la publicidad oficial debería ser regulada de modo distinto a la idea del subsidio, una cosa es una regla de subsidio al pluralismo —como fue el Proyecto de Pluralismo y Diversidad que un grupo de organizaciones promovieron— y otra es el régimen actual de pauta.

Hay cosas que no se están viendo, hay una sentencia en primera instancia en contra de los tiempos gratuitos cedidos en campaña electoral para TV que no tiene difusión. No se devolvió la institucionalidad de la definición de contenidos de interés relevante y eso en la Ley está vigente. El macrismo lo desmontó diciendo que lo único relevante era el mundial de Rusia y nunca volvieron a discutirse esos criterios. Y cosas que no se pensaron ni se hicieron, porque aun con el 267, las empresas de telecomunicaciones que hacen otro tipo de servicios deberían tener unidades de negocios separadas, lo que no está ni visto, ni exigido. Y cuando se reformó el 267 con el DNU 690 se dio una paradoja, que Telecom objetó ese decreto por las mismas razones que los medios comunitarios objetaron el 267: la violación del principio de legalidad. En el 690 se mezclaron además el control de precios de servicios básicos con el de servicios suntuarios y, en nombre del derecho a la comunicación del pueblo argentino, congelaron el precio de canales premium, del fútbol codificado, HBO Max, etcétera.

Y después, pensar que los medios concentrados van a cambiar su naturaleza por una invitación al diálogo es no entender la propia lógica del sistema.

Y existe una gran confusión en las propuestas que pretenden regular lo que la Ley de Medios no regulaba, es decir, contenidos.

Al principio de la gestión, el Presidente habló de una ley para sancionar fake news, que era en realidad una especie de vuelta a las calumnias e injurias; a mi modo de ver era realmente inconsistente y las reglas generales de control de concentración a un costado, cuando lo que debería haberse hecho era mejorar el funcionamiento de los medios por esa vía.

Hace no mucho Alberto volvió sobre la idea de controlar la diseminación de información falsa y operaciones sin sustento en las redes sociales, en el marco de una reunión del extinto Consejo Económico y Social y antes del asunto de los discursos de odio.

Si te referís a la iniciativa que luego impulsó Gustavo Béliz, ahí hubo una falta de tino genérica, porque Argentina adhirió junto con otros treinta y pico de países a una iniciativa de Reporteros Sin Fronteras que se llamaba Foro por la Información y la Democracia. Ahí ya había algo de eso, lo que pasa es que se explicó mal y se contestó peor cuando vino la réplica de los medios hegemónicos. Esa iniciativa existe y acaba de adherir Lacalle Pou, ningún tipo de izquierda. Argentina ya lo había firmado hacía más de un año y ahí sí hay algunas herramientas para regulación, pero no de redes y toxicidad de contenidos.

Después vino, tras el atentado fallido a la Vicepresidenta, la urgencia por regular los discursos de odio, que producen consecuencias, que impulsan acciones. El Presidente admite que regular eso es muy complejo —incluso abogó por un código de ética interno de los medios como solución—, da la sensación de que no está muy claro lo que se quiere normar.

En América Latina en general el tema de la autorregulación de los medios es compleja, y los que ya tenemos menos pelos y más canas sabemos que esto nunca ocurrió. Que los medios planteen un compromiso con el sistema democrático y los derechos humanos como parte de un código de ética no sucede y es poco probable que suceda. El movimiento sindical de prensa de los '90 insistía mucho con eso. Mientras la democracia volvía a muchos países, había una presión sindical sobre las empresas que no estaban dispuestas a poner algunas cosas en esos códigos, que también afectan derechos profesionales, no solo el desempeño de las empresas. La invocación a la autorregulación de las redes es algo que durante un tiempo tuvo muy buena prensa, al igual que el tema de la co-regulación, que nadie sabe bien qué es ni cómo se implementa.

¿Hay casos de países que hayan regulado exitosamente los denominados discursos de odio a nivel mundial, homófobos, racistas o discriminatorios por cuestiones ideológicas? No solo pregunto por la herramienta legal, sino por la eficacia de aplicación.

Vamos un paso hacia atrás. El Sistema Interamericano de DDHH, así como el europeo, con distintas fórmulas, establece algún grado de prohibición para el discurso que técnicamente se denomina “de odio”. En el Sistema Interamericano requiere de la inminencia de la instigación a cometer delitos de violencia o acciones ilegales similares, entonces no todo lo que odia es discurso de odio, es decisivo quién es el enunciador y la situación de poder de este, el contexto, la duración del mensaje, la repercusión. Son varias consideraciones a tener en cuenta para decir si algo es incitación a la violencia o discurso de odio.

Argentina tiene la instigación a la comisión de delitos de la Ley 23.592 o Ley Antidiscriminatoria, con sus agravantes tipificados: raza, religión, sexo, nacionalidad, forma de pensar, etcétera. Hay un grupo de nazis en Mar del Plata que fue condenado por su accionar en redes. Esto ya existe en Argentina, pero al mismo tiempo si mirás técnicamente al discurso del odio, desde la perspectiva que ha definido la ONU en varios documentos, hay ciertas exigencias y una de ellas es el grado de inminencia de la comisión de delito y la situación de vulnerabilidad del discriminado. No hay tal cosa como discurso de odio basado en una perspectiva política, eso va por debajo de otra cosa: pobreza o color de piel, pero no por su ideología.

El caso de la señora —muchas veces difundido cuando se hicieron los archivos de las marchas de odio opositoras— que pidió en vivo que alguien le pegue un tiro en la cabeza a Cristina, encuadra perfectamente con el requisito de instigación a delito.

Sí, es así. Es claramente un episodio de instigación pública. Pero además de las complicaciones políticas que traería, digo que no hace falta una ley especial. Que se puedan prohibir en vez de sancionar ex post facto es otro matiz, porque el Sistema Interamericano no prevé censura. En el año 2004, la relatoría especial en el informe sobre libertad de expresión dice que la fórmula “estará prohibido” en el apartado 13.5 de la Convención Interamericana se refiere a un supuesto especial de responsabilidad penal, porque lo que se debe aplicar es la ideología que surge del texto en inglés. Cuando en castellano dice “estará prohibido” en inglés dice “estará penalizado”. No hay censura, sino una regla especial de penalización. Ahora, en el marco del deber de cuidado, un editor puede resolver no sacar un material (por supuesto que no es factible para el vivo, como el caso del móvil que mencionás). Solo la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño prevé restricciones a priori, como el caso en que se limitaron las exposiciones de imágenes correspondientes al suicidio del Malevo Ferreyra, pero la ratio no fue la Convención Interamericana, sino la Convención de la que hablábamos.

En otro orden de cosas y no tanto, hace poco decías que te preocupaba el presente y futuro de los medios de comunicación, por cómo han ido migrando la publicidad y la producción de contenidos a soportes digitales. ¿Cuál es el riesgo principal que ves y cuáles serían las alternativas para solucionarlo?

La UNESCO sacó hace poco tiempo un documento que dice que para tener periodismo de calidad hay que financiarlo. Hay un riesgo, pero no solo es una ratio de las empresas periodísticas; los sindicatos y la FIP (Federación Interamericana de Prensa) también tienen su papel en esto. Si vos querés tener medios plurales, tenés que sustentarlos, tanto los comerciales como los no comerciales. Un gran problema de sustentabilidad tienen las cooperativas.

Hay varias maneras de intentar reparar esto. Una de las cosas que podría ocurrir es que el Estado no ponga pauta en quienes no producen contenidos; lo segundo es que haya un límite al pautado, salir de una lógica de punto de contacto para entrar a una lógica más compleja en la que el Estado deje de poner pauta en redes y soportes digitales que no producen nada. Otra sería implementar incentivos directos y reequilibrar situaciones de déficits estructurales de pluralismo. Hay que poner plata en los medios que no se pueden autofinanciar, no porque hagan las cosas mal, sino por las restricciones del mercado. Las donaciones a los medios de comunicación no están exentas de ganancias. Si yo pongo plata en la universidad privada más cara de la Argentina, lo eximo de ganancias, si hacés crowdfunding y no hacés exención de ganancias nadie va a ir a poner plata en eso. Esto existe en la Ley de Impuestos de los Estados Unidos, sección 509, no habría que inventar nada. Y la otra es que las redes, cuando hagan uso de contenidos periodísticos, los paguen.

Hace falta una ley específica para distribuir pauta, entonces…

Dos, te diría. Una para reconfigurar la distribución de pauta y otra para promover pluralismo y diversidad, que a esta altura se la podría llamar protección de la calidad del trabajo periodístico.

Si no tocamos la estructura de medios, sino que seguimos promoviendo y tolerando mayores niveles de concentración y tampoco hago cumplir los artículos vigentes de la Ley de Medios, ¿cómo es posible lograr que los medios me traten bien y que los medios con mayor poder de fuego generen sinfonías de desgaste o falsas noticias en mi contra? ¿Será que alguien no entiende cómo funciona este mercado?

No es posible. Es una expectativa errónea querer que los medios te traten bien. Eso es no entender cuál es la lógica de los medios, tal como planteás en la pregunta. La situación de pluralismo, por lo menos en el AMBA, es muy distinta a la del 2015 y mucho más que la del 2009. Pero si hacés la cuenta de los medios que llamaríamos contrarios al discurso hegemónico, o más afines al gobierno, tenés cuatro AM, dos diarios en papel (uno de los cuales posee un multimedio con canales de TV), tres FM y una señal de noticias, más los medios públicos (TV Pública y sus repetidoras, Télam y Radio Nacional). Esto es decir que la construcción del relato de que hay una situación desventajosa y de falta pluralismo estructural en el AMBA es muy discutible. En todo caso, lo que no hay es un discurso que sea atractivo.

Es algo que muchas veces reclaman algunos de esos medios “del palo” que mencionas, una coordinación estratégica de agenda y discursos entre esos medios, algo que les dé unidad y potencia. Falta una política nacional y sinergia entre medios que piensan más o menos igual.

Sí, pero eso es más bien el reclamo por una buena política de contenidos, no me voy a meter en ese baile ahora porque ahí juegan recelos empresariales o cuestiones personales. Dicho esto, en los lugares donde solamente tenés una señal de televisión privada, hay una señal de la provincia, de las universidades públicas y además una señal factible del movimiento cooperativo en muchas localidades. Pero debo decir que las universidades tampoco han cumplido su rol como corresponde, no armaron una agencia de noticias con cinco cabeceras federales, ni destacaron corresponsales en puntos de producción de noticias regulares, como, por ejemplo, el Palacio de Tribunales.

Ni los gobiernos armaron estructuras suficientes para cubrir los territorios de sus respectivas provincias, en muchos casos incluso precarizando a sus trabajadores de prensa.

Totalmente. La Ley de Medios propuso salir de un déficit estructural de pluralismo y es una herramienta que da el marco y la posibilidad de que eso ocurra. El tema es si la gente que ocupa los lugares destacados está en condiciones idóneas de pensarlo y hacerlo. La discusión que hubo por la cantidad de señales que iban a utilizar las universidades fue increíble, si era una o varias antenas, si operaba uno o varios. No hubo un proyecto común, una estrategia de fortalecimiento del sector, sino una explotación doméstica, digamos, de las señales de cada una, acotada a cada universidad. Uno de los artículos que estuvo suspendido un tiempo de la LSCM fue el 30, que era discriminatorio para las cooperativas. Ahí le zamparon una medida cautelar, pues el gran espacio de producción del tercer sector era ese y todos se dieron cuenta de que ahí había un potencial importante. Después, ¿cuánto de lo que relatamos va atado a la vigencia de los artículos suspendidos o derogados de la Ley? Nada, no tocaron muchos que podrían haber logrado cambios significativos. Nadie les impide a las universidades y los estados provinciales cumplir el rol que deberían cumplir. No se cayó toda la Ley, se cayó su institucionalidad.

¿Por qué no se pone en debate el asunto de los contenidos de interés relevante y, por tanto, no sujetos a ser privatizados, por ejemplo?

Porque no hay capacidad o voluntad de hacerlo. Hay muchas cosas que podrían equilibrar el mercado de noticias y opiniones desde la perspectiva del pluralismo, y una de ellas sería sacarles la correa del cuello a los cables chicos con el tema de los derechos de exhibición. Ahí hay un juicio al que nadie le dio bola de TNT y Fox, porque el gobierno no apeló una medida cautelar cuando se hizo la primera transferencia de derechos por Fútbol para Todos ni implementó la regla de las audiencias públicas. Pero saliéndonos del tema estrictamente comunicacional mediático hay un tema del valor del mega para los cables chicos del interior, que están acogotados por el dólar. Pero el proceso de concentración de comprarle a tu propio proveedor, que es tu propia competencia, es un problema como el del papel para diarios y revistas. No se discute casi nada, hay diarios cooperativos que tienen un déficit estructural por la compra de papel y otras cosas y esto también es debatir la concentración. Acá tenés una condición que hace al déficit estructural de pluralismo del que se queja un sector de la coalición gobernante. Las condiciones impositivas son mejores para los comerciales que para no los no comerciales, en la descarga del IVA, por ejemplo.

Asumimos que todes les que tienen responsabilidades en el Estado y las organizaciones de la sociedad civil han leído la ley más debatida y consensuada de la historia democrática argentina, aunque escamoteada. Es entonces un problema de expertise técnica o de habilidad política? ¿O serán las benditas correlaciones de fuerzas?

No sé, sinceramente. Yo creo que hay funcionarios actuales que sí lo ven, tal vez falta voluntad política. No lo sé. Yo no he hablado con ninguno y no me atrevo a afirmar adónde está la mayor debilidad o el defecto.

Hace muy poco tiempo, en el acto principal por el 17 de Octubre, en Plaza de Mayo, se leyó un documento consensuado por actores políticos y sindicales del FDT en el que se habló de recuperar el espíritu de la LSCM y avanzar hacia una Ley que garantice el “derecho a una comunicación responsable”. ¿Cómo lo ves?

Llegué hace nada al país y no leí ese documento, pero yo te diría que de la ley vieja hay que reponer la institucionalidad y hay que pensar de qué modo –así como se quiso hacer una ley moderna en 2009— se pueden generar herramientas complementarias, 13 años después y cuando la realidad internacional de las políticas de la comunicación a lo largo y a lo ancho del mundo fue provocando actualizaciones ineludibles. Creer que una receta del 2009 sirve hoy es un error conceptual grande, hay modificaciones tecnológicas y regulatorias enormes que nos obligan a pensarla de nuevo.